9 de octubre de 2000, módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real, Madrid. El pasado jueves, a la una de la madrugada, un grupo de encapuchados entró en mi casa encañonándome e identificándose como policías. Con un papel que les permitía legalmente hacerlo, me secuestraron y llevaron a 150 km/h a Madrid, a un lugar indeterminado que al día siguiente supe que era la Jefatura de Investigación de la Policía Nacional. Fui trasladado a la Audiencia Nacional de calabozo a calabozo, incomunicado y sin poder avisar a la por entonces suponía desesperada familia.

Cuando la secretaria del Juzgado me informó, mi sorpresa fue que había sido detenido junto a ocho personas más, acusado de pertenencia a banda terrorista. Sin juicio alguno he sido fichado, he rellenado infinidad de veces papeles con mis huellas, he sido fotografiado, y en todas aparece el epígrafe «pertenencia a banda terrorista». La acusación es: ser miembro de ETA por haber promocionado la desobediencia civil para la construcción nacional.

Siempre he pensado que la reforma del franquismo supuso la creación de un régimen tan sólo pseudodemocrático, pero he vivido en carne propia la confirmación de que este régimen está sufriendo una involución hacia posiciones totalitarias. El Estado español avanza hacia una situación en la que no hay separación de poderes. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial funcionan al unísono.

De este modo se entiende en mi caso, por ejemplo, que a pesar de que mi actividad socio-política, tanto en Lizarra-Garazi como en Autodeterminazioaren Biltzarrak (ABK) ha sido pública, a pesar de que todas las propuestas las hemos hecho ante los medios de comunicación, por orden del señor Garzón y aplicando una legislación de excepcionalidad, en lugar de ser llamado al Juzgado provincial fuera nocturnamente llevado a Madrid para oir una retahíla de falsedades que me han llevado a prisión.

En comisaría supe que había sido seguido y espiado durante al menos un año y medio. Que mis conversaciones habían sido grabadas y mis pasos archivados. Y que, aunque como no puede ser de otra forma, no hay ni una sola prueba que me relacione a ETA o EKIN, la fiscalía y el juzgado me acusan y encarcelan como miembro de ETA.

La tesis es que yo, aun no habiendo prueba objetiva alguna que me identifique como militante de grupo armado, por haber impulsado la desobediencia civil para la construcción nacional soy no ya colaborador sino miembro activo de ETA. Según la fiscalía aceptada por el juez Garzón: «Toda persona que apoya la construcción nacional coincide con los objetivos de ETA, y por lo tanto está a sus órdenes y en ese caso es considerado miembro activo de ETA».

Según esta tesis, que ha supuesto mi encarcelamiento, todos lo abertzales somos miembros de ETA, estemos en contra o no de la lucha armada. De este modo, como según dicen las encuestas al menos el 33% de la población vasca es independentista, la Audiencia Nacional debería juzgar a más de un millón de vascos y encarcelarlos.

En concreto se me identifica como «responsable» de ABK, grupo que como se ha declarado siempre públicamente, promociona la desobediencia civil no violenta por la soberanía. De nuestra actividad política el auto judicial afirma que la promoción del carné vasco es la prueba de nuestra vinculación a ETA. Para el señor Garzón todos los que poseen el llamado ENA y todos los que hemos rellenado la solicitud a Udalbiltza (más de 50.000), colaboramos con ETA.

Mi encarcelamiento y el de otros encarcelados conmigo, son el paso temido que la justicia española y el Gobierno avisaron que iban a dar. La persecución penal no se limita al grupo armado y «entorno», sino que pasando los límites de la izquierda abertzale quiere criminalizar a todo abertzale.

Mayor Oreja y Garzón saben que ni yo, ni ABK, ni otros encarcelados el mismo día, tenemos relación con ETA o EKIN. Conocen perfectamente, ha habido seguimientos, que nunca he militado en la izquierda abertzale, que mi actividad socio-política ha sido siempre pública, que he militado en movimientos exclusivamente no violentos, que en efecto soy independentista, promulgo la desobediencia civil, pero que no comparto que la libertad de Euskal Herria se consiga sin respeto a los derechos humanos.

Todos mis artículos, todas las comunicaciones y ruedas de prensa de ABK insisten en la necesidad de un nuevo marco y del respeto inmediato a todos los derechos humanos; sólo apoyamos métodos pacíficos. Pero es precisamente lo que el Gobierno Aznar quiere castigar.

El auto de nuestra detención abre la puerta a la detención de todo abertzale y quiere cerrar la puerta a las vías pacíficas porque el Estado español quiere que siga existiendo un conflicto violento, que ETA siga actuando, porque en un conflicto con expresiones violentas el Estado siempre será más fuerte.

El auto quiere amedrentar a todos los abertzales, castigar a los más activos y evitar que la izquierda abertzale tenga margen de maniobra, para obstaculizar que evolucione hacia la lucha no violenta. Ese es el objetivo político de nuestra detención y no otro.

Desde la cierta legitimidad que me da estar preso por motivos políticos solicito a la sociedad vasca compromiso, a mis compañeros de la permanente de Lizarra-Garazi que activen el Acuerdo, a todos los independentistas que unifiquemos un proyecto de reconstrucción nacional y social, a todos ayudar a repatriar a los presos, y a ETA un segundo alto el fuego que dé opción a las fuerzas civiles.