EL TRATADO DE MAASTRICHT Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS:
UNA VISION DESDE EL SUR
Miren Etxezarreta
Economista
Ponencia para el Curso IDEAS PARA OTRO DESARROLLO
Curso de verano de la Universidad Complutense
El Escorial, 30 de Julio de 1996
INDICE
I.- El Tratado de Maastricht como una opción específica de política económica.
II.- El marco en el que se desenvuelve la UEM
III.- El precio de Maastricht para la economía y la población española
IV.- Intermezzo
V.- Algunas ideas para el diseño de 'otra Europa'
EL TRATADO DE MAASTRICHT Y SUS POSIBLES ALTERNATIVAS:
UNA VISIÓN DESDE EL SUR
La Unión Económica y Monetaria (UEM),
que supone la adopción de una moneda única para
toda la Unión, y el Tratado de Maastricht (TM) que conduce
a la misma, se están presentando como el desarrollo obvio
(natural?) de la Unión Europea tras el Acta Única.
Un Mercado Único requiere una Moneda Única. Para
hacerlo posible cada país tiene que cubrir una serie de
condiciones. Solo si los países presentan una economía
saneada -definida según ciertos criterios específicos
de convergencia- será posible la UEM y favorable para sus
miembros y el conjunto de la Unión.
El cumplimiento de los criterios de convergencia
puede ser difícil y suponer sacrificios para partes de
la población de los distintos países. Pero es inevitable
si se quieren obtener los beneficios de la UEM. Una vez que la
UEM esté en funcionamiento los problemas económicos
se resolverán a través del mercado: se lograra la
estabilidad económica, mejorará la competitividad,
aumentará el crecimiento, se logrará la prosperidad
e incluso disminuirá el paro. Sacrifiquémonos ahora,
para obtener beneficios para el futuro, es el corto pero sugerente
mensaje.
Existe otra parte de este mensaje que a menudo no
se hace explícita: La UEM es inevitable. Es la UEM o el
caos. Es bastante curioso observar cómo se presenta la
UEM. Se puede aceptar que algunos países no se integren
en la UEM (tanto peor para ellos), pero la idea de que la UEM
no se realice ha desaparecido de las alternativas posibles.
Un atento análisis de la UEM y el Tratado
de Maastricht no confirman estas posiciones. A mi juicio, la UEM
y el Tratado corresponden solo a un diseño específico
de política económica que beneficia a algunos poderosos
intereses económicos y que supone una importante pérdida
para la mayoría de las poblaciones concernidas. Así
mismo, este diseño impide el desarrollo de un modelo alternativo
para la Comunidad Europea que llevase a la participación
activa y el bienestar de las poblaciones europeas. Por lo tanto
es una obligación y una responsabilidad social exponer
el verdadero carácter y las consecuencias del diseño
actual de la UEM y el Tratado de Maastricht.
I.- El Tratado de Maastricht como
una opción específica de política económica.
'La imposición de los conceptos de convergencia
de Maastricht no parece haberse basado en el análisis económico
(de Grauwe, 1995)
No nos detendremos a detallar los requisitos concretos
exigidos para la formación de la Unión Económica
y Monetaria, pues son ya bien conocidos. Para poder formar parte
de la UEM, los países miembro han de cubrir unas condiciones
específicas que se establecieron en el Tratado de Maastricht
en Diciembre de 1991 conocidas como 'criterios de convergencia'.
Estos imponen unos límites a los valores que pueden alcanzar
las tasas de inflación, los tipos de interés, las
tasas de cambio, el déficit público y el volumen
de deuda pública, iguales para todos los países
que quieran formar parte de la Unión. Es sabido, también,
que hay dos fechas previstas para la formación de la UEM:
bien en 1997, cuando deberá haber una mayoría de
los quince países miembros que cumplan los criterios exigidos
para formar parte de la UEM, o, si ésta mayoría
no es posible (ahora ya se sabe que la mayoría de países
no cumplen los criterios exigidos), en 1999 pasarán a constituir
automáticamente la UEM, aquellos estados, sean los que
sean, que se adapten a los mismos, mediante la fijación
de tipos de cambio irrevocables entre el euro y las monedas de
los estados- operando en un sistema de dualidad de éstas
y el euro-, para en el año 2002 constituir el euro como
moneda única de la Unión, con la desaparición
de las monedas de los estados. Para orientar todo este proceso
se crea el Instituto Monetario Europeo, como organismo transitorio
hasta que se constituya más adelante el Banco Central Europeo
que será una institución independiente de las autoridades
políticas y absorberá las funciones principales
de los bancos centrales de los países miembros.
Puede ser más relevante analizar el significado
de estos criterios y su validez, ya que, aún si se aceptan
los planteamientos actuales acerca de la integración europea,
surgen dudas razonables respecto a la adecuación y eficacia
del modelo. Repasamos brevemente algunos elementos:
Primero, ¿es necesaria la moneda única
para poder avanzar en la construcción europea?. La moneda
única no es la sola vía técnica para poder
estructurar una unión económica con movilidad internacional
de capitales. Además del sistema mixto actual, hay dos
alternativas: los tipos de cambio flexibles o la moneda única.
Ambos presentan ventajas e inconvenientes y la opción que
ha sido hecha de la segunda no supone necesariamente que asegure
mejores resultados que la primera. 'Una investigación econométrica
realizada en la Universidad de Liverpool ha comparado
la 'estabilidad económica' - la variación de la
producción, de los precios, etc.-, en Europa, en primer
lugar con la UEM y, después con una situación de
tipos de cambio flexibles, bajo la hipótesis de que se
utilizaban políticas monetarias semejantes y apropiadas
en los dos casos. Según este estudio, con la UEM la tasa
de inestabilidad en la CEE sería un 80% mayor que el de
una Europa regida por un sistema de tasa de cambio flexibles y
por una política monetaria concertada entre los Bancos
Centrales'. (Grjebine, 1992,30). Entre otras cosas, los tipos
de cambio flexibles dejan más margen a la acción
de los estados mientras que la segunda la limita de forma muy
acusada. El propio Solchaga reconoce ambas opciones (Solchaga
1996) si bien se decanta claramente por la de la moneda única,
con el curioso 'argumento' de que 'creo que este es un argumento
solo válido en el papel pero es menos relevante en la realidad...Consecuentemente
a mi no me parece que es un buen argumento'.
Segundo: ¿Por que apoyarse exclusivamente en
criterios de convergencia nominales en lugar de hacerlo en criterios
de convergencia reales?. Es curioso constatar que mientras la
teoría económica de las áreas monetarias
óptimas se basa en criterios reales, la UEM opta por los
criterios nominales. Quienes consideran más importantes
los aspectos reales parten de que las estructuras económicas
no se pueden modificar rápidamente por medio de cambios
en las reglas monetarias y en las instituciones y, por ello, plantean
que la moneda única debe de ser el resultado final de una
aproximación de las economías. Los que han optado
por la convergencia nominal sostienen que las reglas monetarias
pueden cambiar las actuaciones de los agentes económicos
y alterar los ajustes macroeconómicos. Por ello conciben
normas nominales transitorias para impulsar la unificación
económica. Pero, 'No aparecen razones teóricas sólidas
que justifiquen la necesidad de convergencia previa en tasas de
inflación, tipos de interés, déficits públicos
o niveles de deuda pública. En contraste, la teoría
de las áreas monetarias óptimas destaca la necesidad
de la flexibilidad de los salarios reales, movilidad del trabajo
y la integración fiscal como precondiciones para el éxito
de una unión monetaria. Por lo tanto la imposición
de los conceptos de convergencia de Maastricht no parece haberse
basado en el análisis económico' (de Grauwe, 1995).
M. Aglietta lo confirma 'Se deja la convergencia real a los mecanismos
de mercado... Realmente el acuerdo (sobre criterios de convergencia)
supone un compromiso político entre Alemania y Francia...El
procedimiento es más próximo a la lógica
de la economía política que a la economía
pura'. (Aglietta, 1995,9). Otros muchos autores llevan el análisis
más lejos y muestran que, por el contrario, precisamente
los criterios nominales de convergencia motivan una mayor divergencia
entre las economías reales. 'El éxito de los países
de la UE y la reducción y la convergencia de la inflación
es un hecho bien conocido. Menos conocido es el hecho de que para
obtener la convergencia hacia la baja inflación, estos
países han tenido que pagar un alto precio en términos
de paro creciente' (Heylen y Van Poeck, 1995)
El que los criterios de convergencia del TM ignoren
totalmente los aspectos de la economía real -incluso las
ayudas de los fondos estructurales y de cohesión pueden
ser negadas si no se cumplen los criterios nominales- muestra
que los objetivos reales de la UEM no consisten en lograr la aproximación
de las economías de los países de la Unión
sino que existen otros objetivos prioritarios. Las medidas tomadas
revelan que se trata principalmente de facilitar que los capitales
financieros puedan operar en condiciones más seguras. Las
ingentes masas de capital financiero que atraviesan el mundo y
la UE tienen que asegurarse que el valor de la moneda en la que
operan no cambia (tasa de inflación y tasa de cambio),
y la UE establece los criterios de convergencia que así
lo aseguran.
Tercero: ¿Cuales son los elementos que han llevado
a fijar los limites cuantitativos de los criterios en los niveles
especificados?. No se ha tenido en cuenta la distinta situación
de los países, ni sus posiciones en el ciclo, ni se ha
establecido diferencia alguna entre déficits totales o
primarios o estructurales. Los limites aparecen arbitrariamente
fijados. G.Duval (1996,33) opina que no todos los criterios fijados
tienen el mismo peso, siendo los criterios esenciales e imperativos
en el Tratado el de la tasa de inflación, los tipos de
interés a largo plazo y la estabilidad de la tasa de cambio,
mientras que 'Los redactores del Tratado han valorado bien el
aspecto arbitrario de los limites elegidos para los déficits
y la deuda pública ya que estos no tienen realmente un
carácter obligatorio'. Este autor, favorable a una UEM
rápida, estima, sin embargo, que no hay razón alguna
para que el 3% fijado al déficit público sea exigido
con rigor. Tras constatar que 'Las políticas de los países
susceptibles de formar una unión monetaria (los ocho países
en mejores condiciones) han convergido en 1995, pero a un nivel
de déficit superior al previsto por el Tratado', Duval
pregunta '¿Que hacer ahora? ¿Retrasar el plazo para
alcanzar el criterio del 3% en una coyuntura mejor? ...No hay
nada a ganar con ello, salvo si se quiere enterrar el proyecto
sin decirlo. El forzar una política fiscal muy restrictiva
tiene el riesgo de hundir a los países en la recesión
sin reducir los déficits finalmente...'
Existen también dudas acerca de la validez
del 60% como el criterio para el limite de la deuda pública.
Aglietta señala que no existe ninguna razón para
que los países tengan la misma tasa de deuda. 'Si las utilidades
marginales del consumo público frente al privado son distintas
en los diferentes países, si la reducción de la
convergencia real supone un gasto público mayor en los
países menos desarrollados, las divergencias no debían
afectar a una unión monetaria. Con estos argumentos los
criterios a establecer debieran ser mucho más dinámicos
y flexibles' (Aglietta,1995)
Cuarto: ¿Por que un planteamiento rígido
acerca de criterios iguales para todos los países, a cumplir
en los mismos plazos, para países en circunstancias económicas
tan diversas?. Este planteamiento se ha revelado
Contra lo que se propugna, una verdadera convergencia
de los países europeos exigiría políticas
económicas distintas de los respectivos países,
que permitieran a los más débiles alcanzar a los
más potentes. 'Parte de la CE (sur de Italia, España,
Portugal, Grecia, Irlanda y Alemania del Este) tienen niveles
de productividad y rentas reales considerablemente más
bajos y una estructura industrial mucho menos diversificada que
el resto de la CE. Los países del sur tienen también
un sistema fiscal más débil que hace que una tasa
de inflación más alta pueda ser aceptable si no
óptima. Para reducir sus asimetrías estructurales
estas regiones necesitan consistentemente altos tipos de inversión'
(Aglietta, 1995). De hecho, se acepta ya que la UEM se producirá
en grupos distintos, ¿por que no integrar este hecho incontrovertible
en el proyecto, en lugar de considerarlo debido a que los países
son incapaces de cumplir adecuadamente con los criterios de la
UEM?. Hasta el Sr. Solchaga, que cuando era Ministro era uno de
los más ardientes impulsores de estar en los países
de cabeza a cualquier precio, empieza a darse cuenta de que no
es posible y acepta que 'El proceso acabará siendo mayoritariamente
político y habrá de decidirse entre estas dos cosas:
o una Unión Monetaria con un número relativamente
pequeño de países de economías muy uniformes,
o bien otra con más discrepancias internas pero con un
mayor número de países. .. Y alguna cosa entre estos
dos extremos habrá que considerar...'. (Solchaga, 1996,5).
El Sr. Pujol, hasta hace muy poco otro de los abanderados de la
incorporación en el grupo de cabeza, aceptó públicamente
la posibilidad de no formar parte del mismo.
Se puede percibir ya que el TM constituye un diseño
frágil y bastante vulnerable, del que no se desprenden
garantías sólidas de que operará en la dirección
que plantea el discurso oficial. Además, la incertidumbre
para los países aumenta durante todo el período
de transición pues no se sabrá hasta el último
momento que países integrarán o no el grupo de cabeza,
lo que puede impulsar la especulación monetaria con las
monedas más débiles.
A todo ello hay que añadir la consideración
de las consecuencias que la UEM tendrá para los países
miembros que no entren en el grupo de cabeza. ¿Supone que
éstos tendrán la libertad de organizar su política
económica como les parezca conveniente para lograr su avance
económico y su eventual
integración en la UEM en fecha posterior?.
Por ejemplo, ¿podrán disponer de las ventajas que
permiten las devaluaciones competitivas para avanzar en su comercio
exterior?. Parece poco probable. En parte porque los mercados
financieros pueden exigir primas elevadas a los Estados que llevan
políticas de franco-tirador, puesto que aumentan los riesgos
de inestabilidad monetaria, y, por otro lado, porque la Unión
querrá asegurarse la convergencia y la cooperación
en lugar de la competencia, siendo muy probable que las políticas
monetarias se coordinen en el seno de un nuevo sistema europeo.
Pero la cuestión no está clarificada, mucho menos
resuelta. Entre otras cosas porque se produce la gran ficción
de que, en principio, todos los países pueden estar en
el grupo de cabeza. Por ejemplo en nuestro país, oficialmente,
ni siquiera se quiere aceptar la probabilidad de la no incorporación
en el primer grupo, en un magnifico ejemplo práctico de
la política del avestruz. Las autoridades políticas
y los dirigentes económicos y sindicales plantean la política
económica actual dando por seguro que España estará
en el grupo de cabeza de la UEM, cuando todos los comentaristas
de la Unión y de los demás países sitúan
a España como un seguro candidato a la entrada no ya en
el segundo grupo sino incluso en una etapa posterior. Si después
de todos los sacrificios que se están imponiendo en nombre
del cumplimiento de los criterios de Maastricht en el período
exigido, no se logra entrar, cosa muy probable si no cambian los
criterios, ¿a quien se podrán pedir responsabilidades
de tan profundos 'errores'?
Todos estos elementos y otros muchos que se pudieran
citar del mismo tenor, lo que en definitiva muestran con claridad
es que el Tratado de Maastricht y la UEM tal como están
establecidos ahora no son más que un diseño concreto
y específico de lo que puede ser una Unión Europea.
Un diseño que responde a las necesidades y deseos actuales
del capital internacionalizado, pero no al bienestar de los pueblos
de Europa. Las alternativas que conducen a la Unión Europea
son múltiples y el propio carácter de esta Unión
puede ser distinto del actual. Se presenta Europa como si la única
forma de llevarla a cabo fuesen la UEM actual y Maastricht y si
se critica o se rechaza Maastricht se considera que se está
rechazando la mera idea de una Unión Europea. Esto es totalmente
falso. La Unión Europea se puede aceptar o rechazar, esta
es una cuestión. Pero aún si se acepta, no hay ninguna
razón especial para igualar el proyecto actual de la UEM
con una Unión Europea que puede ser radicalmente distinta
de la programada en Maastricht.
II.- El marco en el que se desenvuelve
la UEM
El proceso de mundialización creciente
de las economías está cambiando radicalmente el
marco y las condiciones en que los poderes públicos intervienen
en el sistema económico y social fijando límites
cada vez más estrechos. (Martín
Seco,1996)
Para entender lo que es la Unión Económica
y Monetaria (UEM) y el Tratado de Maastricht (TM) que conduce
a aquella es necesario revisar brevemente el marco socio-económico
en el que tienen lugar.
La crisis de los setenta acrecentó fuertemente
la competencia entre los capitales del mundo entero, que trataban
de recuperar la tasa de beneficio. Para ello, estos capitales
se vieron forzados a buscar la expansión del beneficio
en todos aquellos ámbitos en los que éste se pudiera
generar.
La concentración y centralización del
capital, que se materializó por medio de fusiones y por
la expansión de las inversiones directas, dirigida a disminuir
los costes de producción, aprovechar las economías
de escala y a ampliar los mercados en los que se opera para ampliar
su margen de ganancia, ayudadas por los desarrollos tecnológicos,
llevó a la expansión territorial y a utilizar el
mundo entero como el horizonte para las estrategias del capital,
llegando a lo que hoy conocemos como la situación de mundialización
o globalización (que no son más que formas actualizadas
del imperialismo que ya se denunció a principios de siglo).
Esta dinámica y la necesidad de defenderse
de los que llaman nuevos países emergentes (aunque la competencia
es todavía muy limitada pues el volumen de las exportaciones
del sureste asiático no supera mucho el 10% del comercio
mundial) ha dado lugar a reestructuraciones muy sustanciales en
los países centrales. La formación de bloques económicos
o comerciales es una de las formas destacadas de esta reestructuración,
con el objetivo explícito de que los países que
los forman sean cada vez más competitivos. Estados Unidos
establece el Tratado de Libre Comercio e impulsa el Mercosur con
vagas promesas de integración posterior, Japón y
los países asiáticos, aunque con menos intensidad,
van tomando posiciones para constituir grupos de transacciones
internacionales preferentes, y la Comunidad Económica Europea
refuerza su posición por medio del Acta Única y
la Unión Económica y Monetaria y se convierte en
la Unión Europea para poder competir mejor con los otros
dos bloques que forman sus socios y, al mismo tiempo, adversarios
en la absorción de los beneficios que se generan a escala
mundial.
Aunque desde su fundación en 1957 la CEE ha
sido una operación económica, en sus inicios suponía
también un esfuerzo hacia la reconciliación, la
paz y la unión política. 'En estos momentos se ha
producido una inversión entre los fines y los medios; el
progreso económico que en principio no es más que
un medio se ha convertido en un fin en si mismo' (Informe, 1996,21)
'De cualquier forma la retórica del discurso europeo va
abandonando poco a poco, como principal ideal, el fomento de un
desarrollo que persiga la solidaridad, la equidad, la justicia,el
equilibrio territorial y el respeto al medio ambiente. Pues el
desarrollo que se propugna no es otra cosa que el crear las condiciones
para que pueda progresar sin trabas de ningún tipo la producción
y distribución a gran escala, dominada por el gran capital
transnacional europeo (y en menor medida mundial. Así como
configurar un entorno en el que grandes volúmenes de capital
se puedan mover sin ninguna cortapisa, atravesando a la velocidad
de la luz las fronteras estatales, con el fin de que éste
aproveche de las ventajas de rentabilidad y especulativas que
ofrece operar libremente en los distintos mercados financieros.
(Fz. Duran 1996,3)
El esfuerzo por recuperar la tasa de beneficios no
se limita a la expansión a nivel mundial, sino que requiere
también reforzar los mecanismos tradicionales de beneficio,
es decir, fundamentalmente ampliar el excedente, la plusvalía,
que se obtiene en la producción, mediante la disminución
de la parte que se paga al trabajo. De aquí todos los esfuerzos
por reducir el coste del trabajo mediante su conversión
en un input variable, flexible y de coste decreciente, que responda
exclusivamente a su utilización directa en el proceso productivo.
De aquí, también, el intento de reducir la fuerza
de los trabajadores y sus organizaciones para reaccionar ante
esta situación, debilitamiento posible porque muchos de
ellos están integrados por la relativa prosperidad consumista
de la que gozan, otros muchos amedrentados por el pavoroso crecimiento
del paro.
Parte de la estrategia global del capital a la salida
de la crisis consiste también en buscar nuevos ámbitos
de operación. Apurar al máximo las parcelas donde
se puede obtener un beneficio. Y es en las áreas del Estado
del bienestar donde existe territorio hasta recientemente inexplotado.
Lograr penetrar en el área acotada por las prestaciones
sociales y públicas es otra de las líneas de actuación,
que conduce a la privatización de las prestaciones sociales.
Al mismo tiempo es necesario reestructurar el papel
del Estado. Evitar que éste dificulte la obtención
de beneficios por ocupar áreas que los permitirían
-disminuir el papel del estado en ciertas espacios (estado del
bienestar, empresas públicas)- y aumentar los apoyos directos
del aparato del estado al capital: contratación a las empresas
privadas de actividades hasta ahora públicas- por ejemplo,
obras públicas y sanidad-, subvenciones, créditos,
garantías, además de los magníficos negocios
que permiten las privatizaciones, y del establecimiento de una
política económica y laboral totalmente dirigida
a potenciar sus intereses.
El conjunto de esta estrategia del capital configura
los elementos esenciales de la política económica
de la Unión Europea: La liberalización del movimiento
de mercancías y capitales que permite aprovechar al máximo
las ventajas que ofrezca el mundo entero para hacer negocios y
organizar la producción y los mercados; el intenso endurecimiento
de la política laboral, el paro y la precariedad del empleo,
la reestructuración del papel del Estado y la penetración
privada en los ámbitos del Estado del Bienestar, más
los bien conocidos programas de ajuste macroeconómico que
se establecen con una u otra legitimación (en nuestro caso
'para cumplir con las condiciones de Maastricht'). Solo desde
este marco se puede entender lo que significa y adonde se dirige
la Unión. Y, a partir de la crisis de los setenta, tras
haber superado fases muy críticas en los últimos
ochenta, se pueden observar en toda su crudeza los objetivos últimos
de quienes dirigen este bloque.
La Unión Monetaria refuerza los intereses
del capital internacionalizado no solo en sus líneas estratégicas
como he intentado señalar, sino incluso en el diseño
concreto de sus actuaciones. Varios grupos europeos y en España
R. Fernández Durán (1996) han mostrado ampliamente
en sus publicaciones la estrecha relación entre los grandes
capitales y el proyecto europeo y, en particular para esta última
etapa, la conexión entre la European Round Table of Industrialists
(ERT) y las decisiones de la Unión europea. La ERT es un
grupo fundado en 1983, donde están representadas las principales
transnacionales europeas, y cuyos informes y orientaciones estratégicas
para Europa marcan la pauta de las grandes decisiones que poco
después toman y ejecutan los directivos de la Unión.
A sus trabajos me remito al no poder desarrollar aquí este
punto.
III.- El precio de Maastricht
para la economía y la población española
`España, por ejemplo, puede ser desde ahora
un miembro completo de una futura defensa europea, aunque permanecerá
a las puertas del Euro' (Fremeux, 1996)
Se argumenta que la pertenencia a la Unión
Europea es necesaria para mantener una economía sana y
en crecimiento en el siglo XXI, y que las ventajas económicas
son extraordinariamente importantes. Pero cuando se trata de precisar
las ventajas éstas aparecen más limitadas.
Las beneficios se reducen a la eliminación
del riesgo de cambio entre los países que la adopten y
a la reducción de la prima de riesgo por el poder económico
del espacio de referencia, a aminorar los costes de información
y transacción, y al señioriaje derivado de la constitución
del euro como moneda de reserva internacional. Además,
'En todo momento el interés de quienes han promovido la
idea de que habría que completar el mercado único
con la moneda única, no era exclusivamente el reducir los
costes de transacción, sino fundamentalmente intentar reparar
los problemas que podrían crear las devaluaciones competitivas'.
(Solchaga, 1996).
Tratando de ampliar al máximo las ventajas,
se puede añadir la desaparición definitiva de la
incertidumbre monetaria y la transparencia de precios que ello
permite, facilitando así las inversiones de las empresas
a través de todo el territorio. En definitiva, las ventajas
provienen principalmente de la disminución de incertidumbre
económica y en el valor de las monedas respectivas. Incertidumbre
que ha aumentado grandemente debido a las nuevas características
de la economía mundial, con el peso de los movimientos
de capitales y el aumento de las transacciones intraindustriales.
Es decir, que primero se crean los problemas y, por lo tanto,
luego hay que buscar las formas de resolverlos. ¿No sería
más práctico buscar modelos de desarrollo que no
plantearan estos problemas con tal intensidad y no sería
necesario tener que resolverlos de esta manera?
La mera enumeración de los efectos positivos
muestra con claridad que éstos afectan principalmente al
capital financiero e incluso que, en algunas ocasiones su realización
final puede ser bastante dudosa. Por ejemplo, desaparecerán
las oportunidades de especular con las monedas europeas pero ¿no
es posible que los inmensos volúmenes de capital financiero
que buscan un beneficio con la especulación monetaria no
pretenderán mantenerlo por medio de contraponer el euro
con el yen y el dólar?. Es de interés señalar
lo que el presidente de Peugeot-Citroen decía: 'Con el
SME los costes de cambio y de seguro a plazo representaban menos
de media milésima de nuestra cifra de ventas. El nuevo
sistema - la UEM- no tiene gran interés para las empresas.
Al contrario, no mejora el problema real actual: las fluctuaciones
del dolar y el yen en relación con las monedas europeas'
(Grjebine, 1992,39). Así mismo, es cierto que los costes
de transación disminuirán debido al ahorro en gastos
de cambio, sin embargo, seguro que los bancos siguen cobrando
por la transferencia de fondos de un lugar a otro, como lo hacen
en la actualidad dentro de un mismo país, disminuyendo
así el ahorro en gastos de cambio.
Cuantitativamente las ventajas son bastante reducidas.
Cuando la Comunidad evaluó los efectos del Mercado Único
concluía que podía suponer un aumento, de una sola
vez, de varios puntos en el PIB Comunitario (Cecchini) o, en el
mejor de los casos, por encima de esto, medio punto anual de aumento
en la tasa de crecimiento del PIB comunitario (Baldwin). Si la
UEM es importante porque facilita la operacion del Mercado Único
y elimina la incertidumbre monetaria, los resultados cuantitativos
parecen bastante limitados. Modestia todavía mayor si se
tiene en cuenta que actualmente el desarrollo de los mercados
a plazo ofrece a las empresas todas las posibilidades de cubrirse
contra el riesgo de cambio, como lo señalaba el Presidente
de la Peugeot Citroen.
Aún si aceptamos que estos beneficios se producen,
pocas veces se analiza como se van a distribuir. Los años
que llevamos ya en la Unión Europea permiten temer que
las mejoras que conlleve la UEM se repartan de modo muy desigual.
Es verdad que nuestro retraso económico viene de muy lejos
y no se le puede hacer responsable del mismo a la UE, pero la
posición relativa de los países mas pobres no ha
mejorado con la integración . Según los Informes
publicados en 1991 'El análisis de las disparidades del
PIB per capita y de la productividad (VAB por trabajador) confirma,
una vez más, que se mantienen las grandes diferencias entre
las regiones de la Comunidad. Por ejemplo, las diez regiones menos
desarrolladas, situadas principalmente en Grecia y Portugal, tienen
actualmente rentas per capita medias de menos que un tercio de
las rentas per capita de las diez regiones más avanzadas'
(CEE,1991,11). El Cuadro 1 muestra la situación en 1994
y, lo que es más grave, parece indicar que la distancia
entre las regiones más ricas y más pobres empeora
(respecto a 1980) o disminuye muy lentamente (principios noventa).
Cuadro 1.- Divergencias en PIB per capita entre las
regiones* de la comunidad. 1980-1991. In PPA. EUR=12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media de las 10
regiones más pobres 44 44 44,7
43,8 42,6 43,2 42,6 41,7 41 41,1 40,5 41,8
Media de las 10
regiones más ricas 145,8 149,2 149,4 151
150,6 152,1 151,4 151,9 152,4 152,8 150,6 151,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media de las 25
regiones más pobres 54,9 53,7 53,8 53,5 52,8
52,6 51,9 52,1 52,7 53,8 53,1 54,4
Media de las 25
regiones más ricas 135,3 137,7 138,5 138,2
138,5 139,3 138,3 138,7 137,5 138 137,4 137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disparity** 26,6 28,4 28,2 28,3 28,6 29,0 28,5
28,2 28,2 27,9 27,9 27,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*NUTS 2
** Desviación típica ponderada con
el tamaño de la población de cada región.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: 'Competitividad y cohesión:las tendencias
de las regiones'.Quinto informe periódico sobre la situación
y la evolución socioeconómica de las regiones de
la Comunidad. Comisión europea. 1994, Cuadro A4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De todos modos, esto puede ser considerado historia
y lo que es necesario ahora es analizar si la UEM va a cambiar
estas tendencias. Lo que no parece probable. Al contrario, es
muy posible que la situación se deteriore. Por distintas
razones: primero, porque no hay medidas reales para reequilibrar
la situación. Los Fondos de Cohesión son bastante
reducidos y ni su importe ni su orientación pueden cambiar
realmente el desequilibrio actual; segundo, se ignoran las variables
reales y los criterios del TM llevan a ignorar el impacto que
los criterios nominales tienen en problemas como el paro, tasa
de crecimiento, mejora de la productividad y desequilibrios regionales;
y tercero, las medidas que impone Maastricht, como veremos más
adelante, están dirigidas en el mejor de los casos a la
estabilidad, más probablemente al estancamiento. El aumento
de la tasa de crecimiento en los países más pobres,
claramente, no está entre las prioridades de la Unión,
ya que éstos solo pueden mejorar la convergencia en las
variables reales por medio del crecimiento o una amplia reestructuración
de sus economías, que la UEM no se propone inducir. Si
además, la moneda única conlleva una reducción
de los diferenciales en los tipos de interés en toda la
Unión, a priori parece que será más difícil
para los países más débiles el atraer los
capitales necesarios (actualmente países como el nuestro
necesitan un alto diferencial de tipos de interés con Alemania
para atraer capital).
No es, por lo tanto, una sorpresa que ya en 1991
un informe de la Comunidad tras indicar que es posible que el
Mercado Único y el EMU supongan algunos elementos positivos
para las regiones más pobres, especialmente debido a la
intensificación de los servicios que deberían
hacer posible la descentralización y, que esta beneficiaría
a las regiones más alejadas (nótese lo hipotético
de los beneficios), concluye que 'es posible que como la UEM supone
la necesidad de armonizar los presupuestos y, al mismo tiempo,
anula los tipos de cambio, pueda imponer a los países más
pobres algunas limitaciones que dificulten sus esfuerzos para
obtener las tasas de crecimiento superiores a las de las regiones
ricas que necesitan para su mejora' (CEE, 1991,15). Y también
'las tendencias del pasado hacia una mayor internacionalización
de la producción y de la distribución que sigue
un esquema funcional hacia una especialización geográfica
creciente se mantendrán y reforzarán' (CEE,1991,69).
Cinco años más tarde la evolución comunitaria
lleva a Eurostat a señalar que se percibe el 'deslizamiento
del desarrollo' hacia la gran dorsal europea (área que
en forma de arco va desde Londres al Norte de Italia con el centro
de gravedad situado entre Londres, París y la cuenca del
Ruhr, donde se genera aproximadamente la mitad de la riqueza producida
en Europa Occidental), mientras que las empresas menos eficaces
de las regiones menos favorecidas ven empeorar sus condiciones
cuando disminuye la protección. (Delgado, 1966). 'La puesta
en funcionamiento del Mercado Único en 1993, cuyos efectos
globales para la economía de la CE se espera que sean positivos,
puede generar una dinámica de concentración de actividades
económicas en las zonas más prósperas de
la CE, aumentando los desequilibrios y desajustes...Las regiones
y estados periféricos serán los más afectados
por estos efectos no deseados '.(SEH,1989, citado por Fz. Duran
1996). Todo parece indicar que los países más pobres
de la Unión se verán perjudicados con la UEM y el
TM.
En España, hasta ahora, la distancia con los
países europeos más ricos no disminuye de forma
permanente. A pesar de un aumento sustancial del PIB per capita
en 1995 (tres puntos) éste es sólo el 76,1% de la
media comunitaria, encontrándose todavía por debajo
de la situación de 1974 (79,2%) y algo por debajo de la
de 1991. (BBV,1995).
Gráfico 1.- PIB de España como %
del PIB medio comunitario
Además, desde la integración en 1986
la balanza comercial se deterioró fortísimamente
llegando a alcanzar el 6% del PIB. Solo las sucesivas devaluaciones
de la peseta permitidas por la fijación de los limites
del SME en el 15%, y la recesión desde 1991 han logrado
disminuir parcialmente tal desequilibrio. Si bien es necesario
también añadir que el país pudo financiar
tamaño déficit comercial gracias al gran volumen
de flujos financieros atraídos al país desde que
este se convirtió en miembro de la CE, muy probablemente
por la seguridad que esta pertenencia proporcionaba. Por otra
parte, nuestra tasa de desempleo más que dobla la media
de la Comunidad - por encima del 22% para una media comunitaria
del 11%-, el mercado de trabajo presenta la tasa más alta
de empleo precario -más del 40% de la población
tiene este tipo de contrato-, el 52% de los parados no cobran
subsidio de desempleo, en torno al 20% de la población
está por debajo del nivel de pobreza según la definición
de la Unión Europea, mientras que no se prevee ninguna
mejora sustancial de la situación del mercado de trabajo.
Al contrario, si se tienen que cumplir las condiciones de Maastricht
es muy probable que empeore. En resumen, no parece que la integración
en la UE ha mejorado sustancialmente la situación del país
ni que haya disminuido la distancia entre nosotros y la Comunidad.
El problema crucial es que esta distancia no es más
que el resultado de la operación de la UE para las economías
menos avanzadas de la Unión, y, por tanto, de España.
Es precisamente la forma de operación de la Unión
y sus condiciones lo que está llevando al debilitamiento
de la capacidad real del país para producir riqueza y vaciando
la capacidad de competir del mismo. Las grandes empresas y capitales
de los países más ricos son favorecidas en el sentido
de que pueden comprar las empresas productivas del país
(incluyendo las empresas públicas a través de la
privatización), ocupar sus mercados, reestructurar sus
industrias transnacionales e invertir grandes sumas de capital
financiero sin ninguna preocupación por la estructura social
y económica de España. Muchas de las industrias
con productividades inferiores no pueden mantenerse en esta liberalización
y reestructuración y desaparecen, dando lugar a nuestra
extraordinariamente alta tasa de paro. Simplemente, en un mercado
integrado y no regulado, los países más débiles
no pueden mantener sus estructuras productivas. Las políticas
estructurales y los fondos de cohesión no son suficientes
para equilibrar esta situación que se deteriora con rapidez
(el flujo neto total que España recibe de la UE por todos
los conceptos solo supone el 0,5% del PIB español por año).
La UEM y el TM van a reforzar estas tendencias. Por
un lado, aumentan las facilidades para operar a nivel internacional
al disminuir la incertidumbre monetaria, por el otro, no hay apoyos
sustanciales para ayudar a los países más pobres
a resolver los problemas que esta dinámica puede generar
- no existe ninguna posibilidad de redistribución a través
de políticas fiscales o sociales o alguna probabilidad
de una política industrial comunitaria favorable para estas
situaciones -. Al contrario, pretenden incluso desarmar los instrumentos
nacionales al exigir una mayor liberalización y desregulación
a nivel nacional, imponer estrechos límites para el gasto
público, disminuir muy fuertemente la capacidad para una
política económica autónoma y convertir en
dominante a nivel de la Unión una política económica
dirigida a la estabilidad en lugar del crecimiento, sin más
compensación que una aportación muy escasa de los
fondos estructurales (los fondos estructurales y de cohesión
para toda la Unión sumaron solo el 0,2% del PIB comunitario
en 1993 y se prevee su 'generosa ampliación' al 0,3% para
1999).
Para el caso de España, a continuación
resumimos, agrupados por bloques de una cierta homogeneidad, los
aspectos negativos que consideramos más relevantes.
. La UE actual implica un cierto modelo de desarrollo
que se impone a los países miembros de la Unión.
Con más intensidad todavía a aquellos que no establecen
salvaguardia alguna frente al mismo. Lo grave no es tanto la inevitable
cesión de soberanía que supone la UE, sino que,
dado el modelo económico acentuadamente neoliberal sobre
el que se plantea la integración, las decisiones tomadas
en el centro de poder van precisamente dirigidas a imponerlo y,
en consecuencia, a controlar y disminuir la capacidad de actuación
de las autoridades políticas de los estados miembros en
ciertas direcciones específicas. Un modelo basado fundamentalmente
en la competitividad frente al exterior, de carácter netamente
neoliberal y apoyándose en la economía de oferta.
Que muestra que las autoridades centrales no tienen como preocupación
real -por mucho que hagan referencia al principio de subsidiariedad-
el facilitar y permitir la actuación de las autoridades
de los estados miembros- estatales, locales y municipales- para
lograr la convergencia real, sino que la limitan fuertemente en
aquellos aspectos más cruciales para orientar la economía
de los estados. Y el TM acentúa fuertemente esta orientación
limitando la política económica posible con los
criterios de convergencia que impone. En esta situación,
es muchísimo más difícil para los estados
nacionales propugnar y llevar a la práctica políticas
que no sean estrictamente neoliberales. Se ha llegado a escuchar
a insignes políticos con mucho poder en Europa que 'los
mercados van a disciplinar a los políticos' (Theo Waigel,
Ministro alemán de Hacienda), en una radical y perversa
inversión de todo lo que implica el que las sociedades
sean dueñas de sus destinos.
. La UEM y el TM suponen un serio debilitamiento
de la regulación y gestión de la coyuntura tanto
a nivel de la UE como de los Estados miembro.
'Parecía que los países europeos renunciaban a su
autonomía en beneficio de una política macro-económica
comunitaria que en realidad no existe. Las políticas macroeconómicas
nacionales no tienen un sustituto europeo. Es, por tanto, hacia
un abandono puro y simple de la política económica
hacia el que nos encaminamos progresivamente' (Grjebine,1992,21).
Podría argumentarse que el criterio de subsidiaridad
exige que no haya una política común (aunque para
algunos aspectos existe), pero el problema reside en que no hay
política común y, además, por el TM las posibilidades
de realizar una política económica activa por parte
de los estados miembro queda seriamente disminuida, es decir,
una orientación precisamente en dirección inversa
a la subsidiariedad. Desaparición de la política
monetaria y de tipo de cambio, control de la política fiscal
y exterior, límites a la política industrial, prohibición
de concesión de ayudas estructurales no aprobadas por la
Comunidad, limitaciones a la empresa pública, recomendaciones
de actuación ante el Estado del bienestar, etc-,. Todavía
más, bajo el argumento de la necesidad de la estabilidad
de precios y de la austeridad fiscal, imponen las condiciones
de mercado a la financiación pública: Los Bancos
Centrales ya no pueden financiar al Gobierno con créditos
preferentes de ninguna clase, ni siquiera comprar su deuda pública,
por lo que el Estado ha de acudir al mercado de capitales en las
mismas condiciones que el capital privado. Hecho que es considerado
injustificable hasta por Rudiger Pohl, antiguo miembro del consejo
de expertos económicos de Kohl y presidente ahora de uno
de los grandes seis
institutos alemanes de coyuntura. En este momento,
los únicos instrumentos de política económica
en manos de los estados se han reducido a aumentar o redistribuir
la carga fiscal y a incidir en el mercado laboral. En la situación
actual, al renunciar a las políticas anticíclicas
nacionales los europeos renuncian a toda política de regulación
de la coyuntura en el seno del espacio europeo y en sus propios
estados. Sin embargo, una aplicación coherente del principio
de subsidiariedad requeriría que la política fiscal
permaneciese siendo competencia de los países miembros,
sin estar coaccionada por prohibiciones que la limitan fuertemente.
La legislación sobre el mercado de trabajo
y la política salarial permanecen casi como únicos
reductos donde las autoridades de los estados miembros pueden
intentar realizar una política económica específica,
mostrando con claridad cual es el ámbito de actuación
que se permite y recomienda a los respectivos gobiernos. Se elimina
la posibilidad de las devaluaciones competitivas para que las
empresas no puedan competir ilegítimamente, pero se estimula
y facilita el dumping social. 'La ausencia de una política
social comunitaria genera el riesgo, e incluso la certeza, de
que los países miembro intenten mejorar sus respectivas
posiciones competitivas basándose en bajos costes laborales,
y los sindicatos nacionales se encontrarán cautivos en
la difícil encrucijada de o bien renunciar a toda mejora
laboral o social, o bien ser tildados de responsables del deterioro
de la inversión y del crecimiento del desempleo... Así
mismo, 'La carencia de armonización fiscal, como ya se
ha dicho, conducirá a que todos los países minimicen,
con la finalidad de atraer el ahorro disponible, la tributación
de los capitales y sus rentas'. (MS, 96, p.17).
. El modelo de política económica
que implica la UEM está sesgado hacia la estabilidad económica
y de precios y la deflación. Y
ello a pesar de que la Comunidad Europea es una de las partes
del mundo central que menos crece. Lo que implica muchas mayores
dificultades para luchar contra el paro, la aproximación
real de las economías europeas entre sí y lograr
la tan recomendada competitividad. En los criterios de convergencia,
como ya se ha señalado, no se reconoce en absoluto la diferencia
entre la riqueza de los países, su capacidad productiva
o la magnitud del paro. Ni se visualiza siquiera ninguna medida
de política económica diferenciada para aproximar
las economías o resolver los problemas de empleo. Los criterios
de convergencia marcan una política de austeridad y deflación
que, además, se plantea como permanente. Ya se indica que
la limitación del 3% al déficit público del
TM se reducirá todavía más en el futuro hasta
alcanzar el 1% o, mejor el 0%. De esta manera, 'La conjunción
de la desaparición de los instrumentos de ajuste nominal
(tipo de cambio y política monetaria) con la drástica
rigidez fiscal dejan a los ajustes reales como el único
mecanismo de adaptación a los cambios económicos
o los shocks externos. Ello implica que la respuesta a cualquier
shock asimétrico negativo se saldará, a corto plazo,
con caídas en el nivel de empleo, y a medio y largo plazo,
con caídas en el salario real' (Goz. Calvet, 6). Solo se
permite estimular el crecimiento y la producción de riqueza
a través de la economía de oferta -principalmente
a base de disminuir el coste del trabajo-. Los países que
se encuentran en condiciones más difíciles, como
es el caso de España, se ven imposibilitados para seguir
una política expansiva para intentar paliar el gravísimo
problema del paro y aumentar su capacidad de producción.
Los criterios de convergencia actuales niegan a los estados el
derecho a utilizar los instrumentos que han estado utilizando
hasta ahora los países más ricos de la Comunidad
para resolver sus problemas (manejo de los tipos de interés,
de los tipos de cambio, déficits públicos... Como
bien dice Martín Seco ¿como hubiera resuelto Alemania
los problemas de su unificación si hubiera tenido que respetar
los criterios de convergencia?. (Martín Seco, 1996)
. Los problemas macroeconómicos que Maastricht
implica no son los únicos a considerar. No son menores
los generados en el ámbito productivo.
La liberalización de las transacciones económicas
que ha supuesto la UE facilita las importaciones y la reestructuración
de los sectores productivos (no sólo la industria sino
también la agricultura) a nivel europeo. Reestructuración
que implica la desregulación, flexibilidad y privatización
de las empresas y que tiene como consecuencia el reforzar la división
del trabajo y favorecer la especialización estrecha de
los Estados, por industria y por producto. Lo que lleva a una
mayor
inestabilidad y a un significativo debilitamiento
de la estructura productiva de España. Si observamos la
agricultura y la industria del país ambas disminuyen en
su producción, y la industria se especializa y concentra
en menos líneas de producción -la matriz input-output
se clarifica, mostrando el debilitamiento del tejido industrial-.
La especialización productiva de España no se dirige
hacia los sectores más dinámicos y avanzados, sino
que se concentra en industrias con tecnologías intermedias
-automóvil, por ejemplo- o en papeles subsidiarios o de
subcontrata. La producción es cada vez más dependiente
de las grandes empresas que toman sus decisiones a nivel europeo
y mundial, lo que conduce al deterioro de la base productiva local
y a la progresiva incapacidad de compensar el creciente desequilibrio
comercial. Toda esta reestructuración productiva no ha
permitido avanzar sustancial y sólidamente ni la productividad,
ni la competitividad de la producción española.
La liberalización externa hubiera necesitado de una enérgica
política de desarrollo del sistema productivo que, por
un lado, los gobiernos de los años ochenta no quisieron
realizar -la mejor política industrial es la que no existe,
decía el Ministro de Industria del PSOE- y que, por otro
lado, ahora son mucho más difíciles de impulsar
ante los controles a las ayudas públicas a las empresas
y los límites que impone el TM al gasto público.
Refiriéndose a nuestro país, dice Aglietta, 'La
estructura industrial no era compatible con la estrategia de convergencia
nominal que se ha seguido en los noventa. La situación
de España ayuda mucho a explicar las repetidas devaluaciones
que este país ha tenido que experimentar' (Aglietta, 1995,
16). De hecho, en términos de PIB per capita nos alejamos
de la media de la Comunidad desde nuestra situación en
1985, y las regiones españolas se distancian en riqueza
de las de los países centrales, nuestro consumo se estanca
y no es necesario abundar sobre la gravedad del problema del paro.
Ninguno, absolutamente ninguno de estos problemas
merece la atención directa del Tratado de Maastricht. Se
supone que si se cumplen las condiciones de convergencia nominal,
todo lo demás se dará por añadidura. ¿Con
que garantía? Que sepamos, no existe un planteamiento teórico
que lo asegure, y todos los indicios empíricos muestran
exactamente lo contrario. Con el Tratado todo lo que se logró
fue arrancar los Fondos de Cohesión, que, además,
están dirigidos obligatoriamente a obras de infraestructura
o medio ambiente. Aunque ahora España absorbe el 50% de
estos fondos, ya se está propugnando que sean redirigidos
a los países del Este. Esto es todo lo que el Tratado de
Maastricht aporta a los acuciantes problemas reales de la economía.
La reestructuración productiva y el paro llevan
a plantearse el tema de la movilidad de los trabajadores. En principio,
una zona monetaria óptima supone una movilidad de la mano
de obra suficiente para compensar rápidamente los choques
en un país y evitar el crecimiento del paro en el mismo.
Pero se considera que la integración de los mercados de
trabajo es infinitamente más lenta que la de los mercados
de mercancías o capitales. Se considera que si se tiene
en cuenta la diversidad de lenguas y tradiciones culturales y
sociales que caracteriza a Europa, la movilidad del trabajo en
Europa no es tan voluminosa y rápida como por ejemplo,
en Estados Unidos. Personalmente matizaría esta afirmación,
ya que no hay que olvidar los vastos movimientos migratorios de
los sesenta en que los trabajadores de los países del Sur
se trasladaron al Norte europeo buscando un puesto de trabajo,
pero me preguntaría ¿que disposiciones se han tomado
para hacer menos traumática la siempre dolorosa experiencia
de la emigración?. El problema no es tanto la dificultad
de la movilidad desde la óptica de los trabajadores, sino
de la falta de empleo incluso en los países del Norte,
de nuevas oleadas migratorias consideradas de forma preferente
-los trabajadores del Este- y las muy sutiles dificultades que
los gobiernos del Norte utilizan para desanimar a los inmigrantes
europeos. Pero incluso suponiendo que la movilidad interestatal
se acentúe, ¿es una buena solución y debe propugnarse
que la integración europea se salde con el declive de ciertos
países y un ascenso constante de otros?.
. Habrían de mencionarse también
aquí los problemas de naturaleza ecológica
que el ultraliberal y energívoro modelo económico
plantea y que las exigencias de Maastricht refuerzan. Lo dejaremos
en esta mera mención ya que existen otras obras que lo
tratan con amplitud (Ver Fz. Duran, 1996)
. Nos queda por considerar el coste social.
Haré solo una breve referencia pues es probablemente el
más conocido: las escandalosas cifras de paro en toda la
Unión, y mucho más todavía en España;
la dualidad creciente de la distribución de la renta, con
unos, muy pocos, mucho más ricos, y muchos más en
retroceso en sus niveles de vida. La pobreza, la marginalidad,
la exclusión... Todas las medidas que imponen los criterios
de convergencia de Maastricht solo pueden deteriorar estas situaciones.
La aprobación de la Carta Social Europea en 1989 y el Protocolo,
anexo al TM, no son más que catálogos de buenas
intenciones, un brindis al sol, que no incorporan medidas para
su ejecución (y a pesar de ello el Reino Unido ni siquiera
quiso aprobarlos). Y, para acompañarlas, mediante los controles
fiscales se establecen duros limites al estado social, al estado
del bienestar, una vez más sin tener en cuenta diferencias
actuales entre los estados miembros (todavía tan raquítico
en España). Al mismo tiempo que se produce un escandaloso
ataque concertado desde todas las instancias de poder, entusiasta
y descaradamente acompañadas de los poderes financieros,
para disminuir al mínimo y privatizar las prestaciones
sociales (pensiones, asistencia social, sanidad, educación).
Hay que destacar que la Europa social no es un suplemento
'voluntario', que se puede incluir o no en el proceso de integración
europea, sino la condición sine qua non para un buen funcionamiento
de la Unión Monetaria y la Unión Europea. En dos
aspectos: primero, si los ingresos de la población no aumentan
con la Unión su consumo no crecerá - que es lo que
está sucediendo en España y Francia desde hace algún
tiempo- y no habrá demanda suficiente para estimular un
aumento de la inversión y la producción europea.
Este efecto es más importante, si tenemos en cuenta que
las exportaciones de la Unión se realizan entre sus propios
estados -el setenta por ciento del comercio de la Unión
se realiza entre los socios de la misma- por lo que un freno a
la demanda interna de los países puede tener consecuencias
muy graves, no ya solo para la economía de los países
en cuestión, sino para el conjunto de la Comunidad.
Por otra parte, si la mayoría de la población
de la Unión no percibe ventajas en la misma, ¿que
incentivos tendrá para impulsarla y sostenerla?. El ejemplo
de Francia en Diciembre de 1995 muestra las dificultades que puede
plantear una Europa que ignora la distribución de sus beneficios
o, lo que es peor, que con sus medidas impulsa una distribución
perversa de los mismos. Hasta tal punto se está deteriorando
la situación social en la UE y resquebrajándose
por ello la necesaria cohesión social, que la propia Comisión
nombró en 1995 un Comité de Expertos para tratar
del tema de los derechos civiles y sociales de los europeos (Ver
Informe, 1996).
Habría de mencionarse también la gravísima
deficiencia democrática que supone la UE y que el Tratado
de Maastricht acentúa e intensifica, al imponer medidas
dictadas centralmente a los gobiernos de los países miembros
y disminuir drásticamente su capacidad de gestionar su
economía. El propio Delors estimaba que en pocos años,
más del 80% de las medidas de política económica
emanarían de la Comunidad. No nos detendremos en este punto
ya que, a pesar de su importancia pudiéramos considerarlo
menos 'económico'.
IV.- Intermezzo
El diseño actual de la Unión Europea
y el Tratado de Maastricht no es más que una forma concreta
en la que llevar a cabo la Unión y como tal se debe considerar.
El modelo de política económica que implica, la
forma en que ha sido organizada, los criterios que se exigen para
su consecución, los plazos establecidos, son fruto de unas
opciones específicas pero en absoluto imperativas ni inevitables.
El modelo por el que se ha optado para la Unión Europea
no es único ni ineludible.
Hay múltiples maneras de proceder a una Unión
económica y social y el debate acerca de los diversos modelos
para la misma y de los procesos que conduzcan a ella es importante
e imprescindible si se pretende que la Unión Europea tenga
unas bases democráticas y conduzca al bienestar de la mayoría
de la población. No es legítimo escamotear a las
poblaciones implicadas la consideración de las consecuencias
de las distintas opciones. La evaluación
de los costes y beneficios de los diversos modelos
y de la distribución de los mismos entre los grupos sociales
y los territorios de la Unión es un aspecto de importancia
primordial para permitir tomar decisiones sólidas y basadas
en un amplio consenso social. De aquí que frente a la revisión
del
Tratado de Maastricht que se está llevando
a cabo al más alto nivel se haya de exigir de las autoridades
y los dirigentes sociales, estatales y de la Comunidad, la realización
de un amplio proceso de información genuina, de amplio
debate, y la posibilidad de modificar el diseño actual
si éste no se considera adecuado para impulsar una economía
cada vez más sólida y dinámica y, especialmente,
el bienestar de las poblaciones implicadas.
La UE tal como está configurada hasta ahora
y el Tratado de Maastricht que marca el camino para su realización,
no están dirigidos al bienestar de las poblaciones de los
países miembros sino a potenciar los intereses del capital
internacionalizado y particularmente los del capital financiero.
En el caso de España, la situación es especialmente
grave, ya que las medidas que imponen los criterios de convergencia
conducen ineludiblemente a empeorar los problemas de la economía
real y a deteriorar el nivel de vida actual de la población.
De aquí que esta UEM y el Tratado de Maastricht no pueda
ser considerado como una vía aceptable por la población
española.
Por ello, un modelo pensando en el bienestar de la
población tiene que proceder, necesariamente, de un discurso
alternativo. La gran trampa consiste en pedir una política
económica alternativa en el mismo marco económico,
profesional, social y político de ahora. Se exige una política
alternativa 'técnica' y solo técnica, seguros de
que si se acepta moverse en ese ámbito la partida esta
perdida. La cuestión está en que hay que partir
de otras prioridades políticas y subordinar la técnica
a los objetivos y no al revés.
Un breve comentario respecto a los que plantean el
abandono de la Unión Europea. Esta opción ha de
ser considerada como una alternativa posible y legítima.
Los grupos y las personas que la propugnen no han de ser estigmatizados
como irresponsables o perjudiciales al país sino que se
ha de posibilitar que expongan sus argumentos y éstos han
de considerarse y ponderarse seriamente. Aunque nos presenta como
inevitable la pertenencia a la Unión, no es tan seguro
que en una sociedad con las opciones económicas muy claras,
una buena gestión socio-económica y una sólida
cohesión social, el abandono de la Comunidad tuviera que
ser necesariamente una catástrofe (Aglietta y de Grauwe,
por ejemplo, desde un enfoque pro UEM propugnan un modelo de UEM
en el que los países se integren en la misma sólo
si quieren y cuando ellos quieran). Una amplia exposición
de las razones que llevan a dichas posiciones y una evaluación
de las consecuencias probables de las mismas, tienen tanto derecho
a ser expuestas, planteadas y propugnadas como sus opuestas y
redundarán en una saludable profundización de la
democracia. Algunos países de la Comunidad Europea han
señalado el camino a seguir en esta dirección facilitando
la reflexión y el debate sobre este tema llegando incluso
a la consulta a la población en referendum. No hay razón
ninguna, ni social, ni política ni económica, que
suponga que esta vía es menos patriótica, legítima
o incluso realista que los planteamientos integradores.
ya inadecuado y ha llevado a aceptar de forma creciente la idea
de una Europa a varias velocidades, dado que bastantes países
no podrán formar parte de la UEM en los plazos propuestos
(con la consiguiente problemática de qué sucederá
en esta tesitura). Un planteamiento en origen mucho más
gradual, con pautas de transición múltiples, que
no forzara a ningún país a un tipo rígido
de convergencia, no solo sería mucho menos traumático
para los países que tienen más dificultades para
el proceso de convergencia, sino que restauraría la credibilidad
del Tratado frente a los mercados, que están actuando ya
bajo las expectativas de transiciones múltiples.