Los diferentes mecanismos de protección de los consumidores en Ecuador, buscan brindar vías legales para reclamar sus derechos cuando éstos se vean menoscabados por los productos que adquieren o consumen en su día a día. Durante los últimos años, nuestro país ha experimentado acontecimientos caóticos que han cambiado repentinamente el panorama que gira en torno a nuestros consumidores y usuarios.
7 de octubre de 2022
Título: La necesidad de la implementación de las demandas colectivas en Ecuador. Una visión comparada.
Autora: María Emilia Flores Verdugo
La pandemia de COVID 19 y el paro nacional en contra de las decisiones del actual gobierno, han traído consigo, una serie de consecuencias negativas que se evidencian de momento y que han cambiado de igual forma, la manera en la que los ciudadanos se comportan frente a las diferentes situaciones que se presentan.
Ofrecer una garantía de protección y defensa de sus intereses a través de la existencia de una regulación normativa, no es el problema de fondo, porque este conjunto de normas efectivamente existe, aunque con ciertas falencias, vacíos y desaciertos que no responden ni guardan armonía con la situación actual que vivimos. Si la regulación normativa no es el problema de fondo, el verdadero conflicto recaería entonces, en que la proclamación normativa vigente, no es realmente útil en la práctica frente a los acontecimientos suscitados y, especialmente que el aparataje normativo de nuestro sistema jurídico, no prevé todos los mecanismos necesarios y adecuados para lograr una verdadera protección y tutela efectiva de todos los ecuatorianos.
Otro de los conflictos sería el evidente desconocimiento de los ecuatorianos sobre los mecanismo de defensa que les asisten frente a las diferentes situaciones o actuaciones que se realizan dentro del mercado por parte de los proveedores de bienes y servicios, así como la desconfianza sobre la efectividad de los medios de queja con los que cuentan, pues en muchas ocasiones no se obtienen los resultados esperados, dejando por parte de las autoridades administrativas impunes las conductas de quienes inobservan flagrantemente la ley.
La situación se agrava aún más con nuestra actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, pues las mismas, han sufrido recientemente una serie de reformas que han dejado inoperantes e inaplicables a muchas otras normas. Esto implica, remitirnos a cuerpos normativos de otras materias para encontrar una solución adecuada a los problemas que se presentan. Estos cambios normativos, sin resquicio de duda, suponen repensar la forma correcta y adecuada de cómo administrar justicia y sobre todo de ofrecer a nuestros consumidores la seguridad de que en nuestro país, existe una entidad de control competente y efectiva y, una vía judicial expedita y adecuada que permita la correcta tutela de sus derechos y garantías sin causar ningún tipo de indefensión en ningún tipo de proceso o dentro de ninguna instancia judicial.
En cuanto al proceso civil, el mismo está pensando y construido en nuestra legislación, sobre una estructura de protección individual, donde una persona reclama a otra una pretensión determinada por la vulneración de sus legítimos intereses. No obstante, aquí cabe replantearse de entrada, la estructura común sobre la que se asienta nuestra normativa procesal, pues en la práctica, resulta imperante tutelar no solamente los intereses individuales de nuestros consumidores sino también, aquellos intereses que sobrepasan una dimensión individual y suponen la protección de un gran grupo de personas que se han visto afectadas por un mismo hecho. Así las cosas, la necesidad de incorporar en el Ecuador, con base a la legislación comparada y sus aciertos y errores, una herramienta jurídica útil de protección colectiva de nuestros consumidores, es indispensable y urgente.
El papel del Estado ecuatoriano juega un rol sumamente importante en la obtención de una verdadera tutela judicial efectiva y en la protección obligatoria de otras garantías constitucionales. En consecuencia, la finalidad a la que debería apuntar nuestro ordenamiento jurídico, es que los consumidores se sientan protegidos y respaldados frente a cualquier tipo de abuso, precisamente porque son ellos quienes, durante muchos años, han solicitado la protección de sus derechos legalmente reconocidos. La posibilidad de acceder a vías adecuadas de protección, la correcta aplicación de normas y la existencia de soluciones efectivas, generaría mayor confianza en el sistema ecuatoriano para la obtención de la tan anhelada justicia.
