31 de mayo de 2016

El establecimiento de estándares probatorios en un sistema procesal constituye una decisión legislativa que involucra una elección política-valorativa sobre la incorporación de umbrales de suficiencia de la prueba y determinación de márgenes de error en la decisión judicial. Tales criterios, reglas o principios – o su ausencia – contribuyen a la definición del sistema procesal en su conjunto, al entregar herramientas que permiten adoptar y justificar dicha decisión, distribuyendo los costos del error implícito en dicho acto.

La discusión sobre la existencia y roles que corresponden a los estándares constituye una cuestión de reciente interés por parte de la doctrina y legislación continental europea y latinoamericana, a diferencia del sistema del common law, que tradicionalmente ha reconocido y recogido estándares tanto en materias penales como civiles. En el caso chileno, actualmente se desarrolla un proceso mediante el cual se pretende efectuar una radical y profunda reforma procesal en el ámbito civil.

Su primera etapa considera la sustitución del Código de Procedimiento Civil, que ha regido desde 1903, por un nuevo estatuto, denominado Código Procesal Civil (CPC), que, entre otras modificaciones, establece un sistema de valoración preponderantemente de sana critica, con algunas excepciones de prueba legal.

Este Proyecto de Ley, que a esta fecha se encuentra en su primera fase de tramitación, omite establecer un estándar de prueba para la convicción judicial. Aún más, declara en el Mensaje de la ley, que constituye un antecedente de futura interpretación, que ello resulta innecesario  y para justificar dicha elección asevera que el establecimiento de reglas racionales de valoración de la prueba y exigencias de fundamentación de las sentencias constituyen garantías suficientes.

En el caso chileno, actualmente se desarrolla un proceso mediante el cual se pretende efectuar una radical y profunda reforma procesal en el ámbito civil.

De la ausencia de norma legal específica dentro del Proyecto de Ley, pero en especial de la declarada falta de necesidad de establecimiento de un estándar de prueba civil en su mensaje, surgió el trabajo de investigación, que se plantea desde un punto de vista funcional y que se estructura en un apartado contextual y tres capítulos:

Apartado contextual. Está destinado a entregar una visión panorámica general y sintética de las principales reformas introducidas en el sistema procesal chileno de los últimos años.

Capítulo Primero. Expone las consideraciones fundamentales en torno a los estándares de prueba, las funciones o finalidades que desempeñan en un proceso judicial y las principales categorías reconocidas a nivel doctrinario, especialmente en el common law.

Capítulo Segundo. Persigue exponer las normas presentes en el sistema chileno, tanto en el actual CPC, como en el proyecto. Este segundo capítulo es principalmente normativo, destinado a servir de nexo o conexión entre el primero, más bien conceptual, con el tercero, de análisis y comparación.

Capítulo Tercero. Aborda la relación entre los fines de la valoración racional con los objetivos asignados a los estándares probatorios. En este capítulo se abordan y analizan  los costos y riesgos de operar un sistema procesal civil sin estándares de prueba, tanto a propósito de la creación de falsos estándares, como por el riesgo de extender y hacer aplicable un estándar a un ámbito para el cual no ha sido concebido.

Respecto a la metodología empleada, Raul Montero optó por un estudio y análisis tanto dogmático como comparado para referirse a las instituciones, analizar las principales características y finalidades de cada una, y luego vincularlas para determinar si las funciones de los estándares quedaban satisfechas por aquellas cumplidas por la valoración de la prueba.

Código Procesal Civil de Chile: https://www.iberred.org/sites/default/files/cdigo-procesal-civilchile.pdf