Título: Derecho a defensa y asistencia jurídica tributaria en Chile

Autor: Felipe Aravena Barrientos

Chile cuenta con una justicia tributaria y aduanera especializada e independiente. Sin embargo, no se reparó en el hecho de no existir organismo alguno que otorgue asistencia jurídica tributaria a los contribuyentes de escasos recursos, lo que se contrapone a lo ocurrido en otros procedimientos, tales como penal, civil o laboral, en los cuales se creó defensorías especializadas de forma paralela.

Pese a estar reconocido el derecho a defensa en el ordenamiento jurídico chileno, tanto a nivel constitucional como en diversos tratados internacionales ratificados, no se cuenta con protección en esta materia. Tratándose de un derecho fundamental, cuya ausencia vulnera los principios del debido proceso, es deber del Estado garantizar el derecho a defensa de manera efectiva.  

En cuanto a la evolución de la asistencia jurídica gratuita en Chile, se ha transitado desde una concepción con sustento en un “cargo honorifico” impuesto a los abogados a su reconocimiento como un derecho fundamental enmarcado dentro del debido proceso, consecuencia directa del principio de igualdad ante la ley.

En cuanto a su contenido, la asistencia jurídica debe ser considerada de manera amplia, lo que incluye tanto asesoría previa como defensa en juicio propiamente tal, sea en sede administrativa o judicial. Si bien es cierto que el derecho a defensa se encuentra garantizado de forma expresa en materia penal, el alcance de esta debe extenderse a cualquier jurisdicción, sea ordinaria o especial, pudiendo incorporarse dentro de esta última a la tributaria.

El derecho a defensa en el ordenamiento jurídico chileno está reconocido, pero no se cuenta con protección en esta materia, por lo que se vulnera un derecho fundamental

Se propone la creación de una Defensoría Nacional del Contribuyente basada en un sistema de staff, atendiendo a los beneficios de este modelo en cuanto a especialización y mayor cobertura geográfica. Se trata de un organismo autónomo que combina prestadores públicos y abogados particulares. Estos últimos son seleccionados a través de licitación, como ocurre en el caso de la Defensoría Penal Pública de Chile, lo que genera flexibilidad tanto para la implementación como para el funcionamiento de este organismo.

Estadísticas reflejan que en Chile gran parte de los emprendimientos son pequeñas y micro empresas, siendo en su mayoría unipersonales, lo cual aumenta el riesgo de confusión de problemas tributarios entre la persona jurídica y la persona natural. Se constata, además, que estas empresas en general tienen bajos ingresos, lo cual puede limitar su acceso a la Justicia Tributaria, al no comparecer con patrocinio de abogado. Todo ello justifica la creación de la Defensoría Nacional del Contribuyente.

Se aborda además la utilización de mecanismos de resolución alternativa de conflictos en materia tributaria en Chile (ADR), los cuales no han sido utilizados hasta el momento en esta área. En este sentido, los mecanismos que se pueden implementar pueden ser considerados fuera del sistema jurisdiccional o pueden jugar un papel en el contexto de las formas tradicionales de resolución de conflictos. En este último caso, debiesen estar incorporados en los procedimientos ante la administración tributaria o incluso en una etapa anterior durante el procedimiento de auditoría.

Además de proponer la incorporación de la mediación y conciliación, como alternativas de ADR, se propone la utilización de un mecanismo sui generis denominado “evaluación tributaria previa”. Este consiste en la evaluación de la situación tributaria de un contribuyente, pero no por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, sino por una persona independiente e imparcial nombrada y pagada por ambas partes sobre la base de las pruebas de apoyo de ambos y argumentos legales. Se trataría de un proceso no vinculante para las partes, que proporciona una evaluación temprana e imparcial de las fortalezas relativas de la posición de ambos, dando orientación sobre el resultado probable si la disputa se judicializa.