Análisis de impacto, un modelo procesual institucionalizado para la gestión y el tratamiento de información en los procesos de elaboración normativa
Julia Carceller Stella
Personal Investigador en Formación en la Universitat Jaume I de Castellón
Análisis de impacto, un modelo procesual institucionalizado para la gestión y el tratamiento de información en los procesos de elaboración normativa
Los análisis de impacto normativo (en adelante AI) son un instrumento de la política de mejora de la regulación pensados para la sistematización de información y su tratamiento en los procesos de decisión normativa. Constituyen un mecanismo plenamente institucionalizado y disponible que ofrece grandes posibilidades para incorporar información y conocimiento en los procesos de elaboración normativa y reflexionar sobre las posibilidades que las nuevas tecnologías pueden aportar en estos procesos.
Aunque, si bien es cierto que, es difícil otorgar un concepto unívoco a este instrumento debido a la diferente concepción que adquiere dependiendo de los distintos sistemas jurídico-políticos en los que se ha implantado pueden extraerse ciertos elementos comunes. Y sobre ellos, atendiendo a las definiciones que ha intentado realizar la doctrina, los textos legales que los han incorporado en los distintos países y la que dan organizaciones internacionales como la UE (principales impulsores de su expansión internacional), podemos plantear un modelo procesual propio. Una herramienta para la ayuda a la toma de decisiones regulatorias, entre las que se incluyen las normativas, y su diseño que consta de una serie de fases.
Los AI pretenden incorporar evidencias en el procedimiento de elaboración normativa y generar conocimiento para el decisor normativo. Aspiran a identificar, organizar y analizar información sobre el contexto de aplicación de la norma, el problema que pretende abordar la intervención normativa y la determinación de objetivos para otorgarles un carácter mensurable. La información es utilizada entonces en el diseño de las propuestas normativas en sus diferentes alternativas y opciones sobre las que realizar un pronóstico de los impactos (que, en distintos ámbitos como, por ejemplo, medio ambiente, competencia de mercado, derechos humanos…). El proceso se nutre a su vez de las aportaciones que de carácter externo hacen la ciudadanía, los stakeholder’s u otras organizaciones, en un modelo colaborativo y abierto de producción normativa. Una información y cuyos resultados de su tratamiento aspiran a ser públicos para fortalecer la justificación de las elecciones tomadas y posibilitar un ejercicio trasparente y evaluable de términos de efectividad de las potestades normativas.
En la práctica, los análisis de impacto se manifiestan como pequeños laboratorios para el estudio de los posibles impactos de cada una de las singulares propuestas de normas y establecen las bases para una evaluación de la efectividad de las intervenciones normativas.
Si bien podemos situar los orígenes del instrumento en los EEUU, en torno a la actividad regulatoria de las Agencias, con una marcada perspectiva económica y con una enorme influencia de la metodología de coste beneficio, el instrumento ha sido objeto de una expansión internacional por el impulso de instituciones como la OCDE o la UE.
En nuestro país, España, su introducción ha sido algo tardía, parcial y fragmentada. Debemos tener en cuenta que, en garantía de las potestades normativas propias de otros entes como son las Comunidades Autónomas, has sido ellas quienes los han ido incorporando a través de sus propios sistemas y procesos de elaboración normativa. Algunas tempranamente como Cataluña en 2010 y otras, más recientemente como la C. Valenciana que con carácter genérico lo ha hecho a través de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana. Su primera regulación, para el ámbito de las potestades normativas del Gobierno de España y la Administración General del Estado, fue a través del RD 1083/2009 y por prescripción legal, aparece con las modificaciones que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público realizó de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en concreto de su Título V. Hoy, está expresamente establecido en el artículo 26.3 de esta ley y es objeto de desarrollo por el RD 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Los contenidos y la conceptualización, dada al instrumento, difiere en parte del modelo europeo que se toma como referencia. Los AI se identifican con una memoria más en los procesos de elaboración de las normas y un trámite de carácter formal, en el que rara vez ofrece los resultados de un proceso de estudio o análisis especializado (cuasi científico) de carácter descriptivo y prospectivo sobre los efectos. Sino que se presentan con frecuencia como elementos justificativos de decisores, en algunas ocasiones tomadas de antemano, alejándose de su vocación y finalidad de ser mecanismos para sistematizar y hacer pública la información que ayuda a la toma de las decisiones normativas basada en evidencias.
Sin embargo, apoyándonos en un concepto algo más ambicioso y de carácter procesual, los AI favorecen la reflexión en torno a que información puede y debe ser utilizada para la elaboración de las normas, como tratamos esta información y con qué finalidad. Así entendidos, permiten tener presentes la ingente cantidad de información y los actuales medios que para su sistematización, gestión y tratamiento aportan las nuevas tecnologías, posibilitando así su consideración en los procedimientos de elaboración normativa.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Cardenal Herrera- CEU (2001/2006). Graduada en Derecho por la Universitat Jaume I (2010/2014). Máster Universitario de la Abogacía Universitat Jaume I (2014/2015). Título profesional de abogado Ministerio de Justicia (2016). En la actualidad es Personal Investigador en Formación en la Universitat Jaume I de Castellón. Líneas de investigación: análisis de impacto normativo, política de mejora y calidad regulatoria.
