Durante el mes de febrero de 2019 se celebraron en el Instituto Interuniversitario López Piñero un conjunto de conferencias relacionadas con los riesgos de los tóxicos en el mundo laboral. Fue un ciclo que forma parte del proyecto "Vivir en un mundo tóxico" (HAR2015-66364-C2-2-P) y que recibió el apoyo de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, por lo que las conferencias fueron transmitidas a través de plataformas online. Se continuó así una larga serie de actividades relacionadas con la gestión del riesgo tóxico, muchas de las cuales, al igual que las mencionadas, se pueden todavía consultar a través de la web. En este nuevo ciclo, las tres primeras conferencias estuvieron a cargo de investigadores procedentes de la historia y la sociología de la ciencia. Emmanuel Henry, profesor de la Université Paris-Dauphine, autor de un estudio acerca del escándalo del amianto en Francia durante los años noventa, presentó las ideas de su nuevo libro en el que estudia los procesos de creación de ignorancia acerca de los tóxicos y los mecanismos que intervienen en la falta de acciones públicas para contrarrestar los efectos nocivos sobre las clases trabajadoras y más desfavorecidas. Más que en los procesos más o menos conscientes, Henry se centró en las estructuras institucionalizadas causantes de la invisibilidad de las enfermedades del trabajo. Buscó las causas de una escandalosa realidad: de los 40.000 casos de cáncer que podrían estar motivados cada año por la exposición a productos tóxicos en el trabajo, solamente 300 reciben una compensación. Un porcentaje muy pequeño de las mismas son reconocidas como tales y los sistemas de compensación provocan que la investigación médica, cuando existe, se vea contrarrestada por la negociación económica, en un contexto claramente desequilibrado, que prima el dinero sobre la salud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación descrita por Henry se produce con especial virulencia en el contexto de los trabajos del campo. Diversas condiciones empeoran la situación: la alta temporalidad del trabajo, la presencia de mano de obra migrante, las condiciones duras de la actividad agrícola y la escasa conciencia frente a los peligros de los pesticidas. Nathalie Zas mostró las diversas regulaciones acerca de los productos empleados en el campo, desde las leyes de mediados del siglo XIX que prohibían el empleo de arsénico en las labores agrícolas, hasta su incumplimiento a principios del siglo XX con la llegada de los nuevos pesticidas arsenicales, todo ello a pesar de las alertas de instituciones médicas prestigiosas. De este modo, los pesticidas entraron de forma masiva en la agricultura francesa sin que la salud de los campesinos desempeñara un papel importante en las regulaciones iniciales. La más importante, surgida en los años de la ocupación alemana bajo el régimen de Vichy en la II Guerra Mundial, tuvo como objetivo principal asegurar la calidad y la efectividad de las mezclas de pesticidas, garantizando así su carácter inocuo para las plantas, sin establecer medidas de control para estudiar los efectos en la salud de trabajadores o consumidores. De este modo, ante la ausencia de programas de recogidas de datos y de estudios epidemiológicos, el envenenamiento del mundo rural se produjo de forma persistente e invisible, sin dejar apenas rastros en los archivos. Se añadió así una agresión lenta, insidiosa y, en muchos casos, mortal a otras violencias propias del productivismo capitalista en la agricultura.

La tercera conferencia fue impartida por Arthur McIvor y estuvo centrada en las enfermedades de las personas trabajadoras de las minas, en particular las neumoconiosis producidas por la inhalación del polvo. Muchas de estas enfermedades (particularmente la silicosis) eran bien conocidas al principio del siglo XX, gracias a estudios epidemiológicos como los realizados por Charles Flechter que dirigió tras la segunda guerra mundial la Pneumoconiosis Research Unit en Gran Bretaña. También hubo avances pioneros en materia de legislación laboral, con normativas británicas introducidas en las primeras dos décadas del siglo XX. Los sindicatos también desempeñaron un papel muy importante para visibilizar el problema y reclamar compensaciones. Las regulaciones y la gran cantidad de saber médico acumulado no fueron suficientes para erradicar el problema. En 1956, un médico británico estimaba que podrían haber alrededor de 2 millones de trabajadores británicos afectados en todas las industrias. Todavía hoy sigue siendo un problema global. La OMS calcula que podría producir alrededor de un cuarto de millón de víctimas cada año. McIvor, que es director de un centro dedicado a la historia oral escocesa, se ha preocupado por recoger y comprender el testimonio de las víctimas.

A través de las entrevistas Mc Ivor ha podido reconstruir las prácticas empresariales que permitieron este envenenamiento masivo, en muchos casos con la pasividad o la connivencia de instituciones del estado británico, que fue un tiempo propietario de las minas. La producción fue el objetivo perseguido, mucho más que preservar la salud de trabajadores y sus familias. Las regulaciones fueron en muchos casos ignoradas o incumplidas. Los trabajadores padecieron no solamente las minusvalías sino también los estigmas asociados con las enfermedades, agravadas por las crisis económicas de los años setenta, la violenta reconversión de los ochenta, la derrota del movimiento minero y la disolución de las identidades obreras forjadas en las minas. Y, a pesar de ello, McIvor ha rescatado a través de las voces de las víctimas diversas formas de resistencia que han dado lugar a estructuras organizativas y movimiento de protesta de largo alcance. Como director del Scottish Oral History Centre, McIvor mostró así las ventajas de la historia oral como fuente para elaborar una historia de los tóxicos.

Finalmente, la mesa redonda final estuvo dedicado a tres casos judiciales más o menos recientes: el síndrome Ardystil, el amianto en los astilleros de Valencia y las enfermedades profesionales producidas por el uso de pesticidas. En este último caso, todavía en vías de resolución judicial, una persona que trabajó durante muchos años en ensayos de pesticidas desarrolló enfermedades aparentemente relacionadas con esa exposición a los tóxicos. Como en otras ocasiones, la dificultad consiste en establecer un vínculo causa entre exposición y enfermedad. En el caso del amianto la relación es más sencilla al existir un tipo de tumor (mesotelioma) que está directamente relacionado con el tóxico. A pesar de ello, las víctimas, que en este caso pertenecen a un astillero (Union Naval de Levante) en el que se trabajó con amianto, tienen muchas dificultades para poder obtener una compensación razonable por los terribles daños causados. En el coloquio uno de los trabajadores abordó el problema del peso de la prueba que recae sobre las espaldas de las víctimas. ¿Por qué esperar a caer enfermos de una enfermedad mortal y además tener que probar la relación causal con el tóxico? ¿No bastaría con mostrar que la empresa había sometido a los trabajadores a riesgos innecesarios? ¿Acaso no toneladas de estudios médicos desde hace décadas en torno a los problemas para la salud causados por el amianto? El caso es un ejemplo de otros muchos que estan apareciendo en los últimos años, ahora ya transformado riesgo para la salud pública de toda la población.

 

En el caso del síndrome Ardystil la situación era todavía más compleja. Apenas se conocían datos de esta afección pulmonar que en 1992 causó la muerte de seis trabajadores y dejó más de un centenar de afectados en ocho fábricas de aerografía textil de la comarca del Alcoià-Comtat en la provincia de Alicante. El conjunto de síntomas experimentados fue variado, como también lo fueron los productos, los modos y los tiempos de exposición. La dispersión y el pequeño tamaño de las empresas, junto con la temporalidad y la ausencia de organizaciones sindicales, hizo muy difícil la recopilación de datos epidemiológicos para sustentar las demandas, más allá de los seis muertos reconocidos y las más de 125 personas afectadas, en ocasiones con secuelas muy graves. La falta de investigación en los orígenes de la enfermedad hizo casi imposible obtener compensaciones de forma colectiva. La crisis del empleo hizo que muchas personas prefirieran la exposición al tóxico frente a la permanencia en el paro. El capitalismo salvaje, apuntó uno de los participantes, obliga a las clases trabajadoras a elegir entre la pobreza y la enfermedad.

Los casos señalados apuntan toda una serie de problemas graves en la gestión del riesgo de los productos tóxicos. El número de productos es creciente, muchos de ellos entran en las industrias sin estudios suficientes acerca de su toxicidad y, en los casos que se conocen, las normas de seguridad suelen ser laxas o se incumplen de forma sistemática, bajo el mandato del beneficio a corto plazo.Todo ello hace que el riesgo para los trabajadores sea difícil de controlar. Tal y como apuntaron historiadores y abogados, el sistema de compensaciones es claramente insuficiente e injusto porque se activa solamente cuando los daños son ya inevitables. Parece que el planteamiento general favorece que los beneficios económicos de unos pocos se antepongan a la salud de la mayoría, no solamente del personal que trabaja en la industria, sino también de sus familias y de la población en general, dado que muchos tóxicos industriales o agrícolas  (como el amianto o el lindano) acaban posteriormente transformados en riesgos para la salud pública o para el medioambiente. El problema es además persistente en el tiempo. Sin apenas coste ni responsabilidad legal para sus causantes, el legado tóxico del siglo XX seguirá pesando durante mucho tiempo en la vida de futuras generaciones. Además de ofrecer un panorama amplio sobre las muchas cuestiones implicadas, este nuevo ciclo "Tóxicos en el trabajo" ha servido para confirmar la necesidad de tomar decisiones urgentes para acabar con este envenenamiento criminal y silencioso que castiga a las clases más desfavorecidas de la sociedad.