EL MINISTERIO ACEPTA EL CONTRATO LABORAL

En la Mesa Sectorial del pasado dia 27, el Director General anunció que la nueva LU incorporará una de las medidas más insistentemente  reclamadas por CCOO: que el profesorado contratado sea sometido al régimen general de contratación, suprimiendo la referencia al régimen administrativo. Esto significa que este tipo de contratos tendrá carácter excepcional, mientras que los contratos ordinarios se regirán por el régimen laboral, admitiendo incluso contratos indefinidos (que podrían aplicarse, por ejemplo, al profesorado de centros adscritos que se integren en la universidad, o a los investigadores que se acojan al programa Ramón y Cajal). Su regulación específica correspondería a las CCAA.

Además de ésta y de las que han ido apareciendo en los medios de comunicación, anunció las siguientes modificaciones en el texto del anteproyecto:

• la composición de las Juntas de Facultad, Escuela o Departamento seguirá el patrón de la del Claustro General
• el tamaño del Claustro General se limitará a aproximadamente 300 miembros
• los miembros del Consejo Social recuperarán su caracterización como "representantes de intereses sociales"
• el número máximo de "habilitados" será fijado por el Consejo de Coordinación Universitaria, sin referencia expresa a la previsión de plazas a convocar
• las pruebas para la habilitación de CU se reducirán esencialmente a una evaluación de méritos
• se considerará una transitoria para los actuales Asociados a tiempo completo
• igualmente, para el profesorado de Náutica pendiente de integración
• se precisará el significado de “grupos de investigación”

 

AMPLIO ECO DE LAS PROTESTAS DE LOS BECARIOS DE LA A.E.C.I.

Las protestas, el pasado martes, de los becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación. Recordemos que el incumplimiento de las promesas gubernamentales les ha dejado “sin tesis y sin papeles”. Las reuniones con las autoridades responsables han confirmado que se van a prorrogar por 1 solo año las de primer y segundo año, mientras que para las de tercer año sólo se contemplarán excepciones individuales.

Desde las Universidades y desde la CRUE se ha denunciado que, además, con ello “se perjudica la actividad científica de las universidades” y “se daña la proyección científica internacional de España”. Estas medidas, junto con la creación de la Fundación Calorina, se relacionan con la “doctrina Piqué” de desviar hacia las empresas los fondos públicos para investigación.