TRAMPAS ELECTORALES DEL PP VALENCIANO
Rafael Pla López
Un sistema electoral puede diseñarse para procurar la mejor
representación de la voluntad popular. Pero muchas veces se diseña para
distorsionarla.
En la "Comunidad Valenciana", uno de los principales instrumentos para
ello, potenciando el bipartidismo, ha sido el requisito del 5% global
de votos para obtener representación en las Cortes Valencianas. Aunque
el PCPV primero, y EUPV después, siempre han conseguido superar dicho
requisito, en sus horas más bajas se vio amenazada por él, y un 10% del
electorado se ha visto excluido de obtener representación. Por ello, la
supresión del requisito del 5% ha sido un objetivo central para la
democratización en el País Valencià, pero sucesivos intentos de reforma
en dicho sentido han sido abortados.
Pero actualmente hay ya cuatro fuerzas políticas que han conseguido
representación en las Cortes Valencianas, y en las recientes Elecciones
Europeas han sido seis las fuerzas que han superado el 5%, en el marco
de la crisis del bipartidismo.
Por ello, dicho requisito ya no basta para distorsionar la voluntad
popular, y el PP valenciano, mientras pugna por no ahogarse en un mar
de corrupción, se esfuerza por introducir otras triquiñuelas con el fin
de eludir el rechazo mayoritario a sus políticas. Porque ésta es la
cuestión de fondo: el intento de impedir que el castigo del electorado
a unas políticas ampliamente rechazadas (recortes sociales, corrupción
vinculada a la especulación urbanística y a grandes acontecimientos de
relumbrón, cierre de Radio Televisión Valenciana, etc.) se traduzca en
un cambio de gobierno y de política.
Para ello, el PP pretende apoyarse en el hecho de que su hundimiento
electoral viene parejo al hundimiento del PSOE en el marco de la crisis
del bipartidismo, por lo que, en medio de un proceso de recomposición
del espectro político, el PP puede continuar siendo la minoría
mayoritaria con un porcentaje muy bajo de votos.
Éste es el motivo de que, en el ámbito del Estado Español, pretenda
burlar la Constitución imponiendo como alcalde al primero de la lista
más votada aunque cuente con un rechazo mayoritario entre la población
y los concejales. Y es también el motivo de sus propuestas de cambio de
la Ley Electoral de la Comunidad Valenciana.
Después de haber presentado un proyecto de ley de reforma del Estatut
para reducir el número de escaños de 99 a 79, el presidente Alberto
Fabra (que no ha ganado ninguna elección a las Cortes Valencianas, sino
que sustituyó a Francisco Camps cuando éste se vio arrastrado a dimitir
por la trama Gürtel) propuso en febrero pasado que un tercio de los
escaños en las Cortes Valencianas sean cubiertos por elección
uninominal directa desde distintas comarcas.
Aunque dichas propuestas es difícil que prosperen sin la complicidad
del PSOE, que no parecen haber conseguido, es importante desenmascarar
sus intenciones, porque, naturalmente, intentan revestirlas de
argumentos falaces, como el ahorro o la participación ciudadana.
Ciertamente, poca credibilidad tiene su argumento del ahorro, que
podría mejor conseguirse, por ejemplo, suprimiendo las Diputaciones y
reduciendo drásticamente la miríada de "asesores" a dedo de que se han
dotado los cargos públicos del PP. Y por lo que se refiere a la
participación a través del voto directo uninominal, habrá que recordar
que en Alemania ello se combina con la votación de listas globales por
sistema proporcional, detrayendo de los resultados de cada fuerza
política los puestos que ya han obtenido por voto uninominal, de modo
que el resultado total se corresponda con la proporción de los votos
recibidos. Pero claro, con ello no se cumpliría el objetivo real del
PP, que es marginar a las fuerzas relativamente minoritarias, tanto a
través de la disminución del número de escaños como cubriendo puestos
por un sistema uninominal mayoritario.
Y la cuestión de fondo es que la falta de representatividad real de las
actuales Cortes Valencianas, que se ha mostrado de forma patente en las
Elecciones Europeas, las deslegitima para pretender cambiar las reglas
del juego. Deberán ser los Parlamentos elegidos en las próximas
elecciones, tanto en el País Valencià como en el conjunto de España,
los que deberán abrir un Proceso Constituyente democrático y
participativo a través del cual la ciudadanía puede decidir cómo
organizar sus instituciones para que estén a su servicio y no al
servicio de los poderosos.