El derecho penal tiene un carácter bifronte: por un lado previene la comisión de delitos y en esa medida protege los derechos de todos los ciudadanos, y por otro lado garantiza que el poder estatal de castigar se ejerza de acuerdo a una serie de garantías, por lo que protege especialmente los derechos fundamentales de los acusados y condenados. Desde esta tensión entre prevención y garantías ha estudiado tradicionalmente la dogmática los fundamentos y límites del ordenamiento jurídico. Para este fin, la posición central de los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales ha servido para defender un discurso político-criminal donde el respeto al principio general de libertad pueda legitimar el ius puniendi estatal. No obstante, el análisis del Derecho penal contemporáneo muestra una acusada tendencia hacia el aumento del rigor punitivo y hacia la consideración de la peligrosidad criminal como fundamento de las sanciones penales. Esta tendencia puede fácilmente observarse en las reformas legislativas del Código penal español desde su aprobación en 1995, siendo de especial importancia la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código penal, donde se introducen...El derecho penal tiene un carácter bifronte: por un lado previene la comisión de delitos y en esa medida protege los derechos de todos los ciudadanos, y por otro lado garantiza que el poder estatal de castigar se ejerza de acuerdo a una serie de garantías, por lo que protege especialmente los derechos fundamentales de los acusados y condenados. Desde esta tensión entre prevención y garantías ha estudiado tradicionalmente la dogmática los fundamentos y límites del ordenamiento jurídico. Para este fin, la posición central de los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales ha servido para defender un discurso político-criminal donde el respeto al principio general de libertad pueda legitimar el ius puniendi estatal. No obstante, el análisis del Derecho penal contemporáneo muestra una acusada tendencia hacia el aumento del rigor punitivo y hacia la consideración de la peligrosidad criminal como fundamento de las sanciones penales. Esta tendencia puede fácilmente observarse en las reformas legislativas del Código penal español desde su aprobación en 1995, siendo de especial importancia la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código penal, donde se introducen instituciones de dudosa constitucionalidad como la prisión permanente revisable, además de la expansión de medidas de seguridad como la libertad vigilada. En ambos casos, son pronósticos de peligrosidad criminal los que fundamentan la ejecución de las sanciones. El grupo de investigación sobre "Prevención y garantías penales" pretende estudiar esta evolución, partiendo del respeto a los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales como marco metodológico de la investigación, para valorar críticamente las insuficiencias de estas nuevas tendencias político-criminales, utilizando la formación en Criminología de gran parte de los miembros del grupo para establecer relaciones entre ésta y el Derecho penal. El carácter interdisciplinar del grupo de investigación permitirá estudiar respuestas que puedan adaptar el discurso garantista a la implementación de técnicas preventivas eficaces frente a los nuevos retos político-criminales propios de los cambios sociales, además de valorar la adecuación al sistema de justicia penal de nuevas formas de resolución de conflictos propias de la justicia restaurativa, como es la mediación penal. Asimismo, se estudiarán fenómenos criminológicos concretos, como la prevención y tratamiento de la delincuencia sexual, además de los supuestos de cibercriminalidad donde el hecho criminal presenta una correlación con los avances derivados de la tecnología de la información. En todo caso, la actividad del grupo de investigación perseguirá ofrecer una perspectiva que integre el Derecho penal comparado, así como la normativa internacional, para reforzar las propuestas de lege lata y lege ferenda resultantes.
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- Estudio y análisis crítico de las modernas reformas penales a partir de los fundamentos y límites establecidos por la función preventiva y garantista
