Patéticos son los intentos, a uno y otro lado del Atlántico, de perseguir la descarga de archivos por Internet que precisamente el malhadado "Canon Digital" pretende compensar. Ciertamente, ello muestra la falacia de dicha "compensación": las grandes discográficas y compañías cinematográficas no renuncian desde el ámbito internacional a impedir las "copias privadas" cuya legalidad en España sirvió de excusa para el "Canon". Si lo consiguieran, los ciudadanos españoles que han pagado un plus por soportes digitales utilizables para dichas "copias privadas" tendrían que volver a pagar a las multinacionales de la música y el cine para poder realizar dichas copias, añadiendo el escarnio a la afrenta.

Pero no les auguro un gran porvenir: la persecución efectiva de la "copia privada" no tiene más futuro que el que gozó la "Ley Seca" en los EE.UU. de mediados del siglo XX. Pretender penalizar una actividad ampliamente generalizada sólo sirve para poner en ridículo los instrumentos penales del Estado, los únicos que los autoritarios neoliberales defienden. Por ello es de razón el informe del socialista francés Guy Bono aprobado en el Parlamento Europeo y que se opone a la criminalización de los usuarios que descargan archivos in ánimo de lucro, destacando como "esencial" el poder acceder sin barreras a los contenidos culturales a través de Internet y dejando en un segundo plano "la lógica puramente económica y comercial".

Pero si tales intentos son patéticos, es precisamente porque responden a modelos económicos obsoletos en la era de Internet. Y ello se hace cada vez más patente: como reconoce Guy Hands, presidente de la discográfica EMI, "El modelo actual está acabado. A menos que encontremos un nuevo modelo, la nueva música está muerta". La principal fuente de ingresos de músicos y cantantes son los conciertos en vivo, no la venta de discos a través de las compañías discográficas. Por ello, cada vez más músicos y cantantes promueven la autogestión de la libre distribución de su música y de la organización de sus conciertos al margen de las grandes compañías discográficas. Otros se mantienen aún supeditados a dichas compañías, que organizan sus conciertos y les exigen ser beligerantes contra la "piratería" y la "copia privada".

El desarrollo mundial de las comunicaciones debería permitir superar el secular retraso con el que los vientos musicales  trasatlánticos llegaban a España. Ojalá los artistas españoles que apoyan la política censora de la SGAE bajo la férula de las grandes compañías se liberen de sus ataduras y entren con nosotros en el siglo XXI bajo la bandera de la defensa de la libre circulación de la información por las grandes alamedas que Internet ha abierto.