TRAMPAS ELECTORALES DEL PP VALENCIANO
Rafael Pla López
 
Un sistema electoral puede diseñarse para procurar la mejor representación de la voluntad popular. Pero muchas veces se diseña para distorsionarla.

En la "Comunidad Valenciana", uno de los principales instrumentos para ello, potenciando el bipartidismo, ha sido el requisito del 5% global de votos para obtener representación en las Cortes Valencianas. Aunque el PCPV primero, y EUPV después, siempre han conseguido superar dicho requisito, en sus horas más bajas se vio amenazada por él, y un 10% del electorado se ha visto excluido de obtener representación. Por ello, la supresión del requisito del 5% ha sido un objetivo central para la democratización en el País Valencià, pero sucesivos intentos de reforma en dicho sentido han sido abortados.

Pero actualmente hay ya cuatro fuerzas políticas que han conseguido representación en las Cortes Valencianas, y en las recientes Elecciones Europeas han sido seis las fuerzas que han superado el 5%, en el marco de la crisis del bipartidismo.

Por ello, dicho requisito ya no basta para distorsionar la voluntad popular, y el PP valenciano, mientras pugna por no ahogarse en un mar de corrupción, se esfuerza por introducir otras triquiñuelas con el fin de eludir el rechazo mayoritario a sus políticas. Porque ésta es la cuestión de fondo: el intento de impedir que el castigo del electorado a unas políticas ampliamente rechazadas (recortes sociales, corrupción vinculada a la especulación urbanística y a grandes acontecimientos de relumbrón, cierre de Radio Televisión Valenciana, etc.) se traduzca en un cambio de gobierno y de política.

Para ello, el PP pretende apoyarse en el hecho de que su hundimiento electoral viene parejo al hundimiento del PSOE en el marco de la crisis del bipartidismo, por lo que, en medio de un proceso de recomposición del espectro político, el PP puede continuar siendo la minoría mayoritaria con un porcentaje muy bajo de votos.

Éste es el motivo de que, en el ámbito del Estado Español, pretenda burlar la Constitución imponiendo como alcalde al primero de la lista más votada aunque cuente con un rechazo mayoritario entre la población y los concejales. Y es también el motivo de sus propuestas de cambio de la Ley Electoral de la Comunidad Valenciana.

Después de haber presentado un proyecto de ley de reforma del Estatut para reducir el número de escaños de 99 a 79, el presidente Alberto Fabra (que no ha ganado ninguna elección a las Cortes Valencianas, sino que sustituyó a Francisco Camps cuando éste se vio arrastrado a dimitir por la trama Gürtel) propuso en febrero pasado que un tercio de los escaños en las Cortes Valencianas sean cubiertos por elección uninominal directa desde distintas comarcas.

Aunque dichas propuestas es difícil que prosperen sin la complicidad del PSOE, que no parecen haber conseguido, es importante desenmascarar sus intenciones, porque, naturalmente, intentan revestirlas de argumentos falaces, como el ahorro o la participación ciudadana.

Ciertamente, poca credibilidad tiene su argumento del ahorro, que podría mejor conseguirse, por ejemplo, suprimiendo las Diputaciones y reduciendo drásticamente la miríada de "asesores" a dedo de que se han dotado los cargos públicos del PP. Y por lo que se refiere a la participación a través del voto directo uninominal, habrá que recordar que en Alemania ello se combina con la votación de listas globales por sistema proporcional, detrayendo de los resultados de cada fuerza política los puestos que ya han obtenido por voto uninominal, de modo que el resultado total se corresponda con la proporción de los votos recibidos. Pero claro, con ello no se cumpliría el objetivo real del PP, que es marginar a las fuerzas relativamente minoritarias, tanto a través de la disminución del número de escaños como cubriendo puestos por un sistema uninominal mayoritario.

Y la cuestión de fondo es que la falta de representatividad real de las actuales Cortes Valencianas, que se ha mostrado de forma patente en las Elecciones Europeas, las deslegitima para pretender cambiar las reglas del juego. Deberán ser los Parlamentos elegidos en las próximas elecciones, tanto en el País Valencià como en el conjunto de España, los que deberán abrir un Proceso Constituyente democrático y participativo a través del cual la ciudadanía puede decidir cómo organizar sus instituciones para que estén a su servicio y no al servicio de los poderosos.