Un gobierno abierto más allá de la rendición de cuentas

Borja Colón de Carvajal Fibla
Diputación de Castellón, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública, Valencia

Llevamos mucho tiempo trabajando en Gobierno Abierto, mejor dicho, en desplegar políticas públicas basadas en los pilares sobre los que se sustenta el mismo, fundamentalmente, relativas a las áreas de la transparencia, la participación ciudadana y los datos abiertos, con diferentes avances en ellas, pero con la sensación de que todavía queda mucho por hacer.

Llevamos incluso más tiempo abordando el eterno proyecto de Administración electrónica que la normativa nos impone desde 2007 – acordaros todos de la ya olvidada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos – catapultado ahora sí por la pandemia que nos ha hecho ver de una vez por todas la verdadera utilidad de aquélla.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, es muy probable que las Instituciones públicas no acaben de alcanzar un grado de apertura razonable si finalmente no son capaces de evaluar desde una perspectiva objetiva, clara y sincera todas estas acciones de tremendo interés para una ciudadanía que, lejos de sentirse implicada con las mismas, cada vez vive con más distancia los movimientos de las Administraciones públicas por acercarse a ella. 

Mi planteamiento al respecto pasa por impulsar al mismo tiempo que se desarrollan los pilares del Gobierno Abierto, una acción clave de evaluación del mismo, que algunos llamarán rendición de cuentas, pero que tiene un componente más integral y específico que ésta, como es el de tratar de observar todos los comportamientos de lo público para aprender de los mismos a través de un ciclo de mejora continua, haciendo que la propia gestión enriquezca el diseño de las políticas públicas y que éstas, a su vez, retroalimenten el buen funcionamiento de los servicios públicos.

La idea es sencilla, no podemos quedarnos exclusivamente en una rendición de cuentas tradicional sobre el nivel de despliegue de nuestra transparencia, participación ciudadana o los datos abiertos, sino que debemos tratar de analizar cada una de las acciones desarrolladas bajo el paraguas de dichas materias para determinar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué impactos hemos producido, para así en un futuro inmediato redefinir nuestros objetivos al calor de nuestras necesidades.

En el centro del debate se sitúa pues, no tanto el propio Gobierno Abierto, sino los mecanismos que utilizamos las Administraciones públicas para medir su grado de madurez y, sobre todo, sus consecuencias en la vida de la gente, en la ciudadanía, más allá de indicadores recomendados o guías al uso, donde las realidades reflejadas distan bastante de las realidades pretendidas.

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Desde esta perspectiva, personalmente defiendo que esa labor de evaluación del sector público se convierta en una verdadera necesidad para todos, debiendo imponerse por el legislador con carácter recurrente en la normativa sectorial y trabajarse internamente mucho en la cultura organizativa de nuestras organizaciones. No obstante, me gustaría defender tres elementos clave que a mi juicio deben preceder – sino acompañar – a la evaluación de políticas públicas vinculadas al Gobierno Abierto que aquí defendemos. Son tres cuestiones aparentemente inconexas pero que guardan una relación estrecha entre sí a través del hilo conductor que representa precisamente el propio Gobierno Abierto, y que son la Administración electrónica, la innovación pública y la dirección pública profesional.

En primer lugar me refiero a algo a lo que ya me he referido en la introducción, como es la Administración electrónica, pero no entendida como una mera transformación digital del sector público, que no es poco, sino desde la visión holística que la propia Comisión Europea nos dio en el año 2003, entendiendo a la misma como el uso intensivo de las nuevas tecnologías combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.

En este punto nos tenemos que poner serios, puesto que a pesar de contar con una visión clara de hacia donde debemos ir, son contados los casos de Administraciones públicas que han desarrollado modelos completos de Administración electrónica superando si quiera la primera fase que se incardina exclusivamente en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Y esto no sería problemático (o al menos no tan llamativo) si no trajera consigo dos problemas trascendentales a mi modo de ver: por un lado, la incapacidad de relacionarnos entre Administraciones públicas y entre éstas y los ciudadanos con plenas garantías jurídicas – ojo, poca broma – y la imposibilidad de hacer crecer los pilares del Gobierno Abierto más allá de los actuales proyectos de cartón piedra que vemos con demasiada frecuencia. Y me explico.

Como todos sabéis, el paquete normativo representado por las famosas Siamesas, concretamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público auguró un nuevo amanecer en las relaciones ad intra (Ley 40) y ad extra (Ley 39) de nuestras Administraciones públicas, pero lejos de consolidar una tendencia inexistente, ha venido a dejar en evidencia más si cabe la falta de proyecto de país en un tema tan trascendental como éste.

Quiero decir con esto que el incumplimiento de varios preceptos fundamentales de ambas normas por parte de algunas Administraciones públicas está impidiendo el normal funcionamiento de todas ellas, ya que la interoperabilidad entre las mismas se ve seriamente comprometida a no poder crecer la red de nodos que promueve las comunicaciones seguras y eficientes entre todo el sector público. Y esto, como siempre, perjudica a la ciudadanía que ve limitados sus derechos dependiendo de en qué parte del territorio español viva o con qué Administración pública tenga la suerte o la desgracia de tener que tramitar.

Por otro lado, y como decía más arriba, es imposible concebir acciones con cierto recorrido en el ámbito de la transparencia, la participación ciudadana y los datos abiertos sin un grado de avance de la Administración electrónica considerable. Dicho de otro modo, si queremos impulsar de forma decidida proyectos que tengan cierto impacto en las áreas mencionadas, no podemos esperar que esto suceda con una Administración electrónica poco desarrollada, y mucho menos con una Administración que funcione todavía en papel. ¿Alguien se imagina ya ejercer un derecho de acceso de forma presencial o consultar algún conjunto de datos en papel? Son acciones incongruentes y yo diría que ahora mismo inconcebibles por los ciudadanos y por la propia Administración.

En segundo lugar, nos debemos referir a la innovación pública como motor de cambio y transformación esencial de nuestras Administraciones, en la medida en que ésta tiene la capacidad de acercarlas más rápidamente y con mayor acierto a las necesidades reales de la sociedad, salvando en la mayoría de las ocasiones los obstáculos burocráticos y técnicos que tanto la legislación como las propias estructuras imponen para desarrollar políticas públicas eficaces y eficientes.

La innovación pública es, como dice Andrea Martínez Damea, una forma de gestionar que cuestiona de modo creativo y lateral las formas respecto de cómo hacemos las cosas con un único objetivo: incrementar la capacidad de generar valor público y dar respuesta a los ciudadanos y a las necesidades de los sistemas democráticos. Y es en este el punto donde debemos centrarnos realmente, porque la innovación no sirve realmente de nada si no somos capaces de conseguir impactos positivos en nuestra sociedad, en sus necesidades, en sus expectativas.

De este modo, la innovación pública y el Gobierno Abierto corren de la mano por cuanto que ambos vectores pretenden dar cabida a las demandas ciudadanas de una forma recurrente y sostenible: la primera, a través de soluciones que impacten positivamente en la vida de las personas, y el segundo, a través de mecanismos que permitan que estas personas se incorporen en la toma de decisiones públicas.

Sin embargo, son muchas las iniciativas innovadoras que innovan poco y pocas las Administraciones públicas que innovan mucho, ya sea por nuestra incapacidad generalizada en lo público para afrontar materias tan líquidas o, sencillamente, porque no partimos de una cultura organizativa pro-innovación que nos facilite las cosas. Pero lo cierto es que en un contexto como el actual tan complejo y volátil, o somos capaces de innovar en las formas y en el fondo, o nos veremos sobrepasados por las propias circunstancias. 

En tercer y último lugar quiero hablar del componente humano, de las personas, de los profesionales al frente de las Administraciones que promueven políticas públicas orientadas al Gobierno Abierto. Pues bien, como sucede en la mayoría de los proyectos sujetos a cambios constantes, dichos profesionales deben reunir una serie de requisitos que aseguren la buena marcha de estos. Y no me refiero exclusivamente a que conozcan el entramado jurídico - institucional de nuestras organizaciones, sino más bien que dispongan de otro tipo de habilidades más acordes con el momento en el que nos está tocando vivir. Algunos las llaman soft skills, otros sencillamente competencias necesarias de los empleados públicos, pero a mi me gusta pensar en esas características como auténticos compromisos de los trabajadores con sus instituciones para desarrollar estrategias claves en las misma.

Porque no todos los empleados públicos son iguales, y tampoco tendrían porqué serlo, todo hay que decirlo, es importante entender que los que están en puestos directivos asumiendo roles de liderazgo y tracción de equipos puedan desarrollar sus habilidades en un entorno favorable y respetuoso con su independencia. Hace falta sin más impulsar de una vez por todas en España el estatuto de la dirección pública profesional que imponga una verdadera selección de éstos a través de certificaciones por competencias ajustadas a las necesidades de cada puesto y materia, evitando con ello la colonización política de puestos clave de nuestras Administraciones que, lejos de solucionar las tremendas dificultades que suscita la implementación de proyectos de transformación, suelen suponer el relentizamiento de los mismos cuando no derivan en su total paralización.

En conclusión, y de cara a ordenar las ideas aquí expuestas, debemos comprender que en un momento como el actual, fuertemente condicionado a todos los niveles por el contexto, es esencial que los poderes públicos gocen de una musculatura suficiente que les permita adelantarse a los acontecimientos, tendiendo la mano a una sociedad cada vez más debilitada con necesidades constantes y demandas reales de intervenir en lo público.

El Gobierno Abierto como nuevo paradigma de la gestión pública ofrece diferentes soluciones al respecto, incorporando a la sociedad a través del conocimiento y de la acción y, permitiendo en última instancia un ejercicio sano y democrático de rendición de cuentas. Pero si de verdad queremos que la gestión pública de pasos de gigante y se consolide a través de lógicas de la mejora continua, es necesario - además de todo lo anterior - que se desarrolle en el seno de nuestras Administraciones el componente electrónico que la normativa dibujó, ofreciendo a los ciudadanos un conjunto de derechos – con sus correspondientes obligaciones – digitales que les permitirán relacionarse con aquéllas con plenas garantías y desde la distancia.

Si a eso somos capaces de sumar el impulso que la innovación pública puede dar a nuestras Administraciones, entonces habremos ganado el interés y la cercanía de nuestros ciudadanos, convirtiendo una mera relación jurídico – institucional en una alianza poderosa en favor de la buena administración. Si, por último, dotamos a esa Administración de directivos públicos profesionales capacitados con habilidades suficientes como para enfrentarse a cualquier desafío, estaremos preparados para el futuro incierto que nos espera.

Hoy ha sido la pandemia, mañana será el cambio climático y después quien sabe. O empezamos a fortalecer nuestras instituciones de la mano de la sociedad que las mantiene o viviremos este futuro incierto con la inseguridad de no saber cuánto tiempo nos queda. Un Gobierno Abierto bien entendido y una rendición de cuentas de la acción pública son el mejor punto de partida con el que podemos contar.

Directivo Público Profesional al servicio de la Administración Local.

Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana y Cuerpo de Técnicos Generales de la Administración Local. Máster en Liderazgo y Dirección Pública, por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Nacional de Administración Pública. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.