La Universidad no ha quedado al margen del modelo socioeconómico que se está conformando bajo las condiciones de Maastricht: privatización, precarización, globalización, remercantilización del Estado del bienestar, etc., son procesos que vivimos cotidianamente también en el ámbito de la enseñanza superior.

Sin embargo, desde hace demasiados años venimos asistiendo a un panorama bastante desalentador para la izquierda en la Universidad. Los efectos del desencanto primero y, luego, las falsas expectativas transformadoras que abrió el PSOE durante más de una década han sido devastadores para la izquierda, al menos en lo referente a la necesidad de una orientación y una estructura organizativa para la intervención política en el ámbito universitario.

El resultado ha sido la práctica ausencia de una política global transformadora de la Universidad, junto con la proliferación del escepticismo, el aislamiento, el desaliento, la despolitización y la dispersión de los sectores más activos de la izquierda. Sólo se han dado reagrupamientos puntuales y efímeros en situaciones de manifiesta conflictividad (reforma LRU, tasas, precariedad en el empleo, elecciones a Claustros y Rectorados, etc.).

A nadie se le escapa tampoco que la acción política, debido a la casi total ausencia de organizaciones políticas de la izquierda, ha sido absorbida por las organizaciones sindicales desde una óptica esencialmente defensista.

La victoria electoral de la derecha abre un nuevo período que se caracteriza por una defensa a ultranza del neoliberalismo, vinculada a la dureza de los planes de convergencia diseñados por los acuerdos de Maastricht. En el ámbito universitario ya se están manifestando las consecuencias de la aplicación de estos planes de austeridad presupuestaria que atentan contra las bases mismas de la universidad pública y las conquistas políticas y sociales que los diversos sectores universitarios hemos conseguido arrancar en el pasado tras un largo período de luchas y movilizaciones. Estos ataques se van a hacer más visibles aún en el próximo período por medio de recortes presupuestarios, privatizaciones y una limitación de la participación democrática en la adopción de decisiones.

Frente a esta nueva realidad los colectivos de izquierdas intentan salir del estado de perplejidad, desorientación y desarticulación en el que hemos estado inmersos en los últimos años. Las líneas que siguen sólo tienen la modesta, pero importante, pretensión de repensar esta no demasiado agradable realidad universitaria para reorientar nuestra acción y abrir un debate desde una abierta voluntad de cambio desde la izquierda.

La L.R.U. mostró bien pronto sus limitaciones como instrumento de transformación de la vida universitaria. La implantación de la Ley en el contexto existente (mantenimiento de los "poderes fácticos", crecimiento de la población estudiantil, refuerzo insuficiente de la plantilla de personal y de los fondos presupuestarios) ha llevado a la Universidad a una crisis, resultante de las tendencias contradictorias al desarrollo y modernización da la Universidad pública, por un lado, y a la regeneración del poder tradicional y el desmantelamiento del servicio público, por el otro. Los efectos perversos fueron evidentes para cualquier mirada medianamente sensible, de hecho ya fueron reflejados en gran mediada en un documento que adquirió cierta relevancia en ese momento: "El manifiesto de los cien".

Pese a su apariencia democrática el gobierno de la Universidad sigue estando fuertemente mediatizado por los intereses corporativos de los sectores más tradicionales del profesorado; poco se ha avanzado en la eliminación de las redes de poder clientelar que han dominado la distribución de recursos en el ámbito universitario. Los órganos de gobierno colegiados son vaciados de contenido dado que las decisiones más importantes se discuten a sus espaldas para presentarse como ya cerradas y/o consensuadas. La autonomía suele ser interpretada en este contexto como patente de corso para salvaguardar reinos de taifas, evitando cualquier rendición de cuentas a la sociedad que nos sustenta (el ejemplo más flagrante son las tristemente célebres comisiones de oposición). La funcionarización del profesorado ha reforzado la jerarquía y llevado a una nueva dualización entre el personal docente, reproduciendo de manera paulatina la antigua situación de precarización que ya caracterizó durante muchos años al profesorado no numerario. Las políticas de financiación y de retribución del personal no han contribuido precisamente al prestigio de la institución. Los complementos salariales al profesorado enmascarados como incentivos a la calidad docente y a la productividad investigadora, no solo son insuficientes para compensar el retraso salarial, sino que además la forma de su implantación (automatismo acrítico para la docencia, falta de transparencia para la investigación) desvirtúa cualquier intención de mejora real en estos ámbitos para reproducir la tétrica tradición de "la bufanda".

La calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios universitarios no está suficientemente garantizada. La oferta de enseñanzas se adecua poco o nada a las demandas y necesidades sociales; la escasez de recursos, cada vez más patente, impone a su vez restricciones de acceso y masificación en los estudios reglados. En este contexto los nuevos planes de estudio antes que renovar los contenidos de la enseñanza, han generando un fenomenal caos organizativo por la escasa adaptación de los programas, la deficiente coordinación de la docencia y la sobrecarga lectiva real que se ejerce sobre los alumnos. Las expectativas despertadas por la reforma de planes van siendo defraudadas, ante la dificultad para flexibilizar el modelo de currículum, mejorar los contenidos prácticos y las relaciones entre estudios y mercado de trabajo.

La inadecuación de las enseñanzas a las demandas sociales favorece la oferta mercantil de enseñanzas de postgrado no regladas -encubiertamente privatizadas-, que, a su vez, constituyen una fuente adicional de ingresos, en detrimento en muchos casos de la dedicación a las enseñanzas curriculares oficiales. La inflación de este tipo de oferta -generalmente encarnada en la forma de "master"-, ha adquirido proporciones injustificadas sin garantizar en muchas ocasiones la mínima calidad exigible, lesionando además la igualdad de oportunidades consustancial a la enseñanza pública.

La investigación y los servicios sufren, también, procesos de privatización más o menos encubierta. La misma escasez de recursos institucionales se refleja en la insuficiente dotación de las unidades de investigación. Esto ha abierto procesos de dura competencia pseudomercantil para la obtención de fondos, dificultando el aprovechamiento racional de los recursos y fomentando la aparición de centros semiprivados -fundaciones, institutos, y todo tipo de centros conocidos en el medio universitario como "chiringuitos"- instalados dentro del esquema organizativo de la universidad pública. En este mismo sentido los servicios administrativos se hallan desbordados, ante un aumento considerable de su carga de trabajo y la congelación de sus plantillas. Por otra parte los servicios complementarios y culturales se debaten entre el abandono, la privatización, la subcontratación o su dependencia de personal máximamente precarizado mediante todo tipo de becas o pseudobecas.

Este panorama desolador ha generado un enorme desencanto y ha hecho prevalecer en última instancia las estrategias individualistas -el sálvese quien pueda- en todos los colectivos de la comunidad universitaria. Este ambiente es, al fin y al cabo, el correlato lógico en nuestro entorno de la desorientación y fragmentación en que se han sumido los movimientos sociales y las acciones reivindicativas de la post-transición.

Una recomposición política de la izquierda es precisamente la responsabilidad de aquellos sectores que mantienen una posición contraria a los proyectos neoliberales y su principal exponente, Maastricht. Aqui es donde la izquierda transformadora puede y debe desempeñar un papel fundamental para diseñar una política alternativa en la universidad. Queda abierta por tanto la ocasión para reflexionar y diseñar los perfiles de esa nueva política en el marco de unas Jornadas de debate. Los grandes ejes de ese encuentro serían: marco de financiación de la universidad pública; ampliación y fortalecimiento de la participación democrática para anteponer los intereses globales frente al corporativismo y los reinos de taifas; mejora de la calidad de la enseñanza y de los servicios; planificación estratégica de la investigación en el marco de un sistema plural y transparente; ajustar la plantilla de PDI y PAS para adecuarla a la realidad social y los niveles europeos; garantizar la autonomía universitaria y asegurar el funcionamiento democrático de los Departamentos tras su reestructuración; configuración de planes de estudios que contribuyan a la formación, desarrollo personal e inserción profesional del estudiantado.

Madrid, 15 de octubre de 1996