APORTACIÓN PROGRAMÁTICA DE E.U.P.V.
Elecciones Generales 2008

IU está comprometida con los ciudadanos en el impulso de un conjunto de iniciativas marcadas por el compromiso social, el desarrollo cultural, medioambiental y democrático de la sociedad, sobre la base de favorecer un mayor papel de lo público en la mejora de la calidad de vida de las personas, con el objetivo de una mayor redistribución colectiva de la riqueza creciente que el conjunto de la sociedad y muy especialmente la clase trabajadora ha sido capaz de generar durante el útlimo ciclo económico.

Nuestras propuestas son alternativas tanto a las de la derecha como a las políticas del PSOE que ha buscado y sigue buscando en las fuerzas conservadoras, nacionalistas y de derecha, el apoyo para sacar adelante las propuestas económicas más regresivas de la legislatura, con el el caso de la insolidaria Reforma Fiscal.

Es necesaria una Izquierda Unida que regenere, ilusiones, movilice, conciencia, transmita... a la sociedad y particularmente a los trabajadores y trabajadoras la necesidad de enfrentarse políticamente e ideológicamente a la creciente domesticación y uniformidad del pensamiento por parte del capitalismo, que tiene como consecuencia la limitación y parálisis de la evolución humana. Izquierda Unida debe aglutinar una pluralidad concentrada en un proyecto federalista, socialista, republicano e internacionalista, teniendo en cuenta que la presencia en las instituciones no debe dejar de lado la acción en el seno de la sociedad civil, manteniendo una presencia y la denuncia pública allí donde sea preciso.

EJES PRINCIPALES

• Combatir el paro y caminar hacia la Sociedad de Pleno Empleo, a través de la reducción de la jornada laboral de 35 horas
• Cohesión social. Protección social plena.
• Modelo de Desarrollo Sostenible. Protección Ambiental.
• Desarrollo del Título VIII de la Constitución: Hacia la República Federal.
• Política de Solidaridad y Derechos Humanos.
• Reforma del Código Penal.
• Política económica en el Marco de las Instituciones Internacionales
• Hacia una nueva fiscalidad
• Defensa del Sector Público.
• Reforma de la Política. Hacia una Democracia avanzada

A) Combatir el Paro y caminar hacia la Sociedad de Pleno Empleo a través de la Reducción de la Jornada Laboral a 35 horas

Introducción 

El principal problema social y económico al que se enfrenta hoy nuestra sociedad es la existencia de un nivel de desempleo insostenible.

El problema del empleo depende de la orientación de la política económica. Y es en ésta en la que hay que buscar la primera causa del paro o, por el contrario, el principio de la solución. En los últimos años se ha producido un giro radical en la orientación de la política económica basado en:

Un cambio en la distribución de la renta, de manera que aumenta sustancialmente la parte dedicada al excedente empresarial en detrimento de las rentas de trabajo.

La pretensión de que el sector público perdiese terreno en beneficio del privado, promoviendo un proceso de privatizaciones y debilitando el papel regulador del Estado.

La consecuencia de todo esto es el deterioro de las condiciones de vida de sectores muy amplios de ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad. Hasta el punto de que fenómenos que se consideraban propios de otras épocas, como la pobreza, hoy emergen de nuevo como consecuencia del propio progreso económico. Los trabajadores y trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo y dignidad en su trabajo.

Si fuese verdad que la moderación salarial crea empleo, como dice el Gobierno, España no tendría la tasa de paro más elevada de la UE y si fuese verdad que la desregulación laboral crea empleo nuestro país no tendría más de 3 millones de parados/as. Efectivamente, desde 1978 los salarios reales han crecido un 20% menos que la productividad, se ha producido una distribución de la renta a favor del excedente empresarial y, desde 1984, el mercado de trabajo ha soportado diversas desregulaciones y más del 90% de las contrataciones anuales han sido de carácter temporal. Sin embargo, el desempleo no ha dejado de crecer.

La reducción a la jornada laboral a 35 horas semanales -sin reducción salarial- contribuye a mejorar la creación de empleo de calidad si se combina con otra serie de medidas que desde IU hemos desarrollado en el Plan Alternativo de Empleo. La supresión de las horas extraordinarias, el adelanto de la edad de jubilación, la penalización de los contratos temporales, medidas formativas, inversión pública en proyectos social y ambientalmente sostenibles o desarrollar el papel del Sector Público en nuevas fuentes de ocupación son algunas de esas medidas. Y la creación de fondos colectivos de inversión para avanzar en el control democrático de una parte del excedente empresarial, asegurando la reinversión productiva del mismo encaminada a redistribuir la riqueza.

El gobierno de Jospin, en alianza con el PCF y Los Verdes realizó un tímido intento de implantación de este programa de 35 horas de trabajo semanales, por ley. Esa timidez fue una de las causas que propiciaron tanto el fracaso de estas medidas como el triunfo electoral de la derecha francesa. Se perdieron las oportunidades de avance en la conquista de derechos laborales y sociales que se alcanzan siempre conjuntamente. La clase empresarial y política más conservadora han desprestigiado estas medidas que hoy se quieren plantear a través de otras propuestas dirigidas a la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, a la igualdad de hombres y mujeres en las tareas domésticas. La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales es una medida que serviría para desarrollar un verdadero modelo de conciliación de la vida laboral y familiar.

La disminución de la jornada laboral ha sido una reivindicación clásica de la izquierda y del movimiento obrero para mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población. Reducir la jornada laboral es una medida posible si tenemos en cuenta la evolución de los costes laborales unitarios reales y una necesidad histórica habida cuenta de los avances tecnológicos y como consecuencia de la evolución de la productividad. En estos momentos debe ser además un instrumento para paliar el paro masivo y luchar contra la precariedad en el empleo. Y por tanto, la reducción de jornada ha de ser de carácter universal y obligatorio, es decir, regulada por Ley.

La reducción de la jornada laboral tiene objetivos precisos:

Derrotar el pensamiento único hoy dominante. La ciudadanía no puede admitir un modelo de sociedad organizado en función de la macroeconomía y el mercado financiero-especulador que nos dicen que la economía va bien pero nos obligan a convivir con el paro y la pobreza. La economía debe estar al servicio de las necesidades de la población, y no al revés.

Luchar contra las políticas económicas neoliberales. La alternativa al desempleo estructural no es el mercado laboral desregulado y precario. La realidad es que una parte reducida trabaja más y en peores condiciones laborales.

Construir un modelo de sociedad democrático e igualitario. Todas las políticas que se vienen realizando, con el pretexto de la competitividad, degradan la convivencia, convierten la fuerza de trabajo en una mercancía que se compra y se vende y debilitan el modelo de Estado Social.

Repartir todos los trabajos. Una jornada inferior a la actual supondría menos horas de trabajo y la incorporación de los hombres a las tareas domésticas. Y para las mujeres supone la oportunidad de poder incorporarse al mercado de trabajo y ganar un salario digno. Con ello se pretende superar el modelo actual de división sexual del trabajo.

Avanzar hacia un modelo social y ecológicamente sostenible de modo que los criterios sociales y de protección del medio ambiente pongan freno a la lógica depredadora del mercado capitalista.

Conquistar una democracia participativa. La aportación fundamental del movimiento obrero y de la izquierda social y política, ha sido la de unificar la lucha social por la emancipación de los trabajadores y extender la democracia, entendida como autogobierno de las poblaciones. Se trata ahora de impedir que siga avanzando un modelo oligárquico que margina a las mayorías sociales de la política. Al aumentar el tiempo libre se facilita la participación social y política de la ciudadanía.

Propuestas 

● Reducción de la jornada laboral, en un primer paso a 35 horas, por ley, en cómputo semanal y sin reducción salarial. La propuesta debe complementarse con la eliminación generalizada de las horas extraordinarias (las habituales y estructurales) garantizando un salario suficiente, la reducción de la edad legal de jubilación a los 60 años, en contraposición a los últimos intentos del gobierno del PSOE por aumentar dicha edad hasta los 70 años, el establecimiento de la quinta semana de vacaciones, la posibilidad de obtener permisos para la formación, por razones familiares o de disfrutar de años sabáticos. [14]

● Supresión por Ley de las Empresas de Trabajo Temporal, relanzando el INEM, como servicio público de empleo junto a los correspondientes servicios autonómicos, que deben asumir de forma eficaz, pública y gratuita la colocación, intermediación y colaboración en la búsqueda de empleo. Es preciso, además, dotar al INEM de competencias plenas para la coordinación, seguimiento, control y evaluación de los programas gestionados directamente por él y de los gestionados por las Comunidades Autónomas.

● Causalidad en la duración de la contratación: Delimitar la contratación temporal a causas concretas y limitadas, de modo que no se cubran puestos de trabajo indefinidos con contratos temporales. Reducir las modalidades de contratación, modificando su regulación (para delimitar claramente su utilización) y penalizando su abuso, mediante el incremento de la cotización empresarial y/o el establecimiento de una indemnización a la finalización del contrato. Igualdad en derechos y en el acceso a la protección social con los contratos a tiempo completo. Recuperación, en toda su amplitud, de la figura del fijo-discontinuo. Establecimiento d’un Plan por la Reducción de la Precariedad en las Administraciones Públicas, d’acuerdo con los sindicatos

● Garantizar a los jóvenes los derechos laborales y sociales que tienen y han tenido las generaciones anteriores: contratos estables, salarios dignos, vacaciones pagadas, prestaciones por desempleo, bajas por maternidad, bajas por enfermedad, indemnizaciones dignas por despidos, pensiones de jubilación.

● Derogación del Contrato de Fomento de la contratación indefinida y nueva regulación del despido, recuperando los derechos anteriores a la reforma de 1994 y dando al trabajador o trabajadora la opción a escoger entre una indemnización mínima de 45 días por año trabajado o la readmisión en caso de despido improcedente, asegurando así también la causalidad en el despido.

● Conversión obligatoria de los contratos formativos y de prácticas, tras su finalización, en contratos indefinidos.

● Potenciar la Administración Laboral incrementando los recursos humanos de la Inspección de Trabajo y reconociendo la plena participación y cooperación de los agentes sociales en los procesos de inspección.

● Ordenar los grupos de empresa y las contratas y subcontratas, evitando la desregulación que permite el incumplimiento de la legislación laboral.

● Impulso del desarrollo tecnológico y de la I+D+i, fomentando la cogestión de los trabajadores y trabajadoras, con medidas contra la deslocalización y contra cualquier regulación de ocupación en empresas con beneficios y con actuaciones específicas de reindustrialización e impulso a comarcas y municipios con especial desempleo y falta de asentamiento de población. [18]

● Plan de Empleo específico para la Mujer: [13]

Fomento del acceso de las mujeres al empleo eliminando los elementos de discriminación, que los obstaculizan, a través de acciones positivas de contratación. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para que se incluya como requisito, que las empresas contengan medidas de acción positiva.

Incluir la regulación del Servicio Doméstico en el Régimen General de la Seguridad Social con todos los derechos como trabajadoras por cuenta ajena.

Reconocimiento de los derechos y prestaciones económicas de las mujeres rurales, pasando del Régimen Especial Agrario al Régimen General de la Seguridad Social.

Creación de un código de políticas de Igualdad en el mundo socio-laboral.

Formación para la inserción laboral de las mujeres, por cuenta ajena de forma autónoma, facilitando líneas de ayuda a empresas promovidas por mujeres (Cooperativas, SAL, S.A.).

Impulsar y realizar campañas de sensibilización, que promuevan el reparto de las tareas domésticas, que permitan el acceso al mercado laboral a las mujeres en condiciones de igualdad y el uso del tiempo libre.

● Igualdad de derechos laborales para los trabajadores inmigrantes. Plena integración de los inmigrantes, atendiendo a sus necesidades básicas y al reconocimiento de sus plenos derechos laborales y ciudadanos, en igualdad de derechos y deberes con los nativos y potenciando la contratación en origen. Persecución de toda forma de explotación y medidas de apoyo y cooperación con los países de origen. [17]

● Modificación de la realización de prácticas obligatorias en empresas para la obtención del título académico, limitándolas y evitando que sean gratuitas y sin derechos.

● Cumplimiento estricto de las actividades establecidas en las becas-formativas. Control y penalización a la administración por las actividades no establecidas en los criterios de concesión de dichas becas por las que se obliga a trabajar a jóvenes en múltiples funciones para las que no han sido becados.

● Desarrollo de los programas de garantía social y formación profesional especial para personas con minusvalías. Reserva de cuota para discapacitados en la FP ordinaria con las adaptaciones necesarias.

● Campañas informativas por parte el INEM y creación de servicios de integración laboral que orienten profesionalmente a los discapacitados. Elaboración por parte del INEM de un catálogo de incentivos para la contratación de los trabajadores con minusvalías. Incremento de las cuantías de las subvenciones que fomenten su contratación. Incremento de la cuota de reserva al 3-4% en el acceso al puesto de trabajo.

B) Cohesión social. Protección social plena

Introducción

El actual modelo económico y social neoliberal está desmantelando las políticas sociales; disminuyendo el gasto social en sanidad, pensiones, educación, prestaciones por desempleo; aumentando la pobreza y la exclusión. Desde IU defendemos un Estado fortalecido que desarrolle servicios públicos que repartan la riqueza y favorezcan la integración social.

La solidaridad se basa en el reconocimiento universal de los derechos humanos, origen de las propuestas de IU, que incluyen los derechos sociales y económicos: derecho al empleo, a la sanidad y educación gratuitas, a una vivienda digna, a un salario y a un sistema de protección social para todos. Para atender a sectores específicos es decisivo el desarrollo de unas políticas que den respuesta a las necesidades específicas de mujeres, infancia, jóvenes, personas con minusvalias, mayores, toxicóman@s, minorías, inmigrantes, refugiad@s... articulándose los tres sistemas de protección social: el sistema educativo, sanitario y la red de prestaciones sociales.

Para IU es fundamental mejorar las políticas de salud, educación, seguridad social y fomento del empleo, con suficientes medidas de coordinación y servicios comunes que eviten duplicidades, despilfarro y carencias.

Desde IU luchamos contra las relaciones laborales injustas, por la igualdad de oportunidades para que l@s ciudadan@s participen en el control y la gestión de los servicios públicos y exijan que se destinen recursos suficientes para lograr la protección social plena.

Propuestas

● Aprobación de la Carta de Derechos Sociales. IU propondrá un pacto entre las fuerzas políticas que incluya los derechos sociales básicos que debe disfrutar la población en todo el Estado, equiparables a los derechos que se reconocen para los ciudadanos de la Unión Europea, así como los mecanismos que garanticen su aplicación.

● Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Recuperación del SMI como garantía de cobertura de las necesidades básicas y como valor de referencia de las pensiones, seguro de desempleo y otras prestaciones sociales, situándose en 1000 € reales de 2007, en vista a homologarse con los países europeos más avanzados. [15]

● Aumentar la Pensión Mínima Contributiva (PMC) para situarla en el nivel del SMI revisado.

● Situar las Pensiones No Contributivas y el Salario Social en el 60% del SMI revisado, tendiendo progresivamente a alcanzar el 100% del mismo como renta única. [10]

● Las pensiones de viudedad deben elevarse del 45% hasta el 75% de la pensión del cónyuge, no siendo nunca inferiores a las Pensiones No Contributivas.

● Para personas mayores que necesiten ayuda de otra persona en su vida cotidiana se establecerán unos baremos que recojan su situación socio-económica, con vistas a la asignación de un complemento suficiente para cubrir esos gastos de asistencia,.

● Respetar en las parejas de hecho las pensiones que perciban cada uno de sus miembros, en función de los ingresos que perciban.

● Rebajar los plazos de cotización necesarios para tener derecho a una pensión contributiva, teniendo en cuenta la precariedad de los actuales contratos de trabajo.

● Modificación de la edad de jubilación pasando de los actuales 65 años a los 60 años y rotunda oposición a cualquier medida que intente incentivar el retraso en la edad de jubilación, así como a los intentos de ampliar el tiempo cotizado necesario para su cómputo.

● Elaboración del Código de Derechos de los Desempleados, que recoja, entre otros aspectos:

Acceso al Salario Social cuando no tengan acceso a otras prestaciones.

Reconocimiento de las personas en desempleo como sujetos de acciones formativas, de orientación e inserción, con acceso a las subvenciones que dichas acciones lleven aparejadas.

La garantía de recibir ayudas que compensen, total o parcialmente, gastos de transporte público, educación, medicamentos, vivienda, etc., en función del nivel de renta y situación familiar de la persona desempleada.

Cobertura total por desempleo (subsidio especial para las personas en situación de paro de larga duración; ampliación tanto de la prestación contributiva como del subsidio; reducción del período de cotización a seis meses para percibir la prestación; mejora de la cuantía del subsidio de desempleo y de los porcentajes de la base reguladora para la prestación de carácter contributivo).

● Regulación del Salario Social para quien no tenga otros ingresos, sometido a contraprestaciones en trabajo social y formación profesional. El tiempo de la contraprestación en trabajo social no podrá superar semanalmente un porcentaje de las 35 horas igual al porcentaje del Salario Social percibido en relación al SMI (es decir, en caso de percibir el 60% del SMI no podrá ser superior a 21 horas semanales).

● Desarrollo integral de la Ley de Dependencia para la dotación de Centros y profesionales de atención públicos, acelerando su implantación con presupuestos dignos para su aplicación. [11]

● Plan de lucha contra la pobreza que marque pautas universales de aplicación concreta en cada territorio e incluya programas que den cobertura a todos lo colectivos con problemas de marginación social con alcance general en todo el territorio del Estado.

● Desarrollar políticas integrales ante los focos de precariedad y desigualdad social que son el origen de ciertas conductas delictivas y extensión de iniciativas que lleven a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros barrios y pueblos.

● A través de la legislación presupuestaria y de otros mecanismos normativos se garantizará la efectiva aplicación de los planes integrales dirigidos a distintos colectivos sociales (mayores, discapacitados, mujeres, inmigrantes...) actualmente vigentes o que se pueden aprobar en lo sucesivo velando por el cumplimiento de sus objetivos en todo el territorio del Estado.

● Modificación del Plan Nacional de Drogas y de los autonómicos, para que se incluya el tema drogas en los programas de actuación de educación, justicia, bienestar, salud, consumo, hacienda... con una visión integradora y que no margine: control de la producción y distribución de las drogas, despenalización de su consumo y autocultivo, regulación legal para mejorar las garantías sanitarias en el consumo.

● Aumento de los recursos para la reinserción de toxicómanos: pisos tutelados, talleres de formación ocupacional, apoyo jurídico, apoyo psicosocial... Modificar los códigos penitenciarios para que las penas se cumplan en centros adecuados para la reintegración social del afectado.

● Dotación del 5% de los Presupuestos Generales, destinados a políticas específicas de mujer y creación del Ministerio de la Mujer para garantizar la igualdad de este colectivo.

● Garantizar los derechos económicos y sociales de l@s trabajador@s españoles en el extranjero. Facilitarles una pensión cuando se hallen en precarias condiciones económicas o sin pensión alguna. Facilitar el retorno y la residencia en nuestro país a los mayores que se encuentren en esas condiciones y lo soliciten.

●  Dotación necesaria para el Fondo de Alimentos para hijos de madres y padres separados y de familias monoparentales. [45]

● Establecer acciones positivas para alcanzar la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas y su promoción personal y social:

Traspaso de competencias de la Ley de Servicios Sociales de las CC.AA. a los Ayuntamientos para impulsar una organización más eficiente de atención a estos ciudadanos. Constitución de Consejos locales de empleo para personas con discapacidad.

Garantizar el papel del Estado en la responsabilidad pública, la financiación de los servicios y actuaciones en materia de derechos esenciales (sanidad, empleo, vivienda, educación, etc).

Promoción de patronazgos y fundaciones que promuevan actuaciones complementarias a los derechos básicos. Apoyo a las asociaciones que trabajan con discapacitados como interlocutoras de la promoción de estos colectivos.

Creación de un fondo especial destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas. Eliminación de barreras de la comunicación (sistemas de aviso, amplificadores de teléfono, interpretes de signos, subtitulación de texto en las televisiones, etc.

Tutela efectiva del Estado sobre aquellas instituciones que prestan servicios de responsabilidad pública, especialmente sobre la ONCE, a fin de asegurar su funcionamiento democrático, su transparencia económica, cumplimiento de los fines sociales específicos y la solidaridad interminusvalías.

Derecho a prótesis imprescindibles como prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Garantizar los derechos de la infancia a través de un conjunto de medidas adecuadas en el marco de la política de Bienestar Social.

● Creación de un Consejo social de la Infancia y la adolescencia.

Creación de un Defensor de la infancia y la adolescencia.

Elaboración e implantación de un Plan intersectorial de la infancia y la adolescencia.

Ampliación y mejora de los servicios de atención.

● Derecho a la Salud [3]

Desde IU queremos conseguir tres objetivos:

Utilizar mejor los recursos.

Ahorrar en la factura farmacéutica (sin que el ahorro sea a costa de la calidad o de la privatización del servicio).

Mejorar la calidad y la cobertura de la atención sanitaria.

Para ello proponemos las siguientes medidas:

Desarrollo de la red de Atención Primaria orientando la actividad planificada de los Centros de Salud a partir de la realización, por parte de los Consejos de Salud, de "Diagnósticos de Salud Participativos" en coordinación con los Centros de Servicios Sociales.

Incorporación plena e integral a la sanidad pública de la salud mental y la salud dental para toda la ciudadanía. [4]

Integración en el sistema sanitario público de las personas atendidas por las mutualidades de funcionarios (MUFACE), así como las Mutuas Patronales de accidentes de trabajo, pasando sus recursos a los Servicios Públicos de Salud.

Defensa de la construcción de hospitales públicos de agudos para terminar con las listas de espera crónicas, carencias asistenciales, exceso de presión de urgencias, etc... Tendrán la misma gestión que los hospitales del INSALUD y de las CC.AA. con competencias.

Hospitales públicos para enfermos crónicos en todas las Áreas sanitarias, con medios sanitarios, sociales y hosteleros suficientes. Oposición a la política de concertaciones con clínicas-residencias de bajo costo y sin calidad sanitaria y social. Estructuras públicas de rehabilitación suficientes en todas las Áreas.

Desarrollo de estructuras sanitarias y programas especiales que permitan una adecuada cobertura para colectivos con necesidades especiales:

Mujeres: Promover y desarrollar programas de educación sexual para mujeres jóvenes con especial atención a la prevención del embarazo no deseado. Planificación familiar. Unidades de interrupción voluntaria del embarazo en todas las Areas sanitarias y acceso gratuito a la píldora RU en los centros sanitarios públicos. Ampliación de la legislación que limita la interrupción voluntaria del embarazo, permitiendo la realización por necesidades psicológicas y sociales. Campañas de información y prevención sobre el cáncer genital y mamario, VHI/SIDA, etc. Programas de salud específicos a las mujeres mayores.

Enferm@s de SIDA: Desarrollo de programas integrales de atención primaria y hospitalaria, con creación de unidades de día y de atención especializada e integral accesible y suficiente (con psicólogos, asistentes sociales, etc) en los hospitales.

Toxicóman@s: Integración de redes de asistencia en el sistema sanitario público, desarrollando programas integrales específicos de asistencia que abarquen la dispensa, mantenimiento y tratamiento de estos enfermos. Puesta en marcha de unidades de desintoxicación dentro de los hospitales, con infraestructuras y recursos suficientes. Desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios para mejorar su conocimiento, su comprensión y el espíritu de tolerancia hacia este tipo de enfermos.

Inmigrantes y minorías étnicas: Desarrollo en todas las Áreas Sanitarias de programas específicos que contemplen campañas de inmunización infantil, seguimiento sanitario de embarazos, partos, cuidados del lactante. Educación sanitaria dirigida a la nutrición infantil y del adulto, planificación familiar, drogodependencias, etc.

Personas Mayores: Establecimiento de Unidades geriátricas en todos los hospitales y Áreas sanitarias. La atención sanitaria a los mayores ha de ser gratuita, incluidos fármacos y prótesis. Dicha atención ha de ser prestada por especialistas en geriatría. Un servicio de esta especialidad deberá cubrir un máximo de 250.000 habitantes. Instalación urgente de Tele-alarmas para todos los mayores que vivan solos y lo soliciten (establecer baremos para el precio del servicio según los recursos del mayor). Defender y potenciar planes de construcción de mini-residencias públicas, donde el número de mayores no supere los 50 y se cubran anualmente un mínimo de 1.000 plazas para válidos y 2.000 para asistidos. Potenciar la creación de residencias diurnas dotadas de servicios necesarios y suficientes para atender las necesidades de los mayores.

Gratuidad de los procesos completos de reasignación de sexo para las personas transexuales.

Modificación de la legislación que regula las instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones generadoras de contaminación electromagnética. Determinación de distancias mínimas frente a espacios sensibles y rebajas sustanciales de los actuales umbrales de seguridad a la luz de las últimas investigaciones. Aplicación del principio de precaución.

● Derecho a la Educación [1]

Ley de financiación del sistema educativo que alcance el 6% del Producto Interior Bruto, que permita la Igualdad en el derecho a la educación, desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior.

Gratuidad del material didáctico para la enseñanza obligatoria en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Apertura de Centros en horario no lectivo.

Incremento de las becas incorporando la tendencia a la total gratuidad del sistema educativo, cuya proyección final será la financiación por medio de un sistema fiscal directo progresivo.

Fondo de adecuación de plantillas.

Inversión en construcciones en Secundaria (posibilitando impartir el primer ciclo de la ESO en los Institutos) y de construcción de comedores escolares en los Institutos.

Construcción o adaptación de Centros para establecer la Red Pública de Educación Infantil 0 a 6 años. Para facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral, crear de forma inmediata suficientes plazas escolares de 0 a 3 años en la red pública, con la correspondiente dotación económica por el Estado. [2]

Mejora del Transporte escolar: rejuvenecimiento de la flota de autobuses, señalización luminosa propia de transporte escolar, delimitación de trayectos y rutas en zonas rurales y en especial en las escasamente pobladas.

Aplicación de la informática como herramienta educativa y establecimiento de criterios metodológicos homogéneos para su empleo. Dotación de un plan de formación de los educadores.

Aprobación de una Ley de calidad para la igualdad que contemple los siguientes aspectos: definición de los requisitos de igualdad; red de centros, distritos educativos; ley de integración de centros o transición a la red pública; adecuación de ratios por unidad; oferta de plazas en distritos universitarios.

Control de los centros concertados, de las universidades privadas y de los centros asociados y adscritos.

Análizar y debatir las alternativas al fracaso escolar en todo el sistema educativo.

Revisión de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que tenga en cuenta: disfunción entre los ciclos de grado medio y superior; diversificación; supresión de la selectividad; integración en el sistema general como nueva modalidad las enseñanzas de régimen especial (música, danza, idiomas); reforma del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Formación Profesional con nuevos contenidos, composición y funciones.

Defensa de una escuela pública, gratuita y laica, suprimiendo la asignatura de religión y asegurando que la enseñanza pública cubra las necesidades educativas de toda la población, permitiendo así ir prescindiendo de los conciertos (que en todo caso deberían excluirse en los niveles no obligatorios), dando la opción a los actuales centros concertados de incorporarse a la red pública a todos los efectos

En los órganos de dirección de los centros educativos a todos los niveles deberán estar representados de manera equitativa los diferentes colectivos de la comunidad escolar.

Cambiar los valores a través de la educación:

Plan de atención a la diversidad en toda la educación obligatoria;

Crear actividades de orientación académica y profesional que favorezcan la incorporación de chicos y chicas a cualquier tipo de empleo.

Control sobre materiales y libros de texto, para evitar reproducir en ellos la división tradicional de roles en función de sexo. Eliminar los estereotipos sexistas en el material didáctico.

Promover e impulsar una mayor presencia y participación de las mujeres en la toma de decisiones en todo el ámbito educativo (alumnas, madres, profesoras, puestos de dirección, etc.)

Inclusión de una asignatura sobre educación sexual. En los centros de enseñanza no formal, realización de talleres educativos específicos en esta materia.

Promoción de la creación y la investigación artística, científica y técnica, dedicando mayores recursos y estableciendo una relación no clientelar entre los poderes públicos y los creadores e investigadores.

Elaboración de una Ley actualizada del libro, con implicación de los protagonistas del sector. Incluirá campañas permanentes para el fomento de la lectura y la implantación de una verdadera red de bibliotecas públicas en lo diversos ámbitos de la Administración.

Introducir en los planes educativos la coeducación, a todos los niveles.

Especial atención a la educación de adultos, adecuando los horarios lectivos para facilitar la participación de las mujeres que asumen cargas familiares.

Programas de lucha contra el analfabetismo total o funcional con planes de formación integrales dirigidos a mujeres, introduciendo contenidos alternativos.

Garantizar la igualdad de oportunidades para el estudio, el empleo y la participación de l@s jóvenes y las mujeres de las poblaciones rurales, mediante el fomento de las infraestructuras rurales de participación, becas de estudio y de transporte, bibliotecas públicas, etc.

Reforma de la LOU estableciendo el Cuerpo Único Docente, representación democrática equilibrada de todos los sectores, gratuidad de los estudios de Grado y un sistema de becas y complementariamente de préstamos-renta públicos que posibilite completar los estudios sin obstáculos relacionados con el origen social y económico.

● Derecho a la vivienda [5]

La política de suelo de IU tiene en consideración:

La edificabilidad como un bien de dominio público independiente de la propiedad del suelo. La Administración urbanística es la titular de la edificabilidad y decide cuándo y cómo se aprovecha el suelo: la Ley del Suelo debe dar a éste el carácter de un bien social, cuyo uso esté supeditado a las necesidades sociales y al respeto del medio ambiente. Todo el suelo público debe ser empleado exclusivamente en la creación de vivienda protegida y dotaciones sociales públicas..

Asimismo, y dado que el suelo es un recurso no renovable, las leyes y la normativa sobre suelo y urbanismo deben tener en cuenta la protección del medio ambiente. Debe incluirse la evaluación de impacto ambiental en todos los planes, políticas y programas urbanísticos

Aplicación de la legislación sobre expropiación forzosa.

Destinar el 5% del Presupuesto municipal a la constitución de Patrimonios públicos de suelo.

La Política de vivienda de IU tiene tres prioridades: la vivienda vacía, la vivienda en alquiler y la vivienda para jóvenes. Las principales medidas que proponemos son:

Aumentar el gasto público directo (que debería situarse en torno al 2% del PIB, el doble del gasto actual), en lugar de destinarse a ayudas fiscales indirectas.

Regulación por el Estado de los precios de suelo y los precios de vivienda VPO en función de las rentas (en vez de colaborar en el negocio de los bancos subsidiando los intereses hipotecarios).

Acuerdos entre los distintos niveles institucionales y con la participación social para definir las necesidades de vivienda y el uso de los recursos disponibles.

Acciones diversificadas para responder a demandas y necesidades cada vez más variadas como consecuencia de los cambios sociales, demográficos, culturales y económicos. Presencia de las mujeres en los proyectos de planificación urbanística para que se contemplen sus demandas de equipamientos. Construcción de viviendas de promoción pública atendiendo las demandas de las mujeres, consideradas individualmente o con cargas familiares.

Establecimiento de una red pública de viviendas sostenibles y de construcción y promoción pública ofrecidos en alquiler a precios asequibles, proporcionados a los ingresos, que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y posibilite la emancipación de los y las jóvenes, dándoles preferencia junto a estudiantes y trabajadores.

Un mínimo de vivienda pública directa (30.000 viviendas anuales) básicamente destinada al alquiler, así como con el fomento de la vivienda privada en alquiler.

Reducción de los tipos impositivos en las rentas procedentes de alquileres en el I.R.P.F. del arrendador.

Desgravación de las rentas pagadas en concepto de alquiler en el I.R.P.F. del arrendatario.

Exenciones fiscales, reducción del importe en licencias de obras, bajada del tipo de I.V.A. etc. en la construcción de viviendas en alquiler.

Apoyo a la creación de cooperativas de jóvenes para la construcción de viviendas.

Plan de viviendas de alquiler para mayores en función de los ingresos y con carácter vitalicio.

Plan Estatal de Construcción y Rehabilitación de Viviendas, actuaciones de rehabilitación en el medio rural, medidas tendentes a la eliminación y apropiación de plusvalías y de su transmisión a otros productos. Ley de viviendas antiguas. Ayudas y créditos asequibles y suficientes para la adaptación de viviendas en uso a las necesidades del mayor.

Medidas coercitivas para fomentar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas:

Creación del censo municipal de viviendas vacías, con amplia difusión popular.

Impuestos municipales sobre viviendas vacías.

Penalización fiscal de las viviendas desocupadas y eventualmente su expropiación para incorporarlas a la red pública (tomando como base la legislación sobre expropiación de fincas manifiestamente mejorables).

Campaña de concienciación ciudadana que ponga de manifiesto la conducta insolidaria y anti social que supone el mantener las viviendas desocupadas.

Vincular operaciones de rehabilitación a la puesta en uso de viviendas vacías preferentemente en alquiler, con incentivos específicos.

Modificación de la legislación sobre subastas judiciales de viviendas:

Difusión obligatoria de las subastas en prensa, asociaciones de vecinos, juntas de distrito, etc. con 30 días de antelación.

Tramitación rápida de créditos hipotecarios en Cajas de Ahorros, Argentaria, etc. que faciliten el acceso a las subastas a ciudadanos que carezcan de vivienda.

Prohibición del acceso a subastas a compradores con vivienda propia o alquilada por este procedimiento.

C) Modelo de Desarrollo Sostenible y alternativo al capitalista. Protección Ambiental

Introducción

Desde IU defendemos un modelo de desarrollo económico y social alternativo al neoliberalismo y al capitalismo, que satisfaga las necesidades de hombres y mujeres respetando el medio ambiente, teniendo en cuenta que la destrucción del medio es consecuencia del actual modelo de producción; que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras; que consiga una mayor igualdad y un reparto justo de la riqueza. Es lo que se conoce por desarrollo sostenible, tanto ecológica como humanamente.

Es imprescindible cambiar la manera de ver nuestros bosques, nuestros pueblos y ciudades, nuestra propia vida. Promoveremos los valores de la izquierda: libertad, igualdad, solidaridad, cooperación. Ni las personas ni la naturaleza somos simples mercancías que se compran y venden en los mercados.

Desde IU apostamos por la defensa de los principios que han sido aprobados en el ámbito internacional, desde la Cumbre de Río organizada por la ONU hasta el Protocolo de Kyoto. Exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Gobiernos en este sentido y que se refieren al respeto a la naturaleza, el respeto a los seres humanos y a las generaciones futuras.

Actualmente se produce una enorme cantidad de residuos que nuestro planeta no puede asimilar. También se despilfarran materias primas y energía, que se agota, cuyo uso provoca la destrucción del medio ambiente y acelera el cambio climático. El cambio climático es mitigable si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al reducir el consumo de combustibles fósiles derivados del petróleo en la industria, el transporte y demás actividades de la vida cotidiana, y apostar por fuentes de energía renovables y cuyo uso es menos contaminante como el sol y el aire.

Propuestas

● Transporte y tráfico [30] [6]

El ferrocarril debe ser el modo de transporte habitual, junto al desplazamiento a pie y en bicicleta. El ferrocarril es el modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera, menos energía consume, menos ruido hace, menos suelo ocupa, menos accidentes y menos residuos produce. Por ello resulta más barato y, por tanto, más accesible para la población. Las otras formas de transporte motorizado (automóvil, camión, avión y barco) deben considerarse complementarias, nunca alternativas al ferrocarril. Hay que incentivar la producción y uso de vehículos que no emitan CO₂, y en particular procurar que los vehículos del estado no emitan ningún gas contaminante.

En esta línea es necesario:

Mejora y modernización de la Red Ferroviaria considerada como un sistema de servicio público con preferencia por el mantenimiento de un solo ancho de vía que ha de ser el Ibérico; no a la creación de redes separadas.

Rechazar la construcción de nuevas líneas de "alta velocidad" por su carácter elitistas y agresivo hacia el territorio, cambiando la inversión a trenes de "velocidad alta" y cercanías, priorizando estas últimas y la duplicación y electrificación de las líneas ferroviarias convencionales y la supresión de pasos a nivel.

Aumento de la seguridad en la Red General de Carreteras, nacional y de las Comunidades Autónomas. IU apuesta por la conservación de las infraestructuras viarias existentes, considerando la creación de nuevas carreteras en casos puntuales debidamente justificados.

Reducir los niveles de ruido y de contaminación atmosférica permitidos.

Reducir la ocupación del suelo por las infraestructuras para el transporte.

Establecer ecotasas finalistas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

Establecer las infraestructuras para el transporte en forma de red, para alcanzar el equilibrio territorial y evitar la generación de grandes aglomeraciones urbanas.

Apostar por una Red Integral pública para el sistema nacional de puertos que han de desempeñar un papel esencial en el equilibrio territorial de los conjuntos regionales a los que han de servir. Modificación de la actual Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

Ordenación del transporte aéreo asignándole la función que le corresponde en el sistema público nacional integrado de transportes. Se defenderá y potenciará el carácter público de AENA y de todas las infraestructuras aeroportuarias.

Nuestra propuesta fomenta el uso peatonal de la ciudad y el transporte público, restringe necesariamente el tráfico mecanizado privado, acorta las distancias entre actividades, ahorra suelo, infraestructuras, agua y energía, etc...

Políticas activas de restricción del vehículo privado

Mezcla de usos y actividades en las zonas urbanas.

Diseño integrado de equipamientos y redes de transporte.

Potenciar los desplazamientos no mecanizados: peatón, bicicleta.

Potenciar el uso y mejorar la eficiencia del transporte público. Estudiar la reintroducción del tranvía o de otros medios de transporte de capacidad intermedia en las ciudades españolas.

Condicionar las subvenciones estatales a los autobuses urbanos a compromisos municipales para el establecimiento de redes de Carriles-Bus e itinerarios preferenciales para autobuses.

Planes de pacificación del tráfico en las ciudades, siendo conscientes de los límites de su eficacia si no se han puesto en cuestión las necesidades de desplazamiento ni la manera en que son satisfechas.

Oposición a la construcción de nuevos aparcamientos en el centro del casco urbano.

Protección de las zonas verdes existentes y creación de otras nuevas, dotándolas de los equipamientos necesarios para hacerlas utilizables por los mayores.

● Energías renovables [25]

Promover el desarrollo de energías renovables (solar, térmica, fotovoltaica, eólica, biomasa) que son menos contaminantes.

Abandono de la energía nuclear, con programación inmediata del cierre de las centrales nucleares en un plazo de 15 años. [26]

Promover el ahorro energético en las infraestructuras públicas (transporte, alumbrado, edificios).

Realizar auditorías energéticas en los edificios públicos.

Establecer ecotasas sobre las energías no renovables.

Financiación de los costes del compromiso de Kyoto y plan de medidas frente al cambio climático.

Impulso de la producción de agrocombustibles siempre y cuando queden acreditados tanto el respeto hacia el entorno en las zonas de cultivo y producción como la no interferencia en los precios de alimentos básicos. Potenciación del reciclaje de aceites usados y de nuevas posibilidades como el cultivo de microalgas marinas.

● Seguridad alimentaria [12]

Asegurar la calidad de los alimentos, evitando la comercialización de carne procedente de "vacas locas", de pollos contaminados con dioxinas...

Exigir la moratoria de los cultivos de semillas genéticamente manipuladas.

Establecer el control social sobre la experimentación con transgénicos.

Evitar la alteración de los ecosistemas impidiendo la introducción de organismos manipulados genéticamente en la agricultura.

Defensa de la agricultura, como sector estratégico por su importancia económica, social y medioambiental: [24]

Conservando el medio rural, proporcionando calidad y seguridad alimentaria con el desarrollo de políticas sostenibles para el medioambiente y que garanticen el derecho a la salud al tiempo que se conserva el paisaje: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca deben jugar el papel fundamental para mantener la vida en el medio rural, relegando el turismo rural y los servicios a un papel complementario.

Potenciación de los mercados locales y comarcales. Acercar el productor al consumidor disminuyendo el número de intermediarios.

Intervención pública en la agricultura frente a la privatización a favor de las multinacionales.

Establecimiento de una comisión conjunta entre el Ministerio de Agricultura y las Asociaciones de Consumidores para el control de precios, que deben ser justos tanto para los productores agrícolas y ganaderos como para los consumidores finales, garantizando que los precios de producción no estén nunca por bajo de los costes de producción para conseguir el mantenimiento de la renta agraria y la suficiencia alimentaria y reduciendo los cada vez mayores beneficios de los intermediarios. Promover una ley  que obligue a hacer constar en las etiquetas los precios de venta de los labradores, de los intermediarios y de las superficies comerciales.

Favorecer los cultivos tradicionales, devolviendo al agricultor el protagonismo en la producción de alimentos frente a la influencia ejercida desde las poderosas empresas transnacionales de la industria química y de la agroalimentación.

Impulsar la agricultura y ganadería familiar de pequeñas y medianas explotaciones y el cooperativismo, de mayor interés cultural, social y medioambiental, frente a la gran empresa agraria. [24]

Medidas de apoyo a la agricultura ecológica libre de transgénicos, reforzando los instrumentos de impuestos especiales y tasas discriminatorias; etiquetado ecológico. [24]

Inversión en modernización y promoción de los productos agrícolas valencianos en los mercados internacionales. Favorecer los cultivos tradicionales, devolviendo al agricultor el protagonismo en la producción de alimentos frente a la influencia ejercida desde las poderosas empresas transnacionales de la industria química y de la agroalimentación.

● Residuos

Gestión integral de residuos que se base en los principios de reducir residuos, reutilizar la mayor cantidad posible y reciclar el resto;

Establecer el tratamiento de los residuos en zonas lo más próximas posible al lugar donde se generan, prohibiendo a su vez el tráfico de residuos;

Evitar todo tipo de incineración de residuos;

Considerar los residuos como materias primas;

Separar la materia orgánica para producir abono natural.

● Espacios naturales

Promover, proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales protegidos.

Ampliar los espacios naturales protegidos extendiendo la superficie de los existentes y creando otros nuevos.

Crear corredores naturales conectando los diferentes parques.

Realizar una silvicultura que matenga jóvenes los bosques, controlando la expansión de plagas y reduciendo el peligro de los incendios.

Abordar con urgencia planes de recuperación de ecosistemas forestales, de los bosques de ribera y de los demás corredores ecológicos más significativos.

Realizar la repoblación forestal con especies autóctonas, mientras se promulga una Ley Básica Forestal en la que se obligue a que los bosques y florestas tengan un aprovechamiento regulado por planes de ordenación forestal sostenible, con especial atención y apoyo de la propiedad pública y comunal. [28]

● Modelo urbanístico sostenible, que ha de asegurar el crecimiento racional y sostenible de las ciudades y pequeñas poblaciones. Promover el reequilibrio territorial evitando la formación de grandes aglomeraciones y la masiva urbanización del litoral. [29]

Impulso, en colaboración con las comunidades autónomas y los colegios profesionales de arquitectos, de un plan estatal de protección de los inmuebles de la arquitectura moderna y contemporánea con valores culturales y patrimoniales protegibles.

● Agua [31]

Utilizar racionalmente el agua, evitando el derroche y las pérdidas en la distribución. Favorecer el ahorro de este recurso y la reutilización de aguas depuradas, teniendo en cuenta las necesidades sociales, económicas y medioambientales.

Revisión de las infraestructuras de desalación de agua marina para corregir sus impactos ambientales sobre ecosistemas de interés. Vinculación de las aguas desaladas para abastecimiento urbano con la recuperación de masas subterráneas y superficiales de agua y con la liberación de recursos para uso agrícola y ambiental, evitando que puedan amparar el desarrollo de planes urbanísticos insostenibles. Uso en los sectores agrícola e industrial de la mezcla de aguas residuales depuradas y aguas desaladas por su menor precio frente al agua desalada y por su mejor calidad frente a las aguas depuradas.

El dictamen de las respectivas Confedraciones Hidrográficas será vinculante para aprobar cualquier proyecto urbanístico que afecte a territorios de dominio húmedo o requiera aportaciones hídricas.

Decidido impulso a la revisión de los planes hidrológicos de cuenca para conseguir su plena adaptación a la directiva marco del agua, de mod que los requerimientos hídricos de los espacios naturales y agroambientales sean por fin tenidos en cuenta en la planificación hidrológica.

Reconocer que el agua (de escorrentía, subterránea y de lluvia, …etc.) no es un producto de compra-venta sino un bien de titularidad pública y estratégico básico y que las administraciones públicas son sólo un gestor de este recurso natural.

Introducir tecnologías de bajo consumo y métodos de riego que aprovechen al máximo el agua.

Realizar la gestión de agua desde el punto de vista de la demanda.

Controlar la calidad del agua.

D) Desarrollo del Título VIII de la Constitución: Hacia la III República Federal y Socialista. [37]

Introducción

La realidad plurinacional y plurirregional del Estado español es un hecho reconocido hoy social y culturalmente y debería reflejarse en la redefinición del Estado, a realizar en el marco de la necesaria reforma constitucional.

IU apuesta por reformar la Constitución para construir una República Federal, Plurinacional, Democrática y Solidaria, porque entiende que el cuestionamiento monárquico parte de un cuestionamiento de principios, de radicalidad democrática. En un sistema monárquico, como el que establece la Constitución española, el acceso al desempeño de la Jefatura del Estado se somete a unas normas de carácter excepcional, no sólo distintas sino incluso contrarias a las que se establecen para el resto de los cargos públicos. Así, se trata de un cargo que no está abierto en principio a todos los ciudadanos, sino solamente a algunos de ellos, y el acceso no se hace ni en virtud de mérito y capacidad ni en virtud de un mandato popular. Por otro lado, el desempeño es vitalicio, en contra de la norma implícita en nuestro sistema constitucional de que los cargos públicos tienen una duración limitada. En suma, estamos a favor de la forma de gobierno republicana.

Pero esta apuesta por la República va más allá del mero cuestionamiento de la monarquía. IU propone un modelo de República Federal porque la libre unión de los pueblos puede dar solución a los problemas políticos derivados de la realidad plurinacional y plurirregional de España y de su diversidad cultural y lingüística; una República que asuma la diversidad y respete las señas de identidad de las partes, a la vez que profundice en la democracia y en la solidaridad; una República con capacidad redistributiva entre los diversos territorios y entre los diversos sectores sociales; una República que, contando con competencias propias y con suficiencia financiera, haga efectivos los principios de igualdad, solidaridad y progreso, en la que los derechos sociales dejen de ser una mera declaración formal como sucede hoy con la Constitución Española. Una República que garantice el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas en todos los terrenos: de asociación, manifestación, reunión, huelga, que cada día se ven más recortados bajo la actual monarquía. Una República que reconozca los mismos derechos democráticos y sociales para todos los que viven y trabajan en ella, sin discriminación por ningún motivo.

Nuestro proyecto de República Federal aspira a superar las consecuencias del centralismo españolista todavía presente en la vida política y en la sociedad; pero también a superar tanto la manipulación del legítimo derecho a la diversidad por parte de algunas elites políticas nacionalistas, como la utilización del sentimiento de agravio comparativo que otras fuerzas políticas hacen para enfrentar a unas y otras Comunidades Autónomas.

Propuestas

● Defensa de los valores republicanos como garantes de modernidad, progreso y profundidad democrática. [35]

IU convocará un referendo donde se preguntará a los españoles su preferencia sobre la cuestión de la forma de gobierno: monárquica o republicana. La convocatoria por parte del Gobierno central de este referendo es plenamente legal. Los referendos son competencia estatal, y además no son vinculantes, por lo que tal promesa no se podría interpretar como un inicio de reforma constitucional, sino que sería una forma de conocer si los españoles quieren vivir bajo una Monarquía o prefieren dar paso a una República. Si este referendo fuera favorable a la opción Republicana, se debería iniciar un proceso constituyente para instaurar la República Federal, entendiendo que cada generación (30 años) tiene derecho a elaborar su propia Constitución.

● El Senado debe ser reformado para convertirlo en una Cámara con capacidad para legislar en la que estén representados todos los territorios a través de un número mínimo de senador@s igual para cada Comunidad Autónoma y un número suplementario en función de su población. Debe convertirse en un instrumento de diálogo que haga compatible el respeto a las distintas nacionalidades y regiones con la solidaridad entre todas ellas.

● Reconocer la diversidad nacional y el derecho de autodeterminación, entendido como el derecho de los pueblos a elegir libremente el marco en el que se relacionan con otros pueblos y a defender su desarrollo económico, social y cultural. IU apoyará la opción por el Estado federal en cualquier consulta de autodeterminación, cuyo objetivo es evitar el uso de la fuerza para obligar al establecimiento o mantenimiento de determinadas relaciones entre los distintos pueblos. El derecho de autodeterminación lo ejerce el conjunto de la población residente de forma estable en el territorio que lo demanda, con independencia de su origen, lengua o etnia. En este marco, la convocatoria de Referéndums debe ser un derecho reconocido a todas las comunidades. Supresión del articulado de la Constitución Española (artículo 8) y la legislación correspondiente que establece la entrega de la garantía de la soberanía del Esdado a las Fuerzas Armadas. La garantía de la soberanía en las relaciones exteriores debe residir en las Cortes.

● Para la construcción de una República Federal Democrática y Solidaria, se hace necesario atribuir a las instituciones federales competencias que permitan asegurar la redistribución de la riqueza para eliminar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales, así como garantizar los derechos individuales y colectivos de las ciudadanas y ciudadanos. Las competencias de las instituciones federales y de las comunidades federadas deben ser definidas y establecidas en la Constitución federal.

● IU defiende para la futura República Federal una nueva estructura fiscal que favorezca el reparto de los ingresos, con un sistema de financiación equitativo y solidario concertado multilateralmente en un marco federal, donde cada cual aporte progresivamente según su renta y reciba según sus necesidades, garantizando igual autonomía financiera a todas y cada una de las Comunidades, aunque eso signifique diferentes porcentajes de participación en el IRPF, en el IVA o en los Impuestos Especiales. Por tanto, quedarían superados los actuales modelos de cesión del 15 o 30% del IRPF.

● La República federal pondrá especial énfasis en el conocimiento mutuo de las distintas lenguas y culturas, para facilitar la convivencia y el sentido unitario de esa convivencia.

● Separación entre la Iglesia y el Estado según el principio de la laicidad (todas las religiones deben tener libre circulación, pero no en el las instituciones del Estado: colegios, institutos, ejército, actos de Estado, etc.), denunciando el Concordato con el Vaticano con la consecuente desaparición de los privilegios económicos (exención de impuestos y obtención de subvenciones e ingresos a cuenta de los presupuestos) e ideológicos que mantiene actualmente la Iglesia Católica y cambiando concordantemente el apartado 3 del artículo 16 de la actual Constitución Española.

● Avanzar hacia un gran Pacto Institucional entre las tres Administraciones del Estado, para conseguir una reasignación de competencias y financiación de las mismas. Las Comunidades Federadas no pueden reproducir en su seno el viejo esquema del Estado Centralista y por tanto, debe contemplarse la cesión de competencias de las mismas a los Entes Locales. Poner en práctica de manera efectiva el principio de subsidiariedad, con especial relevancia para los gobiernos locales.

● Nuestro modelo refuerza la autonomía política de los Poderes Locales mediante el incremento de sus recursos. Para IU los Municipios han de ser el pilar de una República que, además de Federal, quiera ser social y democrático, en el que los derechos de ciudadanía tengan carácter universal. Hay que fortalecer el poder y las competencias municipales para que se pongan en marcha medidas de participación y democracia directa que garanticen el control a l@s ciudadan@s. Para ello la financiación de los ayuntamientos, incrementándose como mínimo al 33% de los PGE, deberá garantizar la autonomía financiera de los entes locales evitando así que las actividades urbanísticas sean la fuente principal de financiación de los municipios. Derogación de la ley de estabilidad presupuestaria. [32]  [33]

E) Avanzar en políticas de Solidaridad y defensa de los Derechos Humanos 

Introducción

Desde IU somos solidarios con los que sufren las injusticias y la discriminación de todo tipo. La solidaridad se basa en el reconocimiento universal de los derechos humanos, origen de nuestras propuestas e iniciativas, que incluyen los derechos sociales y económicos: al empleo, sanidad y educación gratuitas, vivienda digna, libre circulación de personas, salario mínimo y sistemas de protección social para tod@s. Los derechos de la ciudadanía no se respetarán mientras haya desigualdades de poder, estatus y recursos, según sexo, raza, edad, orientación sexual, discapacidad, clase social.

Desde IU defendemos la paz y la solidaridad internacional con los que luchan por sus derechos colectivos e individuales, y los que sufren las consecuencias del injusto orden económico internacional: hay que incluir a los grupos de personas que son excluidas y desfavorecidas por la globalización tanto a nivel estatal como mundial. La lucha contra las causas que generan la pobreza - 1.300 millones de personas viven en la pobreza - debería ser el objetivo central y rector de todos los esfuerzos en pro del desarrollo, tal y como se ha reconocido en diversas cumbres internacionales (Viena-1993; Copenhague-1995). Ello sólo es posible con una acción concertada de la comunidad internacional encaminada a cambiar las relaciones comerciales, financieras, la política internacional, es decir, los factores en los que se asientan las causas de la pobreza.

IU es la única fuerza política que dedica el 1% de su presupuesto a proyectos de solidaridad, ya que la solidaridad internacional forma parte de nuestra identidad como movimiento político-social.

Propuestas

● Cooperación internacional, solidaridad norte sur [38]

Aumentar los programas de cooperación internacional que potencien las políticas de desarrollo integral y propio en los países subdesarrollados en el terreno del empleo y de promoción del tejido asociativo.

Aplicación inmediata 0,7% del Producto Interior Bruto para Cooperación para el Desarrollo, incrementándolo progresivamente hasta llegar al 1%. Así mismo debemos favorecer la aplicación del Pacto 20:20 , en virtud del cual el 20% del presupuesto de los países en desarrollo y el 20% de la Ayuda de los países industrializados se asignarían a los gastos de necesidades humanas. [39]

Desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Desarrollo de un plan que devuelva al sector público las actividades correspondientes a los programas de cooperación y desarrollo con los países y poblaciones desfavorecidos y excluídos. No a la privatización de la política de cooperación y desarrollo y de los servicios públicos orientados a la ayuda a los más desfavorecidos y excluidos, como viene sucediendo al poner este tipo de actividades en manos de empresas privadas bajo la máscara de “entidades sin ánimo de lucro” (ONG’s, etc). No al sistema de relación económica con los países del llamado tercer mundo basado en la política de créditos que redundan en la deuda externa de los propios pueblos a los que se dice ayudar; en ese sentido, NO al programa de los créditos FAD u otros que, bajo la excusa de la cooperación, sólo responden a los intereses económicos o/y geopolíticos de los paises y/o fuerzas económicas acreedores.

Agencia Pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo, QUE debe tener personalidad jurídica propia y autónoma tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Economía

Condonación de la Deuda Externa Pública que tienen todos los países del Sur con el Estado Español. Conversión de la Deuda Externa en Fondos de desarrollo económico-social en los países deudores a través de instrumentos que garanticen su control democrático y participativo.

El gobierno español debe asumir un papel más activo a favor de los países empobrecidos en los foros internacionales ( Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París), presionar porque se desvincule el tratamiento de la Deuda, del cumplimiento de Planes de Ajuste Estructural anteriormente acordados con los países y por la incorporación de criterios sociales y no sólo macroeconómicos.

Código Ético de conducta de la Inversiones Exteriores que obligue a las empresas españolas en el exterior mejorar las condiciones de vida, laborales, ambientales, etc. De los trabajadores y las trabajadoras y de los pueblos donde actuan.

● Los valores de la paz. El antimilitarismo. [38]

El Estado Español debe reforzar económica y técnicamente el papel de la ONU en los procesos de prevención, gestión, pacificación y reconstrucción de conflictos bélicos. Ello debe ir acompañado de la exigencia de llevar a cabo una profunda transformación y democratización de la ONU, en la que no debe existir el derecho a veto.

Izquierda Unida apuesta por la creación de un centro estatal de prevención de conflictos.

Reducción del gasto armamentístico. Así mismo reclamamos la transparencia en cuanto a la exportación y producción de armamento, divulgar los productos vendidos e impedir la venta de material militar a los países que vulneran los Derechos Humanos según el Código de Conducta existente en la UE. Debemos invertir en Paz y no en Armamento.

España puede y debe participar activamente en el proceso de transformación democrática de las relaciones internacionales con la propuesta de un Nuevo orden Internacional democrático y multipolar.

La salida negociada y auspiciada por organismos internacionales (ONU, OSCE, OUA) para que a los conflictos actuales en el mundo se les busque solución a través de la Paz y no de la guerra (Chechenia, Irak, India y Pakistán, Eritrea y Etiopia, etc.).

Rechazar el uso del embargo como arma de solución de los conflictos internacionales. Demandamos el levantamiento de los actuales embargos.

Solidaridad con los movimientos populares de los países empobrecidos. Apoyar la instauración de mecanismos de diálogo, entre las partes implicadas, auspiciados por organismos internacionales ( ONU, OSCE, OUA ) para que los pueblos puedan ejercer el derecho a la autodeterminación (saharauis, kurdos, etc.). En el caso saharaui el Estado Español debe garantizar su ejercicio como potencia administradora.

Desarrollo de un plan de cooperación y solidaridad internacional, con impulso a la participación institucional y ciudadana, en defensa de los procesos políticos que enfrentan al imperialismo en Latinoamérica (Venezuela, Ecuador, Bolivia...), en Oriente Medio (Palestina, Iraq,...), o en otros continentes y regiones del mundo, con las únicas armas de la defensa radical de la soberanía nacional, la democracia y la paz, y cooperación entre los pueblos para la consecución de sus derechos democráticos y sociales, rechazando la colaboración con regímenes autoritarios y denunciándolos implacablemente y renunciando a aplicar cualquier forma de expolio económico.

● Modelo de Defensa

Izquierda Unida apuesta decididamente por la Paz y la desmilitarización social y, en la perspectiva futura y global de la desaparición de todos los ejércitos, propone a la sociedad un conjunto de medidas para conseguir de forma gradual, un modelo de seguridad no agresivo en el que las FFAA respeten los Derechos Humanos

El proceso de transición hacia una sociedad desmilitarizada requiere las medidas siguientes:

Adopción de una política de defensa no ofensiva a nivel teórico, operativo y orgánico.

Reducción del gasto anual suficiente para llegar al final de la legislatura al 1% del PIB en gasto militar. Reducción paulatina de efectivos militares, con la supresión inmediata de todas las unidades que no tengan como misión exclusiva la defensa contra eventuales agresiones externas. Modificación concordante del artículo 8 de la Constitución.

Reducción drástica de los programas de I+D militares. [19]

Puesta en marcha de planes de reconversión de la industria militar.

Democratización del Ejército mediante el derecho a la libre sindicación de los soldados, sometiendo a control de las entidades sociales la formación en las academias militares y garantizando su carácter de institución al servicio de los derechos del conjunto del pueblo. [42]

Denuncia del tratado bilateral con EEUU y desmantelamiento de todas las bases extranjeras, de "utilización conjunta" con los EE.UU. o de la OTAN en un plazo máximo de 4 años en virtud del principio constituyente de soberania (interna y externa). [41]

Prohibición de la fabricación y exportación de minas antipersonales o de sus componentes.

Desaparición de la Legión como cuerpo militar.

Reconocimiento legal de la Objeción fiscal a los gastos militares.

Reconocimiento de la Objeción sobrevenida.

Negativa de las instituciones públicas a firmar convenios o subvencionar actividades y programas de entidades que acojan prestacionistas, así como a que dichas instituciones públicas acojan a éstos.

Desaparición del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación para campañas de sensibilización en los centros de enseñanza públicos por parte de las FFAA.

SALIDA DE ESPAÑA DE ALIANZAS MILITARES COMO LA UEO Y LA OTAN, refrendada en su caso por referéndum

Rechazamos la presencia de tropas españolas para intervenciones humanitarias bajo el mando de la ONU, mientras ésta no realice un cambio en profundidad en su organización interna y el proceso de toma de decisiones.

Retirada inmediata de las tropas españolas de Afganistán y el Líbano y no cooperación con la ocupación de Haití, prohibiendo al gobierno USA y a la OTAN utilizar las bases (mientras sigan en suelo español) o el espacio aéreo español para atacar a cualquier país.

Defensa de la cultura y educación para la paz.

Protección internacional para los territorios sin Estado (Polos Norte y Sur, así como el espacio exterior), para evitar su militarización y la explotación de sus recursos,

● Defensa de los Derechos Humanos 

Frente a las barreras clasistas, sexistas y étnico-raciales, IU propondrá medidas de transculturación y de respeto a la diferencia, a través de una información que se dirija a todos sin exclusión, que de voz a las minorías, que fomente la conciencia critica, que ofrezca igualdad de oportunidades.

Programas de interculturalidad y de proyección hacia otros países, para frenar la colonización cultural de las transnacionales, especialmente las norteamericanas.

● Derechos de los represaliados políticos

Resolver en justicia y de forma definitiva las indemnizaciones a los mayores que fueron represaliados por actividades antifranquistas.

Denuncia de la Ley de Memoria Histórica auspiciada por el Gobierno, ley que olvida la infatigable labor de los luchadores republicanos y antifascistas, no declarando ilegales numerosas ejecuciones sumarias de estos luchadores en el franquismo, así como la sospechosa postura gubernamental en el tema de las exhumaciones, el Valle de los Caídos y las denominaciones y símbolos franquistas en espacios públicos, como muy bien han resaltado numerosas asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria histórica. Promulgación de una Ley que recupere la memoria y justicia histórica de la República y el antifranquismo, recogiendo la anulación legal de los procesos represivos y las condenas franquistas. Creaicón del Instituto para la Memoria Histórica e impulso de proyectos de recuperación de desaparecidos. Devolución de los "papeles de Salamanca", resultado de una expoliación franquista. Protección en todo el territorio del Estado como bienes de interés cultural de los refugios, búnkers, tincheras y cualquier otra infraestructura o edificación ligada directamente al desarrollo de la Guerra Civil Española. [36]

● Derogación de la Ley de Partidos y cumplimiento inmediato de todos los derechos democráticos en Euskadi: acercamiento de presos, legalización de HB, libertad inmediata de detenidos por su militancia política, reapertura de Egunkaria y Egin, reapertura de las Herriko Tabernas y aceptación del ámbito vasco de decisión tanto para su autonomía como para su autodeterminación.

● Democratización de la Justicia mediante la elección democrática de los tribunales, la supresión de la Audiencia Nacional, y arbitrando los medios suficientes para que aquellos estudiantes que demuestren las aptitudes suficientes puedan tener el apoyo suficiente para preparar el ingreso en la carrera judicial. [49]

● Libertad sexual

Denuncia de todos los hechos y causas de discriminación hacia gays, lesbianas y transexuales. Pleno reconocimiento de la diversidad sexual para garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación por opción sexual. Inclusión de las operaciones de reubicación de género en el régimen general de la seguridad social y desarrollo de programas educativos con la diversidad sexual como eje transversal.

● Prohibición de realizar corridas de toros con sangre y con muerte.

● Nueva Ley del Consumidor que garantice los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del mercado.

● Drogas

Promover nuevos acuerdos internacionales que igualen las leyes sobre drogas de los distintos países y regularizar los mercados de drogas de la misma forma que se hace para otros productos como el alcohol, el tabaco o los medicamentos. Apoyamos la petición de derogación de los acuerdos internacionales exclusivamente prohibicionistas hasta ahora vigentes.

Lucha contra el narcotráfico mediante medidas como la derogación del secreto bancario, el control del blanqueo de dinero...

● Mujer [44]

Por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de toda clase de violencia de género abarcando su prevención y penalización y la plena asistencia a las mujeres maltratadas, facilitando los  recursos técnicos, económicos y sociales necesarios para ello y aumentando la partida presupuestaria correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado. 

Prohibición y persecución del proxenetismo de cualquier tipo y adopción de medidas económicas y educativas para la erradicación de la explotación sexual. 

Apuesta por la coeducación en la enseñanza, la oposición a la publicidad sexista y por una nueva distribución de los tiempos de las personas.

● Reforma de la Justicia

Medidas para un papel ajustado al orden constitucional del Poder Judicial y su efectiva independencia.

Medidas de reforma del servicio público de la Justicia.

● Instituciones Penitenciarias

Profundización en el modelo de Instituciones penitenciarias que confronta con la deriva conservadora de los últimos años.

Defensa de una lectura progresista de la Ley orgánica General Penitenciaria.

Propuestas que anulen las consecuencias negativas de la entrada en vigor del Código Penal del 95: inexistencia de infraestructura para cumplimiento de las medidas y penas alternativas y la falta de adecuación del personal penitenciario,

Defensa del sistema de ejecución de penas como servicio público y rechazo a los procesos privatizadores en curso.

Ruptura del aislamiento social del sistema de ejecución de penas y desarrollar la interconexión de todas las instancias sociales participantes en el proceso de reinserci6n social.

Impulso de un proceso coordinado de transferencias a las CCAA.

● Seguridad ciudadana

Reorientación del concepto de seguridad ciudadana hacia la protección y aseguramiento del libre ejercicio ciudadano de los derechos y libertades.

Despliegue de medidas dirigidas a atacar las causas sociales profundas de la inseguridad cifradas en la pobreza y la exclusión social.

Consideración pacífica de la problemática de las mafias y el crimen internacional organizado.

Desmilitarización de la Guardia Civil e integración y proceso de unificación y democratización de los Cuerpos de Seguridad del Estado, reconociendo el derecho de asociación sindical, sin menoscabo de las policías autonómicas y locales. [43]

F) Reforma del Código Penal

● Reforma del Código Penal para evitar el protagonismo de la "droga" como la causa principal de la inseguridad ciudadana, y la condena a personas y colectivos inmersos en ese circuito sin condenar las situaciones que originan su expansión: gran parte de los problemas derivados del consumo de drogas proceden del tratamiento inadecuado con el que viene planteándose el tema en la mayoría de los países occidentales, desde una óptica de prohibición. 

Derogación de la "Ley Corcuera", que con el pretexto de la lucha contra la droga atenta contra la libertad individual hasta límites de muy dudosa constitucionalidad.

El Estado debe ejercer el control de la producción y distribución de las drogas, despenalizando su consumo y autocultivo y estableciendo una regulación legal para mejorar las garantías sanitarias en el consumo.

● Reconocimiento del derecho al aborto, libre y gratuito, con garantía de la sanidad pública y dentro de los términos establecidos en una Ley de plazos.

● Regulación de la eutanasia.

● Derogar el delito de injurias a la Corona así com el delito de injurias a la bandera.

● Ocupación ilegal

Seguimiento de desalojos por representantes políticos (concejales y diputados).

Investigación de las necesidades reales de los ocupantes.

Investigación de las causas de que viviendas promovidas por la administración permanezcan desocupadas (a veces más de un año) y apertura de expediente sancionadores a organismos y funcionarios responsables.

Modificación del Código Penal para despenalizar la ocupación.

G) Política económica en el marco de las Instituciones Internacionales

Introducción

El proceso de globalización de la economía no supone el intercambio libre y entre iguales a nivel mundial. Al contrario, amplias zonas de nuestro planeta quedan prácticamente al margen de los circuitos económicos internacionales. La actividad económica se concentra en áreas geográficas muy limitadas, eso que llamamos "mundo desarrollado", países con economías muy parecidas y producciones similares en muchos casos; por el contrario, los países pobres apenas participan de las corrientes internacionales de intercambio, e incluso, en los ejemplos más extremos de miseria, quedan prácticamente excluidos de la economía mundial, incapaces de competir en ninguna faceta.

Los movimientos y operaciones financieras están fuera del control de los estados y las Instituciones Internacionales, acabando con el propio concepto de democracia y convirtiéndose en una fuerte amenaza para la estabilidad y equilibrio de las finanzas mundiales.

Desde IU contemplamos con gran preocupación el proceso acelerado de desregulación y liberalización seguido por la Organización Mundial del Comercio (OCM) en lo que respecta al intercambio de mercancías y servicios. El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), paralizado en la actualidad pero cuyas negociaciones se han estado llevando en el mayor de los secretos, pretende la liberalización total de las inversiones, lo que supone que ningún poder democrático tendrá capacidad para intervenir en el mercado financiero.

En las negociaciones de la OCM se deben priorizar la cultura, los servicios públicos de salud, de la educación, del transporte colectivo, de los servicios sociales, la defensa del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la protección a los ciudadanos, etc. Consideramos que, en todo caso, los acuerdos comerciales deben ser ratificados por los Parlamentos nacionales.

Desde IU apostamos por una verdadera Unión Europea, alejada del modelo mercantilista y financiero actual, una integración política con mecanismos auténticamente democráticos. Propugnamos una Europa de los pueblos, de ciudadanos y ciudadanas, social y democrática.

La actual UE tiene un fuerte déficit democrático. Las competencias de la Comisión, con claras deficiencias de legitimidad democrática, son amplísimas y, en el Consejo, cada gobierno se escudará en los demás para justificar aquellas medidas sobre las que se le demanden responsabilidades políticas. A su vez, la única institución verdaderamente democrática, el Parlamento, carece casi de competencias.

Propuestas

● Proponemos que la Unión Europea establezca el control y fiscalización de los movimientos de capital para limitar la pura especulación financiera y relanzar la inversión productiva, que es la que genera empleo.

● Desaparición de los paraísos fiscales existentes, a fin de evitar cualquier tipo de chantaje del capital.

● De forma inmediata apostamos por la creación de un impuesto que grave las transacciones de capital a corto plazo sobre los mercados de divisas (tasa Tobin). La recaudación se dedicaría, fundamentalmente, a programas de ayuda al desarrollo social y económico de los países menos favorecidos.

●  Impulsar una regulación internacional del derecho a investigar y recibir informaciones y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, en consonancia con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

● Respecto a la Unión Europea, nuestras propuestas van encaminadas a:

● Politica Europea de Paz, en virtud de un proyecto de construcción europea democrática, basado en la soberanía de los pueblos y los derechos y libertades fundamentales, integrador con sus inmigrados, y solidario con los demás pueblos, y por tanto donde primen los derechos sociales frente a los intereses de las grandes empresas y los mercados de mercancías y capitales. [40]

● Aumentar el Presupuesto y las acciones estructurales dirigidas a la cohesión, superando el corsé del horizonte actual 2000-2006. La recaudación estaría en función de los ingresos y riquezas individuales.

● Aprobación de una Carta Social Europea con categoría de Tratado que establezca unos mínimos laborales, sociales y fiscales para compensar las consecuencias de la implantación del mercado y la moneda únicos.

● Oposición al llamado "Pacto de estabilidad" dada la deriva neoliberal de los tratados europeos actuales, porque supone medidas de ajuste para acabar con el déficit público de los Estados sin tener en cuenta el contexto económico que existe. Flexibilizar el "Pacto de Estabilidad" con la formación de fondos de garantía y préstamos supraestatales.

● Una futura Europa Federal con una Constitución Federal debería incluir un sistema fiscal en el que se aplique nuestro modelo federal solidario, donde cada cual aporte progresivamente según su renta y reciba según sus necesidades con independencia del Estado en que residan.

● El Banco Central Europeo y los diferentes Bancos centrales de los estados deben estar bajo la dirección y vigilancia de las instituciones políticas elegidas democráticamente. Este mismo criterio tendría que seguirse para el nombramiento de sus máximos responsables. Su objetivo prioritario debe ser la creación de empleo y deberían dar créditos por bajo de la banca privada.

● Elevar la cuantía del Presupuesto Comunitario para reforzando la cohesión, más necesaria ahora ante la puesta en marcha de la Unión Monetaria y la ampliación de la Unión Europea a los países del Este.

● Reformar la Política Agraria Común (PAC), de modo que las medidas compensatorias introducidas en el marco del desarrollo rural dejen de estar diseñadas a la medida de los Estados miembros más ricos. En estos momentos se puede perder la ocasión de resolver el principal problema de la PAC: la concentración de la mayor parte de las ayudas en un número muy reducido de agricultores. Se deben limitar de las ayudas por explotación y su redistribución en beneficio de las explotaciones de menor dimensión. En la próxima legislatura será necesario seguir trabajando en esta línea con objeto de hacer que la PAC se dirija cada vez más hacia objetivos de cohesión territorial y social y favorecer la subsistencia de un tejido social en el medio rural.

H) Hacia una nueva fiscalidad [21]

Introducción

Para IU es necesario un Sector Público eficaz que redistribuya la renta y la riqueza y que garantice el acceso a las prestaciones sociales y servicios públicos a toda la ciudadanía.

Las políticas conservadoras de los últimos años reducen la presión fiscal sobre las rentas del capital y los beneficios empresariales a la vez que aumentan los impuestos indirectos para todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de sus circunstancias personales y su nivel económico. Desde IU luchamos para asegurar una cuantía mínima de ingresos públicos que permita atender, entre otras, las políticas sociales, por lo que nos oponemos a que las rentas más altas paguen menos impuestos.

Para IU es prioritario que España alcance al menos un nivel de ingresos similar al promedio de la Unión Europea (más de 6 puntos en presión fiscal de diferencia), mejorando la capacidad del sistema tributario para fortalecer la igualdad de la todos y todas. Además, es imprescindible que el sistema tributario sea progresivo -que pague más en porcentaje el que más tiene- en contra de lo que implantó el gobierno del Partido Popular a través de su política de derechas y continúa el del PSOE.

Propuestas

● Luchar contra el fraude fiscal (estimado en 4 billones) de las rentas que no vienen del trabajo asalariado, reforzando la capacidad de inspección y sanción de la Agencia Tributaria, corrigiendo las lagunas legales que lo favorecen, agilizando el sistema judicial y incrementando la recaudación a las grandes fortunas y las rentas del capital. [22]

● Introducir impuestos ecológicos de carácter finalista, es decir, cuya recaudación se destine a programas de investigación y desarrollo de energías renovables, mejora medioambiental, etc. [27]

● Reformar el actual IRPF (rechazamos la última reforma del ministro Solbes), de modo que sirva mejor para generar ingresos al Estado y sea un impuesto progresivo. Por ello proponemos aumentar el número de tramos y tipos en la tarifa, modificar el tratamiento fiscal de las plusvalías y revisar y reducir el gasto fiscal, para que dejen de ser los salarios la principal fuente de ingresos de este impuesto.

● Modificar el actual Impuesto sobre el Patrimonio, aumentando su progresividad y aumentando su capacidad recaudatoria; eliminar gastos fiscales y elevar el tipo general de gravamen al 40% en el impuesto de sociedades; aumentar también la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

● Reformar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de modo que se revisen los bienes y servicios que tributan a tipos inferiores al general del 16%, específicamente la ampliación del tipo superreducido (4%) a ciertos bienes y servicio de primera necesidad.

● Aumento de la fiscalidad directa y reducción de la fiscalidad indirecta en productos y servicios básicos, tendiendo a la progresiva eliminación de los impuestos indirectos. Una gran parte de los impuestos indirectos sobre bienes que producen enfermedades o lesiones como por ejemplo tabaco, alcohol, drogas, juego deberían dedicarse de forma finalista a enfermedades como el cáncer, alcohólicos, drogadictos y ludópatas.

I) Defensa del Sector Público

Introducción

En los últimos años se está imponiendo a nivel mundial la lógica neoliberal, que supone un ataque frontal contra el carácter social del Estado, recortando derechos fundamentales de l@s ciudadan@s (económicos, sociales, sindicales, etc.) y reduciendo sus funciones económicas y redistributivas.

El Estado social está siendo desmantelado a través de la venta de empresas públicas, el fomento de las empresas de trabajo temporal, la subcontratación de los servicios públicos, la disminución del gasto social en sanidad, pensiones, educación, prestaciones por desempleo, etc.

La empresa pública es un instrumento fundamental de la intervención del Estado en la economía. Sin ella será imposible que un gobierno se responsabilice de la política económica, y mucho menos de una política económica orientada al pleno empleo. Sin un sector público fuerte será imposible democratizar el poder económico, y sin democracia en el poder económico no hay una democracia real.

Las privatizaciones pretenden justificarse con el argumento de acabar con el déficit público, para sanear las cuentas públicas, y por una supuesta mayor eficacia de la empresa privada. Ambos argumentos son falsos ya que, por un lado, las privatizaciones son "pan para hoy y hambre para mañana" puesto que financiarse mediante la venta de empresas significa dejar de percibir en el futuro los beneficios. Por otra parte, la eficacia de una empresa depende de los responsables de la gestión, no de quién es el propietario. Las empresas públicas que han sido privatizadas eran igual de eficaces antes; la diferencia es que los beneficios revertían en la sociedad y ahora son para un número reducido de accionistas.

Desde estos postulados la privatización se está llevando a cabo de la siguiente manera:

La venta de todo o parte de la propiedad de empresas de capital público.

La subcontratación mediante concesión de toda o parte, a la empresa privada de la actividad de servicio público.

La introducción del concepto de rentabilidad financiera en la gestión pública.

Frente a todo IU apuesta por desarrollar el Estado Social Participativo, que garantice a l@s ciudadan@s su participación en la definición de las prioridades y la satisfacción de sus demandas desde una gestión pública de mayor calidad y eficacia, reconociendo el importante papel redistributivo y de cohesión social que vienen jugando los servicios públicos.

Propuestas

● Paralizar e invertir el actual proceso de privatizaciones. Apuesta por un sector público democrático que promueva un desarrollo económico y social que respete el medio ambiente para todos los ciudadanos, a través de una planificación democráticas de la actividad económica en función de las necesidades sociales, con unos servicios públicos de calidad en sanidad, educación, bienestar social y transporte sostenible, evitando su deterioro, revirtiendo su privatización y terminando con los sistemas mixtos mediante la puesta en marcha de un plan de aumento de las dotaciones públicas -tanto en equipamientos como en personal- adecuado a las necesidades existentes y la supresión gradual -en una legislatura- de las subvenciones a las entidades privadas. Promover políticas de retorno a la gestión pública directa de las entidades públicas gestionadas por empresas privadas.

● Impulso al sector público en la industria, frente a la privatización a favor de las multinacionales. Exigir la devolución al sector público de las grandes compañías privatizadas durante estas últimas décadas: compañías de telefonía, eléctricas, etc.

● Descentralizar las competencias del Estado, estableciendo un sistema planificado en base a programas y coordinado de relaciones entre la Administración central, las Comunidades Autónomas y los Municipios, y entre éstos y la Unión Europea. Descentralizar supone acercar las Administraciones públicas a la ciudadanía, promoviendo su participación en los asuntos públicos, como fórmula para asegurar la transparencia, la ética y la eficacia de la gestión pública.

● Definir un modelo de gestión pública para una mayor eficiencia y participación ciudadana tanto en el proceso de toma de decisión corno en la gestión y evaluación de las políticas públicas. Aplicar los principios de subsidiariedad y descentralización para acercar la gestión pública al ciudadano.

● Reforma de la Función pública con un modelo de Estatuto para todo el empleo público que garantice la aplicación real del derecho a la negociación colectiva. Participación ciudadana en la toma de decisiones sobre empleo público.

● Evitar concesiones administrativas de más de dos años que imposibiliten un eficaz control, convirtiéndose en privatizaciones encubiertas. Prestar especial atención a las cláusulas de los contratos de las empresas privadas que gestionen servicios públicos, para permitir un control eficaz sobre la calidad del servicio, contrataciones de trabajadores/as, salud laboral, formación, etc.

● Promover la formación de cooperativas, empresas de trabajo terapéutico y otras formas de economía social, especialmente las dedicadas a la defensa de valores ecológicos, la discapacidad, la lucha contra el paro con proyectos de inserción social y laboral y la autoorganización de los trabajadores/as desempleados, y apoyando en general a la economia alternativa, solidaria y productiva como principal alternativa al actual modelo de economía especulativa. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en el tercer sector y en el sector tecnológico. [23]

● Establecer indicadores de evaluación y control de la eficacia social de las políticas públicas.

● Control Parlamentario sobre los procesos de selección de personal garantizando su inclusión en la oferta de empleo público, vigilando la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad y prohibiendo la externalización de los servicios públicos. [9]

● Transporte público gratuito urbano y de cercanías para jóvenes, parados y pensionistas y familias monoparentales con límite de renta. [7]

● Defensa del carácter público de la Seguridad Social, excluyendo la salida a bolsa de su fondo de reserva.

● Garantizar el carácter público de los resultados de las investigaciones sostenidas con fondos públicos, modificando en consonancia la LOU.

● Fomentar la Compra Pública Ética (CPE) de las administraciones públicas con criterios de responsabilidad, sostenibilidad, justicia y ética frente a criterios mercantilistas.

● Transformación efectiva de las Cajas de Ahorros en una Banca Social, que dedique el 75% de sus beneficios a inversiones sociales -bajo supervisión de las administraciones públicas y entidades sociales-, renunciando a inversiones especulativas.

● Defensa de la gestión pública directa de los servicios sanitarios por lo que IU propone las siguientes medidas: [3]

Aumentar el gasto sanitario público con un presupuesto plurianual que complete las insuficiencias de infraestructuras y programas del sistema público ("la deuda sanitaria histórica") y un gasto sanitario que alcance la media de los países de la U.E. Reparto del presupuesto en función de las necesidades.

Defender el sistema sanitario público para frenar la ofensiva privatizadora de la derecha política y sus aliados, que pretenden que el sistema sanitario se transforme en un mercado al servicio de sus intereses económicos.

Transformar las fundaciones sanitarias y otras nuevas fórmulas de gestión en hospitales con gestión pública.

Defender el derecho a la prestación de salud para el 100% de la población. Derecho a la cobertura sanitaria para todas las personas inmigrantes, mientras se encuentren en territorio español, con independencia de su situación administrativa modificando la Ley general de Sanidad.

Política de incompatibilidades entre los profesionales, que impida el trabajo simultáneo en el sector público y el privado. Oposición a las medidas que con la excusa de mejorar la gestión fomentan la corrupción entre los profesionales del Sistema.

Modificación de la Ley de Riesgos Laborales, de forma que la prestación de Salud Laboral se controle desde el sistema sanitario público con una concepción única e integral de la salud del trabajador e incrementando los Inspectores de Trabajo. [16]

● Defensa de una Educación Pública de Calidad, por lo desde IU se propone:

Aumentar el gasto educativo público.

Plan de calidad de la Administración, Gestión y Servicios (plantillas cualificadas, bibliotecas, archivos, alumnos, servicios,...)

Definición de los requisitos de igualdad. Red de centros, distritos educativos, ley de integración de centros o transición a la red pública. Adecuación de ratios por unidad. Oferta de plazas en distritos universitarios.

Control de los centros concertados, de las universidades privadas y de los centros asociados y adscritos. Desaparición progresiva del sistema de conciertos de los centros de titularidad privada religiosa.

Dependiendo del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Universidades la Inspección Educativa, el Centro de Datos y la Evaluación del sistema educativo: Planes de estudio, implantación y seguimiento de la enseñanza obligatoria, medias, infantil y FP.

Análisis, debate y alternativas sobre el Fracaso escolar en todo el sistema educativo.

Ampliar los criterios de exención de tasas con una mayor y más flexible oferta de las becas.

● Apostar por el carácter de servicio público de la comunicación:

Los medios de comunicación públicos deben ser de calidad, para servir de modelo a los privados. Estarán al servicio de l@s ciudadan@s y no del mercado publicitario. Desarrollarán una programación diversificada y una producción descentralizada. Buscarán la rentabilidad social frente a la rentabilidad monetaria.

Abolición de la Ley de Propiedad Intelectual. Supresión de cualquier canon destinado a una entidad privada. Garantizar el derecho a investigar y recibir informaciones y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, impulsando una regulación internacional del mismo.

J) Reforma de la Política: Hacia una Democracia Participativa

Introducción

Las instituciones democráticas están en declive según la valoración de l@s ciudadan@s. Se reproduce el modelo oligárquico de la política, se favorece la apatía y el alejamiento de los ciudadan@s en los asuntos públicos; se limitan los derechos de las minorías; los procesos de toma de decisiones son cada vez más opacos; se restringen, e incluso se suprimen, los cauces de participación ciudadana. La herencia del clientelismo político se mantiene viva todavía y produce desconfianza hacia la actividad política.

Desde IU apostamos por devolver a l@s ciudadan@s el control del poder político, a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión de las políticas públicas. Proponemos mantener como eje central lo público, elemento único de promover la participación directa, el interés colectivo, la equidad, la solidaridad, y los valores democráticos.

La democracia participativa avanzada es posible y debe ser el eje de las movilizaciones del conjunto de la sociedad.

IU considera que la Reforma de la Política sólo se conseguirá a través de la profundización del proyecto democrático, su regeneración ética. Las relaciones entre la sociedad, la política y las Administraciones públicas han de modificarse, devolviendo el poder a la ciudadanía por medio de instrumentos de democracia directa como la iniciativa legislativa popular, el referéndum, los presupuestos participativos y el control ciudadano de las instituciones. Hay también que evaluar los efectos sociales de las leyes promulgadas para rectificarlas en cas de que demuestren poca efectividad.

Las instituciones políticas están desprestigiadas. A los ojos de la ciudadanía existe una clase política que les separa de los asuntos públicos y les lleva a ser pasivos. Las Instituciones donde se decide sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas no están al alcance de los ciudadanos y ciudadanas, lo que produce desconfianza hacia la actividad política.

Desde IU apostamos por devolver a la ciudadanía el control del poder político a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión de lo público, rescatando el interés por lo colectivo, la solidaridad y los valores democráticos, así como por la transparencia, la regeneración democrática y la recuperación de la ética en la vida política. 

Propuestas  

● Para la regeneración de la vida democrática

Establecer que todos los cargos públicos, asesores y personas nombradas por ocupar lugares de representación tengan la obligación, antes de la toma de posesión, una vez al año y tras dejar el cargo, de hacer público en el ámbito de su representación los ingresos por rentas y su patrimonio. [46]

Reformas legislativas orientadas al reforzamiento del papel del Parlamento, financiación pública de los partidos políticos, reformas de los instrumentos de control, dimensión ética de la vida pública, etc.

Establecimiento de los mecanismos para una mayor participación del legislativo en la toma de decisiones presupuestarias, ampliando radicalmente su capacidad en este campo.

Ampliar los temas susceptibles de ser objeto de la Iniciativa Legislativa Popular.

Impulsar y apoyar desde el gobierno la elaboración de Presupuestos Participativos.

Plena democratización del sector público y de las administraciones, que deberán someter su funcionamiento a debate y a la decisión del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y, asimismo, abrir cauces de participación de los usuarios en dicho proceso.

Nueva Ley de Bases de régimen local donde se incluya el referéndum municipal.

Nueva Ley de Grandes Ciudades que garantice que se descentralicen convirtiendo a sus Juntas de Distrito en genuinos Ayuntamientos con competencias, recursos y elección directa de sus componentes.

IU exige el desarrollo del Artículo 20 de la Constitución, y la Ley del Estatuto de Radio y Televisión de 1.980, como garantía, para articular libremente las opiniones mediante una información independiente y contextualizada.

Frente al control de los medios de comunicación por los grandes monopolios mediáticos, IU impulsará una política de democratización de las redes y de los medios, estableciendo como punto de partida el acceso libre de tod@s a la información, la comunicación y la cultura.

Avanzar en la transferencia de competencias y recursos del Ministerio de Cultura, así como en la transparencia de los criterios empleados para la política de subvenciones, adquisición y contrataciones.

Garantizar la representación de los mayores en todos los organismos públicos donde se tomen decisiones que les afecten, y potenciar la creación de los Consejos de Mayores allí donde no se han creado.

La creación del Consejo Estatal de Salud, con integración de representantes de ámbito estatal de organizaciones sociales, de usuarios, vecinales, de enfermos, etc., e integrado en el Consejo interterritorial.

La creación de Consejos de Salud de Comunidad Autónoma, de área y comarca y de nivel de distrito con participación mayoritaria en los mismos de organizaciones sociales, de usuarios, vecinales, etc.

IU propone que el Consejo de Bienestar Social:

Sea un órgano de representación social y territorial formado por los colectivos afectados (órganos asesores de bienestar Social en los municipios y CC.AA.),

Que participe en el Consejo Económico y Social,

Se coordine con el Parlamento Estatal y con el Parlamento Europeo.

Crear un Consejo de la Comunicación, que vele por el cumplimiento del Código Deontológico, de la normativa europea. Se encargará del control de las concesiones a las radios y televisiones privadas, exigiendo el cumplimiento de las conclusiones de la comisión del Senado como requisito para la renovación.

Aumentar las competencias de los Consejos de Administración y de los Consejos Asesores, incluyendo en su composición a las organizaciones sociales y a los trabajadores. Creación en los ámbitos donde aún no existen.

Desarrollar campañas tendentes a eliminar el analfabetismo audiovisual, utilizando los propios medios de comunicación y el sistema educativo para formar receptores y emisores críticos, activos y con capacidad de creación.

Crear espacios en las programaciones de los medios de comunicación que garanticen el acceso efectivo de la ciudadanía a los medios de comunicación como emisores de información.

Creación de un Consejo Federal de Cultura.

Creación de espacios y tiempos que sean elementos articuladores de los distintos movimientos culturales.

Aumentar los programas de cooperación internacional que potencien las políticas de desarrollo integral y propio en los países subdesarrollados en el terreno del empleo y de promoción del tejido asociativo.

Reforzar la democracia y la participación social. Reforzar la capacidad pública de intervención y regulación en los mercados. Servicios públicos universales y de calidad. Política de redistribución, progresividad del sistema fiscal. Comités de Empresa intereuropeos.

Cambio de la Ley Electoral para asegurar una representación realmente proporcional. Eliminación de las circunscripciones provinciales. [47]

● Financiación de las asociaciones estudiantiles y juveniles [48]

Promoción de una mayor participación y de las asociaciones juveniles para un modelo cultural alternativo basado en el humanismo, la cooperación y la solidaridad.

Promoción de las actividades del deporte, la música, el teatro, el cine y la literatura realizadas por jóvenes.

Promoción de debates sobre el funcionamiento y la financiación de los Consejos de Juventud.

Oposición a que el voluntariado realice actividades que necesitan mano de obra especializada y remunerada.

Fomento de un ocio no basado en el consumismo mercantilista. [50]

Reducción de la edad (de los 18 años a los 16 años) para poder votar y presentarse en candidaturas.

Fomento de mayor participación y democracia en los centros educativos. Proporción equitativa de los distintos colectivos de la comunidad escolar en los órganos de los centros educativos en todos los niveles.

Adecuar los horarios de los servicios, de todo tipo, a la actividad de las mujeres.

Diseñar indicadores, con el protagonismo del movimiento ciudadano, que establezcan objetivos claros para conseguir un territorio más habitable, que respeten el medio ambiente y promuevan la convivencia.

Alentar la creación de "Plataformas Hábitat" en el ámbito autonómico como instrumento de participación ciudadana. Cumplir las agendas y campañas internacionales sobre estos temas.

Promover la participación para una planificación urbanística y territorial ágil, flexible y solidaria, que consiga la descontaminación progresiva del territorio.

Se debe reivindicar el espacio público de calles, plazas, avenidas y jardines como el único que permite una real diversidad de utilizaciones y una real libertad de comportamientos.

Fomentar el uso peatonal y el transporte público colectivo.

Eliminación de las barreras arquitectónicas y sensoriales.

Recuperación de suelo y edificios públicos.

Si hay algo definitorio de Esquerra Unida-Izquierda Unida es la elaboración colectiva del programa. Es en dicho programa donde las distintas sensibilidades que formamos esta organización nos ponemos de acuerdo. Pasamos de la reflexión teórica a la plasmación concreta de propuestas que conformarán nuestras señas de identidad, nuestro modelo alternativo de sociedad. Esto, que ha sido una potencialidad en nuestra organización pareciera que en los últimos tiempos se está perdiendo. Así, cuesta imaginar que en un programa local o autonómico sólo tuviéramos 50 puntos en que basarnos. Seguramente estos puntos como resumen programático de cara a la difusión pública estarán bien, pero pensamos que es una pena que no se consensue todo el programa electoral. Que desde las bases en los colectivos locales se hicieran convocatorias a sectores que se quisieran implicar e ilusionar en plantear propuestas que pudieran ser recogidas en el documento definitivo. Porqué no hacer lo mismo que con los estatutos y el Manifiesto político. Es decir, la posibilidad de poder hacer enmiendas o aportaciones al grueso del programa y aprobarlas en la Asamblea Federal correspondiente, dejando las convenciones para otros políticos que hacen de lo “mediatico” su manera de ser.
En definitiva, volver a los orígenes , el Programa, Programa, Programa, qui siempre debiéramos tener presente

PAÍS VALENCIANO:

Apoyar el cambio del Estatuto de Autonomía ya que se ha quedado desfasado en menos de 1 año.

CERCANÍAS ALICANTE- MURCIA- LORCA

En el sureste Español, nos encontramos con una línea de cercanías, la C, que aún mantiene un sistema de transporte diesel, y que además presenta enormes deficiencias y acumula retrasos constantes. Por ello proponemos:

El desdoblamiento de toda la línea C que se subdivide en dos fases: la C1 que une Alicante con Murcia, y la C2 que comunica Murcia con Lorca.

Esto permitiría una mayor eficacia del servicio en cuanto al tiempo y seguridad.

De igual manera proponemos, la electrificación de la línea que contribuirá a que el transporte gane en cuanto respeto al medio ambiente.

Y por último el soterramiento de las vías al paso por las ciudades de Orihuela y Callosa de Segura.

RÍO SEGURA

Izquierda Unida propondrá desde la Confederación Hidrográfica del Segura, un plan de saneamiento integral del río, que contemple soluciones orientadas a la recuperación del cauce como eje natural, vertebrador de los pueblos de la cuenca. Esto implica:

1. Cauce público, la catalogación de la calidad de las aguas, deberá ser la misma hasta la desembocadura en Guardamar. Deberán ser catalogadas como aguas que posibiliten la vida en ellas.

2. Establecimiento de un caudal mínimo ecológico que garantizando la circulación de agua por el río, permita la posibilidad de mantener el riego tradicional en las zonas linderas al cauce y las acequias hasta llegar el agua a la desembocadura de forma permanente, evitando el estancamiento de las aguas y el consiguiente proceso de putrefacción de los lodos del cauce.

3. Paralización de los motores y extractores de agua y de las tomas al río, que funcionen con o sin el consentimiento de la C.H.S y que incumplan la ley de aguas.

4. Endurecimiento de las sanciones por vía penal a los responsables de realizar vertidos al río sin depuración previa.

5. Construcción y mejora de las infraestructuras destinadas a la depuración de las aguas, dotando a las plantas, del equipamiento necesario para desarrollar procesos de tratamiento terciario.

Asamblea de EUPV, 17 de noviembre de 2007