Universidad pública. Re-pública. Internet público. Cualquiera de éstos podía haber sido tema de un artículo centrado en "lo público", cuando la crisis del capitalismo dispara la bancarrota de "lo privado". Y la actualidad del debate sobre el llamado "proceso de Bolonia" me incitaba a tratar sobre la reforma de las titulaciones universitarias. Pero hace 2 años, en septiembre de 2006, ya salió en esta sección un artículo sobre "Bolonia e Internet" cuyo contenido mantiene su vigencia. Si no tenéis el Mundo Obrero de entonces a mano, podéis releerlo en http://www.uv.es/pla/mo/06agosto.htm . Un tratamiento más a fondo requiere un análisis de clase del movimiento estudiantil frente al proceso de Bolonia, pero me desviaría del tema de Internet propio de esta sección. Lo redacto y envío a Mundo Obrero por separado, pero independientemente de su publicación en papel podéis consultarlo, gracias a Internet, en http://www.uv.es/pla/mo/boloclas.htm

Voy a centrarme pues en el tema de Internet como servicio público. Incidíamos ya en este tema en los artículos de octubre sobre desprivatización de las redes y de noviembre sobre Wi-Fi pública. Pero vamos a profundizar en ello: no se trata sólo de defender la "neutralidad" de Internet respecto a los proveedores privados de contenido, ni el derecho de los municipios a prestar servicio gratuito de Internet. Se trata de reconocer el acceso a Internet como un derecho subjetivo individual de carácter universal, como el derecho a la educación o a las prestaciones sanitarias, y por tanto un derecho que debe ser garantizado por los Estados, proporcionando acceso gratuito a Internet a toda la ciudadanía, como un instrumento básico para hacer efectivo el derecho a "recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas", que reconoce el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

Ello exige, claro está, la desprivatización de la red de telefonía fija y/o la extensión a todas las zonas urbanas de un Wi-Fi público y gratuito, con una garantía legislativa que impida la obstrucción de la "Comisión del Mercado de las Comunicaciones". Ello no supone necesariamente la supresión de las empresas privadas de telefonía y servicios inalámbricos, pero sí reducirlas a un carácter complementario o subsidiario: aunque el Estado deberá proporcionar un acceso a Internet de calidad, quien quiera utilizarlo básicamente para descargarse películas puede preferir recurrir a operadores privados que proporcionen una mayor amplitud de banda. Pero dichos operadores de ningún modo han de poder reclamar contra la supuesta competencia del Estado, cuyos servicios públicos han de situarse por encima de la esfera del mercado.

Destaquemos también que el acceso universal a Internet es un componente esencial de una "sociedad de la información" con un desarrollo sostenible basado en la investigación científico-técnica y no en el consumo desmesurado de energía y materias primas. Y que la solidaridad internacional debe alcanzar también al apoyo de la extensión del acceso s Internet a todo el planeta, como base para un desarrollo armónico y equilibrado del mismo.