El execrable asesinato de periodistas de Charlie Hebdo y los que le siguieron ha sido ciertamente, entre otras cosas, un crimen contra la libertad de expresión. Pero la respuesta gubernamental al mismo se ha orientado también a la restricción de libertades democráticas, y en particular en Internet. Y no solamente en Francia, donde se han producido los hechos, sino en otros Estados de la Unión Europea, como es el caso de España. Ello genera dudas tanto sobre la sinceridad del uso del lema "Je suis Charlie" como sobre el transfondo real del atentado.

Y genera dudas, entre otras cosas, por la irracionalidad de tal respuesta, plasmada en la inadecuación de los medios empleados a los fines proclamados: ¿alguien puede creer realmente que las restricciones en Internet pueden ayudar a combatir el terrorismo?

Veamos: es claro que, por ejemplo, una amenaza de muerte puede ser perseguida penalmente con independencia del medio en el que se formule. Para ello no hace falta ningún cambio en las leyes. Pero los complots terroristas reales son clandestinos y se realizan de forma subterránea, no en el espacio público de Internet. Si acaso, lo que se trasluzca en Internet puede ayudar a su persecución, y el efecto real de cerrarles espacios públicos sería dificultar su investigación policial.

Las restricciones que pretenden en el uso de Internet suponen una represión preventiva sobre las ideologías que subyacen a la acción terrorista, y confunden la forma adecuada de enfrentarse a las acciones y a las ideas: el fanatismo y el fundamentalismo (no confundir con el sano radicalismo como el de la Coalición de Izquierda Radical "Syriza", ojo) se combate debatiendo con ellos a través del impulso a la libertad de expresión y de información, no de su restricción. Claro que quizá los gobiernos de la Troika lo que pretendan realmente es dotarse de medios contra el radicalismo democrático que cuestiona su fundamentalismo neoliberal...