Voto ponderado en el Consejo

(Ver cuadro de reasignación de votos en el seno del Consejo) (*)

• Se establece una "doble mayoría" (aunque no llamada expresamente de esa manera): cuando el Consejo adopte una decisión por mayoría cualificada, "todo miembro del Consejo podrá solicitar que se compruebe que la mayoría cualificada comprenda como mínimo el 62% de la población total de la Unión. Si se pusiere de manifiesto que esta decisión no se cumple, la decisión en cuestión no será adoptada" (*)
• De esta forma, a partir de 1 de enero de 2005 existirán tres posibilidades de bloqueo:

1. Países que representen 89 votos en contra
2. Países que representen más de un 38% de la población
3. La mitad más uno de países en contra

• Se le otorgan más poderes al Presidente de la Comisión, que "decidirá su organización interna para garantizar la coherencia, eficacia y colegialidad de su acción"; estructurará y repartirá las responsabilidades entre sus miembros, pudiendo reorganizarlos durante el mandato; todo miembro de la Comisión deberá presentar su dimisión si el Presidente, previa aprobación del Colegio, así lo pidiere.
• Cuando la Unión cuente con 27 miembros, se establecerá en el artículo 213.1 TCE que "el número de miembros de la Comisión será inferior al número de Estados miembros. Los miembros de la Comisión serán elegidos con arreglo a una rotación igualitaria" –hasta entonces, la Comisión contará con un miembro de cada Estado miembro (*). (Tras la firma del Acta de Adhesión del vigesimoséptimo Estado miembro, el Consejo decidirá el número de miembros de la Comisión y el sistema de rotación, que será aplicable a partir de la entrada en funciones de la primera Comisión elegida tras dicha Adhesión).

Pasan a decidirse por mayoría cualificada veintinueve cuestiones que anteriormente exigían unanimidad en el Consejo (frente a las 39 inicialmente previstas). Entre ellas, están principalmente:

• nombramiento del Secretario General y Secretario General Adjunto del Consejo;
• Designación del Presidente de la Comisión; adopción de la lista de los miembros de la Comisión; nombramiento de la Comisión;
• Aprobación de la lista de miembros del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones;
• Aprobación del Estatuto del Parlamento Europeo y del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas;
• en materia de Cohesión Económica y Social (desde el 1 de enero de 2007, siempre que para entonces se hayan adoptado las perspectivas financieras 2007-2013 y el correspondiente acuerdo interinstitucional);
• En materia de Asilo e Inmigración (a partir de 2004, sobre la base de líneas generales adoptadas por unanimidad);
• mandato de negociación de la Comisión como representante de la Comunidad en la OMC en materia de política comercial;
• en materia de politica industrial (siempre que no afecte a cuestiones fiscales);
• en algunas cuestiones concretas de politica social y lucha contra la discriminación.

Se suavizan las condiciones para la puesta en marcha de una "cooperación reforzada" entre ciertos Estados miembros, como "contraprestación" al mantenimiento de la unanimidad en muchas materias:

• se elimina la posibilidad de veto ante una propuesta de cooperación reforzada;
• el número de Estados miembros mínimo necesario para desarrollar una cooperación reforzada se mantendrá en ocho aún después de la ampliación;
• podrá tener lugar tanto en el ámbito del Tratado de la Unión Europea (segundo y tercer pilar) como en el marco del Tratado de la Comunidad Europea (pilar comunitario)

• Artículo 189.2 TCE: "El número de miembros del Parlamento Europeo no excederá de 732" (antes se establecía un máximo de 700). (Causa: a la hora de reasignar el número de escaños por Estado miembro, Alemania no quiso renunciar a los 99 que tiene actualmente, por lo que el reajuste tuvo que hacerse "al alza"). (*)
• El Estatuto del PE pasa a ser aprobado por el Consejo por mayoría cualificada, salvo cuestiones relativas al régimen fiscal de sus miembros, que requerirán la unanimidad.
• El Consejo establecerá el estatuto de los partidos políticos a escala europea, y en particular las normas relativas a su financiación (artículo 191 y Declaración relativa al artículo 191).
• Se otorga al PE legitimación activa plena para interponer recurso de anulación ante el TJ (artículo 230 TCE).

• Se incluye al TPI en la redacción del artículo 220 TCE: "El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, con arreglo a sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado".
• Podrán agregarse al Tribunal de Primera Instancia salas jurisdiccionales para que ejerzan, en determinados ámbitos específicos, competencias jurisdiccionales previstas en el Tratado (artículo 225 bis TCE).
• Composición: el Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por cada Estado miembro. Se reunirá por salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas a tal efecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá reunirse en Pleno.
• El TPI estará compuesto por al menos un juez por Estado miembro; el Estatuto deberá fijar el número de jueces, así como la posibilidad de que el Tribunal sea asistido –como el TJ- por Abogados Generales.
• Artículo 225 TCE: se le atribuye competencia general al TPI para conocer en primera instancia de la mayoría de los recursos recogidos en el Tratado (artículos 230, 232, 235, 236 y 238), exceptuándose sólo los que se atribuyan a una Sala jurisdiccional y los que el Estatuto reserve al TJ. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto.
• Además, el Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales creadas en aplicación del artículo 225 bis (en este caso, las resoluciones dictadas por el TPI podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario).
• El TPI será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto. Cuando el TPI considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o coherencia del Derecho comunitario, podrá remitir el asunto ante el TJ para que éste resuelva. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia sobre cuestiones prejudiciales podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.
• Se prevé en el futuro próximo la creación de una Sala jurisdiccional competente para resolver en primera instancia los conflictos entre la Comunidad y sus agentes.

• El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro; se intentará, además, mejorar las líneas de cooperación entre el Tribunal de Cuentas europeo y los nacionales.
• El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones pasarán a tener 344 miembros cada uno.

• Creación de un Comité de Protección Social, de carácter consultivo, para formentar la cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión en materia de protección social (nuevo artículo 144 TCE).
• El DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) pasa a llamarse oficialmente "Diario Oficial de la Unión Europea".

Algunas cuestiones, que no se pudieron o no se quisieron tratar en Niza, serán objeto de una nueva Conferencia Itergubernamental en 2004 (véase Decl. Final):

• El futuro de la Unión Europea (en un sentido político)
• El reparto de competencias entre las Comunidades y los Estados miembros (se busca establecer un catálogo de competencias expreso)
• El valor jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales
• La simplificación o reorganización de los Tratados
• El papel de los parlamentos nacionales en la toma de decisiones comunitarias