Valencia, viernes 8 de
Noviembre de 2002
COMUNICADO DE PRENSA
El conjunto de profesionales que forma
el Equipo de Medidas Judiciales en Medio Abierto del Ayuntamiento
de Valencia, viene trabajando con menores infractores desde el año
1.996. Este equipo se compone de 4 Psicólogas y 4 Técnicos
Medios, que dedican su esfuerzo a la ejecución y aplicación
de todas aquellas medidas judiciales en medio abierto, impuestas por los
juzgados de menores (Libertades Vigiladas; Permanencia de Fines de Semana
en Domicilio; Prestaciones en Beneficio de la Comunidad; Tareas Socio-Educativas;
Tratamiento Ambulatorio; Asistencia a un Centro de Día y Convivencia
con una Persona o Grupo Educativo), con un ámbito de actuación
que comprende toda la ciudad de Valencia.
Nuestra tarea se enmarca dentro de
la nueva ley penal para menores (Ley 5/2000 ) y desde entonces constatamos
que no aparece acompañada de una voluntad política seria,
así como de recursos y financiación necesaria para su correcta
aplicación.
Al mismo tiempo nos sorprende constatar
en las últimas semanas que en los medios de comunicación,
aparece reflejado constantemente, una clara mención a la situación
de la delincuencia juvenil valenciana, así como a su comparación
con el resto de comunidades autónomas. Parece ser que el incremento
más grande este año viene dado en la Comunidad Valenciana.
Datos que no parecen coincidir y se contradicen con la actitud del Ayuntamiento
de Valencia.
El Ayuntamiento de Valencia ha decidido
en la Comisión de Gobierno con fecha de hoy, viernes 8 de Noviembre,
dar continuidad al trabajo del equipo, pero contando con un profesional
menos. Y toma esa decisión sin basarse en ningún criterio
técnico ni en ningún dato basado en la realidad. Simplemente
en función de un criterio economicista, propio de la época
que vivimos, es decir la de desmantelar el sistema de protección
social. Todo ello viene a sumarse a la falta de aplicación del convenio
que regula nuestra profesión por ley y que debía de haberse
puesto en marcha desde enero del presente año agravando con ello
la precariedad laboral de este equipo ( I Convenio Colectivo para Empresas
de Atención Especializada en el Ámbito de la Familia, Infancia
y Juventud en la Comunidad Valenciana, publicado en el DOG el 13 de
Febrero de 2002).
Nos sorprende tales actitudes por
parte de la Administración Pública y del Ayuntamiento de
Valencia en concreto, que por otra parte no dudan en anunciar a los 4 vientos
su interés por atajar el problema de la delincuencia. Es decir que
no se corresponde el discurso empleado con las actuaciones.
Más todavía sabiendo
que el recorte del equipo de profesionales que trabaja con menores delincuentes
en la ciudad de Valencia, va a suponer un descenso en la calidad de atención
y una disminución de la capacidad de respuesta al fenómeno
de la delincuencia juvenil, una desatención en determinados barrios
de Valencia que se verán privados del servicio, así como
una indefensión de aquellos menores judicializados que van a ver
mermados sus derechos a una asistencia psicológica necesaria para
su rehabilitación e integración social.
Es por ello que con esta situación
no podamos asegurar los índices de éxito que venimos acumulando
con el paso de los años y la metodología empleada. Hasta
ahora hemos logrado que el 60 % de los jóvenes que han pasado por
nuestro servicio no reincidan y normalicen su situación.
Con toda esta situación nos
vemos en la obligación de dar a conocer esta realidad a la ciudadanía
valenciana y de apostar por una correcta aplicación de la ley del
menor así como dotar de los recursos necesarios para la prevención
y tratamiento de la delincuencia juvenil.
Fdo:
EQUIPO DE MEDIDAS JUDICIALES EN
MEDIO ABIERTO
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
