(23 de Abril de 2007)

La ministra de Educación presentará en el próximo Consejo de Coordinación Universitaria el informe “Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos”

El próximo martes 24 de abril anunciará la disolución del Consejo de Coordinación Universitaria, para adaptarlo a la nueva estructura diseñada en la modificación de la LOU y presentará el informe elaborado (http://wwwn.mec.es/educa/ccuniv/) por la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, compuesta por 14 expertos y creada el 24 de julio de 2004.

El informe considera que el esfuerzo fiscal que requiere la efectividad de dicha propuesta es "viable y compatible" con el actual contexto económico español y el de las finanzas públicas de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, que se conseguiría a través de un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 80 % (2.186 millones) y un 20 % (547 millones), respectivamente.

Esto supone pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. También se aumentarían los recursos de las universidades destinados a investigación y desarrollo, llegando al 0,5% (hoy es el 0,32%). Los resultados de la investigación de la universidad española están bastante lejos del primer nivel: las publicaciones científicas son la mitad que en los países punteros de Europa y la cantidad de patentes que salen de las universidades es ínfima. El informe considera que la implantación del nuevo modelo de enseñanza para adaptarlo a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requerirá una esfuerzo económico adicional de entre el 0,10 y el 0,12 por ciento del PIB.

Del total de la ampliación de recursos económicos sugerida, 800,5 millones serían aportados por la autonomías con destino a la mejora de la calidad educativa y al equilibrio de la capacidad de I+D+i de las universidades. La Administración del Estado asumiría también la ampliación de las becas (244 millones). El crecimiento de las becas y ayudas lo justifican en que garantizare la igualdad de oportunidades, ya que la dimensión de los recursos destinados a este fin es la mitad de la de los países de la OCDE. Se diferenciarían los precios públicos por niveles académicos y de acuerdo con el grado de experimentalidad de cada plan de estudios.

El sector universitario, dice el informe, necesita una revisión en profundidad de sus complementos de productividad docente e investigadora, y propone la creación de otros diferentes a los ahora existentes. Los profesores se someterán voluntariamente a la evaluación de una agencia estatal, que será competente para aprobar la concesión o la denegación de los mismos. La productividad del complemento por gestión se evaluará tras cumplir un mandato en el cargo.

También se propone la creación de un fondo estatal (con dotación de la Administración General del Estado y abierto a la participación de las comunidades, fundaciones, corporaciones y empresas) para premiar con más fondos a las universidades que más patentes y publicaciones acrediten. Sin dejar de lado la investigación básica, se pide empezar a tener en cuenta su posible aplicación práctica a la hora de financiarlos y se propone que uno de los criterios para conceder recursos sea la cantidad real destinada a investigación el año anterior.

El informe defiende que la determinación por parte de las CCAA de la subvención anual a las universidades públicas para servicios educativos oficiales, se realice según un modelo de costes de referencia que diferencie expresamente el componente destinado a la capacidad investigadora, asociada a su personal docente e investigador y recomienda que el cálculo de las subvenciones anuales se formule según la variable básica de la demanda realizada directamente por los estudiantes y, específicamente, que se utilice la de los de nuevo ingreso anual ponderada con la tasa de objetivo de permanencia.

Finalmente defienden pautas de transparencia informativa y rigor de ejecución en las políticas y modelos de financiación, que tendrían vigencia plurianual atendiendo a variables objetivas de actividad y resultados, penalizando las prácticas ineficientes, intervencionistas o proteccionistas. Un 15 por ciento de la financiación se haría por resultados, suponiendo un incentivo y cierto nivel de riesgo si el cumplimiento es bajo.

Sin entrar en valoraciones previas, para CC.OO. este informe debería ser un punto de partida y nunca un documento definitivo, para un profundo y sereno debate en el seno de las universidades, de la sociedad en su conjunto y del Parlamento con objeto de alcanzar un consenso político y social amplio y sólido sobre la política de financiación de las Universidades que España necesita para los próximos años.

SECRETARIA DE UNIVERSIDAD