La Comisión Europea ha impulsado la reforma del Sistema de Dublín para crear un sistema “más equitativo, eficiente y sostenible” que reparta las responsabilidades entre los Estados miembros y que proteja los derechos de los refugiados.
16 de mayo de 2016
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo, conocido como Sistema de Dublín, con el objetivo de crear un marco “más equitativo, eficiente y sostenible”. Esta renovación pretende dar respuesta a futuros desafíos migratorios como los que estamos viviendo en la actualidad con la crisis de los refugiados. La reforma gira en torno a tres grandes ejes:
- El cambio en la legislación para evitar que ningún Estado miembro se vea presionado en su sistema de asilo;
- La transformación de la actual Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en una Agencia Europea para el Asilo;
- La consolidación de Dactiloscopia Europea (EURODAC) como base datos de huellas dactilares de la UE.
“Gestionar mejor las migraciones requiere actuar en varios frentes, gestionar nuestras fronteras exteriores de forma más eficaz, cooperar mejor con países terceros, poner fin al tráfico de personas y reasentar a los refugiados directamente en la UE”, ha comentado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
Por su parte, el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha afirmado que la actual crisis de refugiados “ha puesto de manifiesto que nuestro sistema europeo común de asilo ya no es aceptable”.
España acogerá a 200 refugiados de los 160.000 a los que se han comprometido los países que participan en el programa comunitario de reubicación
El sistema de Dublín reúne las normas necesarias para decidir qué Estados miembros se encargan de tratar cada solicitud de asilo. Sin embargo, la crisis de los refugiados ha demostrado que las normas no estaban diseñadas para repartir las responsabilidades ni para tramitar a tiempo las solicitudes. Para intentar subsanar estas deficiencias, la reforma incluye:
- Un sistema más justo basado en la solidaridad. Un país estará gestionando un número “desproporcionado” de solicitudes cuando estas superen el 150% de la cifra de referencia, que se determinará en base al tamaño y riqueza del país.
- Un mecanismo que también tenga en cuenta los esfuerzos de reasentamiento. Se reconocerán los esfuerzos de aquellos países que faciliten la llegada de refugiados estableciendo vías legales y seguras.
- Un sistema más eficiente. Un plazo más breve para la tramitación y ejecución de las solicitudes de asilo, así como el cambio de responsabilidad.
- Disuadir de que se cometan abusos y movimientos secundarios. Límites geográficos a la provisión de prestaciones materiales de acogida y sanciones en caso de incumplimiento.
- Proteger los intereses principales de los solicitantes de asilo. Mayores garantías para los menores no acompañados y una ampliación de la definición de los miembros de la familia.
El pasado 15 de mayo, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, anunció que los primeros 87 refugiados procedentes de Grecia llegarán a España entre el 24 y el 26 de mayo, y que los 63 restantes lo harán a principios de junio. De esta forma, España acogerá a 200 refugiados del total de los 160.000 a los que se han comprometido los países que participan en el programa comunitario de reubicación.
