PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ
FEDERAL DEL PCE del 22 de abril de 2006
Rafael Pla López
Hemos aprobado reiteradas veces que el
funcionamiento del Partido no
puede basarse en la lucha entre fracciones, que esclerotiza y empobrece
el debate. Pero debemos esforzarnos en hacerlo realidad, a fin de poder
debatir libremente cada cuestión sin supeditarnos a una
alineación previa, haciendo normal que en distintos temas
podamos tener distintas coincidencias.
En este marco, me referiré a algunas de las principales
cuestiones a debate en este Comité Federal:
El proceso de paz en Euskadi:
Me parece esencialmente correcta la propuesta de Resolución que
se presenta, con una precisión a la que haré referencia
luego. Por lo que se refiere al Informe, considero que debe ser
corregido en cuestiones importantes.
En primer lugar, hay que señalar como principal razón de
fondo del "alto el fuego permanente" de ETA el compromiso ampliamente mayoritario en
Euskadi en favor de las vías democráticas y contra
el uso de la violencia para la resolución de conflictos
políticos, compromiso con las vías democráticas
que ha sido asumido también por la llamada "izquierda abertzale"
que había constituido históricamente la base social de la
organización ETA, asunción que se expresó
públicamente en la declaración de Anoeta. Este
análisis es más ajustado que las especulaciones sobre la
"debilidad interna" de ETA, con una capciosa referencia a "sus
expresiones públicas" (las expresiones públicas de ETA
son sus bombas, pero no parece que el Informe haga referencia a la
potencia de las mismas) y la "ilegalización" (ETA siempre ha
sido ilegal). Si esas expresiones hacen referencia a la izquierda
abertzale aglutinada por Batasuna, y cuya ilegalización en
ningun caso podemos valorar positivamente, habrá que relativizar
la "debilidad" de una organización que desde la ilegalidad y la
exclusión de los medios públicos de comunicación
consigue más de 100.000 votos nulos en las elecciones
municipales, y cuyo apoyo al desconocido PCTV le permite obtener 9
escaños en el Parlamento Vasco. Ello resulta más
llamativo si se contempla desde nuestra realidad política en
Euskadi, que requeriría más modestia en las valoraciones.
En segundo lugar, es muy grave que se condicione a "la medida de confirmación del
proceso" la "eliminación
de leyes y normas que imposibilitan la presencia política de los
sectores independentistas, hoy ilegales". Medidas como la Ley de
Partidos son profundamente antidemocráticas, tal como
denunciamos en su momento, y la
exigencia de su derogación no puede estar condicionada.
De hecho, dicha derogación es imprescindible para afianzar el
proceso de paz, privando de instrumentos antidemocráticos a los
sectores de la judicatura en la órbita del PP que pretendan
boicotearlo. Más rechazable es si cabe prolongar, en condiciones
de alto el fuego, un condicionamiento que se introdujo de rondón
en el anterior Comité Federal tergiversando mi propuesta al
respecto. De hecho, lo que resulta lamentable es que en la primera
declaración del PCE tras el comunicado de ETA se obviara la
exigencia de derogación de tales leyes y normas,
poniéndose por detrás de IU y de CC.OO. A señalar
que dicha exigencia sí figuró en los comunicados del PCPV
y del PSUC viu. No deberíamos ensuciar la limpia trayectoria de
nuestro Partido en defensa de las libertades democráticas.
En tercer lugar, la declaración de que "cada opción defenderá sus
ideas y propuestas en el marco político" debería
completarse con el llamamiento al respeto a las decisiones de adopte
democráticamente la ciudadanía vasca. Ello es más
importante aún precisarlo en la Resolución, que al
reafirmar nuestra opción federal no debe obviar que ello lo
hacemos sin perjuicio del respeto al derecho
de autodeterminación. Y aquí no valen juegos de
palabras. Claro que la autodeterminación no ha de reducirse a la
independencia como única opción (nosotros defendemos la
federal con autoorganización social), pero la incluye
necesariamente. El respeto a la legitimidad de todas las opciones
políticas no permite obviar dicho reconocimiento en el
País Vasco, donde el independentismo tiene un peso importante.
La manera de reforzar nuestra opción federal no es cuestionando
o ignorando el derecho a la separación, sino explicando que ante
la diversidad política en los territorios vascos es la
federalidad y no el independentismo lo que mejor permite defender su
integridad territorial.
Estatutos y Constitución:
Habría que "pulir" algunas expresiones. ¿Qué
sentido tiene hablar de "llegar a un
núcleo federal unitario estable", como si
partiéramos de la disgregación que proclaman
Cañizares o Rajoy? En todo caso habría que hablar de
"mantener" un tal núcleo, o mejor, para evitar un enfoque
sesgado, de establecer una división clara de competencias entre
el Gobierno Federal y lo que serían Comunidades Federadas (no
"CC.AA.").
Pero ojo, desde una perspectiva dialéctica no tiene sentido
insistir en un cierre "definitivo"
del modelo de organización territorial. Lo único
definitivo es la muerte, y no hay un fin de la historia pese a lo que
dijera Fukuyama. Como mucho, podrá ser "estable" durante un
período de tiempo más o menos largo, condicionado a
procesos como la construcción europea o la transición al
comunismo al que aspiramos.
Balance de 2 años de gobierno
del PSOE:
Muy bien el recordatorio de que frente a OPAs foráneas la
alternativa es la defensa de un sector
público que habría que reconstituir.
Sobre la reforma laboral, no
creo que debamos hacer de pitonisas agoreras e impotentes anunciando "El acuerdo que se va a producir en unos
pocos días". Lo que debemos hacer es dejar claro
qué medidas rechazaríamos en cualquier caso y plantear
que los trabajadores y trabajadoras deberían movilizarse contra
ellas. Dicha movilización, de hecho, sería una tarea
central para un Partido de clase.
Sí se afirma que la Ley de
Matrimonio "no significa la
solución democrática y socialmente avanzada de los
problemas que afectan a las parejas de hecho en su conjunto",
hay que aclarar cuál sería dicha solución,
más allá de la función que jugó
anteriormente la regulación de las parejas de hecho (y que ahora
el PP hipócritamente defiende) como sustituto del matrimonio
homosexual.
Pero el Informe debería detenerse especialmente en el tema de la
LOE, denunciando en primer
lugar la actitud del PSOE, que prefirió llegar a acuerdos en el
Congreso con fuerzas de derechas como CiU que no los mantuvieron en el
Senado, reforzando el papel de la enseñanza privada, en vez de
pactar con la izquierda el avance de la laicidad; en segundo lugar, el
chantaje a que sometió a IU cuando, de vuelta en el Congreso,
CiU se negó a mantener el apoyo al texto restituido tras la
eliminación de los cambios involutivos introducidos en el
Senado; y en tercer lugar, la incoherente votación de la
representación de IU a favor de un texto al que previamente se
habían abstenido de acuerdo con la propuesta del Área
Federal de Educación y de diversas Federaciones. Resulta
especialmente rechazable el modo como se decidió dicha
votación, de forma unipersonal por el Coordinador General de IU
al margen de los órganos de dirección y las áreas
de elaboración de IU, e incluso de la reflexión colectiva
en el seno del Grupo Parlamentario. Ello es incompatible con el
funcionamiento democrático imprescindible en una
organización política, y más aún con la
democracia participativa que correspondería a un movimiento
político y social, y debería llevar a la exigencia de
responsabilidades por tal actuación.
El Congreso del Partido Comunista de
Asturias:
Al margen del Informe, se trae por segunda vez al Comité Federal
el conflicto en relación al Congreso del Partido Comunista de
Asturias, esta vez con una voluminosa documentación. No
obstante, antes de entrar a analizar en detalle la misma, con
informaciones contradictorias sobre las hechos ocurridos y las
irregularidades denunciadas, habrá que considerar si el
Comité Federal es competente para decidir al respecto del
conflicto planteado. Y en ese sentido, el artículo 28.1 de los
Estatutos del PCE es taxativo: "El
Comité Federal sólo intervendrá en conflictos
entre partidos federados". No entiendo que ello pueda obviarse
haciendo juegos de palabras para enmascarar lo que es
inequívocamente un conflicto en el seno del Partido Comunista de
Asturias.
Hay que señalar, por otra parte, que dicha cláusula
adquiere su sentido en el carácter del PCE como "una organización política
federal resultante del acuerdo libre y voluntario de los partidos
comunistas existentes en cada una de las nacionalidades y regiones que
conforman el Estado español, desde la decisión soberana
de sus integrantes y que basan su federación en los principios
de la solidaridad y corresponsabilidad democrática en un
proyecto político común en el conjunto del Estado",
según el artículo 3 de sus Estatutos. Los acuerdos del
XVII Congreso del PCE, por tanto, en modo alguno pueden interpretarse
como una vuelta al centralismo democrático, que daba todos los
poderes entre Congresos a un Comité Central que ya no existe. El
artículo 18, que define al Comité Federal como "órgano superior del Partido entre
Congresos", hay que entenderlo en ese marco, restringido a las
competencias federales y sin pretender sustituir las competencias
propias de los Partidos federados, de los cuáles una central es
la organización de sus propios Congresos para el debate de sus
propios documentos y la elección de sus propios órganos
de dirección.
Pido por tanto que se retire la propuesta de resolución que
plantea sibilinamente la anulación del VIII Congreso del PCA.
Sibilinamente, porque en su apartado II habla de "anulabilidad" y de que de no
corregirse determinados defectos en 30 días el Comité
Federal "se vería obligado a
declarar nulo" (¿volviendo a reunirse?) el proceso
congresual, pero en el apartado III atribuye la dirección del
PCA al Comité Central emanado del anterior VII Congreso, lo que
sólo tiene sentido si se considera nulo el VIII. En caso de no
retirarse por sus proponentes, el Comité Federal debería
pronunciarse previamente sobre la pertinencia de la misma.
En vez de ello, debería hacerse un llamamiento a un acuerdo
político entre las partes, que probablemente debería
conducir a la convocatoria de un Congreso Extraordinario, bien por
iniciativa de la dirección del PCA, bien a petición de
sus organizaciones de base de acuerdo con sus Estatutos. En todo caso,
es fundamental que la resolución del conflicto se realice en el
marco del PCA y no al margen, sino contando con sus organizaciones de
base.
Hay que hacer, en definitiva, un llamamiento a la racionalidad. La
situación del Partido no es tan boyante como para poder
permitirse acentuar la división en su seno, que afectaría
en este caso a una de sus principales organizaciones, tanto por razones
numéricas como históricas. Nuestra responsabilidad ante
las bases del Partido nos exige actuar preservando su unidad y su
futuro.