Constituye pues una verdadera necesidad mejorar la formación y especialización de los profesionales de la Administración de Justicia, de la Seguridad Pública y Privada, de juristas y criminólogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores y educadores sociales que desarrollan o quieren desarrollar su labor profesional en sectores relacionados con la delincuencia y la gestión de riesgos en materia de seguridad.
• Desde la perspectiva académica, conviene proporcionar una formación de alto nivel en una disciplina emergente y con gran desarrollo de presente y futuro como es la Criminología y los estudios de Seguridad, desde una comprensión integral del sistema penal. Los estudios de Grado en Criminología y en Seguridad, que se han implantado ya, deben tener como lógico corolario la implantación de itinerarios de especialización que permitan a quienes se forman en estas materias completar sus estudios y acceder al doctorado desarrollando investigaciones sobre estas materias; no para diseñar una suerte de itinerario académico único de grado y postgrado –contrario al espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior–, sino para posibilitar una formación especializada de alto nivel en estas materias, que podrá culminar la preparación académica de buen número de Graduados en Criminología y Seguridad (que desean completar su formación insistiendo en este ámbito de conocimiento) o complementar, con una especialización rigurosa y de alto nivel en estas materias, la formación de Grado de quienes se hayan titulado en disciplinas afines y manifiesten un interés profesional por la dedicación a estos temas y una capacitación básica para seguir estas enseñanzas.
• Desde la perspectiva científica, favorecer, orientar y aprovechar la dedicación a la investigación en materia de Criminología y Seguridad de quienes han obtenido un título de Grado, sea en Criminología y Seguridad o en materias afines, para potenciar el estudio criminológico aplicado riguroso, contrastado y adecuado a las reglas del discurso científico, debería ser una prioridad, especialmente considerando la utilidad social de estos estudios.
• Desde la perspectiva profesional, la formación de Grado puede resultar una base insuficiente para todos aquellos titulados que acceden al mercado profesional, bien en relación a la Administración de Justicia penal (y a la aplicación de programas de prevención y gestión de la delincuencia, ejecución de sanciones, etc.), bien en tareas de elevada responsabilidad en materia de gestión de la seguridad pública y privada.
Así pues, el plan de estudios que ahora se presenta no sólo atiende a una demanda social (la necesidad de profesionales con formación especializada en estas materias se hace patente), sino que además satisface la necesidad de proyección académica de un nutrido grupo de estudiantes que no tienen a su disposición, en nuestro ámbito geográfico, una formación de postgrado presencial en sus materias de especialidad. Y por otra parte debe destacarse que la Universidad de Valencia ofrece a los estudiantes a través de su Facultad de Derecho un programa de doctorado en Estudios Jurídicos, Ciencias Políticas y Criminología, que requiere naturalmente para acceder al mismo haber cursado previamente estudios oficiales de Máster Universitario. El Máster que aquí se propone completa, pues, un itinerario académico y formativo de forma coherente; y viene a llenar un vacío en la oferta formativa presencial.
