23 de mayo de 2019

Título: Los mecanismos judiciales disponibles para el ejercicio de los derechos del consumidor frente a los productores y proveedores establecidos en el extranjero. Estudio comparativo entre España y Colombia, en el marco del Comercio Electrónico.

Autor: Edison Camilo Largo Marín

Tutor: Guillermo Palao Moreno

El comercio electrónico es un medio mercantil que cada día crece más, sin embargo, algunas personas aún son escépticas o recelosas de este mecanismo o hay otras que han sido víctimas de algunas conductas irregulares que los lleva a cortar el uso de este tipo de herramientas comerciales. Entre las razones que justifican esta clase de decisiones de algunos usuarios, encontramos la falta de información, trámites engorrosos y los costos que pueden derivar en el evento de tener que presentar una queja o acción legal.

Examinadas las razones por las cuales las personas evitan utilizar la Red para realizar actividades comerciales, se efectuó una investigación sobre los mecanismo que se han creado dentro de la Red con el propósito de garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y atraer los usuarios al comercio electrónico. La investigación se enfocó en dos puntos fundamentales, el primero, analizar el funcionamiento de Internet y los mecanismos que directamente se han dispuesto, el segundo, examinar los mecanismos de acceso a la justicia que han dispuesto los países, realizando una comparación normativa entre España y Colombia.

Como resultado de la investigación se encontró que efectivamente tanto en la Web como en Colombia y en España se han establecido herramientas que permiten que los consumidores ejerzan sus derechos, ante eventuales conflictos que se pueden suscitar con los proveedores de productos o servicios, no obstante, también se evidenció que dichos instrumentos tiene algunas falencias que las limitan, por ejemplo, en lo referente a la Internet se han establecido métodos para calificar a los usuarios que venden productos, también inclusive algunos sitios Web sirven como garantes, pero estas herramientas tienen problemas porque en ocasiones generan incertidumbre respecto a la fiabilidad, pues en algunos casos de las calificaciones pueden llegar a ser manipuladas y cuando se trata de la intervención de un tercero garante puede de igual forma vulnerar los derechos de los usuarios que compran, puesto que está sometido a su criterio, desconociendo si hay una efectiva neutralidad a la hora de tomar una determinación.

Otro ejemplo de que dichos instrumentos tienen falencias, es que tanto en España como en Colombia, para poder ejecutar un fallo judicial emanado por una entidad de otro país requiere un trámite de homologación, que de por si es engorroso, aunado al hecho de que para llegar a tener dicha sentencia, el ciudadano ya ha tenido que verse abocado a tramitar una serie de actuaciones judiciales o administrativas, que por lo general implican un desgaste en tiempo y económico, hasta el punto que en algunos eventos puede ser mayor el costo del proceso que de la pretensión que se persigue.

No quiere decir los anterior que las herramientas que hasta la fecha se han creado sean malas o ineficaces, por el contrario han demostrado ser efectivas, precisamente la propuesta planteada en el TFM respeta dichos mecanismo, inclusive los incorpora, tampoco se trata de desconocer las competencias territoriales o las regulaciones sustanciales de cada país, lo que se propone es un simple ajuste acompañado de los herramientas para acceso a la Internet, que si bien puede acarrear algunos costos para los países que los acojan, el costo puede ser inferior al de otras alternativas legales podría implicar y adicionalmente esta propuesta no solo busca atender las necesidades de los consumidores, también sirve como una forma de hacer al país más competitivo económicamente, en un mercado globalizado que cada día está en aumento.

En síntesis, la propuesta planteada dentro del TFM, trata que los Estados fijen como una obligación la posibilidad de que los consumidores puedan acceder a la justicia a través de las tecnologías de la información, pero no un acceso parcial, debe ser un acceso total, de tal forma que si un ciudadano español adquiere un producto por Internet a un vendedor domiciliado en Colombia o viceversa, sepa que tiene la posibilidad de demandar desde su país sin tener que desplazarse a otro o realizar trámites engorrosos, simplemente a través de la Web podrá presentar su demanda, tramitar el proceso, obtener una sentencia y en el caso de que sea favorable, requerir su cumplimiento. Posibilidad jurídica que le generara confianza en seguir comprado y hará al país más competitivo.