El director de la Cátedra, R. Martínez, compartió ideas sobre el efecto en la sociedad de la Data Driven Economy en un workshop organizado por la OCDE y la SE de Digitalización e IA.
El 28 de junio pasado el director de la Cátedra Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València, profesor Ricard Martínez Martínez, participó en el workshop virtual Rights in the digital age: Freedom of expression and privacy (Derechos en la era digital: Libertad de expresión y privacidad). La jornada fue organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En la ocasión el académico integró el panel principal de discusión donde compartió ideas con Quinn McKew, Executive Director de Article 19; Caroline Louveaux, Chief Privacy Officer de Mastercard; y Brian Wessel, Subsecretario Permanente del Ministerio de Industria, Comercio y Asuntos Financieros de Dinamarca.
Martínez se refirió a la tensión entre el derecho a la protección de datos personales y las nuevas alternativas que se abren con la analítica de datos. En ese sentido, planteó que el objetivo principal de la OECD y los estados miembros es lidiar con el desequilibrio en el modelo de procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. “Lo que subyace en este modelo es la capacidad de analizar los datos personales de cada individuo y correlacionarlo dentro de un marco social”, indicó Martínez. “No sólo se trata de identificar el perfil de las personas, sino también, de perfilar a las personas en cuestiones emocionales, sociales e ideológicas”.
En este contexto, da la impresión de la existencia de una paradoja en la que se enfrentan dos maneras de entender el uso de datos. Por un lado, la prohibición de usar el análisis de datos y por el otro, una que no impone límites a pesar de los riesgos que conlleva.
Sin embargo, Martínez propuso acercamiento distinto relacionado con la Data Driven Economy y su versión dentro del Estado de Bienestar. A su juicio, vivimos un momento de transición en la que el legislador debe probar nuevas aproximaciones que permitan conseguir objetivos principales de nuestra sociedad a través del análisis de datos. Esto porque, “la analítica de datos puede contribuir al bien común a través del mejoramiento de políticas públicas, otorgando calidad a las decisiones públicas, y ofreciendo los datos públicos al servicio del bien común en áreas como salud, investigación o educación”, sugirió el académico.
Lo anterior impone la obligación a los gobiernos y estados de “diseñar y construir entornos de procesamiento de datos que garanticen los derechos fundamentales y digitales, nuestra libertad, y la promoción de marcos comunes y globales basados en el valor principal de la dignidad humana”, terminó.
