Ponencia del director de la Cátedra Privacitat donde llama a conciliar el derecho constitucional de la protección de datos con los intereses en salud pública.

El director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital Microsoft-Universitat de València, profesor Ricard Martínez M., participó en el congreso internacional: La teoría constitucional frente a la transformación digital y las nuevas tecnologías llevado a cabo el 20 y 21 de diciembre de 2021. En la ocasión, intervino en un panel virtual con las académicas Argelia Queralt Jiménez, Mónica Arenas Ramiro y Ana Isabel Orts.

En su exposición, el académico llamó a incorporar el paradigma científico al trabajo de los juristas y a las metodologías de aplicación e interpretación del derecho. “No basta con las herramientas tradicionales del derecho”, explicó, “se requiere un conocimiento profundo de la realidad material que significa la transformación digital”. 

Para justificar su afirmación, citó el caso de la pandemia de Covid-19. Observó que en la primera etapa de la enfermedad había una necesidad concreta: diseñar políticas o estrategias relacionadas con el seguimiento de casos, rastreo y con la movilidad. 

Ahora bien, se enfrentaron dos problemas prácticos. Por un lado, no había posibilidad de que un funcionario de la administración pública rastreara con suficiente velocidad para abarcar todos los casos de contagio. Por el otro, los que podían hacer esa labor de manera automática eran las empresas tecnológicas. Por ejemplo, las compañías de telecomunicación a través del móvil de sus usuarios. 

“Nos vimos enfrentados a la necesidad de decidir cómo íbamos a utilizar la tecnología en el contexto de las políticas públicas en relación con la pandemia”, explicó el profesor Martínez.

Lo que finalmente ocurrió fue que no se disponía de predeterminación normativa y ni de un enfoque capaz de conciliar el derecho fundamental a la protección de datos con los intereses de salud pública. “Esto”, añadió, “a pesar de que esas políticas que están en sede de principios rectores de la política económica y social relacionada con la sanidad”. De hecho, en determinados casos, un contagio repercute en el derecho a la integridad física y el derecho a la vida. “Fuimos incapaces de encontrar un modelo de uso tecnológico o ágil para prevenir contagios”, sentenció el académico.

El congreso organizado por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández (Elche, España) y la Generalitat Valenciana.