El bloque analiza la evidencia científica reciente: el Mediterráneo ibérico ha sufrido un aumento térmico (como ±1,5 °C en el mar en cuatro décadas), mayor frecuencia de olas de calor, sequías e incendios. Destaca la urgente protección a población vulnerable, así como la necesidad de un Observatorio Climatológico del Mediterráneo Español para monitorizar y coordinar respuestas institucionales.

Se alerta de la dualidad climática: sequías prolongadas y lluvias torrenciales (inundaciones tipo dana). Recomienda reforzar redes de sensores en tiempo real, mejorar modelos predictivos hidráulicos e informar mejor a la población sobre peligros ligados a lluvias extremas y escasez hídrica .

El documento advierte sobre la degradación creciente del suelo y vegetación, propiciada por sequías y mala gestión territorial. Propone regenerar ecosistemas, fomentar prácticas sostenibles (agroforestería, conservación del suelo) y aplicar instrumentos de gestión con enfoque territorial y ecosistémico.

El calentamiento y la sequía intensifican los incendios forestales. Se recomiendan estrategias de gestión activa del monte, restauración ecológica post‑incendio y planes integrados que combinen prevención, alerta temprana y recuperación adaptada al nuevo clima.

El sector turístico, especialmente de costa, es altamente vulnerable a olas de calor, subida del mar e inundaciones. Se insta a diseñar planes de adaptación en destinos (infraestructuras, gestión de agua), incorporar turismo sostenible en la agenda 2030 y promover comunicación activa con turistas y comunidad local.

Las explotaciones agrarias, riego y ecosistemas rurales requieren estrategias específicas: ahorro hídrico, variedades adaptadas y diversificación productiva. Se plantea la modernización de infraestructuras de regadío, uso eficiente del agua y políticas de apoyo económico y técnico a los agricultores.

El bloque aborda la exposición urbana a olas de calor y la necesidad de proteger especialmente a personas mayores y en riesgo social. Recomienda refugios climáticos, aislamiento térmico, zonas verdes urbanas y protocolos sanitarios adaptados para proteger la salud pública.

Destaca la mayor destructividad de eventos como las danàs. Se solicita mejorar cartografía de riesgos, protocolos de emergencia y simulacros educativos. Se propone un enfoque preventivo, no reactivo, coordinado entre administraciones para proteger a la población.

Subraya la importancia de planificar el territorio considerando el cambio climático: no permitir desarrollos en zonas de riesgo, integrar la resiliencia hídrica y térmica en el urbanismo, y fomentar la coordinación metropolitana.

Requiere un enfoque integral del agua, combinando gestión de la sequía y prevención de inundaciones, optimizando el uso en regadíos y turismo, y garantizando acceso equitativo, basándose en infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza.

Pide rediseñar infraestructuras críticas (transporte, drenaje, energía) para resistir eventos extremos: sistemas redundantes, transporte metropolitano resiliente, protección en zonas inundables y planificación urbana adaptada a nuevas condiciones climáticas.

Fomenta la alfabetización climática y la participación ciudadana: incluir contenidos en educación formal e informal, desarrollar campañas mediáticas transmedia, establecer plataformas colaborativas y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.

El informe reclama una gobernanza coordinada entre administraciones (estatal, autonómica y local), basada en la lealtad institucional. Defiende la creación de un observatorio mediterráneo y líneas continuas de financiación, planificación y aplicación de políticas anticlimáticas con visión estratégica.