Por fin han empezado a pagar lo que debían. Han sido muchos años, demasiados, de pegarse contra el muro de la incompetencia, de la desvergüenza y de la más abyecta desfachatez. Muchas reuniones -con el anterior equipo, el actual no ha tenido a bien sentarse a hablar del tema ni una sola vez-, demasiadas, teniendo que aguantar patéticos intentos de demostrar la cuadratura del círculo, cuando no amenazas y chantajes más o menos veladas -"si os empeñáis en cobrar, la Universidad no podrá pagar la luz" o "no podrá contratar ayudantes", "si no renunciáis a esta parte de lo que os toca, tampoco cobraréis esta otra", "si no os conformáis con lo que os damos, tendréis que presentar otro Contencioso y no cobraréis en años" (aberración jurídica donde las haya porque se trataba de una ejecución de sentencia cuyos criterios había ya establecido clarísimamente la Sala, tal y como se ha puesto de
manifiesto, y que muestra el talante de alguno de los interlocutores).

Han sido muchas las miradas conmiseratorias y demasiados los insultos, desde cabezotas hasta peseteros e insolidarios. Ante lo cual, me gustaría recordar que de lo que aquí estamos hablando es de una transitoria de nuestros Estatutos que trataba de hacer realidad una reivindicación tan antigua como justa: "a igual trabajo, igual salario". Ya sé que no corren buenos tiempos para este tipo de planteamientos y que si hoy te atreves a mantenerlos corres el riesgo de que te cataloguen de anticuado e iluminado, pero pretender desacreditarlos por insolidarios me parece el colmo de la caradura. Y quede claro que si, al final, se disparó el coste de la aplicación de la transitoria no fue por culpa de los afectados, sino, en primer lugar, por la manifiesta incapacidad de los sucesivos equipos rectorales para establecer un diálogo fluido con los afectados, -lo cual provocó una progresiva radicalización de nuestros planteamientos, hasta llegar a la famosa Asamblea con el anterior Rector en la que se determinó que tanta tomadura de pelo no tenía mas solución que el pago de la deuda hasta la
última peseta-, y, en segundo lugar, por el retraso en hacer frente al pago, lo que produjo la aparición de una considerable cantidad en concepto de intereses, que, precisamente ahora, se nos acaba liquidando.
No obstante, queda en el aire una cierta sensación de impunidad respecto de la actuación de aquellos cuya pésima e irresponsable gestión le ha supuesto a la Universidad un desembolso en concepto de intereses de más de 162 millones de pesetas, casi el 45% del principal adeudado. Pero aquí nunca pasa nada, “la Universidad va bien”. Sin duda, se trata de dinero público.

En todo caso, me gustaría aclarar que lo que ahora se nos ha empezado a pagar no son "los intereses de los intereses" -esa es una falsedad miserable que los diferentes equipos rectorales difundieron para
hacernos pasar por desalmados que no tenían el más mínimo reparo en buscar excusas para esquilmar los pobres fondos de la institución e "impedir así nuevas contrataciones"-. Lo que está empezando a pagar la Universidad es la parte de los intereses establecidos por la sentencia que, por una mezcla de incompetencia, primero, y mala fe, después, no pagaron en su día y se negaban a reconocer posteriormente. Por tanto, lo que hemos conseguido después de varios años es que se cumpla en su
integridad la sentencia.

Pero bueno, todas las zancadillas son ya historia. No han tenido más remedio, aunque haya tenido que ser a golpe de auto judicial, que reconocer que la razón nos asistía, que no éramos unos locos furiosos
que estuviéramos exigiendo lo que no era más que fruto de nuestras alucinaciones, sino trabajadores exigiendo a la empresa que cumpla con las obligaciones derivadas de una sentencia judicial. El pago es,
obviamente, un reconocimiento implícito de ello, reconocimiento que yo quiero hacer explícito en estas líneas. La vida, aunque sólo a veces, aporta también estas pequeñas satisfacciones personales.
Lo que quedaría por establecer es lo que tendríais que hacer los que todavía no habéis cobrado. Hay quien me ha planteado la posibilidad de una acción colectiva, pero creo que no tendría sentido. En principio, y de esto ya informé en la última reunión del Claustro, precisamente con la idea de que los claustrales informaran a los afectados de sus centros, existe una resolución judicial -¡de 23 de julio de 1996!!!- en la que se establece que lo que se determinara al respecto de nuestra reclamación, era válido para el resto de los 250 recurrentes. Lo que pasa es que, una vez más, la Universidad ha ignorado una resolución judicial y no ha realizado el pago más que a las tres personas que hemos
mantenido la pelea estos últimos años. Por tanto, lo que habría que hacer es presentar individualmente escritos dirigidos a la Sala en los que se haga referencia a la resolución que nos afecta a nosotros y en
donde se reclamen las cantidades concretas para cada uno. Ello generaría, casi automáticamente, resolución de la Sala ordenando a la Universidad el pago. El escrito, muy breve, y la cantidad que os
corresponde a cada uno -la cantidad media que se adeuda es de unas 200.000 pesetas por recurrente- os los puedo proporcionar yo. Sólo me hace falta que me deis los nombres y apellidos, junto con la dirección de correo electrónico, y os enviaría los datos por esta misma vía. Es importante que me enviéis la dirección para no tener que volver a realizar otro envío indiscriminado, o casi, como éste.
Por último, advertiros a los que tengáis que cobrar que, en una nueva demostración de “brillante gestión de la cosa pública”, al abono de la cantidad adeudada, que como sabemos procede única y exclusivamente de intereses, se le ha practicado la retención del IRPF. Lo hicieron ya cuando cobramos la vez anterior y se les explicó, mediante informe de la Agencia Tributaria, que tal procedimiento era absolutamente impropio, que no pueden realizarse retenciones sobre los intereses de una deuda como si se tratara de ingresos por el trabajo. Pero han vuelto a hacerlo. E inmediatamente surge una duda: si no deben realizarse esas retenciones, ¿dónde está lo retenido?. Antes o después, el Tribunal Económico-Administrativo nos lo acabará aclarando.

De momento nada más. Quedo a la espera de vuestras noticias y a vuestra disposición por si os surge alguna duda.
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Fernando Soler Alvarez
Departament de Filosofia
Universitat de València
mailto:solerf@uv.es