El Estado Colombiano tiene como deber promover el derecho de acceso progresivo a la propiedad de la tierra, en especial para los campesinos, las comunidades étnicas y las mujeres rurales en los términos del artículo 64 de la Constitución Política de 1991, para esto es fundamental que sean superadas las luchas históricas, políticas, agrarias, sociales, culturales y ambientales que han surgido en torno a la tenencia de la tierra y propiciado con ello la aparición de un conflicto armado que se ha prolongado por más de 70 años, situación que podría cambiar con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que constituye una de las mayores apuestas para lograr poner fin a décadas de violencia armada y dar solución a las cuestiones relativas a la propiedad de la tierra presente en el país.
26 de septiembre de 2022
Título: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como herramienta de construcción de paz en Colombia: Análisis caso municipio de Tierralta- Córdoba.
Autora: Alejandra Naranjo Regino
Por ello, se ha dispuesto aplicar en forma paulatina la Reforma Rural Integral (RRI) de que trata el punto 1 de este acuerdo y que comprende una serie de acciones centradas en resolver los problemas estructurales surgidos en torno al uso, tenencia y propiedad de la tierra en Colombia, cuyo objetivo es que la población rural pueda emprender actividades agrícolas que generen valor económico y desarrollo social, lo que requiere de la aplicación de políticas agrarias eficientes por parte del Estado que incidan en el cierre de brechas entre lo urbano y rural y contribuyan al logro de un nivel idóneo de bienestar.
En estos términos, el desarrollo del trabajo de investigación se centra en el estudio de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como instrumento de planificación y gestión ideado para transformar las condiciones socio-económicas de las poblaciones rurales más afectadas por la violencia, las economías ilícitas, la pobreza y la debilidad institucional al facilitar la aplicación de una reforma estructural del campo colombiano con la implementación de planes, programas, políticas y proyectos que mejoren la calidad de vida en estos territorios, fortaleciendo de esta manera, los procesos de construcción de paz al garantizar la justicia social como base de reconciliación nacional.
El trabajo se divide en tres capítulos, en el primero se exponen las bases históricas y socio-políticas que han generado el conflicto sobre la propiedad de la tierra en Colombia y que sustentan a los PDET como instrumento para lograr la paz.
El segundo capítulo entra de lleno en el análisis de los PDET, exponiendo su marco regulatorio que tiene su origen en el Acuerdo Final de Paz (2016) y en el Decreto Ley 893 de 2017 que focaliza 16 subregiones conformadas por 170 municipios en 19 de los 32 departamentos del territorio nacional donde habitan más de 6 millones de personas a las cuales se les pretende transformar sus condiciones de vida. También se exponen los instrumentos financieros que se emplean para hacer efectiva su implementación y lo relativo a la participación de las comunidades como elemento determinante para alcanzar los objetivos de los PDET, teniendo en cuenta que estos instrumentos constituyen un ejercicio sin precedentes en Colombia y apuesta para reforzar el vínculo Estado-ciudadanía.
El tercer capítulo se dedica al PDET del municipio de Tierralta -Córdoba, que se ha elegido como modelo real para el análisis del proceso de implementación de los PDET y aunque el proceso se encuentra en los primeros cuatro años de su implantación (2018-2022) de un total de 10 años, se pueden evidenciar logros y dificultades equiparables a los otros PDET del país.
Como conclusiones se tienen que los PDET constituyen una herramienta técnica, administrativa y financiera que permite articular los procedimientos de acceso y formalización de tierras y la aplicación de los planes sectoriales nacionales, así como la articulación de la institucionalidad pública del orden nacional, regional y municipal que junto a las comunidades suman esfuerzos por reducir los factores de exclusión social en los territorios PDET, siendo necesario que el Estado asuma un compromiso real para su financiación.
