21 de septiembre de 2016

El trabajo Tutela judicial efectiva: una mirada hacía las herramientas que tienen los consumidores para la defensa de sus derechos consta de cuatro capítulos divididos de la siguiente forma:

• Capítulo 1: Realidad del Consumo en Colombia
• Capítulo 2: Vías o herramientas de protección de los derechos de los consumidores
• Capítulo 3: Tutela judicial efectiva en la acción de protección al consumidor
• Capítulo 4: Propuestas

Capítulo 1

En el primer capítulo se expondrán los sectores de la economía respecto de los cuales los consumidores presentan mayor inconformidad, para ello, teniendo en cuenta las tipologías de consumidores, trataremos el sector salud, el financiero, las telecomunicaciones, el aeronáutico y un sector general, al que corresponden bienes y servicios en los que no existe regulación especial. Asimismo, se explicará lo concerniente a la noción de consumidor, respecto de la cual se destaca como componente especial que el bien o servicio no esté ligado a la actividad económica del sujeto que adquiere; en igual sentido, se indicarán las definiciones de productor y proveedor y producto en el derecho colombiano.

Capítulo 2

En el segundo capítulo, atendiendo a que los consumidores ven infringidas sus expectativas respecto de los productos que adquieren, se expondrán las diferentes vías o herramientas que tienen los usuarios para la protección de sus derechos. Sobre el particular, se cuentan con tres vías, una de orden administrativo, otra de orden judicial y una final, propia de los métodos alternos de solución de conflictos; la primera está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las alcaldías del país, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control otorgadas a la rama ejecutiva, en la cual se persiguen sanciones al empresario, sin que generen pagos en favor del consumidor.

La segunda vía corresponde al resorte judicial, de la cual corresponde su conocimiento a los jueces de la República y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales; esta segunda vía, con el Estatuto del Consumidor (EC) contempla tres acciones jurisdiccionales reconocidas como las acciones populares y de grupo, con las cuales se protegen los intereses colectivos:

• La acción de responsabilidad por producto defectuoso con la cual se persigue la reparación de los daños causados a la salud y vida de los consumidores por los defectos los productos;
• La acción de protección al consumidor en la cual se deciden los asuntos contenciosos que tienen como fundamento la vulneración a los derechos de los usuarios;
• Los métodos alternos de solución de conflictos, como lo es la conciliación, la mediación, el arbitraje, siendo el primero, el más utilizado por los usuarios en la medida que cuenta con mayor regulación legal y confianza en los ciudadanos.

Capítulo 3

En un tercer capítulo se indicará lo pertinente al derecho a la tutela judicial efectiva con especial referencia a la acción de protección al consumidor, para el efecto, se abordará las características de dicho derecho a la luz de la jurisprudencia constitucional colombiana; de igual manera, se indicará la problemática que se está presentando con la acción de protección al consumidor consagrada en el EC, esto es la excesiva demanda del servicio en la administración de justicia en los litigios de protección al consumidor, el exceso ritual manifiesto, la mora en el trámite, la ausencia de igualdad en el trámite procesal, la falta de indicación legal respecto del procedimiento de imposición de multas a imponerse por el incumplimiento a las sentencias establecido en el artículo 58 numeral 11 del EC.

De igual forma, se indicará cuáles son las ventajas de acudir ante las autoridades administrativas investidas de funciones jurisdiccionales en la solución de los litigios en los que se involucre a un consumidor.

Capítulo 4

El último capítulo corresponde a un esbozo de propuestas, en la que se plantea la necesidad de generar una cultura de reclamación previa a demandar, con la que se evite acudir a pleitos innecesarios, asimismo, la importancia de que los ciudadanos en el marco de las relaciones de consumo, en lugar de acudir a la vía administrativa que solo genera sanciones para el empresario o acudir a la vía judicial, que de por si es más demorada, más formalista y en su lugar, los consumidores decidan concurrir a métodos alternativos para la solución de los conflictos como la mediación y por qué no tener un arbitraje de consumo consolidado como lo tiene el País Vasco, habida cuenta que son mecanismos más acordes con las expectativas de los usuarios frente la procura en la satisfacción de sus derechos.

Finalmente, se propuso una modificación al proceso judicial existente para dicha acción destinado a que sea más breve y eficaz.