“La Ley Rider española fue un primer paso, pero Europa nos obliga a ir mucho más allá: ahora la protección debe llegar a todas las plataformas digitales, no solo a las de reparto. Este estudio analiza las obligaciones que impone la directiva europea de trabajo en plataformas para acabar con el fraude de los falsos autónomos”, explica Todolí. En el informe elaborado por el también profesor de la Facultad de Derecho se analizan las protecciones de la directiva frente a la cesión ilegal de trabajadores mediante empresas intermedias.

Las plataformas laborales digitales han ganado protagonismo a causa del aumento de la digitalización y la aparición de nuevas prácticas empresariales. El 2021, se calcula que más de 28,3 millones de personas en la UE trabajaban en plataformas laborales digitales. De estas, se estima que 5,5 millones reciben un cierto grado de control desde la plataforma, hecho que para la Comisión Europea significa que están mal clasificadas laboralmente.

La directiva se dirige específicamente al trabajo autónomo falso, con el objetivo de mitigar la prevalencia. Establece una presunción legal refutable de una relación laboral, transfiriendo la carga de la prueba a las plataformas para demostrar que una persona que realiza un trabajo de plataforma no está en una relación laboral. El estudio está basado en una investigación documental y un cuestionario en profundidad distribuido en Bélgica, Italia, los Países Bajos, Portugal y España

“Trabajador”, “dirección y control” y “organización”

Con unas plataformas multinacionales que funcionan de manera similar entre países, los tribunales de los diferentes estados miembros de la Unión Europea están armonizando su doctrina, con un cambio significativo en el enfoque de la “prueba”, que ha pasado de centrar la relación laboral (instrucciones explícitas, horarios concretos, sustituir o rechazar tareas), hacia indicadores de integración en la plataforma. Estos son la estandarización de los servicios que ofrece la plataforma; la selección de trabajadores específicos para tareas; el uso de calificaciones o puntuaciones de rendimiento; la plataforma que gestiona los pagos de los clientes; o que los trabajadores aparezcan como parte de la empresa (p. ej., llevar logotipos o aparecer en el sitio web); entre otros.

Aplicación en varios países

Bélgica, Portugal y España han establecido presunciones legales de empleo para el trabajo en plataforma, cada uno con diferentes ámbitos y mecanismos. Si bien Bélgica y Portugal aplican presunciones amplias en todos los sectores, el enfoque de España es más restringido, pero se refuerza con sanciones penales e inspecciones especializadas. Mientras tanto, los Países Bajos no han establecido una presunción legal específica de empleo para los trabajadores en plataformas. Italia, por su parte, no tiene explícitamente una presunción de empleo en este tipo de trabajo. Su legislación permite la aplicación de la “disciplina de la relación laboral” a los colaboradores autónomos si su trabajo está organizado por una plataforma.

Buenas prácticas para la aplicación

Para saber si una persona que realiza un trabajo de plataforma es un empleado o un autónomo, el informe que dirige Adrián Todolí identifica varias herramientas y buenas prácticas. Estas incluyen el intercambio de información entre agencias y jurisdicciones, directrices no vinculantes, campañas de sensibilización y formación adaptada en las complejidades de cada plataforma. También se proponen medidas para fomentar el cumplimiento voluntario por parte de las empresas, como mecanismos de autoevaluación y campañas de sensibilización para fomentar la claridad y la adhesión. También propone la autoevaluación digital a través de un portal web que proporcione a los trabajadores una guía clara sobre la clasificación correcta que a la vez presione a los empresarios para cumplir la normativa.