DE TAHIR A WISCONSIN
Rafael Pla López

No es casual que los trabajadores norteamericanos en lucha describieran al gobernador Walker como el Mubarak de Wisconsin, al tiempo que en la Plaza Tahir de El Cairo se expresaran muestras de apoyo a los trabajadores de Wisconsin.

Recordemos los hechos: tras la victoria del Partido Republicano, el nuevo gobernador Scott Walker planteó introducir en la Ley de Ajuste Presupuestario un recorte de las retribuciones y beneficios sociales de los trabajadores y trabajadoras públicos del Estado, así como un fuerte recorte de la capacidad negociadora de los Sindicatos reduciéndola a cuestiones salariales, recortando las pensiones, obligando a los trabajadores y trabajadoras a pagar más por su seguro sanitario y obligando a la confirmación anual de la afiliación sindical. Debemos tener en cuenta que el derecho a la negociación sindical en la función pública no está garantizado por ninguna norma federal, sino que depende de la normativa propia de cada Estado: en algunos dicha negociación es obligatoria, en otros simplemente opcional, y en otros está directamente prohibida.

Pero, a diferencia de la situación en España, en Estados Unidos la afiliación sindical es muy alta en la función pública. Ello ha facilitado una fuerte respuesta a las agresiones, con manifestaciones que han llegado a 100.000 participantes y una prologada ocupación del Capitolio, sede del Senado del Estado que debía aprobar la ley. Un primer intento de desalojarlos resultó frustrado cuando centenares de policías se sumaron a los ocupantes. Por su parte, los senadores del Partido Demócrata boicotearon la aprobación de la ley, que requería mayoría cualificada. Dado que la legislación de Wisconsin permite que la policía del Estado obligue a asistir a la sesión del Senado, dichos senadores se “exiliaron” al vecino Estado de Illinois.

El intento de recortes en Wisconsin sirvió de punta de lanza de la ofensiva del Partido Republicano: en Ohio y Michigan impusieron recortes similares, provocando también amplias movilizaciones en su contra. Finalmente en Wisconsin consiguieron desalojar el Capitolio y aprobar los recortes mediante una triquiñuela legal, desgajándolos de la Ley de Ajuste Presupuestario para eludir el requisito de la mayoría cualificada. Pero como respuesta los trabajadores y trabajadoras volvieron a ocupar el Capitolio, y posteriormente un juez suspendió la Ley desgajada por el incumplimiento de determinados requisitos formales. De modo que las espadas volvían a estar en alto.

Para entender lo ocurrido en Wisconsin, que ha impulsado un reverdecer del movimiento obrero en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que el ataque tenía tres objetivos:

En primer lugar, descargar el efecto de la crisis y del déficit público sobre la clase trabajadora. Con ello, los conservadores norteamericanos estaban siguiendo el mismo camino que los conservadores y social-liberales europeos (me niego a llamarles sociademócratas por respeto a Olof Palme y Oskar Lafontaine). Y del mismo modo que en España, después de que el fuerte incremento del paro se hubiera cebado sobre los trabajadores y trabajadoras del sector privado, la nueva agresión se centró sobre los de la función pública, presentándolos también como unos “privilegiados” tanto por la estabilidad de su trabajo como por los beneficios sociales, en pensiones y seguro sanitario, que habían conseguido con la lucha sindical. Y mientras en España el Gobierno Zapatero contribuía a dicha campaña de desprestigio, en Estados Unidos el presidente Obama salió en defensa de los funcionarios con argumentos similares a los nuestros, recordando su aportación como maestros, bomberos o personal sanitario (parece que algo no encaja con la supuesta “conjunción planetaria” progresista anunciada por Leire Pajín).

En segundo lugar, desarmar a la clase trabajadora golpeando la columna vertebral de los sindicatos, que tienen en el sector público, como hemos señalado, uno de sus principales bastiones.

Y en tercer lugar, debilitar al Partido Demócrata en las próximas contiendas electorales, y especialmente en las presidenciales. Debemos tener en cuenta que, aunque el presidente Obama haya frustrado a los sectores de izquierdas y progresistas por sus vacilaciones y renuncias y la continuidad de políticas imperialistas, ha irritado a los sectores conservadores, y especialmente a los poderes financieros al impulsar una normativa de control de los mismos. En este marco hay que situar la reciente resolución del Tribunal Supremo suprimiento las limitaciones para los aportes privados a las campañas electorales, lo que permitirá al gran capital volcar sus recursos financieros en apoyo del Partido Republicano. Y hay que tener en cuenta que los principales Sindicatos suelen apoyar las candidaturas del Partido Demócrata condicionándolo al respeto de determinados derechos de la clase trabajadora, tanto mediante contribuciones directas a sus campañas electorales como con campañas paralelas de anuncios publicitarios contra las políticas antisociales de los candidatos del Partido Republicano. Por ello, se pretende que debilitando a los sindicatos y disminuyendo su afiliación se prive a las candidaturas del Partido Demócrata de un apoyo que pueda de alguna manera compensar la beligerancia en contra suya de los poderes financieros.

Todo ello, en definitiva, expresa una agudización transparente de la lucha de clases en Estados Unidos, en el marco de la lucha global contra las políticas neoliberales.