España: entre la democracia y la ilegalización

Manuel Vázquez Montalbán
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Sorprende, y a mí me asusta, la aplastante mayoría con la que el Parlamento
español ha secundado el obsesivo empeño de José María Aznar de ilegalizar a
Batasuna, como brazo político dependiente de ETA. Esa mayoría parlamentaria
no se debe sólo al vicio del seguidismo, sino que tiene también especial
importancia la carencia de nuevas expectativas políticas para el problema
vasco. La falta de opciones favorece la impresión de que la ilegalización de
Batasuna es una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) deben ocultar su incapacidad
política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o
disuasorio.

Inquietante que el discurso ilegalizador del PP y del PSOE sea prácticamente
el mismo, los primeros porque son depositarios de una idea de unidad
patriótica característica de la derecha española y los segundos porque
originalmente parten del esquema estatista de la clase obrera única, Estado
unificador. Sin embargo, los socialistas catalanes, tal vez debido a ciertos
niveles de colaboración entre comunistas, socialistas y nacionalistas en la
lucha antifranquista, corrigen el axioma mecanicista y asumen las posiciones
del austromarxismo ante la cuestión nacional. Curioso que el tiempo empleado
por el jefe del socialismo catalán, Pascual Maragall, ante la ilegalización
haya sido breve, y más amplio el dedicado a reclamar negociación para
obtener resultados políticos.

Los problemas de los socialistas españoles para despegar su política vasca
de la del PP no sólo son ideológicos, cuestión menor en unos tiempos en los
que cualquier formación política coloca el pragmatismo por encima de sus
principios originales. El terrorismo de ETA ha asesinado a militantes y
dirigentes socialistas, por lo que es muy difícil distanciar y enfriar
cualquier respuesta política, pero lo cierto es que el PSOE hasta ahora no
ha demostrado una lectura diferenciada del nacionalismo vasco ni ha diseñado
su propio proyecto. Si al PSOE lo condicionan estas carencias, el PP espera
que la ilegalización de los batasunos le permita maquillar el fracaso de su
estrategia para modificar la lógica del problema. Buena parte de la Europa
democrática está sorprendida de que una de las más importantes razones para
expulsar a Batasuna a las tinieblas exteriores sea que nunca ha condenado a
ETA, ni siquiera específicamente los muertos que causa, sean civiles o
militares, mujeres o niños. En un sistema democrático las razones para la
pérdida de los atributos políticos han de ser menos emocionales y no
deberían ser las mayorías parlamentarias quienes ilegalicen, medida
necesariamente judicial y basada en una interpretación legal de los delitos
contra la democracia cometidos por el partido a sancionar. Es fácil
ilegalizar a Batasuna desde unos criterios democráticos cuantitativos y
sería imposible hacer lo mismo con Haider o Le Pen en el parlamento
austriaco o francés, no por carecer de grupo armado adlátere, sino por ser
partidos de tal instalación que sería catastrófico dejarlos fuera de la ley.

La orgía antiterrorista cósmica de Bush ha envalentonado a Aznar, activado
también porque la ilegalización de Batasuna le trae votos en el resto de
España entre la clientela más opuesta a los separatismos o la más
horrorizada por la brutalidad de ETA y la insensibilidad crítica de
Batasuna. También sabe Aznar que las posiciones contrarias a la poscripción
apenas tendrán cauce en los medios de comunicación, telecontrolados por el
gobierno o instalados en la lógica de lo informativamente correcto por
encima de lo políticamente democrático.

¿Cómo interpretar la coincidencia de tiempos entre la ilegalización de
Garzón, consecuencia de la lógica judicial y la del Parlamento, consecuencia
de la incapacidad de encontrar otra salida política a una cuestión
empantanada? Ignoro cómo se ha producido el precipitado encuentro entre las
investigaciones de Garzón y las especulaciones de Aznar. Lo lógico hubiera
sido que el Parlamento reservara la decisión ilegalizadora al Poder
Judicial, en primera instancia representado por Garzón, con los previsibles
recursos de alzada hasta llegar al Tribunal Constitucional. La coincidencia
entre Garzón y el Parlamento tal vez trataba de ofrecer la imagen de una
coincidencia de bloque antiterrorista formado por los tres poderes más
decisivos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero dudo que la
ciudadanía lo haya visto como un milagro de la razón inevitable, desde
aquella perdida inocencia de los liberales ilustrados del siglo xviii,
convencidos de que la verdad es tan evidente que no puede ser rechazada.
Creo que la sociedad española ha acogido la medida con escasa distancia
crítica, pero convencida de que ha habido acuerdo superestructural para que
la coincidencia la hiciera irrefutable. La correlación de debilidades, que
no de fuerzas, sigue marcando la dialéctica entre el Estado español y el
nacionalismo vasco, así como el predominio de una falsa conciencia sobre la
situación. ¿Qué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega
y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ¿Qué terrorismo,
insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la
ilegalización de su frente político?

fuente: La Jornada (México)