Las CCEE poseen cada una de ellas personalidad jurídica de Derecho público en virtud de los Tratados que las han constituido: arts. 281 TCE, 6 TCECA, 184 TCEEA.

• Existen tres personas diferentes, a pesar de la fusión de sus instituciones
• La personalidad jurídica la ostentan las comunidades, no sus instituciones u órganos

• personalidad jurídica privada: pueden disponer de un presupuesto autónomo al de los estados, de un patrimonio, de órganos diferentes, de agentes propios... Aunque sean personas públicas, además, las Comunidades también deben poder hacer frente a las exigencias de su "vida privada": art. 282 TCE: "la Comunidad gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que la slegislaciones nacionales reconocen a las personas ju´ridicas; podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer en juicio" (igualmente, arts. 6 TCECA y 185 TCEEA).

• Protocolo unificado sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades (anexo al tratado de 8 de abril de 1965): las Comunidades gozan en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus misiones: sus locales y edificios son inviolables, sus bienes no pueden ser objeto de medidas de apremio sin autorización del TJ, las operaciones que realizan gozan de exenciones fiscales y aduaneras. Existen también privilegios y exenciones para los miembros de las instituciones, los representantes de los Estados miembros que participan en los trabajos de las instituciones, las misiones de los estados terceros acreditadas ante las Comunidades, y los funcionarios y agentes.

• Personalidad jurídica hacia el exterior: las Comunidades son sujetos de Derecho internacional, lo que implica una serie de capacidades y competencias:

• poder de conclusión de tratados internacionales (se verá en tema 11).
• Derecho de legación activa y pasiva: facultad de enviar representantes ante terceros Estados y OOII, o el derecho de recibir agentes diplomáticos o representantes de otros Estados y organizaciones.
• Participación en organizaciones y conferencias internacionales: arts. 302 a 304 TCE (relaciones con Naciones Unidas, organismos especializados, Consejo de Europa, OCDE...).
• Responsabilidad internacional activa y pasiva: capacidad para hacer valer sus derechos mediante una reclamación internacional y para responder por la comisión de hechos ilícitos o de hechos lícitos causantes de daños en los supuestos de responsabilidad objetiva.

C. Los Estados miembros: sistemas constitucionales y relación con la Unión

Problemas:

• distribución de competencias CCEE / EEMM
• distribución territorial de los Estados
• protección de los derechos fundamentales (jurisprudencia BVerfG)

Antes del Tratado de Maastricht, cada Tratado fundaciones regulaba su propia reforma con algunas diferencias entre los sistemas CECA y CE/Euratom. Tras 1992, se ha unificado el procedimiento de adhesión, que se hace al Tratado de la Unión, del que forman parte el conjunto de Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas y los Tratados que los ha modificado o complementado desde entonces (art. 49 TUE):

"Cualquier Estado europeo que respete los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen.

Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales".

Condiciones:

- Ser un Estado europeo (¿geografía o geopolítica?)

- Ser un Estado democrático (respeto a los principios del artículo 6.1: principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de derecho).

Procedimiento:

Se solicita al Consejo, éste consulta a la Comisión y al PE (procedimiento de DICTAMEN CONFORME por mayoría absoluta de los miembros que lo componen) y resuelve por unanimidad.

Cuando la Comisión da dictamen favorable se inician las negociaciones a través de una Conferencia negociadora, donde se discute el cuándo y el cómo de la adhesión: la obligación del candidato es la de aceptar todo el acervo comunitario, teniendo los mismos derechos y obligaciones que el resto de los Estados miembros, el mismo derecho vigente. Las únicas cuestiones que se pueden separar de este principio general lo son en forma de excepciones eventuales o regímenes especiales transitorios.

El resultado de la negociación se plasma en un Acta de Adhesión, que debe ser aceptada por todos los Estados miembros, dado que supone un nuevo Tratado que reforma los anteriores y amplía "la base constituyente".
 
 

E. Ámbito de aplicación de los Tratados:

1. Temporal:

- El Tratado CECA fue aprobado para un periodo de 50 años (se acaba en el 2002)

- Los Tratados de Roma (CEE/Euratom) fueron aprobados para un periodo de tiempo indefinido.

2. Espacial:

TCE: el artículo 299 no hace referencia a "territorios" de los Estados miembros, sino a los Estados mismos, comprendiendo así la totalidad de los elementos que constituyen el territorio de sus Estados, y añade aquellos territorios no europeos cuyas relaciones internacionales asuma un Estado miembro. Recoge además deterinadas exclusiones y condiciones particulares en relación con las islas Feroe, zonas de soberanía británica en Chipre e islas Áland, islas del Canal e isla de Man. Respecto a España, deben señalarse dos casos especiales en cuanto a la aplicción del derecho comunitario: en relación con los ámbitos comunitarios, Ceuta y Melilla gozan de un régimen especial establecido en el Acta de Adhesión de España a las CCEE. Canarias también ha sido objeto de un régimen especial por el Acta de Adhesión, que las excluía del territorio aduanero comunitario, posteriormente se eliminó esa peculiariedad por Reglamento del Consejo (1991). El procedimiento especial del artículo 299 y la Declaración nº 30 aneja al TUE sobre "regiones insulares" generarán sin duda un régimen particular.

3. Material:

Rige el principio de atribución: las normas constitutivas son las que determinan el fundamento, alcance y límites de las competencias normativas desde el punto de vista material. Las instituciones no pueden adoptar de forma general todos los actos necesarios para realizar los objetivos del Tratado, sino que sólo pueden ejercer este poder en los casos en que los Tratados así lo hayan previsto.

Esta cuestión se ha visto debilitada o difuminada por la jurisprudencia comunitaria (principio del efecto útil, poderes implícitos o principio de paralelismo de las competencias).
 
 

F. El abandono de las Comunidades Europeas

Los Tratados no disponen que los Estados puedan perder su calidad de miembros: no hablan ni del derecho a retirarse ni sobre la posibilidad de una exclusión. De ello parece deducirse que la pertenencia a las Comunidades es definitiva. Este carácter es en cierta medida lógico, pues la integración regional implica que los Estados se comprometen "intuitu personnae". Además, este carácter acerca indiscutiblemente la construcción europea a una construcción federal.

Por otro lado, quizá sería conveniente plantearse la expulsión en casos de crisis como la de la silla vacía: en definitiva, también en las federaciones puede darse una secesión. Esto es sin embargo improbable, porque la integración ha alcanzado ya en muchos campos un "punto sin retorno" que la haría económica y socialmente insoportable; además, el sistema comunitario es lo suficientemente flexible (más ahora, con las cooperaciones reforzadas) como para permitir a los Estados que tuvieran quejas contra la Comunidad hacer presión, dentro de ella, para obtener satisfacciones.

En cualquier caso, en un caso límite, los Estados miembros podrían pactar la salida de uno de ellos o poner fin a las Comunidades. Puede servir como precedente el Tratado que puso fin a la aplicación de los tratados en Groenlandia, que obtuvo en 1973 la independencia de Dinamarca, retirándose de las Comunidades.
 
 

G. Distribución de competencias UE – EEMM
 

Técnica de atribución de competencias

• La CE posee competencias de atribución: desarrolla sus actividades en materias delimitadas por el TCE.
• Sigue el mismo principio que en OOII y que en Estados federales, y distinto al de los Estados unitarios: no posee la "Kompetenzkompetenz".
• El principio general es que la competencia nacional será la regla y la competencia CE la excepción: art. 3 B 1 TCE ("La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna").
• El principio de competencias de atribución hace referencia a competencias funcionales: poderes de acción otorgados a las instituciones para llevar a cabo las misiones de la CE.
• Las competencias por atribución no son necesariamente una lista cerrada de competencias expresas, sino que pueden ser competencias específicas, implícitas y auxiliares.

Competencias específicas (expresas)

• No existe en el Tratado dispoisiciones sobre la atribución de competencias semejante a las constituciones federales (USA, Canadá, Alemania...).
• Tampoco existe una "lista de competencias" o de materias . Sólo se habla de "objetivos a alcanzar", "acciones a llevar a cabo", etc. Por tanto, hay que buscar la solucione sen las disposiciones materiales del TCE (arts. 2 y 3 TCE).
• ¿Por qué este sistema que no separa claramente las competencias de la CE y los EEMM? Por el método funcionalista de los "padres de las CCEE", que buscaban el carácter progresivo y evolucionista de la construcción europea.
• En algunos casos las competencias resultan de la suma de poderes atribuidos, p. Ej., competencia (arts. 85 y 86).
• En políticas comunes, en cambio, la atribución de compentencias se hace sin restricciones sobre actos jurídicos y en sectores económicos enteros (PAC, p. Comercial, transportes...).
• Art. 100 A: armonización de las legislaciones para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. En este caso, las comeptencias normativas son más o menos ilimitadas.
• Todo este sistema conduce al entrecruzamiento de competencias estatales y CE.

• La atribución expresa de competencias no es suficiente para alcanzar los objetivos asignados por los TCE a la CE (arts. 2 y 3). Por eso se establece el artículo 235 TCE. Con este procedimiento y sin revisión de los Tratados, se amplía la competencia funcional de las instituciones y la competencia material de la CE
• Para poder usar esta posibilidad se establecen tres requisitos:

• Se establecer el artículo 235 para la realización del "mercado interior", siendo éste un concepto indefinido y muy amplio
• Exige la unanimidad en el Consejo, y el PE sólo es escuchado.
• Este mecanismo ha permitido avanzar enormemente en el proceso de integración, puesto que aunque exige un juicio de oportunidad y necesidad, las posibilidades que abre son inmensas.
• Traducción práctica:

• Las sucesivas ampliaciones competenciales de los Tratados han devuelto al artículo 235 a su posición marginal inicial, ya que esas nuevas políticas tienen su propia base jurídica ahora.

Teoría del paralelismo de competencias (Sentencia AETR) –> p. 44 Isaac.
 

Relación de competencias nacionales y comunitarias

Competencias reservadas a los EEMM:

• El principio de atribución de competencias implica que las competencias no atribuidas a las CCEE pertenecen a los EEMM. Esto no quiere decir que los EEMM, en sus esferas exclusivas, puedan actuar de espaldas a la CE: artículo 5 TCE.

• Norma: las competencias comunitarias son compartidas generalmente, por lo que los EEMM conservan la competencia legislativa en esos ámbitos, pudiendo comprometerse internamente con terceros países mientras la CE aún no haya intervenido en ese ámbito.
• Es el único modo de obrar en coherencia con un sistema de atribución de competencias hecho por categorías de acciones a llevar a cabo. Además, es el único sistema que soluciona un posible vacío jurídico en esa materia, ya que, aunque no exista legislación CE en esa materia, sí habrá de los EEMM.
• De este modo, mientras la CE no ha ejercido su competencia, los EEMM pueden mantener o adoptar legislación propia. Ej: OCM en un sector: mientras la CE no ha instaurado una OCM en un sector, los EEMM pueden mantener o adoptar normas en ese sector, siempre que no se atente a las reglas de libre circulación de mercancías del TCE y se respeten las obligaciones de cooperación resultantes del art. 5 TCE.
• En el caso de que la CE ejerza la competencia en un ámbito pero no la agote, los EEMM pueden intervenir, pero siempre respetando los TCE y las medidas ya emitidas, es decir, sin poner en peligro el funcionamiento del régimen CE ya existentes.
• Pero si la CE ha agotado con su intervención toda posibilidad de actividad estatal, ésta no debe existir. Si fuera necesario, el principio de primacía del Derecho comunitario lo solucionaría.

El TJCE ha afirmado que ciertos ámbitos son de comeptencia exclusiva de la CE (muy pocos en realidad), aunque la CE no haya ejercido aún sus poderes: política comercial común (Dictamen 1/75), conservación de los recursos biológicos del mar en el marco de la polítuica común pesquera (teramer 3, 4, y 6/76).

Naturaleza de la atribución de competencias

Ejercicio de las competencias:

• Si la CE no ejerce las competencias que le son atribuidas hay dos consecuencias: 1) los EEMM pueden mantener su reglamentación; 2) la competencia de la CE no "caduca", es decir, no vuelve al átmbio competencial estatal.
• Sólo un nuevo TCE puede modificar una atribución comeptencial a la CE.

El TJCE asemeja la "atribución de competencias" a la "transferencia de competencias".

• Costa vs. ENEL : p. 48 Isaac
• Van Gend and Loos: comeptencias= derechos soberanos

Pero no hay que olvidar que las cmpetencias CE son generalmente comprartidas: se trata más bien de un ejercicio en común de la competewncia de lso EEMM en un marco institucional común: el de la CE.
 

H. El principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad

El sistema de ejercicio de las competencias descritas está regido por dos principios: el de subsidariedad y el de proporcionalidad.

Razón: el exceso de celo de la CE en la reglamentación para regular en sus más mínimos detalles el mercado interior.

Se regula así el ejercicio de sus competencias. Estos principios no son principios de atribución de competencias, sino de regulación de su ejercicio.

Principio de subsidiariedad

• Este principio sólo juega en el ámbito de las competencias compartidas. Ya existe en CECA y sobre todo en art. 130 R CE (AUE) : la CE no interviene en materia MA más que en la medida en que los objetivos del TCE puedan ser realizados mejor en el nivel CE que en el de los EEMM.
• TUE: art. 3 B 2: establece una doble condición:

• que la eficacia sea mayor en el nivel de la CE
• que la acción estatal sea insuficiente

• Este concepto es diferente que en el AUE. Éste establecía una competitividad entre los EEMM y la CE: la CE ejercía su competencia si su acción era más eficaz que la de los EEMM (actuando aisladamente), aunque la acción de estos ya fuera eficaz. Sólo se aplicaba el primer requisito descrito. Ahora, además, se exige que la acción de los EEMM sea ineficaz.
• El 3 B se concreta con el A TUE: decisiones adoptadas lo más cerca posible de los ciudadanos.
• El principio implica que la competencia compartida será estatal a no ser que la CE demuestre lo contrario (ella tendrá la carga de la prueba). Formulación negativa.
• El principio de subsidiariedad sólo se aplica, lógicamente, en las competencias compartidas, no a las exclusivas de la CE. Ahí no se platea: la CE tiene la competencia.
• ¿El principio de subsidiariedad es justiciable? Si la subsid. condiciona el ejericio de las competencias, entonces hay que estar al control jurisdiccional de la competencia, sobre todo para medir el error manifiesto de apreciación.
• Resumen: es un principio regulador del ejercicio de las competencias, no un principio de atribución de las mismas. No traza una frontera o una lista entre las comeptencias de los EEMM y las de la CE sino que articula su ejercicio. Permite organizar, para cada ámbito de competencias compartidas, un reparto flexible, en función de muchas circunstancias variables.

Es introducido en un primer momento por la jurisprudencia del TJCE, y después "constitucionalizado" en el TUE: art. 3 B 3 TUE. (leer)

• En la puesta en marcha de una competencia, si la CE puede elegir entre distintos modos de acción, obrará según el que otorgue mayor libertad a los EEMM, a los particulares, a las empresas, si la eficacia es la misma.
• Si ha de actuar imperativamente no se excederá en la reglamentación: preferirá la directiva al reglamento, etc.