En la sesión inaugural se puso de relieve que la inteligencia artificial constituye un motor de transformación del mercado de trabajo al incrementar la productividad y modificar la organización de las relaciones laborales, si bien también puede intensificar desigualdades ya existentes y plantear nuevos desafíos para la protección social. En este contexto, se insistió en la necesidad de reforzar el papel del Estado en la financiación del sistema público y de acompañar el desarrollo tecnológico mediante políticas públicas capaces de favorecer una transición justa.

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València y director del congreso, Adrián Todolí, señaló: “Es un error usar la IA para abaratar costes o sustituir mano de obra, el objetivo tiene que ser mejorar la productividad a través de la potenciación de las capacidades de las personas”. Sobre esta idea se reflexionó a lo largo de las dos jornadas de ponencias.

Las mesas giraron en torno a tres instrumentos normativos fundamentales: la Directiva de Trabajo en Plataformas, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial. Todo ello desde una perspectiva multidisciplinaria que permitió abordar cuestiones, como la transparencia algorítmica, la supervisión humana, la gestión automatizada del trabajo, los derechos colectivos, la prevención de riesgos laborales o las nuevas fronteras abiertas por la neurotecnología.

Este debate puso de manifiesto la conveniencia de articular un marco regulador coherente que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por otro lado, uno de los ejes centrales del congreso fue la transparencia en el uso de sistemas algorítmicos. Se destacó que el derecho de explicabilidad no constituye solo un deber de información, sino un presupuesto indispensable para que las personas trabajadoras puedan comprender las decisiones que les afectan y ejercer eficazmente sus derechos. Al mismo tiempo, se advirtió de las dificultades que plantea su aplicación práctica en determinados sistemas de inteligencia artificial y de la ausencia de un régimen sancionador específico que garantice su efectividad.

En este sentido, la futura transposición de la Directiva de Trabajo en Plataformas al ordenamiento español fue objeto de un intenso intercambio de opiniones. Se coincidió en que representa una oportunidad para actualizar el Derecho del Trabajo más allá del fenómeno de las plataformas digitales, aunque no faltaron voces que reclamaron prudencia antes de extender automáticamente su ámbito subjetivo de aplicación a colectivos distintos de aquellos expresamente contemplados por la norma europea. También se debatió sobre la legalidad del modelo de flotas y subcontratación usado por las plataformas digitales de reparto.

Finalmente, se dedicó especial atención a dos ámbitos llamados a adquirir una relevancia creciente. Por un lado, la neurotecnología y los denominados neurodatos plantean desafíos inéditos para la protección de la intimidad y apuntan hacia la necesidad de desarrollar un marco específico de tutela de la privacidad cognitiva. Por otro, el Reglamento General de Protección de Datos se identificó como un instrumento todavía infrautilizado e infraestudiado en el ámbito laboral, especialmente en cuanto a la evaluación de impacto, a pesar de su potencial para prevenir riesgos y reforzar la protección de los derechos fundamentales.

En conjunto, el congreso constató que la adaptación del Derecho del Trabajo al uso de la inteligencia artificial exige una respuesta normativa equilibrada, capaz de compatibilizar el desarrollo tecnológico con la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

La organización del congreso corrió a cargo del profesor de la UV Adrián Todolí y del catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya Ignasi Beltrán.

El congreso tuvo, además, la presencia de instituciones de referencia, como la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Dirección General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social.