El Gobierno del PP se ha apresurado a acatar sumisamente las órdenes norteamericanas y se dispone a poner en marcha la llamada "Ley Sinde". Y al mismo tiempo anuncia la supresión del pago privado del "canon digital" y su sustitución por una compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos del Estado. Ciertamente, la efectividad de la llamada "Ley Sinde" para impedir las descargas sigue siendo dudosa, pero la compaginación de ambas medidas sigue siendo contradictoria: precisamente la compensación por copia privada se planteaba porque en España las descargas (no lucrativas) son legales. Son tan legales que han tenido que inventarse una vía administrativa y no judicial para combatirlas, y falta ver si los jueces tragan en aceptar el cierre de páginas web con enlaces para descargas que, repetimos, no son ilegales.

Con todo, destinar una partida en los Presupuestos para apoyar a los autores cuyas obras son descargadas puede ser una medida positiva y de fomento de una cultura libre. Siempre, claro, que la subvención vaya directamente a autores que renuncien a combatir dichas descargas: una y otra cosa deben ser, en buena lógica, incompatibles. Y que por ende de ninguna manera la subvención vaya a entidades intermediarias, como la SGAE, que se han dedicado a perseguir la libre difusión de la cultura y además han demostrado ser muy proclives a desviar los fondos recibidos. Porque el problema no es que la SGAE estuviera dirigida por corruptos. El problema es que el sistema mismo era corrupto y liberticida.

Naturalmente, habría que utilizar criterios objetivos para distribuir la subvención, de manera que ésta no esté distorsionada por afinidades ideológicas. Puede haber distintas formas para hacerlo, alguna de las cuáles hemos descrito en artículos anteriores. Aquí va otra idea, que brindo graciosamente al Gobierno sin cobrarle derechos de autor:

El Ministerio de Cultura podría abrir una macropágina de descargas, en la cual los autores y autoras (término preferible al más pomposo de "creadores") podrían depositar sus obras, tanto musicales como audiovisuales o literarias, para su descarga gratuita. Un contador de las descargas realizadas de cada obra, naturalmente desde distintos IPs para prevenir fraudes, proporcionaría un criterio objetivo para repartir las subvenciones.

Además, dicha macropágina de descargas, al competir con páginas que eventualmente tuvieran la finalidad de lucrarse con descargas, propiciaría el cierre de éstas con mayor efectividad que los vericuetos de la llamada "Ley Sinde".

Por cierto, una duda me corroe: ¿bajarán realmente los precios de los soportes digitales cuando se suprima el "canon digital"?