
Los profesores Silvia Barona Vilar y Fernando Martín Diz, miembros del equipo investigador del proyecto Justicia sostenible en estado de mudanza global (JUSOST), participaron el 1 de julio de 2026 en el congreso «IA, prueba y proceso: enfoque nacional y europeo», celebrado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), en el marco del I Curso de Verano del Módulo Jean Monnet IECELS (The Influence of European Case Law on the Evidence Law of National Legal Systems).
El encuentro reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar el impacto de la inteligencia artificial sobre el derecho probatorio, el proceso judicial y la evolución de la jurisprudencia europea, abordando los principales retos jurídicos que plantea la incorporación de tecnologías algorítmicas en la Administración de Justicia.
La Prof. Dra. Silvia Barona Vilar intervino en la mesa dedicada a la inteligencia artificial en las decisiones judiciales, con la conferencia «Decisión judicial con algoritmos y por algoritmos, ¿es posible? Límites y marco jurídico», en la que analizó las posibilidades y límites del empleo de sistemas algorítmicos en la función jurisdiccional, insistiendo en la necesidad de preservar las garantías procesales, la independencia judicial y los derechos fundamentales en un contexto de creciente digitalización de la justicia.
Por su parte, el Prof. Dr. Fernando Martín Diz presentó la ponencia «Empleo de soluciones IA por el juez en la valoración de la prueba», centrada en el análisis de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la actividad probatoria y en los desafíos que estas plantean para la valoración judicial de la prueba, la motivación de las resoluciones y la transparencia de las decisiones.
La participación de ambos investigadores pone de manifiesto la implicación del proyecto JUSOST en el estudio de los efectos de la inteligencia artificial sobre el proceso judicial y la tutela de los derechos fundamentales, contribuyendo al debate académico europeo sobre la transformación digital de la justicia y el desarrollo de modelos procesales sostenibles, garantistas y adaptados a los desafíos tecnológicos del siglo XXI.





