PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DEL PCE del 22 de abril de 2006
Rafael Pla López

Hemos aprobado reiteradas veces que el funcionamiento del Partido no puede basarse en la lucha entre fracciones, que esclerotiza y empobrece el debate. Pero debemos esforzarnos en hacerlo realidad, a fin de poder debatir libremente cada cuestión sin supeditarnos a una alineación previa, haciendo normal que en distintos temas podamos tener distintas coincidencias.

En este marco, me referiré a algunas de las principales cuestiones a debate en este Comité Federal:

El proceso de paz en Euskadi:

Me parece esencialmente correcta la propuesta de Resolución que se presenta, con una precisión a la que haré referencia luego. Por lo que se refiere al Informe, considero que debe ser corregido en cuestiones importantes.

En primer lugar, hay que señalar como principal razón de fondo del "alto el fuego permanente" de ETA el compromiso ampliamente mayoritario en Euskadi en favor de las vías democráticas y contra el uso de la violencia para la resolución de conflictos políticos, compromiso con las vías democráticas que ha sido asumido también por la llamada "izquierda abertzale" que había constituido históricamente la base social de la organización ETA, asunción que se expresó públicamente en la declaración de Anoeta. Este análisis es más ajustado que las especulaciones sobre la "debilidad interna" de ETA, con una capciosa referencia a "sus expresiones públicas" (las expresiones públicas de ETA son sus bombas, pero no parece que el Informe haga referencia a la potencia de las mismas) y la "ilegalización" (ETA siempre ha sido ilegal). Si esas expresiones hacen referencia a la izquierda abertzale aglutinada por Batasuna, y cuya ilegalización en ningun caso podemos valorar positivamente, habrá que relativizar la "debilidad" de una organización que desde la ilegalidad y la exclusión de los medios públicos de comunicación consigue más de 100.000 votos nulos en las elecciones municipales, y cuyo apoyo al desconocido PCTV le permite obtener 9 escaños en el Parlamento Vasco. Ello resulta más llamativo si se contempla desde nuestra realidad política en Euskadi, que requeriría más modestia en las valoraciones.

En segundo lugar, es muy grave que se condicione a "la medida de confirmación del proceso" la "eliminación de leyes y normas que imposibilitan la presencia política de los sectores independentistas, hoy ilegales". Medidas como la Ley de Partidos son profundamente antidemocráticas, tal como denunciamos en su momento, y la exigencia de su derogación no puede estar condicionada. De hecho, dicha derogación es imprescindible para afianzar el proceso de paz, privando de instrumentos antidemocráticos a los sectores de la judicatura en la órbita del PP que pretendan boicotearlo. Más rechazable es si cabe prolongar, en condiciones de alto el fuego, un condicionamiento que se introdujo de rondón en el anterior Comité Federal tergiversando mi propuesta al respecto. De hecho, lo que resulta lamentable es que en la primera declaración del PCE tras el comunicado de ETA se obviara la exigencia de derogación de tales leyes y normas, poniéndose por detrás de IU y de CC.OO. A señalar que dicha exigencia sí figuró en los comunicados del PCPV y del PSUC viu. No deberíamos ensuciar la limpia trayectoria de nuestro Partido en defensa de las libertades democráticas.

 En tercer lugar, la declaración de que "cada opción defenderá sus ideas y propuestas en el marco político" debería completarse con el llamamiento al respeto a las decisiones de adopte democráticamente la ciudadanía vasca. Ello es más importante aún precisarlo en la Resolución, que al reafirmar nuestra opción federal no debe obviar que ello lo hacemos sin perjuicio del respeto al derecho de autodeterminación. Y aquí no valen juegos de palabras. Claro que la autodeterminación no ha de reducirse a la independencia como única opción (nosotros defendemos la federal con autoorganización social), pero la incluye necesariamente. El respeto a la legitimidad de todas las opciones políticas no permite obviar dicho reconocimiento en el País Vasco, donde el independentismo tiene un peso importante. La manera de reforzar nuestra opción federal no es cuestionando o ignorando el derecho a la separación, sino explicando que ante la diversidad política en los territorios vascos es la federalidad y no el independentismo lo que mejor permite defender su integridad territorial.

Estatutos y Constitución:

Habría que "pulir" algunas expresiones. ¿Qué sentido tiene hablar de "llegar a un núcleo federal unitario estable", como si partiéramos de la disgregación que proclaman Cañizares o Rajoy? En todo caso habría que hablar de "mantener" un tal núcleo, o mejor, para evitar un enfoque sesgado, de establecer una división clara de competencias entre el Gobierno Federal y lo que serían Comunidades Federadas (no "CC.AA.").

Pero ojo, desde una perspectiva dialéctica no tiene sentido insistir en un cierre "definitivo" del modelo de organización territorial. Lo único definitivo es la muerte, y no hay un fin de la historia pese a lo que dijera Fukuyama. Como mucho, podrá ser "estable" durante un período de tiempo más o menos largo, condicionado a procesos como la construcción europea o la transición al comunismo al que aspiramos.

Balance de 2 años de gobierno del PSOE:

Muy bien el recordatorio de que frente a OPAs foráneas la alternativa es la defensa de un sector público que habría que reconstituir.

Sobre la reforma laboral, no creo que debamos hacer de pitonisas agoreras e impotentes anunciando "El acuerdo que se va a producir en unos pocos días". Lo que debemos hacer es dejar claro qué medidas rechazaríamos en cualquier caso y plantear que los trabajadores y trabajadoras deberían movilizarse contra ellas. Dicha movilización, de hecho, sería una tarea central para un Partido de clase.

Sí se afirma que la Ley de Matrimonio "no significa la solución democrática y socialmente avanzada de los problemas que afectan a las parejas de hecho en su conjunto", hay que aclarar cuál sería dicha solución, más allá de la función que jugó anteriormente la regulación de las parejas de hecho (y que ahora el PP hipócritamente defiende) como sustituto del matrimonio homosexual.

Pero el Informe debería detenerse especialmente en el tema de la LOE, denunciando en primer lugar la actitud del PSOE, que prefirió llegar a acuerdos en el Congreso con fuerzas de derechas como CiU que no los mantuvieron en el Senado, reforzando el papel de la enseñanza privada, en vez de pactar con la izquierda el avance de la laicidad; en segundo lugar, el chantaje a que sometió a IU cuando, de vuelta en el Congreso, CiU se negó a mantener el apoyo al texto restituido tras la eliminación de los cambios involutivos introducidos en el Senado; y en tercer lugar, la incoherente votación de la representación de IU a favor de un texto al que previamente se habían abstenido de acuerdo con la propuesta del Área Federal de Educación y de diversas Federaciones. Resulta especialmente rechazable el modo como se decidió dicha votación, de forma unipersonal por el Coordinador General de IU al margen de los órganos de dirección y las áreas de elaboración de IU, e incluso de la reflexión colectiva en el seno del Grupo Parlamentario. Ello es incompatible con el funcionamiento democrático imprescindible en una organización política, y más aún con la democracia participativa que correspondería a un movimiento político y social, y debería llevar a la exigencia de responsabilidades por tal actuación.

El Congreso del Partido Comunista de Asturias:

Al margen del Informe, se trae por segunda vez al Comité Federal el conflicto en relación al Congreso del Partido Comunista de Asturias, esta vez con una voluminosa documentación. No obstante, antes de entrar a analizar en detalle la misma, con informaciones contradictorias sobre las hechos ocurridos y las irregularidades denunciadas, habrá que considerar si el Comité Federal es competente para decidir al respecto del conflicto planteado. Y en ese sentido, el artículo 28.1 de los Estatutos del PCE es taxativo: "El Comité Federal sólo intervendrá en conflictos entre partidos federados". No entiendo que ello pueda obviarse haciendo juegos de palabras para enmascarar lo que es inequívocamente un conflicto en el seno del Partido Comunista de Asturias.

Hay que señalar, por otra parte, que dicha cláusula adquiere su sentido en el carácter del PCE como "una organización política federal resultante del acuerdo libre y voluntario de los partidos comunistas existentes en cada una de las nacionalidades y regiones que conforman el Estado español, desde la decisión soberana de sus integrantes y que basan su federación en los principios de la solidaridad y corresponsabilidad democrática en un proyecto político común en el conjunto del Estado", según el artículo 3 de sus Estatutos. Los acuerdos del XVII Congreso del PCE, por tanto, en modo alguno pueden interpretarse como una vuelta al centralismo democrático, que daba todos los poderes entre Congresos a un Comité Central que ya no existe. El artículo 18, que define al Comité Federal como "órgano superior del Partido entre Congresos", hay que entenderlo en ese marco, restringido a las competencias federales y sin pretender sustituir las competencias propias de los Partidos federados, de los cuáles una central es la organización de sus propios Congresos para el debate de sus propios documentos y la elección de sus propios órganos de dirección.

Pido por tanto que se retire la propuesta de resolución que plantea sibilinamente la anulación del VIII Congreso del PCA. Sibilinamente, porque en su apartado II habla de "anulabilidad" y de que de no corregirse determinados defectos en 30 días el Comité Federal "se vería obligado a declarar nulo" (¿volviendo a reunirse?) el proceso congresual, pero en el apartado III atribuye la dirección del PCA al Comité Central emanado del anterior VII Congreso, lo que sólo tiene sentido si se considera nulo el VIII. En caso de no retirarse por sus proponentes, el Comité Federal debería pronunciarse previamente sobre la pertinencia de la misma.

En vez de ello, debería hacerse un llamamiento a un acuerdo político entre las partes, que probablemente debería conducir a la convocatoria de un Congreso Extraordinario, bien por iniciativa de la dirección del PCA, bien a petición de sus organizaciones de base de acuerdo con sus Estatutos. En todo caso, es fundamental que la resolución del conflicto se realice en el marco del PCA y no al margen, sino contando con sus organizaciones de base.

Hay que hacer, en definitiva, un llamamiento a la racionalidad. La situación del Partido no es tan boyante como para poder permitirse acentuar la división en su seno, que afectaría en este caso a una de sus principales organizaciones, tanto por razones numéricas como históricas. Nuestra responsabilidad ante las bases del Partido nos exige actuar preservando su unidad y su futuro.