ANÁLISIS DEL PUNTO 7 DEL INFORME AL COMITÉ FEDERAL DEL PCE DEL 8 DE OCTUBRE DE 2005
(El estatuto de Catalunya y nuestro proyecto de España federal)

Considero que buena parte de las formulaciones de dicho punto son profundamente incorrectas y no nos ponen en buenas condiciones para intervenir políticamente en defensa de las posiciones comunistas en Catalunya. Aunque el secretario general en su resumen anunció algunos cambios menores, mantuvo lo fundamental del texto, razón por la cuál me abstuve en la votación final del Informe.

    1. Cuando en el segundo párrafo afirma que "Si antaño el nacionalismo burgués jugó un papel democrático, hoy juega un papel de clase", da a entender que "antaño" (se entiende que durante la lucha antifranquista) el nacionalismo burgués no jugaba un papel de clase. Dicha tesis es profundamente incorrecta. El nacionalismo burgués siempre ha jugado un papel de clase, se ha orientado a la defensa de los intereses de clase de la burguesía nacional catalana. Otra cosa es que en determinados períodos pueda darse una coincidencia parcial y temporal entre dichos intereses de clase y los intereses de la clase trabajadora, como ocurría en la lucha democrática antifranquista. Pero olvidar, incluso en tales circunstancias, la presencia de intereses de clase de fondo antagónicos conduce a la incapacidad de dirigir la lucha democrática en la perspectiva de los intereses de la clase trabajadora, en la perspectiva socialista.
    Además, habría que analizar con mayor finura la situación actual. Así, hemos visto cómo, frente al belicismo y las posiciones ultrarreaccionarias del PP, se han dado coincidencias coyunturales con fuerzas políticas representativas de determinadas burguesías nacionales, y en particular con CiU (frente a la guerra de Iraq, por el diálogo en Euskadi, etc.). Y aunque el PP esté fuera del gobierno de España, sigue teniendo una fuerte influencia en amplios sectores sociales y especialmente dentro de los aparatos de poder. En estas condiciones, no puede darse por finiquitada la política de unidad de acción democrática con determinados sectores de la burguesía. De hecho, explotar las contradicciones entre las distintas fracciones de clase de la burguesía sigue siendo fundamental para hacer avanzar las posiciones que defendemos. Naturalmente, es también fundamental mantener la independencia de la clase trabajadora frente a la burguesía en su conjunto.
    Y precisamente en el debate sobre la reforma de los Estatutos se da una situación compleja: por un lado, el PP mantiene una oposición férrea a toda reforma que represente un desarrollo real de los autogobiernos (y no digamos si representa un avance hacia un Estado Federal), y frente a dicha oposición es posible y necesario el acuerdo del conjunto de las fuerzas democráticas, incluyendo fuerzas burguesas como CiU. Pero por otro lado las fuerzas burguesas defienden en ese proceso sus propios intereses de clase, especialmente en el terreno económico, pugnando por sistemas de financiación lo menos solidarios posible.
    Ésta es la dialéctica en que se plantean nuestras relaciones con las distintas fracciones de la burguesía: con la oligarquía centralista y la derecha reaccionaria que la expresa tenemos una confrontación total, como por cierto aprobamos en el Congreso; con determinadas burguesías nacionales podemos coincidir en la defensa del autogobierno, pero nos confrontaremos en la defensa de una financiación solidaria.

    2. Hacia el final de dicho párrafo, la afirmación de que "CiU no gobierna pero impone", aunque sustituyera a la redacción inicial que ponía "pero manda", sigue generando confusión. Si se limita a la referencia genérica a que "la ideología dominante es la ideología de la clase dominante" (salvo acaso en situaciones pre-revolucionarias que no se dan en la Catalunya actual), se reduciría a una generalidad que dice poco sobre la situación específica de Catalunya. En ese sentido, se podía haber formulado mejor como "CiU no gobierna pero influye", pero del mismo modo se puede afirmar que "el PP no gobierna pero influye" en el ámbito del conjunto de España, como indicábamos en el punto anterior, sin que ello exprese una "hegemonía aznarista". Si, por otra parte, se refiere a que, como dijera Allende, no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder, ello también es una cuestión general: aunque haya un gobierno de progreso, el poder de fondo, el poder económico, sigue estando en manos de la clase dominante burguesa. En Catalunya y en España.
    Pero la referencia a que CiU "impone", en el contexto en que se plantea, apunta a las imposiciones de CiU en la redacción del Estatuto. Dichas imposiciones son ciertas, pero para referirse a ellas habría que recordar que la mayoría cualificada necesaria para la tramitación del Estatuto al Congreso de los Diputados no era posible sin el apoyo de CiU, como nos recordó Jové. Ello no deriva de ninguna "hegemonía pujolista" genérica, sino de los votos y diputados obtenidos por CiU. Hubiera resultado más claro formularlo así, recordando que la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados debería permitir superar determinadas imposiciones de CiU sobre la mayoría parlamentaria de Catalunya.
    Y bien está que se apunte un hilo de esperanza en la recuperación de la influencia del PSUC, pero no estaría de más recordar las condiciones en que se perdió dicha influencia: la subordinación a las orientaciones políticas de la dirección del PCE encabezada por Santiago Carrillo, que forzaban a poner sordina, entre otras cosas, a las posiciones del Partido en favor de la República y de la autodeterminación (aunque esta última nunca desapareció formalmente del programa, por la presión del EPK), asumiendo acríticamente el Estado monárquico de las Autonomías de modo que se dificultaba el mantenimiento de una posición de clase independiente, también, sobre la cuestión nacional. Y fue en ese contexto como el PSUC dejó de ser un referente como partido nacional y de clase. Su recuperación es indisoluble de la reasunción de dicho papel.

    3. La expresión "estamos cansados de ser solidarios", cuando se ha utilizado por dirigentes catalanes como Artur Mas (en el programa de Las Cerezas), se incluía en una frase que decía "estamos cansados de ser solidarios y que se nos llame insolidarios". Cercenar la segunda parte de la frase cambia radicalmente su sentido y es una manipulación que nunca debería darse en un documento del Partido, echando leña al fuego del anticatalanismo reaccionario. Y todo ello sin perjuicio de polemizar con las posiciones que hay detrás de frases como esas y de la tesis del "déficit fiscal", insistiendo en que quienes tributan son las personas y no los territorios, y deben hacerlo de acuerdo con su nivel de renta y no según su residencia.

    4. La descripción de "las 2 patas del federalismo" no puede hacerse como se formula en el Informe: por un lado, lo intangible común (¿por qué intangible? en todo caso habría de poderse cambiar por mutuo acuerdo); por otro lado, ¿lo diverso, lo que se gestiona por cada parte, etc.? No: el reconocimiento de que Catalunya no tiene el mismo nivel jurídico y político que el Estado ¿Pero eso no era la primera pata?
    Una descripción correcta del federalismo subrayaría que hay una distribución de competencias de manera que en las competencias comunes prima la decisión del conjunto, y en las competencias específicas prima la decisión de cada parte. Y puestos a ser rigurosos, habría que recordar que las partes tienen soberanía originaria y que se federan libremente, no desde su autonomía ("después de un largo recorrido autonómico"), sino desde su derecho a la autodeterminación.
    Si no se quería entrar en este terreno, se podía haber quedado en unas formulaciones genéricas inmediatas como las del Comunicado. Pero si se entra en estos temas hay que hacerlo correctamente y en coherencia con los acuerdos congresuales.

    5. No se puede jugar con las palabras. Si se afirma que el Estatuto "choca con la Constitución" o que cambia aunque sea un único aspecto de la Constitución, se está diciendo que es anticonstitucional. Y una afirmación de ese calado no puede hacerse a la ligera. ¿Qué aspectos cambia de la Constitución? ¿Cómo es que el Consell Jurídic Consultiu, que emitió un informe previo para evitar dichas contradicciones, no se ha dado cuenta?
    Por un lado, hay que recordar que nosotros no somos los guardianes de la Constitución, y deberíamos extremar las precauciones para no hacer el juego a las posiciones ultrarreaccionarias del PP que acusan de anticonstitucional a todo lo que no les gusta.
    Pero por otro lado dudo mucho que la letra del proyecto de Estatuto sea anticonstitucional, por mucho que los corifeos del centralismo, a los que no deberíamos hacer eco, se desgañiten afirmándolo. De hecho, el sistema de financiación, que es el tema que a nosotros más nos rechina, no está contenido en la Constitución (salvo lo que se afirma sobre Euskadi), sino en la LOFCA. Ciertamente, el Estatuto sí contradice la LOFCA, que es una Ley Orgánica. Pero el Estatuto se tramita como Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados, y por ello dicha tramitación posibilita legalmente modificar o derogar parcialmente otras Leyes Orgánicas. Otra cosa es que nosotros consideremos que ése no es un buen camino. Pero su "bilateralidad" no contradice la actual Constitución, que por el contrario contiene diversos mecanismos bilaterales (para las transferencias, para la misma Reforma de Estatutos). Lo que contradice es nuestro proyecto federal, que es intrínsecamente multilateral.

No sé si en la redacción final que se publique del Informe cuestiones como éstas podrán matizarse. Pero en todo caso sí deberían quedar claras en la Resolución que tenemos pendiente.

Rafael Pla López