El hecho de que en inglés "libre" y "gratuito" se expresen por la misma palabra ("free") suele provocar confusión respecto a Internet, el software y por extensión la cultura: el movimiento por el software libre reivindica su libre distribución, no que sea gratuito. No objeta que alguien quiera vender un soporte informático conteniendo programas de software libre: su único problema será encontrar alguien que lo compre. Eso sí, quien lo compre podrá también distribuirlo libremente. Y venderlo, si puede.

Y lo mismo ocurre con la cultura y la información en general: no reinvindicamos su gratuidad, sino su libertad. De hecho, lo que reivindicamos es, como le será grato al camarada Julio Anguita, simplemente la aplicación del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Y la cuestión es que en el momento en que un producto cultural se digitaliza se convierte pura y simplemente en información, en última instancia en una sucesión de unos y ceros. Por lo que el derecho a difundirlo resulta amparado por dicho artículo. La referencia a "cualquier medio de expresión" incluye, naturalmente, a Internet, por mucho que Internet no existiera cuando la ONU lo aprobó. Y la pretensión de utilizar una "propiedad" llamada "intelectual" para impedirlo significa una vulneración directa de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Precisemos: alguien puede "poseer" físicamente un cuadro o un vinilo, pero no debe aceptarse la "posesión" de una sucesión de unos y ceros, es decir, de su contenido de información, para obstaculizar la libre difusión de una imagen o de una sucesión de sonidos.

Insistimos, por tanto: lo que reivindicamos es una cultura libre, no una cultura gratuita. La gratuidad será, en todo caso, un efecto colateral de la libertad de distribución, de la facilidad de compartir contenidos culturales a través de Internet. Pero lo que no es de recibo es que para intentar impedir la gratuidad se pretenda prohibir la libertad. La actuación inteligente y razonable para intentar vender productos culturales es vincularles un valor añadido, como es el asesoramiento y actualizaciones en el caso del software, o extras impresos en el caso de un CD. Sin olvidar que, en última instancia, la libre distribución de la cultura es un apoyo para su desmercantilización, y apunta a una sociedad no capitalista ni mercantilista.

En esa dirección, los poderes públicos deben garantizar el libre acceso a Internet y a la educación en todos sus niveles. Naturalmente, tanto Internet como la educación tienen un coste, y por tanto no son "gratuitos" para la sociedad en su conjunto. Pero tanto la educación como el acceso a Internet deben establecerse como derechos humanos generales, asegurando por tanto su "gratuidad" para todas las personas, sin olvidarse de que dicha "gratuidad" sólo es posible en la medida en que su coste sea asumido colectivamente por la sociedad.

Esa, naturalmente, ha de ser nuestra apuesta, sin escuchar los cantos de sirena de quienes se rasgan las vestiduras ante la "amenaza" de la gratuidad de la cultura.