RETRASO EN LA DIFUSION DEL PRIMER TEXTO DE LA NUEVA L.U.

Contra lo anunciado, todavía no se ha difundido el primer texto de la modificación de la LRU. Este retraso acorta aún más el escaso plazo para su debate, ya que está previsto que el plenario del Consejo de Universidades se reúna a finales de Mayo.

Ante ello, sindicatos, asociaciones estudiantiles, partidos políticos, etc., han preconvocado ya reuniones para pronunciarse sobre el tema en las próximas semanas. Igualmente se prevén pronunciamientos institucionales; así, la U. Politècnica de Catalunya ha convocado una reunión extraordinaria de su Claustro General para el 23 de mayo.
 

LOS NUEVOS CONTRATOS "RAMON Y CAJAL" EMPEORAN LA SITUACION DE LOS INVESTIGADORES

Contra el objetivo anunciado, la convocatoria  Ramón y Cajal podría suponer un grado más de precarización en las plazas de investigador. En efecto, el PP ha presentado una enmienda a la Ley de la Ciencia para que dichas plazas sean de una nueva figura de "contrato en prácticas para doctores". Es evidente, además, el riesgo de que esta figura se generalice a otras plazas en la administración e incluso en las empresas.

CCOO y "Precarios" se han reunido para analizar la gravedad de la situación y han solicitado al PP que retire dicha enmienda. Igualmente están preparando una asamblea estatal al respecto para el 10-V, a las 12, en el CSIC.
 

CRITICAS A LA MINISTRA BIRULES POR LAS REITERADAS CONVOCATORIAS "URGENTES"

Desde su creación, el  MCYT se está distinguiendo por los retrasos en sus actuaciones y las premuras en sus convocatorias. Recordemos que la convocatoria para infraestructuras del pasado mes de diciembre (en la semana del "puente") concedió escasas horas para presentar multimillonarias solicitudes de equipamiento, que debían ser acompañadas de compleja documentación adicional.

Igualmente, el pasado 6-IV (justo antes de Semana Santa) se publicó en el BOE la convocatoria de proyectos PROFIT, con sólo 3 semanas útiles para presentar propuestas de gran complejidad puesto que están dirigidas hacia el sector productivo, incluyendo hasta el 75% de ayudas sobre el coste total del proyecto y un 35% a fondo perdido. A señalar que el monto de la convocatoria es de 120.000 MPta, lo que supone un 25% del total del presupuesto de I+D de los PGE. A estas premuras hay que añadir la opacidad del proceso de evaluación, realizado al margen de la ANEP.

Para colmo, tras meses de idas y venidas,  la convocatoria Ramón y Cajal concede sólo 2 semanas para que las universidades y demás centros de investigación presenten sus propuestas para cubrir 800 plazas de investigador (con condiciones contractuales aún desconocidas), que además deben enmarcarse en un "plan de creación de plazas permanentes a 7 años".