El
inicio del curso escolar vino preñado de malas noticias para nuestra
ciudad. A los recortes del Ayuntamiento de Valencia y otras administraciones
en manos del PP, en materia de equipamientos y dotaciones educativas o
de protección social (cheque de comedor infantil y salario social),
pronto se sumó a principios de septiembre el anuncio de que la Universidad
Popular no contrataría a un tercio de los educadores/as de adultos
que había prometido el curso anterior, y de que se reducía
el número de matrículas de participantes y actividades en
proporción equiparable a esta merma de plantilla.
La voluntad política
del PP municipal de desmantelar la Universidad Popular como servicio público,
mostrada de forma tan palpable con este anuncio de recortes y con la negativa
expresa a cualquier negociación con los trabajadores de este organismo
autónomo municipal, acaba de conocer una nueva expresión
apenas días antes de que venza el plazo anunciado de inicio de actividades.
Así, en una reunión urgente e imprevista con el comité
de empresa, los responsables del área de personal y secretaria del
Ayuntamiento (el concejal de Educación no asistió) acaban
de proponer una nueva oferta de trabajo que sustituye a la que ya parecía
firme, de no volver a contratar a 40 educadores/as de los 117 de la plantilla.
Propusieron a los representantes del personal contratar a toda la plantilla
durante la presente legislatura, pero con una dotación presupuestaria
inmodificable que asciende a la misma cantidad recortada con la que antes
se decía poder contratar tan sólo a 77 educadores/as.
¿A que puede
obedecer este cambio de táctica del gobierno municipal? Como todavía
nadie ha resuelto el misterio de la multiplicación espontánea
de los panes y los peces, es indudable que tal propuesta no trasluce el
menor interés o respeto por los trabajadores/as de la Universidad
Popular, así como por los miles de participantes en las actividades
educativas y culturales que se van a realizar, de acuerdo con una programación
de cursos y talleres que será la misma que el año anterior
pero dotada con una asignación económica un tercio menor.
Todo lo contrario: desmotivar al personal y masificar los centros
ampliando matriculas, a la vez que se recortan los presupuestos, sólo
conduce que a deteriorar este servicio público a la ciudadanía
abriendo el camino para que la iniciativa privada y lucrativa asuma el
relevo.
En un plano mucho
más inmediato y concreto, teniendo en cuenta además que faltan
apenas meses para las elecciones generales de marzo, esta nueva oferta
y cambio de táctica, muestra también que la Sr. Alcaldesa
y el PP en el gobierno municipal han tomado buena nota de las más
de 25.000 firmas ciudadanas que se les entregaron en el pleno de septiembre
exigiendo una solución y futuro dignos para la Universidad Popular,
así como de las concentraciones frente al Ayuntamiento y las manifestaciones
que se han venido realizando durante las últimas semanas con notable
concurrencia. Los responsables políticos municipales han caído
en la cuenta de que dejar en la calle a 40 educadores/as de adultos o “formadores”
y varios miles de participantes habituales en los cursos y talleres de
la Universidad Popular, además con el grado de unidad y cohesión
mostrada hasta ahora, sólo podía redundar que en el incremento
de las movilizaciones y de la presión ciudadana adversa. Por eso
realizan ahora una propuesta que muy bien puede calificarse como la de
las “tres trampas y una debilidad”.
Con esta propuesta,
el PP municipal quiere trasladar su responsabilidad por la prestación
de un servicio público a los propios trabajadores/as de la Universidad
Popular. Si no aceptan las condiciones laborales draconianas que les imponen
serán ellos los culpables ante la opinión pública
de que no comiencen las clases. Pero si las aceptan, igualmente serán
ellos los primeros responsables ante la ciudadanía de la inevitable
merma de calidad en el funcionamiento de los cursos y talleres, así
como los destinatarios directos del malestar que se pueda producir entre
los participantes matriculados ante la falta de medios.
Esta intención
“tramposa”, también presenta un segundo efecto premeditado. Individualmente,
sometidos a la ley de la selva que algunos llaman “mercado laboral”, los
educadores/as (y sus familias) no tienen otra opción que buscar
otro trabajo mejor, lo que colectivamente se traducirá en una merma
paulatina de la plantilla cohesionada que hoy existe. Se pretende, en consecuencia,
dividir al colectivo de trabajadores y disciplinarlo en la sumisión,
pues quienes encuentren un trabajo en mejores condiciones, quienes tengan
mayor conciencia reivindicativa de sus derechos y dignidad como trabajadores,
pronto se irán de la Universidad Popular.
Finalmente, la nueva
propuesta del PP municipal, este chantaje presentado “in extremis” y con
un margen de apenas 48 horas para responder, supone asimismo para los educadores/as
frustrar toda expectativa de promoción, mejora o estabilidad laboral.
Al presionarles para que firmen por cuatro años un contrato “basura”
de 8 meses que les exigirá una dedicación muy superior a
las horas que se les van a pagar, en realidad se está cerrando también
cualquier posibilidad de recurrir a los procedimientos de defensa de los
trabajadores aún no liquidados por la legislación vigente,
como en particular la negociación colectiva o la solidaridad sindical
y de clase. Se persigue aislar a este colectivo imponiéndoles unas
relaciones laborales muy específicas y cegar todo horizonte de mejora
o estabilidad, lo que contribuirá a marginalizar a los trabajadores
y a los propios centros de la Universidad Popular (el dinero previsto para
el año 2004 será el mismo que para el 2005, 2006 o 2007).
En definitiva, estos
aprendices de tahúr municipales, la alcaldesa de Valencia al frente,
con su precipitado órdago acaban de desvelar sus cartas. Temen la
repercusión ciudadana que supondría desmantelar la Universidad
Popular más pronto que tarde, por eso planean un rápido deterioro
bloqueando su presupuesto durante 4 años al menos. Temen la unidad
de los trabajadores y su buena organización, ampliamente mostradas
en las movilizaciones de los meses precedentes y que contaron con importante
apoyo y colaboración vecinal, por eso pretenden ahora dividir a
la plantilla y disciplinarla en la sumisión. Temen, también,
la presión combinada de educadores, participantes o alumnos y vecinos,
a favor de un servicio publico estable y de calidad, por eso quieren imponer
unas reglas de juego (contratos basura devaluados, puede que sorteo entre
los aspirantes a matricularse en los cursos y talleres) que imposibiliten
cualquier mejora en ese sentido favoreciendo, en cambio, el aislamiento
y la marginalidad de estos trabajadores y centros educativos culturales.
Pero, quizás
por estar refugiados en sus altas torres y sillones consistoriales, estos
supuestos responsables y máximos valedores de los intereses públicos
en la ciudad, no han reparado en que los 117 educadores y educadoras de
la Universidad Popular, que ya llevan varias semanas en el paro, tienen
bastante poco que perder. No han reparado, igualmente, que el alumnado
y participantes en los cursos y talleres, así como la ciudadanía
en general tienen sus propios y legítimos intereses, cada vez más
alejados de las directrices políticas antisociales de la derecha
gobernante ¿o acaso pueden impedir que estos hechos y el malestar
consecuente se conozca, crezca y extienda a lo largo y ancho de la ciudad?
Con la nueva propuesta
del PP municipal nada se ha resuelto, quizás termine una batalla
pero la lucha sólo puede que continuar. El problema de los trabajadores
y trabajadoras de la Universidad Popular, las amenazas que se ciernen sobre
el futuro inmediato de este servicio público municipal hace tiempo
que traspasaron los estrechos confines de unas aulas y edificios municipales,
se han convertido en un problema capaz de condensar la inquietud de una
gran parte de la ciudadanía (con pocos recursos) que sigue exigiendo
dignidad y ser tenida en cuenta, que jamás puede renunciar a su
derecho a la educación y la cultura..
Valencia, 9 octubre
2003
(remitit per Antonio
Arnau el 12 de octubre)
