La Comisión Europea sigue adelante con su estrategia para gravar la economía digital en la Unión Europea (UE). Sin desconocer los trabajos que actualmente realiza el G-20 y la OCDE, la Comisión plantea la creación de un impuesto que haga tributar de manera justa a los negocios que operan en la economía digital de la UE.

El impuesto digital propuesto permitirá a la UE tener recursos propios. Para su diseño, la Comisión ha abierto una evaluación de impacto y una consulta pública a fin de que los interesados puedan proporcionar retroalimentación sobre todos los aspectos del impuesto digital y sus posibles efectos.

Antecedentes

La digitalización de la economía ha puesto en tensión el actual sistema tributario. Debido a que este fue diseñado cuando las empresas tenían muy poca movilidad internacional. El desfase entre las reglas de tributación y la forma en la que operan los negocios digitales se ha puesto de manifiesto en los últimos años, pues existen grandes empresas tecnológicas que teniendo un gran volumen de ganancias tienen una carga tributaria mínima o, en ocasiones, nula.

Para hacer frente a los retos que supone la tributación de la economía digital, la UE, el G20 y la OCDE han realizado diversos estudios y propuestas. Recordemos que la UE había trabajado desde 2017 en una propuesta para alcanzar “un sistema tributario eficaz y justo que se adaptara a era digital”. Después de varios acuerdos y dos propuestas de Directivas, en marzo de 2012 el Consejo de la UE discutió la Directiva sobre el impuesto a los servicios digitales, sin alcanzar un acuerdo unánime. De manera que el Consejo decidió seguir trabajando para alcanzar una solución internacional en el ámbito de la OCDE y acordó que si al final de 2020 se vislumbrara que el consenso llevaría más tiempo, el Consejo podría debatir nuevamente una solución a nivel UE.

Así, la UE y los países que integran el marco inclusivo BEPS (Inclusive Framework) pactaron enfocarse en alcanzar un consenso internacional sobre la tributación de la economía digital. La OCDE presentó un informe provisional en marzo de 2018 y el 31 de mayo de 2019 publicó su plan de trabajo en el que preveía alcanzar un consenso internacional a finales de 2020. Asimismo, en octubre de 2020, la OCDE publicó el Plan general del pilar uno (que se enfoca en el nexo y en la asignación de beneficios) y el Plan General del pilar dos (que propone la creación de un impuesto mínimo). Al revisar estos dos pilares, los miembros del Inclusive Framework coincidieron en que los dos pilares brindan las bases necesarias para alcanzar un consenso internacional, en el que se seguiría trabajando hasta mediados de 2021.

Ante un acuerdo internacional que no llega e impuestos digitales implementados por algunos EM de forma unilateral (dentro de los que se encuentra España). La Comisión propone la creación de un impuesto digital que gravará las ganancias de todos los negocios tecnológicos que operan en la UE y que el sistema tributario tradicional no alcanza a sujetar.

La Comisión explica que esta propuesta no interferiría con los trabajos del G20 y de la OCDE, porque los acuerdos alcanzados hasta ahora se han enfocado en gravar a las grandes multinacionales y a un determinado número de actividades relacionadas con la economía digital. Además, la UE tomará en consideración cualquier acuerdo internacional que sea alcanzado.

Retroalimentación preliminar en la evaluación de impacto

En la evaluación de impacto se plantea examinar las siguientes opciones legislativas:

• implementar un impuesto sobre sociedades que grave a todas las empresas con actividades digitales en la UE;
• implementar un impuesto que grave los beneficios generados por ciertas actividades digitales desarrolladas en la UE e
• implementar un impuesto sobre las transacciones digitales desarrolladas B2B en la UE.

Además, se evaluará el objeto del impuesto y la definición de las actividades digitales o las empresas que serán gravadas. Asimismo, se tendrá en cuenta la interacción de este impuesto con la red de convenios para evitar la doble tributación firmados por los EM.

También, se prevé que la iniciativa valore el impacto que tendrá el impuesto en las pequeñas y medianas empresas, así como en las empresas dominantes frente a las no dominantes, y el efecto en los consumidores de los mercados digitales. Al mismo tiempo, se debe predecir y prevenir posibles conductas que evasión o elusión fiscal. Así como vislumbrar el futuro desarrollo de la economía digital para que la regulación del impuesto sea a largo plazo.

El impacto que tendrá la iniciativa deberá analizarse lo más ampliamente posible, especialmente, el impacto que tendrá en los negocios que operan en la economía digital, incluías las empresas extranjeras que operan en la UE, la competitividad, las decisiones de inversión y de productividad. Los costos de implementación también serán tomados en consideración.  El plazo para realizar comentarios y recomendaciones es hasta el 11 de febrero de 2021.

Consulta con las partes interesadas

La consulta pública se centra en 5 grupos de interesados: los EM, las empresas o cámaras de comercio (servicios digitales, comercio electrónico, pequeñas y medianas empresas), sociedades civiles no gubernamentales, los ciudadanos y la academia. La consulta se realiza a través de un cuestionario en donde se pide identificar los problemas actuales en la tributación de la economía digital, así como elegir algunas de las posibles soluciones que se especificaron en el punto anterior. Además, es posible adjuntar un documento con más sugerencias y retroalimentación.  La consulta estará abierta hasta el 12 de abril de 2021.

Propuesta de directiva

Una vez finalizado el periodo de consulta, la comisión realizará una propuesta de Directiva para implementar el impuesto digital y un plan de acción. Se prevé que esto ocurra a más tardar en junio de 2021.

Dra. Alma D. Virto Aguilar
Investigadora Postdoctoral Grupo ETICCs