¿Cómo se establecen las prioridades en la compra de medicamentos? ¿Qué tipo de regulaciones predominan acerca de la seguridad en el trabajo? ¿Cómo se definen las políticas agrarias y de alimentación? ¿Qué papel juegan los expertos procedentes de instituciones públicas y privadas? ¿Cómo puede la ciudadanía en general intervenir en la regulación de temas con fuertes ingredientes de ciencia, tecnología o medicina? ¿En qué medida las políticas neoliberales de las tres últimas décadas han modificado la relación de fuerzas entre gobiernos y corporaciones? Estas son algunas de las muchas preguntas planteadas en el congreso Pervasive Powers celebrado en París a principios de junio de 2018.

En las conferencias se presentaron muchos casos particulares acerca de pesticidas, productos agroalimentarios, salud pública, medicamentos, industria química, salud ocupacional, etc. Para analizar estas cuestiones se hizo uso de un gran número de conceptos procedentes de las ciencias sociales y de los estudios sobre la ciencia, entre los que solamente mencionaré cuatro por su presencia en los debates: los conflictos de intereses, la captura del saber experto en la regulación, la agnotología y la ciencia no realizada. El primer concepto es el más familiar, por ser común en la discusión acerca del control de los comités de expertos en agencias reguladoras. Se dice que una determinada persona puede tener un conflicto de intereses cuando existe el riesgo de que su opinión experta puede escorarse en la dirección de los intereses de su empleador. Por ejemplo, en el campo de la farmacia, se han producido recientemente fuertes polémicas surgidas al conocerse que varios expertos de la Organización Mundial de la Salud percibían sueldos de grandes empresas farmacéuticas. En 2009, cuando la directora general de la OMS sugirió una posible pandemia de gripe A, la alerta favoreció la compra masiva por los sistemas de salud de productos farmacéuticos que nunca fueron utilizados, al no producirse la supuesta pandemia. Un estudio posterior, publicado en el British Medical Journal, demostró que varias personas del comité de expertos habían percibido ingresos de industrias farmacéuticas, algunas de las cuales estaban implicadas en la producción de estos medicamentos y, por lo tanto, se habían beneficiado de la alarma lanzada por la OMS. Los conflictos de intereses parecen poder resolverse con más transparencia acerca de las actividades de las personas participantes en comités de expertos y mediante códigos éticos de buenas prácticas para minimizar el problema.

Otra forma de abordar el problema, que ofrece una visión más pesimista sobre su potencial resolución, es el concepto de “captura” del saber experto. Las personas expertas pueden ser “capturadas” de muchas formas por las grandes empresas con intereses en la regulación, no solamente mediante relaciones contractuales, sobornos o puertas giratorias. En Estados Unidos, un grupo importante de periodistas emplearon esta idea para referirse a la situación de las agencias medioambientales (EPA) y su creciente sumisión a los intereses de las grandes empresas contaminantes durante la década de 1980. Esta situación es conocida como “captura de la regulación” (“regulatory capture”), cuando una agencia, en principio creada para defender los intereses generales de la población, desarrolla normativas claramente dirigidas a los intereses de un grupo particular como, por ejemplo, la industria del petróleo. Esta situación puede crearse mediante [a] el control del marco de trabajo (los reguladores acaban pensando del mismo modo que la industria) [b] la captación de parte del grupo de expertos mediante mecanismos más o menos legales (empleos, premios, ayudas) o ilegales (tráfico de influencias, compartición de secretos, puertas giratorias); [c] la gestión de los recursos económicos disponibles (mediante programas de becas o subvenciones) para promover estudios favorables a las corporaciones (o minimizar aquellos desfavorables); [d] o la falta de capacidad de respuesta rápida a los problemas, de modo que la inacción permite imponer los intereses de los productores de riesgos frente a los daños causados a las víctimas.

 Otra forma de abordar el problema es ofrecida por la serie de estudios dedicados a la agnotología o la producción más o menos deliberada de ignorancia. El concepto surgió en la década de 1990 a través de los estudios de Robert Proctor acerca de la industria del tabaco, donde mostró la gran cantidad de estrategias de esta industria para minimizar los saberes acerca de la conexión entre tabaco y cáncer: campañas publicitarias con alegorías a la libertad individual, subvenciones a estudios sobre las múltiples causas del cáncer, denigración de las investigaciones de laboratorio o epidemiológicas por su carácter incierto o incompleto. La frase de un gerente de las empresas tabaqueras sirvió para caracterizar una de estas estrategias: “La duda es nuestro producto”. Esta idea fue retomada por Naomi Oreskes y Erik Conway en su libro “Mercaderes de la duda”, donde retrataban una gran cantidad de ejemplos norteamericanos de esta estrategia: la capa de ozono, los efectos tóxicos de los pesticidas, el cambio climático, etc. La característica común de todos ellos fue el empleo de la retórica escéptica para exigir estándares de prueba imposibles de alcanzar y, de este modo, evitar la regulación de la producción industrial. 

Otros autores participantes en el congreso de París de junio de 2018 emplearon el concepto de “ciencia no hecha” (“undone science”), una idea avanzada por diversos sociólogos norteamericanos como Scott Frickel y David Hess. Ha sido empleada, por ejemplo, en el terreno de la medicina ocupacional o la gestión de riesgos laborales en industrias con productos tóxicos como el amianto, el plomo o los pesticidas. En estos casos, existe una gran cantidad de dificultades para probar la relación entre enfermedades profesionales y productos tóxicos. Son raros los casos con una relación causal inequívoca como, por ejemplo, entre el mesotelioma (una forma agresiva de cáncer) y la exposición al amianto. Para establecer estas relaciones resulta necesario invertir en investigaciones de laboratorio y estudios epidemiológicos. No se puede dejar en manos de la industria estas investigaciones porque los resultados positivos afectarían a sus intereses. Y, por otra parte, como se ha visto ya, las agencias estatales o las universidades públicas pueden estar sometidas a diversos tipos de captura, por lo que existen pocos incentivos para avanzar en este terreno. De este modo, la carencia de resultados suficientes puede ser empleado por las corporaciones para crear dudas razonables acerca de los efectos de los productos venenosos en sus trabajadores o en los consumidores. El reciente debate acerca del glifosato, un herbicida cuya licencia ha sido prorrogada a finales de 2017 para ser usado durante varios años más en la Unión Europa, podría ser considerado en este sentido: las pruebas aportadas por las investigaciones existentes acerca de su carácter cancerígeno no fueron consideradas por los reguladores como suficientes para promover su prohibición, frente a los efectos económicos que supuestamente produciría la retirada del mercado de uno de los principales herbicidas.

Es interesante leer, desde estas perspectivas, la reciente respuesta de la Asociación empresarial de fabricantes de productos fitosanitarios en España a un artículo académico publicado en Investigación y Ciencia. Se puede reconocer fácilmente la movilización de prácticas de agnotología como, por ejemplo, la creación de dudas acerca de la credibilidad de agencias y expertos opuestos a sus intereses. También se observa en esa carta la exigencia de ciencia no hecha (o imposible de hacer) para permitir la regulación mediante la demanda de estándares de prueba muy elevados y la denuncia de conflictos de intereses entre sus productores. Mientras que exige tantos requisitos para probar la peligrosidad del glifosato, el autor de la carta considera como totalmente seguros los resultados negativos acerca de su toxicidad, no tanto por un análisis ponderado de su alcance, margen de error y fiabilidad sino, más bien, porque sirven para respaldar la ausencia de mecanismos de control.

Otra de las conclusiones del congreso Pervasive Powers fue precisamente que una de las áreas en la que resulta necesaria más investigación académica son los estudios sociales e históricos sobre ciencia, tecnología y medicina, porque podrían dilucidar si casos como la regulación del glifosato pueden ser comprendidos desde los conflictos de intereses, la captura del regulador, la agnotología, la ciencia no hecha y otros conceptos semejantes. Sería bueno disponer de numerosos estudios para conocer bien qué perspectiva permitiría analizar mejor otras controversias sobre el control de productos tóxicos.  Por otra parte, no es fácil avanzar en buenas prácticas de regulación sanitaria sin una adecuada valoración de las normativas anteriores y su aplicación en casos particulares. Una de las grandes dificultades para este tipo de estudios es la confidencialidad de la información. Muchos de los mejores trabajos realizados en la historia de la regulación del riesgo tóxico fueron posibles gracias fallos judiciales que obligaron a la publicación de información secreta de la industria. Dos ejemplos son los estudios ya mencionados sobre el tabaco de Proctor o el libro más reciente acerca de los peligros sanitarios del plomo de Gerald Markowitz y David Rosen. Ninguno de esos libros se podría haber publicado sin acceder a la ingente documentación producida durante juicios. De ahí que en los últimos años hayan surgido proyectos como Toxic Docs destinados a publicitar este tipo de documentos secretos que permiten estudiar las cuestiones tratadas en este congreso. El acceso a esta documentación es solamente un primer paso para realizar estudios rigurosos acerca de temas complejos que afectan de forma tan decisiva a las sociedades contemporáneas.