GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES
Endogamia, corporativismo, asamblearismo, inestabilidad de las estrategias, lentitud en la toma de decisiones, participación de legos (PDI, PAS, ESTUDIANTES) en las cuestiones a decidir. Estos son los elementos nocivos, que según algunos estudios y articulistas, asolan el gobierno y la gestión de las Universidades públicas y lastran su eficiencia y su eficacia.
Para eliminarlos proponen sustituir la actual Junta de Gobierno por una Junta de Decanos que tendría funciones ejecutivas en materia académica y consultiva en cuestiones estratégicas. Estas últimas serían asumidas por un órgano que, partiendo de la estructura del actual Consejo Social, "corrija" su composición disminuyendo su número y acentuando la presencia "social" en detrimento de la representación política y de la comunidad universitaria. Le correspodería, además de la función de establecer las estrategias, las competencias de aprobar los presupuestos, la programación plurianual, los contratos-programas, abrir las Universidades al mercado, elegir Rector, nombrar Gerente...
Nótese que en la propuesta que formulan el Rector sería elegido por un órgano en el que la presencia de la comunidad universitaria sería minoritaria, lo cual vulneraría claramente la autonomía de las Universidades.
El organigrama lo completan consagrando en todos los órganos de las Universidades la prepoderancia del poder de los órganos unipersonales sobre los colegiados, formulada respecto del Rector atribuyéndole, en exclusiva, la capacidad unipersonal de aceptar, interpretar y aplicar las estrategias aprobadas por el nuevo órgano, "independizándose así de los corporativismos estamentales".
Pero achacar a las Universidades públicas el estar más pendiente de resolver en su interior las disputas corporativas que de cumplir con su misión de servicio público de la educación superior, y diagnosticar su mal funcionamiento sin reconocer los importantes avances conseguidos desde las estructuras democráticas y participativas de la LRU y los correspondientes Estatutos, responde bien a un desconocimiento palmario de su dinámica, bien a una malévola tergiversación de su realidad para acercar la conclusión a los intereses no siempre confesados ni confesables de quienes participan de esa línea de opinión.
Para alcanzar esos intereses pretenden obviar la organización democrática y participativa de la Universidad y apartar a trabajadores y usuarios del proceso de toma de decisiones, en base a una mayor agilidad y eficacia.
Están en juego de nuevo, quizá lo ha estado siempre, lo fundamental: la AUTONOMIA Y LA GESTION DEMOCRATICA. Autonomía respecto de los poderes económicos, políticos, religiosos y gremiales, que permite a las Universidades un servicio a la sociedad en forma de crítica científica y análisis no mediatizados sobre cuanto acontece en la misma: deontología de uso de los conocimientos científicos y tecnológicos; organización social y reparto de la riqueza; condiciones de trabajo y explotación de la infancia; igualdad legal y real de la mujer; paz social y conflicto armado en el mundo..., relaciones de la investigación y los estudios con el mundo productivo y de servicios de las empresas.
Es necesario reafirmarse en que las decisiones estratégicas tomadas en consulta con todos y de común acuerdo, implicando a todas las partes que conforman la comunidad universitaria: empleados públicos y usuarios directos del servicio docente, garantizan el común empeño en el objetivo definido y la vigilancia crítica para conservar su dirección y mejorar el proyecto inicial. Y la eficacia hay que establecerla en que la consecución de un objetivo que es compartido por la inmensa mayoría de quienes lo gestionan (empleados públicos) y quienes lo reciben (estudiantes y usuarios), es ilusionante y no motivo de tensión por la imposición de unos pocos.
Mejorar el gobierno y la gestión democrática de las Universidades públicas es una tarea que siempre ha de estar presente. Debatamos como perfeccionar su desarrollo despreciando las propuestas de presidencialismo y mercantilización del servicio público de la enseñanza superior, que pondrían en grave riesgo su autonomía y su funcionamiento democrático al servicio de la sociedad y por ella fiscalizada.