Integración democrática de la inteligencia artificial: una propuesta de implementación de los algoritmos en el ámbito participativo

Dr.  Jorge Castellanos​
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Coordinador del Observatorio PAGODA (Transformación Digital Sector Público). Premio Corts Valencianes 2019 de Tesis doctoral (Tema Participación y TIC)

La inclusión de elementos derivados de la inteligencia artificial va a tener cada vez más influencia en todos los órdenes de la vida. Así, el ámbito político, la esfera democrática, difícilmente va a quedar al margen de esta expansión paulatina de la implementación de algoritmos en muy diversos escenarios.

Los algoritmos predeterminan y clasifican en función de los datos que les sean introducidos. La programación algorítmica permite jugar con muchas posibilidades de manera que el resultado que se extraiga de ese proceso tendrá muchas y amplias posibilidades. La propuesta general que se presenta en este texto es el de integrar en la actuación de las administraciones, en concreto en la vertiente política, algoritmos que faciliten y conduzcan a una más y mejor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Los datos de los que se dispone, más otros que puedan recabarse, pueden ser utilizados de manera adecuada para inquietudes o intereses de ciudadanos dispersos y con ello lograr un elemento siempre tan añorado por parte de los ciudadanos, y también incluso por parte de la propia administración, que es integrar en mayor medida la participación ciudadana en la vida política.

Freno de la apatía política

Una de las mermas que tiene la vida actual, debido al desarrollo apresurado ocasionado por los tiempos en los que nos encontramos, en la que se da una excesiva proliferación de actividades y tan poco tiempo para desarrollar cualquier actividad, es la escasez de tiempo disponible. La eficiencia y optimización del tiempo disponible son elementos de vital importancia para tener en cuenta si de lo que se trata es de agrupar al mayor número de personas. Correlativamente este hecho también implica la cada vez menor capacidad de participar de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo cual es obviamente un elemento contra el que luchar para el avance democrático.

A la escasez de tiempo se une un cierto hastío respecto a la labor política, concretamente respecto al modo de actuar de algunos representantes públicos que acaban produciendo cierto cansancio por parte de la ciudadanía.

Así, esos elementos se integran en una progresiva distancia entre la ciudadanía y su integración en la deliberación y decisión respecto de asuntos públicos. Su esfera política, en definitiva, se ve cada vez más reducida.

Y luchar contra esa distancia entre decisiones públicas y ciudadanía es también una de las aspiraciones de los propios políticos y las propias administraciones para integrar en mayor medida sus decisiones con el bienestar general de los ciudadanos, que es a fin de cuentas uno de los objetivos principales, si no el principal, al que aspiran.

Una manera de combatir esta apatía y, en consecuencia, aproximar a los ciudadanos a las cuestiones de carácter público y prescindir de aspectos que ralentizan o generan lentitud en el proceso pasa por integrar la evolución tecnológica en los propios escenarios participativos. Esta capacidad de acomodar los algoritmos y la integración de la inteligencia artificial con una mejor democracia tiene cierta complejidad y obviamente somos conscientes de ello, pero es, necesariamente, el paso a dar para seguir avanzando en el aspecto democrático de las sociedades.

Clasificar por intereses desde un prisma positivo

Como hemos indicado, la función de los algoritmos es la de presentar unos resultados tras la inserción de una información concreta. La tramitación de unos datos, es decir, su traducción y clasificación. Una posibilidad, por tanto, es la de clasificar los intereses de los ciudadanos respecto de los datos que se dispone de ellos. Ahora bien, un elemento tan denostado como es esa capacidad de clasificar a los ciudadanos por intereses, esa customización que en el ámbito de la política puede tener consecuencias bastante negativas, en cuanto a la propia limitación de los horizontes políticos de los ciudadanos, ha sido criticada repetidas veces y se han subrayado en ese sentido las consecuencias negativas que puede tener para la democracia. Desde esa óptica, desde luego, las puede tener y hay que estar alerta respecto de ellas.

Superada esa visión inicial del tema, debemos indicar que la capacidad de la administración de acumular datos y de poder trabajar con ellos para establecer sus políticas públicas de una manera más acorde a los intereses de la ciudadanía es un elemento importante sobre el que construir mejoras democráticas. Desde esta perspectiva el desarrollo de las propias políticas públicas y la posibilidad de discernir con claridad aquello que verdaderamente interesa a los ciudadanos es un elemento clave para la buena gobernanza.

La manera de integrar una mayor participación ciudadana efectiva en el desarrollo de todas las administraciones y también de dar una salida adecuada y positiva a todos esos datos que manejan las administraciones pasa por conjugar necesariamente esos elementos. La propia consolidación de todos los datos, cada vez más definidos, cada vez con una mayor capilaridad dentro de los intereses de los ciudadanos, puede utilizarse en provecho ciudadano y en provecho democrático sin ninguna duda. La cuestión es cómo. Lo que planteamos es lo siguiente: dentro de las infinitas posibilidades que tiene la administración de recabar datos también existe, por supuesto, la posibilidad de solicitar a los ciudadanos la actualización de datos, que ya tienen, o la posibilidad de integrarse en determinadas encuestas sobre cuestiones que les puedan interesar.

Con la ayuda de la inteligencia artificial tenemos una capacidad todavía mayor de integrar todos esos datos de los ciudadanos por grupos y clasificarlos algorítmicamente en aquellas cuestiones que les interese en mayor medida. Hasta ahí simplemente sería una acumulación de datos por parte de las administraciones y daría como resultado, en la medida en que se ejecutaran de la mejor manera posible, una capacidad mayor de redundar en mejorar políticas sociales. Ahora bien una de las cuestiones que decíamos era la falta de tiempo y la falta de posible participación ciudadana en ámbitos públicos. También esa distancia, incluso esa apatía política que se deriva de toda esta situación implica el cada vez mayor alejamiento de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos. Pero esa integración política administrativa con los ciudadanos puede verse mejorada sustancialmente si conseguimos reducir en la mayor medida posible ese coste de oportunidad que implica el tiempo disponible para poder participar en asuntos públicos. Si se convoca a los ciudadanos a una asamblea genérica sobre temas genéricos probablemente algunos se interesen, otros no y la cuestión del tiempo será un tema primordial. Si se convoca a los ciudadanos a una cuestión concreta, que le interesa de manera concreta y que tiene repercusiones en el ámbito público en el que se desenvuelve, tanto para él como para el resto de los ciudadanos, vamos focalizando en mayor medida y clasificando de una manera más eficiente también la propia capacidad de interesarse de los ciudadanos en los asuntos públicos y de integrarse y de tener cierta interacción en ese sentido, en cuanto a retroalimentarse, con informaciones mutuas respecto de los ciudadanos.

Convocatorias por intereses. Una participación ciudadana detallada

A lo largo de cualquier proceso gubernativo, en el que existe un periodo de tiempo en el que representantes legítimamente elegidos democráticamente llevan a cabo las decisiones, la posibilidad de involucrar a la ciudadanía es muy amplia. El problema es encontrar la manera de que los ciudadanos respondan satisfactoriamente. Pero la realidad es que mediante reuniones o actividades que, no a gran escala sino en grupos reducidos de personas interesadas, se relacionen con la propia administración, se reduce únicamente a la labor asociativa, que desde luego es interesante e importantísima en cualquier ámbito democrático, pero que también deja fuera a un grupo de personas que no se integran, por el motivo que sea, en determinadas asociaciones, pero eso no implica que no tengan intereses políticos o que tengan intereses concretos en ámbitos políticos que les afectan.

La manera de agrupar en cierta manera todas esas inquietudes es determinar las propias características e intereses de los propios ciudadanos, y ahí entra en juego la evolución tecnológica derivada de la inteligencia artificial. Si, con ocasión de los datos que se manejan, más la posibilidad de realizar determinadas encuestas que no lleven un determinado coste de tiempo, pueden agruparse de manera muy fidedigna los intereses de cada uno de los ciudadanos, el algoritmo que se programe en ese sentido podrá clasificar de manera clara no solamente a los ámbitos asociativos sino también a los ámbitos de calado individual, de manera que podrá integrarse en determinadas reuniones o en determinadas tomas de contacto a las personas más interesadas en un determinado sentido sin dejar fuera a nadie.

Debemos comentar que el hecho de seleccionar a personas interesadas en una materia concreta de ámbito público no es nuevo. Lo que sería novedoso es la inserción de la inteligencia artificial para llevar a cabo esa selección ya que, por ejemplo, en la Antigua Grecia es sabido que mediante el sorteo se procedía a  convocar, directamente, a representantes públicos. Aquí no sería el caso de seleccionar representantes, pero sí de aproximar a los ciudadanos a las reuniones, puestas en común y pautas de seguimiento de aquellos asuntos públicos que en mayor medida le interesen. Además, con ello se elimina el azar de la ecuación, por lo que la participación ciudadana tendría unas bases más sólidas gracias a la inteligencia artificial.

Tecnología aplicada con protagonismo ciudadano

Obviamente la evolución tecnológica es imparable, la integración de la inteligencia artificial y los algoritmos en la propia gestión de las administraciones públicas es un elemento a tener en cuenta, y en ese sentido lo que hay que tener prevista es la posibilidad de seguir humanizando esta cuestión y seguir integrando a los ciudadanos precisamente en los asuntos públicos, que no sean los entes tecnológicos los que lleven a cabo las decisiones en ningún caso, pero que sí que faciliten la posibilidad de que los ciudadanos se integren en las decisiones de la manera más amplia e inclusiva posible.

La tan manida idea de no dejar a nadie atrás, de incluir a todo el mundo, también pasa por llevar hasta el ciudadano los asuntos que verdaderamente le interesen. Que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en los asuntos públicos en los que verdaderamente se sientan concernidos, de manera que no se haga una propuesta a la globalidad de los asuntos, sino que se pueda pormenorizar por cuestiones concretas.

La clasificación de datos requeriría un ingente trabajo en cualquier otra época de la historia, pero con la inteligencia artificial no parece excesivamente complejo orientar qué intereses concretos son los que tienen mayor incidencia en determinados ciudadanos y con ello poder concertar citas, reuniones o puestas en común directamente con los representantes públicos en este caso, eliminando toda cuestión que no sea de tanto interés.

Por tanto, la propuesta pasa por integrar, auxiliados o auspiciados por ese desarrollo tecnológico, esa capacidad de conjugar datos, clasificarlos y determinarlos, que al fin de cuentas es la labor que realiza automáticamente un algoritmo si se programa en ese sentido, para poder incluir a los ciudadanos más interesados en las decisiones concretas que les interesen en mayor medida junto a la propia administración pública. De esto modo la administración puede tener una relación directa con las personas, sin dejar fuera de toda esta ecuación política y participativa a ningún ciudadano que verdaderamente esté interesado.

En cualquier caso, siempre todo este proceso debería responder a una cuestión voluntaria, pero a través de los datos en los que se recopile toda esa información desde luego sería mucho más sencillo poder integrar las decisiones políticas con la propia participación ciudadana.

Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de València.
Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración.

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera (2009) y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de València (2014), siendo premio extraordinario de licenciatura. Es, además, Doctor en Derecho por la Universitat de València (2019), habiendo obtenido la máxima calificación en su tesis doctoral (sobresaliente cum laude y mención internacional). 

Su investigación se centra en el ámbito de la innovación democrática y la modernización de las políticas públicas mediante la participación ciudadana y con los instrumentos de la era digital. Sobre ello, ha desarrollado períodos de investigación en Universidades italianas como la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" y la Università degli Studi di Palermo.