GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGULACIÓN UV

Nuestros proyectos de investigación actuales sobre «Planificación administrativa» (2024-2026), «Derecho Algorítmico» (2025-2029) y acciones de investigación anteriores, como la Red Europea Jean Monnet «Sharing Economy and Inequalities across Europe» (2019-2022), están integrados por un equipo de expertos (en derecho administrativo, constitucional, tributario, laboral, economía y sociología) de la Universidad de Valencia y otras universidades europeas, que han venido investigando la regulación de la transformación digital de numerosas actividades sociales y económicas en los últimos años. Nuestra investigación tiene como objetivo analizar, desde un enfoque multidisciplinar y comparado, los problemas más relevantes que plantea la regulación de la llamada economía digital (es decir, economía peer-to-peer, plataformas digitales, consumo colaborativo, etc.) y, en particular, de aquellos sistemas de producción y consumo de bienes que utilizan tecnologías de la información de reciente desarrollo para permitir nuevos tipos de acuerdos que, debido a los costes de transacción y las asimetrías de información, eran anteriormente demasiado difíciles de implementar.

Nuestra hipótesis de partida es que la mayoría de los sistemas de economía digital necesitan ser regulados específicamente para clarificar el derecho y lograr un equilibrio justo entre los intereses en juego, ya que estos sistemas presentan cuestiones nuevas y sustancialmente diferentes que no se previeron en el momento en que se promulgaron las regulaciones actuales. Asimismo, consideramos que la igualdad puede sufrir si los poderes públicos no abordan este problema mediante una regulación pública diseñada específicamente para esos mercados. Nuestros proyectos de investigación, por tanto, intentan determinar si podemos demostrar la validez de estas hipótesis para proponer los marcos regulatorios adecuados con un conocimiento empírico de sus resultados sociales y económicos.

Tras al menos diez años de desarrollo continuo y numerosos estudios académicos sobre la base económica del fenómeno, desarrollados principalmente en Estados Unidos, podemos considerar que ya tenemos una comprensión completa y profunda de las dinámicas fundamentales de la economía digital (así como de algunos de sus ejemplos más ubicuos: la llamada economía colaborativa o la economía de plataformas digitales). En España y Europa, también se han llevado a cabo algunas investigaciones (por ejemplo, por parte de miembros del Grupo de Investigación Regulación de la Universidad de Valencia). Sin embargo, los desafíos regulatorios que resultan de estos cambios aún no se han resuelto con éxito en, al menos, cuatro aspectos esenciales que constituyen las áreas centrales de análisis de nuestros proyectos:

• Ni el sistema jurídico de la UE ni el español han logrado, por el momento, elaborar un marco regulatorio capaz de conciliar las ganancias de eficiencia de estos nuevos modelos de negocio con la protección de valores sociales constitucionales básicos. Por ello consideramos esencial estudiar qué límites normativos impone la cláusula social de la Constitución Española de 1978 y qué obligaciones para los poderes públicos y la Administración Pública se derivan de ella.
• Dado el enorme impacto del big data, la toma de decisiones automatizada y la potencia computacional en la intermediación de plataformas digitales, estas tecnologías deben ser examinadas estrechamente desde una perspectiva jurídica que evalúe su papel en la mejora de los procesos digitales y en la generación de posibles situaciones de desigualdad social.
• Una tercera dimensión esencial se relaciona con la evaluación de este impacto en la justicia social y la igualdad cuando afecta a grupos especialmente vulnerables. Los sesgos de género o sociales, así como otras formas de discriminación privada y pública, deben ser analizados desde una perspectiva teórica y práctica que renueve las herramientas jurídicas tradicionales de lucha contra la discriminación.
• Finalmente, queda pendiente una evaluación exhaustiva del impacto en la justicia social y las desigualdades de las políticas aplicadas a mercados de economía colaborativa ya consolidados, como el transporte.