ANÁLISIS DEL
PUNTO 7 DEL INFORME AL COMITÉ FEDERAL DEL PCE DEL 8 DE OCTUBRE
DE 2005
(El estatuto de
Catalunya y nuestro proyecto de España federal)
Considero que buena parte de las formulaciones de dicho punto son
profundamente incorrectas y no nos ponen en buenas condiciones para
intervenir políticamente en defensa de las posiciones comunistas
en Catalunya. Aunque el secretario general en su resumen anunció
algunos cambios menores, mantuvo lo fundamental del texto, razón
por la cuál me abstuve en la votación final del Informe.
1. Cuando en el segundo párrafo afirma que
"Si antaño el nacionalismo burgués jugó un papel
democrático, hoy juega un papel de clase", da a entender que
"antaño" (se entiende que durante la lucha antifranquista) el
nacionalismo burgués no jugaba un papel de clase. Dicha tesis es
profundamente incorrecta. El nacionalismo burgués siempre ha jugado un papel de clase,
se ha orientado a la defensa de los intereses de clase de la
burguesía nacional catalana. Otra cosa es que en determinados
períodos pueda darse una coincidencia parcial y temporal entre
dichos intereses de clase y los intereses de la clase trabajadora, como
ocurría en la lucha democrática antifranquista. Pero
olvidar, incluso en tales circunstancias, la presencia de intereses de
clase de fondo antagónicos conduce a la incapacidad de dirigir
la lucha democrática en la perspectiva de los intereses de la
clase trabajadora, en la perspectiva socialista.
Además, habría que analizar con mayor
finura la situación actual. Así, hemos visto cómo,
frente al belicismo y las posiciones ultrarreaccionarias del PP, se han
dado coincidencias coyunturales con fuerzas políticas
representativas de determinadas burguesías nacionales, y en
particular con CiU (frente a la guerra de Iraq, por el diálogo
en Euskadi, etc.). Y aunque el PP esté fuera del gobierno de
España, sigue teniendo una fuerte influencia en amplios sectores
sociales y especialmente dentro de los aparatos de poder. En estas
condiciones, no puede darse por finiquitada la política de
unidad de acción democrática con determinados sectores de
la burguesía. De hecho, explotar las contradicciones entre las
distintas fracciones de clase de la burguesía sigue siendo
fundamental para hacer avanzar las posiciones que defendemos.
Naturalmente, es también fundamental mantener la independencia
de la clase trabajadora frente a la burguesía en su conjunto.
Y precisamente en el debate sobre la reforma de los
Estatutos se da una situación compleja: por un lado, el PP
mantiene una oposición férrea a toda reforma que
represente un desarrollo real de los autogobiernos (y no digamos si
representa un avance hacia un Estado Federal), y frente a dicha
oposición es posible y necesario el acuerdo del conjunto de las
fuerzas democráticas, incluyendo fuerzas burguesas como CiU.
Pero por otro lado las fuerzas burguesas defienden en ese proceso sus
propios intereses de clase, especialmente en el terreno
económico, pugnando por sistemas de financiación lo menos
solidarios posible.
Ésta es la dialéctica en que se
plantean nuestras relaciones con las distintas fracciones de la
burguesía: con la oligarquía centralista y la derecha
reaccionaria que la expresa tenemos una confrontación total,
como por cierto aprobamos en el Congreso; con determinadas
burguesías nacionales podemos coincidir en la defensa del
autogobierno, pero nos confrontaremos en la defensa de una
financiación solidaria.
2. Hacia el final de dicho párrafo, la
afirmación de que "CiU no gobierna pero impone", aunque
sustituyera a la redacción inicial que ponía "pero
manda", sigue generando confusión. Si se limita a la referencia
genérica a que "la ideología dominante es la
ideología de la clase dominante" (salvo acaso en situaciones
pre-revolucionarias que no se dan en la Catalunya actual), se
reduciría a una generalidad que dice poco sobre la
situación específica de Catalunya. En ese sentido, se
podía haber formulado mejor como "CiU no gobierna pero influye",
pero del mismo modo se puede afirmar que "el PP no gobierna pero
influye" en el ámbito del conjunto de España, como
indicábamos en el punto anterior, sin que ello exprese una
"hegemonía aznarista". Si, por otra parte, se refiere a que,
como dijera Allende, no es lo mismo tener el gobierno que tener el
poder, ello también es una cuestión general: aunque haya
un gobierno de progreso, el poder de fondo, el poder económico,
sigue estando en manos de la clase dominante burguesa. En Catalunya y
en España.
Pero la referencia a que CiU "impone", en el
contexto en que se plantea, apunta a las imposiciones de CiU en la
redacción del Estatuto. Dichas imposiciones son ciertas, pero
para referirse a ellas habría que recordar que la mayoría
cualificada necesaria para la tramitación del Estatuto al
Congreso de los Diputados no era posible sin el apoyo de CiU, como nos
recordó Jové. Ello no deriva de ninguna "hegemonía
pujolista" genérica, sino de los votos y diputados obtenidos por
CiU. Hubiera resultado más claro formularlo así,
recordando que la correlación de fuerzas en el Congreso de los
Diputados debería permitir superar determinadas imposiciones de
CiU sobre la mayoría parlamentaria de Catalunya.
Y bien está que se apunte un hilo de
esperanza en la recuperación de la influencia del PSUC, pero no
estaría de más recordar las condiciones en que se
perdió dicha influencia: la subordinación a las
orientaciones políticas de la dirección del PCE
encabezada por Santiago Carrillo, que forzaban a poner sordina, entre
otras cosas, a las posiciones del Partido en favor de la
República y de la autodeterminación (aunque esta
última nunca desapareció formalmente del programa, por la
presión del EPK), asumiendo acríticamente el Estado
monárquico de las Autonomías de modo que se dificultaba
el mantenimiento de una posición de clase independiente,
también, sobre la cuestión nacional. Y fue en ese
contexto como el PSUC dejó de ser un referente como partido
nacional y de clase. Su recuperación es indisoluble de la
reasunción de dicho papel.
3. La expresión "estamos cansados de ser
solidarios", cuando se ha utilizado por dirigentes catalanes como Artur
Mas (en el programa de Las Cerezas), se incluía en una frase que
decía "estamos cansados de ser solidarios y que se nos llame
insolidarios". Cercenar la segunda parte de la frase cambia
radicalmente su sentido y es una manipulación que nunca
debería darse en un documento del Partido, echando leña
al fuego del anticatalanismo reaccionario. Y todo ello sin perjuicio de
polemizar con las posiciones que hay detrás de frases como esas
y de la tesis del "déficit fiscal", insistiendo en que quienes
tributan son las personas y no los territorios, y deben hacerlo de
acuerdo con su nivel de renta y no según su residencia.
4. La descripción de "las 2 patas del
federalismo" no puede hacerse como se formula en el Informe: por un
lado, lo intangible común (¿por qué intangible? en
todo caso habría de poderse cambiar por mutuo acuerdo); por otro
lado, ¿lo diverso, lo que se gestiona por cada parte, etc.? No:
el reconocimiento de que Catalunya no tiene el mismo nivel
jurídico y político que el Estado ¿Pero eso no era
la primera pata?
Una descripción correcta del federalismo
subrayaría que hay una distribución de competencias de
manera que en las competencias comunes prima la decisión del
conjunto, y en las competencias específicas prima la
decisión de cada parte. Y puestos a ser rigurosos, habría
que recordar que las partes tienen soberanía originaria y que se
federan libremente, no desde su autonomía ("después de un
largo recorrido autonómico"), sino desde su derecho a la
autodeterminación.
Si no se quería entrar en este terreno, se
podía haber quedado en unas formulaciones genéricas
inmediatas como las del Comunicado. Pero si se entra en estos temas hay
que hacerlo correctamente y en coherencia con los acuerdos congresuales.
5. No se puede jugar con las palabras. Si se afirma
que el Estatuto "choca con la Constitución" o que cambia aunque
sea un único aspecto de la Constitución, se está
diciendo que es anticonstitucional. Y una afirmación de ese
calado no puede hacerse a la ligera. ¿Qué aspectos cambia
de la Constitución? ¿Cómo es que el Consell
Jurídic Consultiu, que emitió un informe previo para
evitar dichas contradicciones, no se ha dado cuenta?
Por un lado, hay que recordar que nosotros no somos
los guardianes de la Constitución, y deberíamos extremar
las precauciones para no hacer el juego a las posiciones
ultrarreaccionarias del PP que acusan de anticonstitucional a todo lo
que no les gusta.
Pero por otro lado dudo mucho que la letra del
proyecto de Estatuto sea anticonstitucional, por mucho que los corifeos
del centralismo, a los que no deberíamos hacer eco, se
desgañiten afirmándolo. De hecho, el sistema de
financiación, que es el tema que a nosotros más nos
rechina, no está contenido en la Constitución (salvo lo
que se afirma sobre Euskadi), sino en la LOFCA. Ciertamente, el
Estatuto sí contradice la LOFCA, que es una Ley Orgánica.
Pero el Estatuto se tramita como Ley Orgánica en el Congreso de
los Diputados, y por ello dicha tramitación posibilita
legalmente modificar o derogar parcialmente otras Leyes
Orgánicas. Otra cosa es que nosotros consideremos que ése
no es un buen camino. Pero su "bilateralidad" no contradice la actual
Constitución, que por el contrario contiene diversos mecanismos
bilaterales (para las transferencias, para la misma Reforma de
Estatutos). Lo que contradice es nuestro proyecto federal, que es
intrínsecamente multilateral.
No sé si en la redacción final que se publique del
Informe cuestiones como éstas podrán matizarse. Pero en
todo caso sí deberían quedar claras en la
Resolución que tenemos pendiente.
Rafael
Pla López