El juez Garzón encarceló a Sabino,
Iñaki, Mikel, Karlos y Patxi, miembros de la Fundación Joxemi
Zumalabe y ABK. En España es delito la militancia activa en los
movimientos sociales vascos, la reflexión sobre la utilización
de vías pacíficas como la desobediencia civil, es delito
cualquier cambio social y político que se pretenda fundamentar en
la única voluntad de la ciudadanía vasca.
No voy a decir nada nuevo. El ciudadano juez
Garzón ha encarcelado a mis amigos por
haberme ofrecido la oportunidad de escribir y
decir públicamente lo que sigue. Como
homenaje a ellos, y para que cualquier despistado
se entere de lo que es y no es delito en
este régimen, insisto traduciendo
un resumen al castellano en lo que dije en la ponencia
que presenté en el II Topagune de los
movimientos populares vascos, organizado por la
iniciativa de grupos sociales «Herria Mugi!»
bajo el patrocinio de la Fundación Joxemi
Zumalabe:
«La desobediencia de los Pueblos: La necesidad de un poder acorde
al Demos querido. No
hay democracia si previamente no se define un pueblo o demos, pero
desgraciadamente no
todos los pueblos tienen la oportunidad de definir un espacio propio
para su democracia.
Ese espacio democrático se identifica casi siempre con un Estado
creado por la fuerza, de
forma que es el propio Estado el que determina quién es el pueblo
al que corresponde, al
menos teóricamente, el autogobierno democrático soberano.
Además de esos pueblos conformados por la voluntad estatal, existen
otros pueblos basados
en un sentimiento comunitario que da lugar a un «nosotros»
político diferenciado (nación),
que no están dispuestos a admitir un poder político que
provenga de un sujeto político
mayor, generalmente identificado con un pueblo conformado por un Estado.
Ese rechazo adopta históricamente diversas formas, incluida la violencia.
En otras ocasiones, sin embargo, esa comunidad política nacional,
en nombre de una
democracia adecuada al espacio personal y territorial que se considera
propio, desobedece
las leyes del Pueblo o Estado mayor, dando lugar a la «desobediencia
soberanista». En vez
de responder con la violencia, en nombre de una democracia «localizada»,
se produce una
desobediencia colectiva de las normas del estado democrático
que en ese mismo acto
proclama «un espacio propio de poder, decisión y obediencia».
Cualquier pueblo que desee formar una comunidad política soberana
tiene un derecho
indiscutible a autodeterminarse. Y si un sujeto político mayor,
por muy democrático que sea,
vulnera ese derecho y quiere someterlo a su poder, es perfectamente
legítimo el recurso a
la desobediencia. Cuando están en juego diversas identidades
colectivas, no se puede
apelar al principio de la mayoría en la entidad mayor (Habermas).
En nuestro caso, el pueblo que se autodefine como pueblo vasco no acepta
el poder de una
mayoría que no surge de sí mismo, y reivindica un espacio
democrático propio. Este es el
contenido esencial de la democracia vasca.
Por eso es inevitable la opción entre una democracia en espacio
vasco (poder, decisión y
obediencia), y una democracia en los espacios estatales, francés
y español. La discusión
esencial estriba en el origen mismo del poder político: si existe
o no un espacio de poder y
decisión vasco sin límites previos. Todo lo demás
es literatura, y como tal, negociable.
La justificación de la desobediencia soberanista que también
apela a los mismos principio
éticos, políticos y jurídicos que la desobediencia
civil clásica, goza además de un plus de
legitimación. En nuestro caso, el pueblo que quiere ser dueño
de su destino al reivindicar su
derecho frente a las mayorías estatales lo hace en nombre de
la mayoría de la ciudadanía
en el espacio territorial considerado propio. Por ello, a diferencia
de lo que ocurre en muchas
ocasiones con la desobediencia civil clásica, la desobediencia
soberanista vasca se realiza
en nombre de una mayoría a la que no se da cauce político
eficaz.
Formas de desobediencia. Lo que es y no es desobediencia. Hacer lo
justo aunque la ley lo
prohíba, y no cumplir lo que manda la ley si es injusto.
Como vimos, en esto se basa la desobediencia. En este sentido, cualquier
violación de la ley
pudiera ser considerada como un tipo de desobediencia. Ciertamente
es así, pero no
podemos olvidar que en las actuales sociedades democráticas
la desobediencia se compara
siempre con otras actitudes ilegales, y que entre ellas, la desobediencia
ha adquirido una
superioridad ética evidente. Con ello se quiere decir que tanto
o más que acción, la desobediencia es discurso, un discurso
que proclama la necesaria supeditación de la ley a la justicia.
Por eso
la desobediencia debe cuidar especialmente su dimensión ética,
o dicho de otro modo, lo
que en una sociedad concreta se considera moralmente aceptable.
La coherencia ética entre una forma de lucha política
y un discurso moral que emociona a
la mayoría social puede ser un instrumento muy eficaz para cualquier
pueblo que desee ser
dueño de su destino.
A lo largo de los siglos la desobediencia vasca ha adoptado diversas
formas, y en general
las rebeliones históricas no son fácilmente encuadrables
en lo que hoy denominamos
«desobediencia civil»: acciones públicas no violentas
con asunción anticipada del castigo. Si la desobediencia vasca ha
sido usualmente violenta y clandestina, ello se debe a que el carácter
violento del sistema no dejaba otra opción. No obstante, en muchas
ocasiones, la reivindicación de la identidad vasca ha aprovechado
los resquicios y contradicciones de los sistemas políticos estatales.
Esta
es la vía que hay que potenciar. En la situación actual,
sobre todo desde que los estados que soportamos han adoptado formas democráticas,
las acciones englobadas bajo el título desobediente pueden ser especialmente
eficaces, en tanto en cuanto mantienen la coherencia entre medios y
fines y permiten conjugarla con los principios éticos dominantes
en la sociedad vasca.
La cuestión de la eficacia no es sencilla, sin embargo. En comparación con otros instrumentos de acción política, la desobediencia busca un cambio de actitud en la gente, algo difícil de mensurar. La violencia, por su parte, coloca el conflicto en el primer lugar de la agenda política y condiciona las estrategias de todos los actores sociales. Su nivel de eficacia es más fácil de medir.
No obstante, no podemos olvidar que una vez asumido que la solución
final al conflicto
político depende de la voluntad de la sociedad vasca, la
estrategia desobediente puede ser
una forma de lucha mucho más adecuada.
Cada vez en mayor medida, las acciones realizadas entre las expresiones
estrictamente
violentas y las estrictamente legales, son consideradas acciones desobedientes:
el rechazo
de los beneficios que ofrece el sistema (no a las selecciones españolas),
la no cooperación
(no al jurado popular), la resistencia, las expresiones obstaculizadoras
o de sabotaje (los
solidarios, las «giraldillas»...) Todas son acciones desobedientes.
Acciones que disuelven los obstáculos éticos de las
acciones violentas, y que superan los
límites y la falta de eficacia de los instrumentos políticos
institucionales.
La desobediencia debe ir robando espacio a los medios convencionales,
tanto a los
violentos como a los estrictamente legales. Y para ello es preciso
establecer taxativamente
los límites de la desobediencia, pues esa es la forma de rentabilizar
la potencia que atesora:
que no me impongan por la fuerza la obediencia a un poder político
que no comparto, que
me permitan crear sin obligar a nadie un poder político que
quiero obedecer. Este debiera
ser el discurso fundacional de la desobediencia soberanista.
Una cuestión distinta es la relativa al grado de compatibilidad
entre formas de lucha
desobedientes y convencionales dentro de un mismo movimiento político,
o simplemente
entre todos los que comparten los mismos objetivos soberanistas.
No olvidemos que para la extensión de un movimiento social desobediente,
tan
malos
pueden ser la violencia como el simple voto irresponsable o el delegacionismo
político».
Si por escribir o impulsar estas ideas España
castiga con la cárcel, van a
tener que encarcelar a la mayoría de la
ciudadanía vasca. La autoinculpación
ya está en marcha.
Veure també
"Contra la criminalización de la desobediencia
pacífica", de Patxi Azparren.