Javier Navascués denuncia muy justamente en el Mundo Obrero de febrero la "expropiación de lo público por parte de las empresas" en el ámbito universitario. Pero ojo, dicha "expropiación" no consiste en que los titulados universitarios adquieran la capacidad de investigar o innovar trabajando en empresas públicas o privadas, que es lo que podría promover el llamado "proceso de Bolonia", y que por otra parte es imprescindible para un desarrollo sostenible, sino en que profesores de Universidades Públicas o investigadores del CSIC, después de haber investigado en instalaciones públicas y con financiación pública, monten una empresa privada ("spin-off") para lucrarse privadamente con el uso exclusivo de los resultados de una investigación realizada con fondos públicos, como fue el caso de la empresa Gemetrix de la actual ministra Cristina Garmendía, "la primera empresa privada surgida a partir del trabajo de investigación realizado por el Centro Nacional de Biotecnología" (http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Garmendia).

Así, mientras parte del estudiantado se entretiene con el "No a Bolonia" (cuando sería propio de neoliberales utópicos creer que, con lo que está cayendo, las empresas se vayan a dedicar a financiar estudios universitarios, o de desconocedores de la realidad universitaria creer que los Departamentos universitarios se van a dedicar a proponer asignaturas atendiendo a requerimientos extrauniversitarios en vez de a sus propias preferencias), desde el gobierno Zapatero-Garmendía se dedican a fomentar la privatización de las Universidades Públicas a través de las "spin-off", amparados en el artículo 83.3 de la LOU: como denuncian CC.OO., UGT, CSI-CSIF y CIG, el borrador ministerial de Estatuto de Personal Docente e Investigador "pretende paliar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado fomentando la privatización de sus tareas investigadoras, a través de la desmedida importancia que se concede a la transferencia de resultados, que es definida en términos puramente mercantilistas" (http://www.fe.ccoo.es/actualidad/prensa/2009/09.02.06_1.html).

Y para ello, naturalmente, enarbolan la sacrosanta bandera de la "propiedad intelectual" para restringir el uso de y el acceso público a los resultados de las investigaciones, con la perversión añadida de que se trata de la apropiación privada de un conocimiento generado en el ámbito público. Dicha apropiación es obsoleta en la era de Internet, que facilita precisamente la difusión sin fronteras del conocimiento, como es el caso del software libre, cuyo desarrollo tiene un sustento importante en la investigación en el seno de instituciones públicas. Por ello, la privatización del conocimiento está condenada al fracaso a medio plazo. Pero hay que evitar que nos despisten mareando la perdiz.