Respecto de la reforma del Decreto que regulaba la ESO, entre los trece objetivos de la ESO que se fijan en el Decreto se hacen tres referencias más o menos relativas a los principios democráticos y los derechos humanos (letras g, i, l)

En los anexos se establecen las dotaciones horarias de las disciplinas (anexo dos) y, de especial interés ("Aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria"). Curiosamente, en la distribución de las horas y disciplinas, no se incluye la "Ética" que es donde se integran los pocos contenidos relativos a derechos humanos y principios democráticos. (ver anexo uno ESO en este mismo documento, cuadros horarios "olvidan la décima disciplina de "ética".

Respecto del Bachillerato, la reforma dice adecuarse a las necesidades tras los estudios de seguimiento del Bachillerato. Se amplia la Filosofía impartiéndose el extendido currículo en dos cursos.

1) ESO

Como sucede en la LODE y la LOGSE, las declaraciones genéricas a favor de una educación democrática son constantes en los contenidos mínimos, pero los medios concretos por los que hacer efectivas tales declaraciones más que escasos. Las enseñanzas relativas a la materia, de por sí escasas, se fijan en el último momento del curso, (en Historia, y sólo en uno de los cuatro cursos)por lo que cabe pensar que no llegan a impartirse. En otros supuestos (en el curso de Ética, último año), el horario ni siquiera está garantizado y si bien las proclamaciones son, una vez más, del todo positivas a favor de la enseñanza y formación de valores democráticos y derechos y libertades, las unidades didácticas fijadas sobre la materia son mínimas.

2) Bachillerato

En el Bachillerato es en Filosofía e Historia donde se dan mínimas referencias a los derechos y libertades y los valores democráticos como contenidos de la enseñanza.

A la asignatura de Filosofía se le ha dotado de mayor relevancia y se desdobla en Filosofía I y II en dos cursos diferentes. Y es en Filosofía I donde se proclama el objetivo de que el alumno valore los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia pacífica. Una vez más, es en el último bloque temático y las últimas unidades temáticas donde se contiene alguna referencia genérica a las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado y se reflexiona sobre "cuestiones relacionadas con el Derecho y la Justicia, decisivas en una sociedad democrática". En Filosofía II la atención de los principios democráticos y los derechos y libertades es del todo indirecta, al tratarse de Historia de la Filosofía).

En Historia, tanto de España como Contemporánea, se dan , de nuevo, ampulosos propósitos y declaraciones relativos a los principios democráticos y los derechos humanos. Ahora bien, más allá de los fines, sólo el último (16º) de los dieciséis bloques temáticos es el relativo a "La España democrática". En Historia contemporánea el fenómeno se repite e incluso se agrava, en el último bloque (también 16ª) se hace una mera referencia en uno de sus epígrafes -también el último, a la "democracia y derechos humanos".

Así pues, pese a la ampliación de filosofía en Bachillerato se dan los mismos y perniciosos efectos que en la ESO: ampulosas declaraciones en las introducciones y propósitos de las asignaturas y práctica inexistencia de contenidos relativos a los principios democráticos y los derechos humanos.

3) En conclusión

como ya sucediera con los anteriores planes de humanidades, la presencia de conocimientos relativos a los resortes básicos del sistema político democrático son mínimos, y lo que es peor, pese a los formales enunciados todo conduce a pensar que tales contenidos ni se llegan a impartir en muchos casos, por situarse al final del curso o por no garantizarse el horario de la asignatura. Y todo ello sin perjuicio de la formación específica en la materia de los docentes (de Historia, Filosofía y de Ética) que imparten la asignatura sin formación constitucional. Este fenómeno genera dos dinámicas: una, que de forma "natural" el docente eluda contenidos sobre los que no se cuenta con la misma formación que en otros de la asignatura mas "naturales" a la disciplina propia de los docentes). Dos, que se transmitan conocimientos desvirtuados por una falta de rigor.

Tanto en la LODE como, especialmente, en la LOGSE, se han adecuado en sus declaraciones programáticas a lo dispuesto en el artículo 27. 2º de la Constitución y otros textos internacionales. Sin embargo, la gran importancia conferida al objeto constitucional de la educación en estas declaraciones queda mitigada en las normas que fijan los mínimos de los contenidos de la enseñanza. Ello es así pese a que, de nuevo, en los objetivos programáticos generales y los específicos de no pocas asignaturas se reiteren intenciones vinculadas a la democracia, los derechos, la paz, la tolerancia, etc. No obstante, por cuanto a la fijación particularizada de los contenidos que efectivamente deben impartirse a nuestros jóvenes, son mínimas las referencias, esto es, lo que efectivamente se enseña sobre principios democráticos y derechos humanos.

Así, en el Real Decreto (RD 1007/1991, modificado por el Real Decreto 894/1995) relativo a los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se reiteran los objetivos genéricos de la educación basada en los derechos humanos y los principios democráticos. Por cuanto a contenidos concretos en las diversas asignaturas las referencias ya son menores, pese a que de forma genérica se reiteren, de nuevo, tales finalidades. Así sucede en el área de Ciencias sociales, Geografía e Historia, donde es especialmente en el último año donde se tratan contenidos relativos a los principios e instituciones democráticos básicos, si bien en último lugar –por lo que es más que posible que no lleguen a impartirse-. En la ESO se incluye también el bloque de vida moral y la reflexión ética (cuarto curso), se pretende con el mismo reconocer en la Constitución española los principios e instituciones democráticos fundamentales y aplicar ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos o actuaciones de la vida pública y actitudes o comportamientos cotidianos.

Se concluye, pues, que, al margen de expresiones genéricas e incluso grandilocuentes, resulta tímida la inclusión de conocimientos constitucionales en los programas. Este hecho implica la insuficiente adquisición de conocimientos mínimos de los que debe partir un potencial sentimiento democrático y de convicción en los derechos humanos. Mal se pueden lograr actitudes democráticas y de respeto a los derechos humanos si la enseñanza de y en éstos se confía a un currículo disperso y difuso en cuanto a las mismas, que, de otra parte, cabe dudar de su impartición efectiva.

Los nueve gráficos expositivos de las mismas deben consultarse aparte, pinchándolos aquí

Entre los documentos se adjunta el estudio relativo a la encuesta que el grupo investigador ahí detallado realizó en 1998-1999 en diversos centros de la Comunidad Valenciana (ya en 1996 se publicaron los datos relativos a la misma encuesta formulada en 1994). Ahora simplemente se hace una mera sinopsis de algunos de sus contenidos que manifiestan la necesidad de fortalecer unos conocimientos mínimos de los resortes democráticos en nuestros jóvenes, consecuencia directa de las insuficiencias de los planes de estudio.

Pues bien, en las encuesta se buscaba captar, de un lado, los conocimientos sobre la materia constitucional-democrática, y el resultado es desolador: no sólo por los datos objetivos que se trasladan a continuación, sino por los que quienes analizámos más de setecientas encuestas captamos sin que siempre se puedan traducir tales sensaciones de forma objetiva.

El contrapunto esperanzador fue por cuanto a las intuiciones democráticas de los alumnos, sus opiniones, que están muy por encima de sus conocimientos: les interesa la materia, tienen buena disposición a que se les hable de instituciones y valores democráticos y de derechos y libertades, rechazan la xenofobia, la intolerancia y todo tipo de discriminación, son tolerantes, si bien, preocupa especialmente pese a su grado de admisión de la pena de muerte.

Se detallan ahora algunos de los datos sobre el desconocimiento del sistema democrático y de los derechos y libertades por los alumnos de secundaria (ESO-Bachillerato):

Algo menos de la mitad de los alumnos no alcanzan a mencionar cuatro derechos humanos.

Sólo un 17% de los encuestados poseen un conocimiento vago de la noción "Estado de Derecho".

Un 73% de alumnos establece una conexión entre la Constitución y los derechos humanos, pero sólo un 30% de quienes establecen esta conexión la explican de forma aceptable.

Un 65% de los alumnos establece una conexión entre democracia y derechos humanos, pero de entre éstos sólo un 20% la explica de forma aceptable.

Un 65% de los alumnos desconoce lo que la Constitución dice sobre la pena de muerte, pese a que la admiten en un 47% para supuestos de terrorismo.

Respecto del conocimiento de las instituciones:

Un 46% no da una explicación mínima de lo que es el Parlamento

Un 75% no da una explicación mínima de lo que es el Defensor del Pueblo

Un 85% no da una explicación mínima de lo que es es Amnistía Internacional.

Un 95% no da una explicación mínima de lo que es el Sindic de Greuges-Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana.

El 97% desconoce lo que es el Consejo de Europa.

Respecto del conocimiento de personalidades relevantes:

Un 80% no conoce quién es/qué hizo Rigoberta Menchu,.

Un 65% no conoce quién es/qué hizo Gandhi.

Un 40% no conoce quién es/qué hizo Martin L. King.

El 95% de los encuestados creen que es importante la enseñanza de los derechos humaoes.

El 93% considera que debería imponerse una asignatura relativa a los derechos humanos antes de la Universidad.

El objetivo de la investigación realizada ha sido el determinar si se podía constatar el cumplimiento por los poderes públicos del marco normativo contenido en el artículo 27.2 de la Constitución, en la Ley de 3 de octubre de 1979 de Bachillerato y Formación Profesional, así como en los artículos 2.b) y 4.a) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, inscribiéndose dichos preceptos en el mandato más general recogido en el artículo 9.2 de la Constitución. La regulación citada obliga expresamente a la enseñanza del ordenamiento constitucional en las escuelas y a la "formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia". Asimismo, y en relación con las encuestas realizadas en años anteriores, se trataba de establecer los posibles progresos en la madurez democrática de los jóvenes.

No obstante, a la vista de los resultados obtenidos, no queda más remedio que señalar que el balance no es positivo. Haciendo una breve síntesis de los cuatro grandes puntos analizados, observamos que no se ha producido avance alguno en la enseñanza de la democracia en las escuelas:

1. Los conocimientos sobre los derechos humanos, la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho no han experimentado mejora alguna y, en algunos casos, han incluso disminuido. Si bien las actitudes iniciales frente a estos elementos fundamentales son positivas, lo cierto es que la confusión reinante no conduce más que a conclusiones fatalistas que desembocan en el menosprecio de los logros democráticos. La visión crítica, consustancial a la construcción del Estado social y democrático de Derecho, queda reducida a una actitud de desinterés, difuminada por movimientos sociales ajenos al campo de la participación política. La confirmación de que los mayores conocimientos vigorizan las posturas reivindicativas y acrecientan las posibilidades de participación efectiva, no puede por menos que inducirnos a la sospecha de que la desidia de los poderes públicos tal vez no sea inocente.

2. Muy preocupante resulta la actitud de conformismo frente a la inobservancia de los derechos humanos en el entorno más próximo a los encuestados. Se va reforzando, pues, la creencia de vivir en el mejor de los mundos posibles, lo que atenúa la conciencia de la necesidad de un esfuerzo constante por la defensa de los derechos y libertades. La autocomplacencia conduce a la inacción y a la indiferencia por la vida política. Una vez más la carencia de conocimientos adecuados deriva en este campo en algunas incoherencias en las respuestas. En el saldo positivo hay que anotar la sensibilidad que los jóvenes muestran en relación con la discriminación sexual y racial.

3. La falta de formación en el ordenamiento constitucional se concreta en el desencanto con el sistema, originado en gran parte por la ignorancia de la juventud de que la democracia es un sistema siempre imperfecto, cotidianamente en construcción.

Despunta recrudecida la aversión al pueblo gitano; la democracia no ha sabido proporcionar la solución a este problema de convivencia ya tan rancio.

Aunque se conserva en términos generales un nivel superior de conocimientos entre los estudiantes del primer curso de la licenciatura de Derecho, aquél se ha deteriorado con relación a años anteriores, lo cual tampoco resulta un buen presagio.

4. La abrumadora mayoría que se decanta por la enseñanza de los derechos humanos en los colegios nos produce gran satisfacción, pues entendemos que se trata de una tendencia acertada.

Por si el marco de legalidad vigente, junto con los resultados de esta investigación, no constituía un argumento suficientemente convincente, los jóvenes ciudadanos, a la par que lo exigen, ponen de manifiesto su interés por el aprendizaje de la democracia.