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CONSIDERANDO que, tal y como en los textos internacionales se establece, la educación ha de tener por objeto el libre desarrollo de la personalidad humana, que ha de estar encaminada a inculcar y fortalecer el respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como expresamente se dispone en la Declaración universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 -art. 26. 2º-, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Nueva York el 19 de diciembre de 1966 -art. 13. 2º-, la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño -art. 29. 1º-, y de conformidad con la Declaración y Plan de Acción Mundial (decenal, 1994-2003) de Montreal sobre educación en democracia y derechos humanos de 8-11 de marzo de 1993.

CONSIDERANDO que la Constitución española de 1978 ha consagrado dicha concepción en su artículo 27. 2º al disponer que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales",

CONSIDERANDO que este mandato ha sido recogido por las leyes reguladoras de la educación y de la enseñanza como la aún vigente Ley 19/1979, de 3 de octubre, que regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en los centros de Bachillerato y Formación profesional, así como en la Ley orgánica 8/1985 Reguladora del Derecho a la Educación y, especialmente, en la Ley orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo,

CONVENCIDOS de que la violencia, la xenofobia, la discriminación sexual y otras lacras que amenazan las sociedades democráticas y plurales como la española podrían prevenirse por medio de una adecuada formación de nuestra juventud en los principios democráticos y los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana,

CONVENCIDOS de que para alcanzar una formación integral deviene imprescindible el conocimiento por nuestros jóvenes de los resortes del sistema político democrático, como lo son sus procedimientos e instituciones y, en especial, de los principios democráticos y los derechos y libertades y sus garantías,

PREOCUPADOS porque nuestros jóvenes continúan desconociendo en gran medida los referidos fundamentos del sistema político democrático, y lo que es peor, que esta evidencia no ha suscitado particular atención de los poderes públicos, a diferencia de otras de las carencias de nuestro sistema educativo,

ENTENDEMOS que no se han seguido políticas prioritarias encaminadas a incrementar el interés por parte de los alumnos y a estimular la labor de los docentes, que son quienes han de contribuir a la real, óptima y efectiva enseñanza democrática; que son ya preocupantes las sucesivas ocasiones perdidas que hacen de la enseñanza de contenidos democráticos y derechos y libertades una asignatura siempre pendiente para nuestra sociedad,

DADO que todo indica que van a ser reformadas de forma inmediata las normas que establecen los contenidos mínimos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), como del Bachillerato actualmente vigentes (Reales Decretos 1007/1991 -ESO- y 1178/1992 -Bachillerato- ), y conociendo el contenido y sentido del proyecto de tales reformas y

ADVIRTIENDO que las normas que hasta hoy han fijado los mínimos de la educación secundaria no han resultado eficaces y que la reforma emprendida sigue el mismo método de simple reconocimiento de fines sin establecerse medio alguno, es lógico afirmar que siguen sin establecerse los medios para lograr la enseñanza que nuestra Constitución exige, la que garantiza el conocimiento de los fundamentos democráticos y los derechos y libertades y

CONVENCIDOS de que las libertades de la enseñanza que la Constitución garantiza a los centros educativos y a los docentes asegura la plural comprensión y transmisión de conocimientos sobre los principios e instituciones democráticos y los derechos y libertades de la persona,