La dictadura judicial de Garzón (y utilizo el término dictadura en su sentido clásico de poder absoluto y sin restricciones) no sólo le dicta a la Consejería del Interior del País Vasco qué manifestaciones debe prohibir, y al Parlamento Vasco qué grupos parlamentarios puede tener, sino que parece ser pretendió dictarle al Gobierno Australiano la supresión de la página web de Batasuna, aparentemente alojada en un servidor australiano.

No voy a entrar aquí, por no ser el motivo de este artículo, a analizar las eventuales competencias de Garzón sobre la actuación del Gobierno y el Parlamento vascos. Pero sí parece claro que no las tiene sobre la actuación del Gobierno Australiano, y es difícil que sus autos judiciales puedan tener efectos extraterritoriales en el otro extremo del planeta.

No obstante, aunque el Gobierno Australiano se sometiera a los dictados de Garzón y obligara al servidor en cuestión a suprimir del mismo la web de Batasuna, tales dictados no alcanzarían su objetivo: el alojamiento físico de una web es circunstancial, y lo importante es su ubicación en el ciberespacio. Por ello, Batasuna podría fácilmente realojar su web en otro servidor en cualquier parte del mundo, siempre que mantenga el control sobre su dominio http://www.batasuna.org , ubicado no en un territorio físico, sino en el ciberespacio.

Por ello, el cumplimiento del auto de Garzón para la eliminación de la web de Batasuna requeriría de otra extraterritorialidad: su aplicación en el territorio del ciberespacio. Por ello, Garzón debía dirigirse a las entidades que gestionan los nombres de dominio, todavía más lejos de su jurisdicción. E incluso en el hipotético caso de que le hicieran caso, Batasuna podría mantener su web dentro de otros dominios, en un territorio, el ciberespacio, donde la libertad de expresión es la Ley Fundamental, y donde se guarda celosamente la independencia frente a los poderes de la Tierra, tal como se expresa en la llamada "Declaración de independencia del ciberespacio", mucho menos retórica, por cierto, que otras declaraciones.

Ciertamente, la difícil violabilidad del ciberespacio no significa impunidad para los autores de las webs que en él se ubican: si del Código Penal de un Estado se infiere que un ciudadano del mismo ha cometido algún delito al confeccionar una determinada página web, sus aparatos punitivos podrán actuar contra él. Pero otro cantar es actuar contra las páginas webs en sí, que son simple información con una ubicación radicalmente extraterritorial respecto de cualquier Estado.

Por ello es precisamente que la vía Garzón, consistente en actuar contra las entidades "al margen de la responsabilidad" penal de sus responsables, tal como proclama explícitamente en su auto del 26 de agosto, es difícilmente transitable en el terreno del ciberespacio. Lo cuál, al margen de las merecidas antipatías que despierta la actuación política de Batasuna, es tranquilizador para quienes pensamos que la Libertad de Expresión es un valor superior a defender.